26 diciembre, 2024

Tras el DNU de Alberto, Telecom deja de invertir en el país

Se trata del primer impacto negativo que generó la cuestionable medida que congela precios y le permite al Gobierno controlar los ingresos de las compañías.
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*Por: Andrés Sanguinetti

A menos de 48 horas de haberse anunciado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que le otorga al Gobierno el control sobre la industria de las telecomunicaciones ya comienzan a sentirse los primeros efectos negativos de la medida.

Telecom Argentina, una de las principales compañías del sector, se queda sin una millonaria inversión de u$s600 millones que iba a utilizar en su infraestructura, sistemas y productos para seguir brindando a sus clientes los servicios de conectividad convergente además de continuar con su camino hacia la transformación digital.

Sin embargo, el DNU que congela las tarifas de los servicios de telefonía fija y móvil; internet y televisión por cable y le permite al Gobierno aprobar o no nuevos aumentos hizo que los bancos internacionales que iban a apalancar esta inversión decidieran ahora retirarse del proceso.

Alberto Fernández on Twitter: “Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas. / Twitter”

Hemos decidido declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas.

“Las entidades financieras con los que la empresa negoció créditos para apuntalar este proceso se echaron para atrás por el cambio de las reglas de juego en el país”, aseguraron a iProfesional fuentes conocedoras del mercado.

A través del polémico DNU 690/2020, el presidente Alberto Fernández resolvió, entre otras medidas, regular los precios de las telecomunicaciones, la conectividad vía web y TV por cable y satelital y otorgarle al Gobierno el poder para autorizar o no futuros incrementos. Se trata de una medida totalmente cuestionada por el mercado local de las telecomunicaciones y por las empresas extranjeras que participan y que entienden que la mejor herramienta para reducir la brecha digital es un mercado en competencia, que promueva y facilite el despliegue de infraestructura y servicios.

Con el DNU se pierde seguridad jurídica y control sobre una variable esencial del negocio como es el precio de los productos y servicios que además de Telecom, ofrecen el resto de las operadoras como Movistar; Claro; Cablevisión y DirecTV, entre otras.

LAS INVERSIONES AFECTADAS

Antes de esta cuestionable medida, que fue impulsada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, Telecom Argentina había tomado la decisión de realizar una una revisión positiva de sus expectativas de inversión en Argentina luego del cierre de las negociaciones por el canje de la deuda con los bonistas internacionales.

Luego del acuerdo entre el Ministerio de Economía y los bonholders, la compañía había decidido incrementar el flujo de inversiones para este año desde los u$s500 millones inicialmente anunciados a u$s600 millones.

El propio Roberto Nóbile, CEO de la operadora, lo había comentado a principios de agosto durante un seminario organizado por el grupo tras sostener que la decisión fue tomada luego del éxito del canje de deuda y la estabilidad del negocio.

“La inversión prevista para el 2020 rondaba los u$s500 millones, previendo un año difícil y con una necesidad de sortear vencimientos de deuda importantes” había indicado el ejecutivo ante una consulta de la agencia Télam a la que también le dijo que el monto se iba a modificar en u$s100 millones más.

La empresa viene desarrollando un intensivo proceso de inversiones para seguir ampliando y potenciando la red fija y móvil de última generación.

De hecho y según se desprende del estado de resultados de la compañía correspondiente al primer semestre de este año, las inversiones habían alcanzado los $22.766 millones que, de todos modos, ya mostraban una caída de aproximadamente el 33,9% respecto al mismo lapso del 2019.

En este caso, los fondos se focalizaron en proyectos destinados a la expansión de los servicios de TV por cable e internet; mejorar la transmisión y velocidad de acceso ofrecida a los clientes; despliegue de la cobertura y capacidad 4G para sustentar el crecimiento de internet y móvil, y la ampliación de las redes de transmisión y transporte para unificar las diferentes tecnologías de acceso, reconvirtiendo las fijas de cobre a redes de fibra o híbridas fibra–coaxial.

Roberto Nóbile

En este informe, los ejecutivos de Telecom Argentina aseguraban que “gracias a las inversiones realizadas en infraestructura durante los últimos años, cuenta con el equipamiento y sistemas que permiten el funcionamiento eficiente de las redes, soportando el mayor uso de conectividad fija y móvil, lo cual se refleja en el aumento de hasta 50% en el tráfico de datos en internet hogareña; 70% en servicios móviles de voz y 30% en datos móviles, además de un crecimiento del 75% en upstream”.

En términos relativos, entre enero y junio pasado las inversiones representaron el 17,4% de las ventas consolidadas durante los primeros seis meses del año.

Sin embargo, ahora Telecom Argentina acaba de emitir un crítico comunicado contra el DNU presidencial, calificando a la medida de “arbitraria” y asegurando que podría generar “un fuerte impacto para nuestra compañía y para la industria en su conjunto”.

Según la empresa “este abrupto cambio en el marco regulatorio actual puede afectar no sólo de manera directa la calidad de nuestros servicios, sino también impedir continuar con el ritmo de desarrollo y transformación que venimos implementando sostenidamente los últimos años”.

El documento también deja abierta la puerta para un eventual juicio contra la Argentina en los tribunales internacionales ya que sostiene que “estamos analizando todos los pasos a seguir con el foco puesto, como siempre, en el compromiso de asegurar la empleabilidad de nuestra gente y garantizar la mejor calidad y experiencia a nuestros clientes”.

Las acciones de Telecom Argentina se distribuyen entre Cablevisión Holding S.A (28%); Fintech Telecom (20%); el Fideicomiso Héctor Magnetto y David Martínez (21%) y otro 29% flota en oferta pública.

A partir de que posee el control de varias de estas sociedades, el empresario mexicano David Martínez es el principal referente tanto de Telecom Argentina como de Cablevisión Holding. Sus clientes móviles en Argentina llegan a los 18,8 millones mientras que los abonados de televisión por cable totalizan 3,5 millones y los accesos de banda ancha fueron de 4,1 millones.

SEMESTRE NEGRO

Pero la sanción del cuestionable DNU presidencial no es el único problema que el magnate extranjero ha debido enfrentar durante este año con sus negocios en el país. Las medidas sanitarias también tomadas por las autoridades locales para combatir el avance de la pandemia del Covid-19 también afectaron el flujo de sus negocios en la industria de las telecomunicaciones.

Por lo menos así surge de los estados financieros correspondientes al primer semestre del año que ambas empresas presentaron ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En el caso de Cablevisión, dedicada al desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios convergentes de telecomunicaciones, su utilidad neta llegó a los $2.161 millones que representan un derrumbe del 76,1% con respecto a los $9.041 millones que había ganado entre enero y junio del año pasado.

El mismo escenario sufrieron sus subsidiarias, que se especializan en la prestación de servicios de TV por cable, banda ancha y comunicaciones móviles, con marcas líderes en las industrias de telecomunicaciones y distribución de contenidos.

En el período, Cablevisión generó ventas por $131.158 millones, una caída del 3% en términos reales si se las compara con las del primer semestre del 2019, principalmente por menor comercialización de equipos; servicios de internet y cable que parcialmente compensado por un aumento de servicios móviles que se incrementaron un 8,1% por una mayor base de subscriptores.

En el caso de los Ingresos de TV paga alcanzaron los $26.357 millones, una reducción del 7.8% por el hecho de que el congelamiento establecido por el Gobierno hasta agosto no ha generado ingresos durante el período.

Por su parte, Telecom Argentina registró ganancias por $1.961 millones que representan otro derrumbe como el de Cablevisión, en este caso del 79,6% que refleja esencialmente el impacto de diferencias de cambio en un contexto de mayor devaluación real.

Las ventas de servicios móviles representaron $49.433 millones y crecieron en $3.717 millones a partir de una estrategia comercial focalizada en impulsar la portabilidad móvil con ofertas convergentes y en incrementar el consumo de servicios de internet móvil. De hecho, las ventas de este segmento resultan equivalentes al 77% de las ventas de servicios móviles de la empresa.

*Fuente: iProfesional


Redacción

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Las prepagas aumentaron un 215% por encima de lo que reciben los prestadores de salud ambulatorios

La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) informó que las empresas de medicina prepaga aumentaron el precio de las cuotas muy por encima de lo que pagan a los prestadores de servicios de salud. Alertaron que esta diferencia es crítica para el sostenimiento del sistema de salud de la Argentina.

Según lo informado por CADIME, los aumentos arancelarios a empresas y profesionales que prestan estos servicios de forma tercerizada son insuficientes para compensar el efecto de la inflación y de los costos operativos en el sector. Una situación que genera tensiones que afectan a la totalidad de este universo y su funcionamiento, en especial a las pymes de salud y los usuarios, y desembocan en medidas tales como la limitación de coberturas de las prepagas, lo cual se traduce en perdida de trabajo por parte de prestadores.

Este desbarajuste tiene lugar desde 2022, pero creció en 2023 y 2024. En los usuarios impacta por medio de cuotas del seguro de salud cada vez más caras y en la aparición de copagos que antes no abonaban, mientras que los prestadores de salud reciben cada vez menos, lo que repercute en la sostenibilidad de la red prestacional a nivel nacional.

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga tuvieron un incremento en los últimos dos años del 435%, mientras que los aranceles que perciben los prestadores de salud solo crecieron entre 160% y 224%, números que están por debajo de la inflación del sector, que fue entre 544% y 583%. A la mencionada disparidad se le suma el hecho de que el pago por las prestaciones realizadas se concreta entre 60 y 90 días después de su facturación.

*Fuente: Agencias

Redacción

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El campo exportó 86,5 millones de toneladas en diez meses, generando casi USD 40.000 millones

En los primeros diez meses de 2024, la agroindustria alcanzó un desempeño exportador destacado, según un informe reciente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Entre enero y octubre, el país exportó 86,48 millones de toneladas de productos agroindustriales, lo que representa un aumento del 51% en volumen respecto al mismo período de 2023. 

Este comercio generó ingresos por U$S 39.813 millones, un incremento del 23% en valor, limitado por la retracción de los precios internacionales de productos clave como la soja, el maíz y el trigo.

– Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

La Secretaría atribuyó estos resultados a una combinación de factores. Entre ellos, destacó “la mejora en las condiciones climáticas y las medidas gubernamentales para simplificar y facilitar el comercio exterior”, así como la apertura de 70 nuevos mercados internacionales, un hito que amplió las oportunidades para los productos argentinos. Además, se mencionó el impacto de las políticas de desburocratización implementadas durante el año, que facilitaron la logística y redujeron los costos asociados al comercio exterior.

De los 54 complejos agroindustriales analizados, 16 alcanzaron sus mayores valores de exportación en los últimos cinco años, mientras que 28 registraron incrementos superiores al 10% en valor respecto a 2023. Entre los complejos con variaciones más significativas en valor se encuentran:

  • Azúcar: +512%
  • Algodón: +221%
  • Bebidas alcohólicas: +139%
  • Trigo: +135%

Además de estos complejos, también se destacaron el maní y la vitivinicultura, que lograron consolidar su presencia en mercados tradicionales y abrir nuevos destinos. Esto fue posible gracias a estrategias de promoción internacional y acuerdos bilaterales que incentivaron la demanda en países como Estados Unidos y China.

Diez complejos concentraron el 86,4% del valor total exportado, destacándose los de soja, maíz, bovinos, trigo, pesca y acuicultura, girasol, cebada, lácteos, maní y vitivinicultura. Este grupo de productos fue el pilar de la economía exportadora del sector, generando ingresos clave para el equilibrio de la balanza comercial.

– Javier Milei junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino

Los principales destinos de las exportaciones agroindustriales argentinas durante este período fueron China, la Unión Europea, Brasil, Vietnam, India, Chile, Estados Unidos, Perú, Indonesia y Malasia. Estos mercados se consolidaron como socios clave para la colocación de los productos nacionales. En particular, China y Brasil continuaron liderando como los mayores compradores, con una creciente demanda de soja y maíz, mientras que la Unión Europea se posicionó como un importante receptor de productos lácteos y vitivinícolas.

Según analistas del sector, el desafío ahora radica en sostener este crecimiento a largo plazo. Para ello, será fundamental continuar con políticas que impulsen la innovación tecnológica, mejoren la productividad y fomenten la sostenibilidad de las prácticas agropecuarias. En este sentido, iniciativas como la incorporación de energías renovables y la digitalización de procesos productivos podrían marcar la diferencia en la proyección futura del sector agroindustrial argentino.

Redacción

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La pobreza cayó al 38,9% en el tercer trimestre de 2024, según datos del INDEC y de la UCA

En el tercer trimestre de 2024, la pobreza en Argentina registró una notable disminución, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La incidencia de la pobreza cayó del 52,9% al 38,9%, mientras que la indigencia también mostró un descenso significativo, del 18,1% al 8,5%. Estos datos fueron respaldados por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) y corroborados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El informe del INDEC señaló que la mejora en los indicadores sociales respondió, principalmente, a la desaceleración de la inflación y al incremento en los ingresos familiares, que superaron las líneas de pobreza e indigencia. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tuvo un aumento interanual del 351,5%, pasando de $20.661 en diciembre de 2023 a $93.281 en diciembre de 2024, lo que contribuyó al fortalecimiento del poder adquisitivo en los hogares más vulnerables.

“La población en situación de pobreza se ubicó en niveles similares al tercer trimestre de 2023 (38,6% en 2023 y 38,9% en 2024)”, afirmó Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA. Según este organismo, la caída en la indigencia fue incluso más marcada, alcanzando valores significativamente inferiores a los del primer trimestre de 2024, cuando había llegado al 20,2%. La estabilización macroeconómica y el fortalecimiento de las transferencias sociales fueron señalados como factores determinantes en esta evolución.

Por otro lado, el informe también reveló una ligera reducción en la desigualdad. La relación entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre pasó de 19 veces en 2023 a 18 veces en 2024. Sin embargo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, permaneció en 0,435, evidenciando que persisten inequidades estructurales en el sistema económico.

En cuanto al mercado laboral, las tasas de actividad y empleo se mantuvieron altas, pero con un aumento en la precarización y el subempleo. El CNCPS destacó la relevancia de las políticas de desintermediación implementadas por el Ministerio de Capital Humano, que permitieron que el 93,5% de los recursos llegaran directamente a las familias necesitadas, comparado con el 50% que se transfería de forma directa al inicio de la gestión. Este cambio mejoró la eficiencia y el impacto de los programas sociales.

El Observatorio de la UCA también advirtió que, sin las ayudas sociales, los indicadores serían mucho más alarmantes: la pobreza habría alcanzado el 55,4% y la indigencia, el 23,2%. “Este descenso se explicó por dos factores clave: las políticas económicas que lograron estabilizar la macroeconomía y las transferencias focalizadas en los sectores más vulnerables”, señaló el informe.

Entre las medidas destacadas, se subrayó el aumento acumulado del 137,5% en la Prestación Alimentar, que amplió su cobertura a más de 600.000 adolescentes de entre 14 y 17 años. Estas intervenciones han sido fundamentales para mitigar el impacto de la crisis económica en los sectores más desfavorecidos. “Sin estas iniciativas, los resultados habrían sido considerablemente peores”, concluyó el CNCPS.

A pesar de los avances, las autoridades y especialistas advirtieron que la recuperación es frágil. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, reconoció que “aún queda mucho por hacer”, aunque destacó los progresos logrados. “Somos optimistas porque las políticas implementadas están dando resultados, pero debemos consolidar esta tendencia”, afirmó.

Por su parte, Agustín Salvia alertó sobre la necesidad de abordar los problemas estructurales del mercado laboral y fortalecer las políticas sociales para garantizar un impacto sostenible. “La mejora en los ingresos no debe ser temporal; se requiere una estrategia de largo plazo que contemple a las clases populares”, subrayó.

En última instancia, el Gobierno destacó que las políticas de contención social han sido fundamentales para evitar un deterioro mayor. “Estos resultados nos muestran que estamos en el camino correcto, pero también nos desafían a redoblar los esfuerzos para acompañar a quienes más lo necesitan”, concluyó Pettovello. Según los especialistas, el mantenimiento de esta tendencia dependerá de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad de los ingresos de seguir superando a la inflación.

Redacción

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Luis Caputo confirmó la primera inversión a través del RIGI por 211 millones de dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que se aprobó la primera inversión bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sancionado recientemente. El proyecto corresponde a un parque solar de YPF Luz en la localidad de El Quemado, Mendoza, con una inversión de USD 211 millones. “El Comité Evaluador aprobó el primer proyecto RIGI que se presentó hace menos de dos meses”, expresó Caputo en sus redes sociales, destacando que hay otros seis proyectos en evaluación.

El parque fotovoltaico, desarrollado por YPF Luz en conjunto con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), tendrá una capacidad instalada de 305 MW, suficiente para abastecer a más de 233.000 hogares. Se prevé que la primera etapa comience en el primer trimestre de 2026 y esté lista en 18 meses. Además, se estima que evitará la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono por año, contribuyendo a la transición energética en Argentina.

Este anuncio se suma al reciente lanzamiento de otro gran proyecto energético: el oleoducto que conectará Vaca Muerta, en Neuquén, con Punta Colorada, Río Negro. Esta infraestructura permitirá exportar más de 500.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2027, generando ingresos cercanos a USD 13.000 millones anuales. Empresas como Vista, Pampa Energía, Chevron y Shell participarán en su construcción, que comenzará en enero de 2024.

En paralelo, la multinacional Rio Tinto confirmó una inversión de USD 2.500 millones para ampliar su proyecto de litio en el Salar del Rincón, Salta. Este desarrollo, que prevé producir 60.000 toneladas de litio carbonato de alta calidad anualmente, será clave para la industria de baterías y tendrá una vida útil estimada de 40 años. La construcción de la planta ampliada comenzará en 2025, fortaleciendo a Argentina como un actor relevante en el mercado global de litio.

El RIGI, que entró en vigencia hace unos meses, ofrece beneficios fiscales como exenciones en IVA y Ganancias, además de ventajas en derechos de importación y exportación para proyectos de inversión superiores a USD 200 millones. Estos incentivos buscan atraer grandes capitales para reactivar la economía y consolidar al país como un polo estratégico en energías renovables y recursos naturales.


*Fuente: Agencias

Redacción

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