SIN RESPALDO: El Banco Central imprimió casi $1 billón para comprar bonos

La carrera contra el dólar apenas comenzó: El fantasma de Guzmán y la implementación de la ministra Batakis no ayuda a generar confianza en la moneda nacional.
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En un intento de levantar los restos del trágico derrumbe de los bonos en pesos que emitió sin respaldo alguno el ex ministro de economía, Martín Guzmán, el titular del Banco Central, Miguel Pesce, autorizó el lanzamiento al mercado de casi $1 billón en apenas tres semanas.

A esto hay que sumarle la implementación de la ministra Silvina Batakis que, ya sea de manera directa, como las declaraciones que ha realizado contra las libertades económicas individuales o de manera indirecta ayuda al crecimiento de la desconfianza económica nacional. En este contexto, desde Data24 nos contactamos con el abogado y especialista económico Leandro Furundarena quien nos brindó un extenso, pero desalentador panorama de la actual inestabilidad en la que se encuentra el peso argentino.

Miguel Ángel Pesce presidente del Banco Central

“Para que cualquier moneda tenga valor, tiene que cumplir con tres funciones básicas”, explicó Leandro y esas funciones son:

  • Unidad de cuenta
  • Medio de cambio
  • Depósito de valor

“Muchos se preguntan, ‘qué es lo que la da confianza a una moneda, porqué vale $280 el dólar y mañana puede variar el precio’. A falta del sistema patrón oro que en algún momento estuvo y el cual se tuvo que abandonar en 1971 desplazado por Richard Nixon el entonces presidente de Estados Unidos, que se había llevado a cabo los acuerdos de Bretton Woods cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué ya los países no atesoran el oro y emiten acorde a la medida de oro que tengan? Porque ese sistema, evidentemente, quedó desvirtuado a partir de la Segunda Guerra Mundial donde ya, a medida que las ideas comenzaron a crecer más, los países no podían sostener la emisión con el oro que puedan respaldar”.

  • Entonces, ¿Qué es lo que le da confianza a una moneda?: “La confianza que la gente tiene de las instituciones. Qué confianza podemos tener nosotros, qué confianza pueden tener en el mundo de nuestros representantes. Si demostramos ser uno de los países con mayor índice de corrupción, con menor transparencia, con mayor déficit, siempre tenemos presupuestos con déficit. Además tenemos una inflación que no sabemos de qué manera controlarla”.

“La visión que tiene el mundo de nosotros es ridícula”. Esta declaración de Furundarena se podría ejemplificar con el reciente evento futbolístico en el que, hinchas del equipo brasilero (Corinthians) se burlaron del peso argentino destrozando billetes y lanzándolos a la tribuna del equipo local (Boca).

https://data24.com.ar/bullying-inflacionario-hinchas-del-corinthians-rompieron-billetes-de-1000-y-los-tiraron-a-la-tribuna-de-boca/

“Entonces, si hoy en día lo que determina el valor de la moneda es la confianza que la gente y los organismos internacionales o instituciones financieras tienen del propio gobierno de un país, imagínate cuánto debería estar nuestra moneda. Eso te da un claro panorama de que el dólar está muy barato en relación al peso”.

  • El rechazo al peso, ¿Por qué la gente no lo quiere más?: “La gente básicamente no lo acepta por la evidente perdida del valor adquisitivo que esta moneda representa. Porque desde 1970 hasta la actualidad le hemos sacado 13 ceros a nuestro peso. Evidentemente no es una moneda confiable ni mucho menos estable”.
  • ¿A quién señalamos, quiénes son los responsables?: “Muchos creen que la culpa es de Alberto Fernández o de Miguel Pesce, pero muchos pierden el foco en que, gran parte de los responsables del descalabro monetario que tenemos, es de nuestros legisladores”.

“Porque en la Constitución Nacional dice, en el Articulo 75, inciso 19: ‘Corresponde al Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda…’. Esto quiere decir que nuestros legisladores, ya sean diputados o senadores tienen la obligación por nuestra Carta Magna de impulsar medidas para la protección del valor de la moneda.

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El FMI cuestionó al INDEC por medir la inflación con datos de consumo de hace 20 años

El Fondo Monetario Internacional sostiene que la canasta de bienes y servicios que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor está “desactualizada” porque aún se basa en patrones de consumo de hace 15–20 años.

Eso implicaría que la importancia que se le da a rubros como alimentos, energía, servicios, alquileres o transporte no coincide con cómo gasta hoy una familia media.

— La Directora Gerente del FMI es la economista búlgara, Kristalina Georgieva

Por ejemplo, hace dos décadas se gastaba más en alimentos y menos en servicios (educación, salud, telefonía, luz, internet, etc.), y si la canasta no se actualiza, el índice puede subestimar o sobrestimar la verdadera presión sobre el bolsillo. Desde 2016 ya se advirtió que usar una encuesta de 2004/05 para 2025 generaba distorsiones, y el FMI insiste ahora en que el atraso metodológico afecta la confiabilidad del dato.

El informe del FMI indica que una nueva metodología para el IPC ya estaba preparada y debería haberse implementado hace más tiempo, pero su aplicación se retrasó en el medio de un proceso de baja de la inflación. Algunos analistas interpretan que el Ejecutivo quiso evitar que el cambio de metodología mostrara una inflación más alta en el corto plazo.

El rediseño ya fue concluido en términos técnicos bajo el titular del INDEC Pedro Lines, aunque su aplicación sigue postergada por una decisión política. En el Estado prefieren evitar cambios en un año electoral, ante el eventual impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y la discusión salarial.

Encuesta de la consultora Zentrix sobre la percepción pública del IPC del INDEC

Desde enero–febrero de este año, el INDEC ya puso en marcha una metodología nueva. Está basada en la Encuesta Nacional de Gastos 2017/18, con más peso en servicios y vivienda y una canasta más cercana a los hábitos actuales. Aunque esto era algo que el FMI reclamaba, el organismo sigue diciendo que el cambio debería haber sido más rápido y que el marco institucional del INDEC sigue siendo débil.

Más allá del IPC, el FMI señala que otros indicadores económicos argentinos (cuentas nacionales, sector externo, etc.) también tienen problemas por usar metodologías anticuadas o pocas fuentes de información. Por eso plantea una reforma institucional: que el INDEC tenga mayor independencia, claridad legal y protección política para que sus datos no parezcan manipulados por el Gobierno de turno.

En la práctica, eso implicaría una nueva ley del INDEC que garantice autonomía técnica, transparencia en la metodología y acceso a datos, además de fortalecer la capacidad estadística del país. El Fondo ofrece asistencia técnica para esta modernización, pero condiciona también la percepción de confiabilidad de las estadísticas argentinas.

El índice de inflación oficial se usa para indexar salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, contratos de alquiler, cláusulas de actualización de tarifas y muchas sentencias judiciales.

Si el IPC realmente se encuentra desbalanceado, puede subestimar la verdadera pérdida de poder adquisitivo y dejar cortos los aumentos de haberes o pensiones. Además, rompe con la confianza en las estadísticas oficiales, ya que el mercado y los actores privados suelen empezar a apoyarse en mediciones alternativas para seguir la evolución de los precios.

El FMI proyecta que la inflación en Argentina cerrará 2026 alrededor del 25% anual, mientras el Gobierno habla de un orden de magnitud notablemente más bajo (de 10,1% en el presupuesto 2026). Esa diferencia de expectativas refleja justamente la desconfianza sobre cómo se mide la inflación y refuerza la presión del FMI para que el INDEC se modernice y se vuelva más creíble.

El FMI quiere eliminar las ventajas impositivas de Tierra del Fuego

La reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional le sugiere a la Argentina incluye la eliminación de lo que el organismo denomina Excepciones Impositivas de las Zonas Económicas Especiales, dentro de un plan más abarcativo que tiene por intención sumar ingresos al fisco por el equivalente al 3,3% del PBI.

El Régimen Especial de Tierra del Fuego tiene por objetivo favorecer la radicación de industria electrónica. Nació en 1972 en el marco del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y es una de las pocas políticas de Estado que ha venido sobreviviendo desde entonces. 

– Kristalina Gueorguieva, directora gerente​ del Fondo Monetario Internacional desde 2019

No nació con un objetivo económico, sino geopolítico. En la década del 70 la Argentina está en constante tensión con Chile por la delimitación de las fronteras en el sur. De hecho, 7 años después de sancionada la ley, ambos países estuvieron al borde de la guerra por la disputa de las islas Picton, Lennoxn y Nueva, en el canal del Beagle en Tierra del Fuego.

Los militares procuraban asegurar el asentamiento de población argentina en la región para contener un eventual avance de ocupación chileno. El régimen se mantuvo a pesar de que con el paso del tiempo la tensión entre ambos países disminuyó al punto de que en 1998 se terminaron de celebrar los últimos acuerdos fronterizos en Campos de Hielo.

Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional y se convirtió en una provincia más que incluye las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y Antártida. La industria electrónica es una de las principales actividades económicas, junto con el turismo y la pesca de centolla.

De acuerdo con datos del INDEC, cuando nació el régimen la isla tenía una población de 13.527, y en 2022 había crecido a 191.780.

Las empresas industriales radicadas en la zona no pagan IVA, ni Impuesto a las Ganancias, ni pagan derechos de importación para sus insumos, pero ahora compiten con la apertura de la importación de electrónica de extrazona del Mercosur. 

Cuál es el gasto fiscal del régimen

De acuerdo con el documento del FMI, que forma parte del Staff Report de la última revisión, el régimen especial por zona geográfica de la Argentina cuesta 0,4 puntos del PBI.  A eso hay que agregarle otros componentes: las excepciones del IVA representan 1, 2 puntos del PBI y el monotributo, un punto del PBI.

A ello hay que agregar que se propone ampliar la base de tributación del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia hasta un umbral del 20% y “alinear” el monotributo con los aportes del Impuesto que hacen los autónomos. 

En total, el FMI considera que el gasto tributario de la Argentina es grande” y los estima en los 3,5% del PBI. Si se toma un PBI nominal de $847 billones al 31 de diciembre de 2025 y se lo actualiza a fin de 2025 por un crecimiento del 3,5% y una inflación del 25%, el costo del régimen de Tierra del Fuego es de unos $4,38 billones al año. 

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Carlos Lamiral

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