SIGUEN LAS SUBAS: En las primeras semanas de agosto los alimentos ya aumentaron un 2%

Un informe de la consultora LCG remarcó que en la primera semana de agosto hubo un aumento de distintos productos que perjudican a los hogares de los argentinos.
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Tras conocerse la inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), un estudio de la firma LCG advirtió que durante la primera semana de agosto los precios de los alimentos aumentaron un 2,1%.

El estudio de la consultora LCG analiza la evolución semanal de los precios de alimentos exhibidos en góndolas, tanto de supermercados, como de los negocios en los barrios. Durante la última semana de julio, hubo un aumento del 1,1%; mientras que en la primera semana de agosto la medición se disparó a un 2,1%.

Lo preocupante es que aumentaros alimentos que son muy importantes en la canasta básica de los argentinos: panificados, azúcar, verduras, lácteos, huevos y aceites.

Los panificados tuvieron un alza del 5,3% y con una suba acumulada del 10,9% en las últimas cuatro semanas. El azúcar aumento un 4,1% con un incremento acumulado del 8%, mientras que las verduras mostraron un aumento del 2,1%. Lo siguen los lácteos y huevos con una suba del 1,8% y los aceites con un 1,6%.

Redacción

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El recorte del Estado fue el mayor de los últimos 30 años

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalló acerca del recorte interanual de gasto público que lleva adelante el gobierno de Javier Milei: fue el mayor de los últimos 30 años. El gasto primario (suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos los pagos en concepto de intereses de la deuda pública) se redujo un 39,4% interanual real.

El informe de IARAF

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Los sectores que aportaron a la reducción del gasto primario, que tuvieron la mayor caída real, fueron:

  • Transferencias de capital a provincias (- 98,3%).
  • Subsidios a otras funciones (-92,2%).
  • Inversión real directa (-81,2%).
  • Subsidios a la energía (-77,2%).
  • Transferencias corrientes a provincias (-72%).

Las jubilaciones y pensiones contributivas con el 33% de participación (unos -$885.074 millones), fueron el sector que más aportó a la reducción del gasto.

Si se suman esos recortes se llega a que la cifra ahorrada es de $1.883.000 millones a moneda de enero de 2024. Las cuentas públicas terminaron, entonces, con un superávit fiscal de $518.400 millones. En el mismo mes del 2023, se había registrado un déficit de $537.970 millones.

Redacción

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Milei entregó el control de los fondos fiduciarios a Caputo: Se realizará una “auditoría integral de gestión”

A través del Decreto 215/2024, y en medio de la convocatoria a los gobernadores para ser parte del “Pacto del 25 de Mayo”, Javier Milei entregó el control de los fondos fiduciarios al titular de la cartera de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El documento del Boletín Oficial —que cuenta con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse— designa a Caputo como “fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”.

El Ministerio de Economía contará con la asistencia del la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En el plazo estipulado, de 60 días, “deberá realizar una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”.

“Los organismos y reparticiones con responsabilidad primaria en las materias involucradas en cada uno de los fondos fiduciarios objeto de la presente medida deben prestar colaboración y asistencia al Ministerio de Economía, a los fines del mejor cumplimiento de las disposiciones y fines del presente decreto”, indicó el Gobierno.

Desde el Gobierno plantean que en la mayoría de los 29 fondos fiduciarios existentes, contemplados en el Presupuesto 2023 —el cual fue extendido por el Ejecutivo para 2024— “hay números que no cierran”, que no son del todo transparentes y que concentran un presupuesto anual cercano a los $1,5 billones: aproximadamente dos puntos porcentuales del PBI.

La idea del Ejecutivo es la de reducir y —sobre todo— controlar los fondos destinados a los privilegios de la política. Fuentes oficiales explicaron a La Nación que “la idea es revisarlos, analizar las irregularidades, pedir actualizaciones de las auditorias a la SIGEN, para determinar el camino a seguir e ir cerrando los fideicomisos que corresponda, que van a ser casi todos. Algunos no pueden ser cerrados por decreto, sino por ley; en esos casos demoraremos un poco más, pero lo que vamos a hacer es intervenirlos”.

Redacción

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