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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC acumuló un alza de 32,3% en un año, una variación que supera el 29% fijado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el presupuesto 2021. Quien en las próximas horas, tiene pensado hacer pública su meta inflacionaria para 2022 enviando el proyecto de presupuesto al Congreso de la Nación.
En doce meses, la inflación muestra un alza de 51,1%, mientras que la inflación núcleo -que no tiene en cuenta precios regulados ni estacionales- mostró una suba de 3,1% en agosto. Este dato, el de los precios libres, no varió ni una décima con relación al que se registró en julio pasado. El capítulo de Alimentos y bebidas -el rubro más sensible del IPC- aumentó 1,5% (el mes pasado había sido 3,4%).
DatoINDECLos precios al consumidor (#IPC) subieron 2,5% en agosto de 2021 respecto de julio y 51,4% interanual https://t.co/UJQMr5o6ng pic.twitter.com/GFO4PmovBs
Las subas más significativas en el mes se dieron en el rubro Salud y Educación. Ambos mostraron una variación de 4,2% en el mes. Recreación y cultura subió 3,7%, mientras que Prendas de vestir y calzado avanzó 3,4%.
En un informe divulgado hoy, LatinFocus estimó una inflación de 49% en 2022 y de 42,7% en 2023. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) previó para este año un alza de 48,4%, y para el que viene, de 43,1%. Esta última medida fue aumentando en los últimos meses en base al fuerte incremento de la emisión monetaria del Gobierno, que generó una bola de deuda remunerada que superó los $4 billones.
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El Obispado de Río Gallegos aclaró que la candidatura a diputado nacional del sacerdote Juan Carlos Molina respondió exclusivamente a una decisión personal y no representó la posición institucional de la Iglesia. En un comunicado oficial firmado por el obispo Ignacio Medina, la diócesis informó que le otorgó una licencia canónica y que, en consecuencia, el presbítero no ejercería el ministerio sacerdotal en forma pública ni privada durante el período de campaña electoral y, en su caso, durante el ejercicio de un eventual mandato legislativo.
El documento eclesiástico, difundido por los canales institucionales y emitido desde la sede episcopal en la ciudad de Río Gallegos, subrayó que “dicha postulación en ningún caso expresa la voluntad, ni el parecer de la Iglesia diocesana de Río Gallegos” y enfatizó que “ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato, deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta Diócesis”. De este modo, la autoridad eclesiástica se despegó de cualquier vinculación con la actividad proselitista del sacerdote.
Molina, de 58 años, encabezó la lista de unidad del peronismo en Santa Cruz por el frente Fuerza Santacruceña, que integraron el Partido de la Victoria, Kolina, el Partido Justicialista y el Instrumento Electoral por la Unidad Popular. En un encuentro con vecinos dijo, en tono de ‘chiste’, que todos aquellos que “no pongan la cruz en la lista 3” van a sufrir el castigo divino de “irse al infierno”.
En un acto en la sede del PJ de El Calafate, acompañado por los intendentes Javier Belloni y Pablo Grasso, declaró: “Quiero que Cristina esté libre”, y convocó a cerrar filas: “No hay último ni primero, somos un todo y dejémonos de joder. Si no nos dejamos de joder, pierde el pobre, pierde el laburante, pierde la mucama que se está quedando sin trabajo porque no se puede viajar más a El Calafate. Pierde el minero, pierden los petroleros. Nadie se salva solo”.
En declaraciones a Infobae, el sacerdote sostuvo que su postulación surgió del pedido de referentes locales y afirmó: “Cristina fue la primera que apoyó mi candidatura cuando me lo pidieron los compañeros y compañeras de Santa Cruz. Parece que fui elegido como punto de unidad. Yo, la verdad, no lo esperaba ni lo busqué”.
Durante el acto en El Calafate, Molina se autodefinió como un “díscolo” de la política y pidió que no lo llamaran más padre: “Me agregan 120 años, a partir de ahora soy el compañero Juan Carlos”. También aseguró que sufrió persecución: “Yo lo sufrí en carne propia”, al referirse a las investigaciones contra la Fundación Valdocco, creada por él en Santa Cruz.
Esa causa, iniciada en Caleta Olivia por presunta defraudación en perjuicio de la administración pública, continuó su trámite en el Juzgado de Instrucción N°2 de Río Gallegos. En ese mismo contexto, la presidenta del Consejo de Educación, Iris Rasguido, pidió la intervención de la justicia por posible vulneración de derechos de menores en la sede de Caleta Olivia, pero ese expediente se archivó.
La trayectoria pública de Molina incluyó su paso al frente del Sedronar entre 2013 y 2015, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
La pesca registró en junio una caída interanual de 74,1% y fue el rubro de mayor incidencia negativa sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, los principales efectos negativos se observaron en la industria manufacturera y en la construcción por su peso en PBI y empleo. Sin embargo, desde marzo la pesca fue el sector con mayores contracciones, fundamentalmente por la paralización en el segmento de crustáceos.
En el último Índice de Producción Industrial (IPI) pesquero, el INDEC aclaró que los resultados estuvieron “afectados por un conflicto gremial extendido”. Dado el patrón estacional cambiante y la irregularidad de la actividad, el organismo sugirió analizar la tendencia‑ciclo junto con la serie desestacionalizada; ambas series exhibieron los niveles de producción más bajos desde mediados de 2016.
En 2024 el complejo pesquero exportó más de u$s2.000 millones y fue el octavo en relevancia exportadora a nivel nacional. En 2025 incidió el derrumbe de precios internacionales: el valor por kilo del langostino salvaje cayó cerca de 60% (de u$s12 a u$s5) por sobrecaptura y por la irrupción del langostino vannamei, de menor calidad y más barato.
“En comercio exterior somos un importante actor en la región pero en lo que va del año ya se perdieron por no salir a faena más de u$s200 millones en exportaciones”, señaló Sebastián Pérez, industrial naval del sector servicios. Pérez añadió que otras especies (el calamar Illex y la merluza negra) compensaron parcialmente la baja de ventas.
“Alrededor de 113 buques tangoneros congeladores estuvieron cuatro meses amarrados en distintos puertos de Mar del Plata, Puerto Deseado y Puerto Madryn porque la actividad no era rentable, debido a varios motivos”, agregó Pérez.
Los empresarios solicitaron adecuar el convenio colectivo a la nueva realidad del sector, mientras que los sindicatos denunciaron intentos de rebajar más de 20% los salarios. Finalmente, se firmó un acuerdo con un descuento en los sueldos por viaje: “Por la crisis que argumenta el sector empresario, la cual tiene parada toda la flota tangonera langostinera, a nuestros afiliados con muchos meses sin trabajar y a las familias pasando necesidades: se descontará un 9% del salario bruto por cada viaje. PARA QUE LES QUEDE CLARO, EL DESCUENTO ACORDADO SERÁ SOLO POR ESTA TEMPORADA”, publicó a comienzos de agosto el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.
En Mar del Plata, entre suspensiones y despidos se calcularon cerca de 200 trabajadores; los sindicatos hablaron de más de 600. “Pero en realidad la crisis afecta a 5.000 trabajadores”, afirmó Pérez. Los asalariados registrados pasaron de 15.100 en febrero a 14.400 en mayo, según el SIPA. El consumo interno de pescados y mariscos fue de 7 kilos anuales por persona, el más bajo de la región, por lo que no compensó la caída exportadora.
Los industriales señalaron costos de producción elevados y solicitaron una reforma laboral y la quita de retenciones. Además, el sector afrontó el pago de cuotas del derecho único de extracción de especies clave, como la merluza y la vieira, que aportaron más de u$s26 millones al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) en lo que va del año, frente a u$s2,67 millones en todo 2023.
En respuesta, el Gobierno nacional analizó reducir o eliminar retenciones a las exportaciones pesqueras como parte de una estrategia para disminuir impuestos distorsivos. El Ministerio de Economía confirmó que la pesca quedó incluida en la agenda de revisión, en línea con el Informe 144 de la Jefatura de Gabinete. Ante una consulta legislativa, dicho informe consignó: “El Ministerio de Economía por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, indica que se continuarán disminuyendo y/o eliminando los impuestos distorsivos, entre ellos, los derechos de exportación, y la pesca es uno de los productos en análisis”. Y añadió: “Es importante agregar que no se puede asimilar al sector agrícola ganadero con el pesquero, por ende, merecen un tratamiento distinto. El agro es una actividad netamente productiva que se desarrolla vinculada a un bien directa o indirectamente propio. La pesca, por el contrario, es una actividad mayormente extractiva vinculada a un recurso que pertenece a los argentinos en su conjunto”.
El gobierno bonaerense oficializó un régimen de retención de Ingresos Brutos para billeteras digitales. La Resolución Normativa 25/2025 de ARBA establece que los Proveedores de Servicios de Pago con Cuentas de Pago (PSPOCP), entre ellos Mercado Pago, Ualá y Naranja X, deberán cumplir el mismo rol que los bancos.El esquema se aplicará sobre operaciones electrónicas que hoy concentran millones de transacciones diarias en la provincia.
La medida regirá en dos etapas. Desde el 1° de octubre deberán cumplir los prestadores inscriptos en la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. A partir del 1° de noviembre se sumarán los operadores no registrados en esa entidad. El esquema busca ordenar la transición y dar tiempo a las fintech para ajustar sus sistemas.
El régimen alcanza acreditaciones en cuentas de pago en pesos y en monedas extranjeras, con excepción del dólar estadounidense. También incluye valores transferibles y otros activos electrónicos considerados equivalentes a moneda. Están alcanzadas personas físicas y jurídicas que tributan en el régimen local bonaerense o bajo el Convenio Multilateral.
ARBA aclaró que no se trata de un nuevo tributo. La disposición incorpora a las billeteras al mismo esquema que desde hace más de 15 años rige para los bancos. Para su aplicación se creó el SIRCUPA (Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago), que funcionará en paralelo con el SIRCREB. Ambas plataformas estarán integradas para cruzar información y detectar inconsistencias.
Quedan fuera del alcance las acreditaciones vinculadas a jubilaciones, pensiones, remuneraciones, exportaciones, intereses de plazos fijos, dividendos de fondos comunes de inversión, devoluciones impositivas y planes sociales. La exclusión evita que los ingresos previsionales o personales de carácter no empresarial se vean alcanzados por el régimen.
El tributarista Sebastián Domínguez advirtió que el esquema puede generar saldos a favor recurrentes para empresas, especialmente pymes que operan de manera intensiva con cuentas virtuales. Como respuesta, ARBA amplió de $1.000.000 a $3.500.000 el monto máximo para solicitar la devolución exprés online.
Datos del Banco Central señalan que el uso de cuentas de pago virtuales creció un 42% interanual en 2024. Hoy más de 35 millones de personas en Argentina poseen al menos una billetera digital. Ese crecimiento explica la decisión de distintas provincias de sumar regímenes de retención para el sector .
En Córdoba, Santa Fe y Mendoza ya existen mecanismos similares. La novedad bonaerense es la creación de SIRCUPA, una plataforma diseñada exclusivamente para fintech. Además, la Comisión Arbitral recomendó a las jurisdicciones coordinar criterios para evitar dobles retenciones en operaciones interprovinciales.
El régimen será revisado cada seis meses. ARBA anunció que convocará mesas técnicas con cámaras empresariales y asociaciones de fintech para evaluar ajustes. La resolución completa, junto con su anexo técnico, está disponible en el Boletín Oficial bonaerense, donde figuran coeficientes, parámetros y fechas de vencimiento.
La evidencia de una deuda cercana a los 4.100 millones de pesos entre el IOMA y el Hospital Garrahan se vuelve central en el cruce entre jurisdicciones. La información oficial del consejo administrativo del Garrahan detalla ese pasivo, señalando que constituye un 40% de los más de 10 mil millones adeudados por obras sociales provinciales.Parte de ese monto—unos 2.500 millones—estaría judicializado.
En ese escenario, voces del gobierno nacional apuntan a que se trata de una deuda histórica. El Garrahan aseguró que solo una parte mínima fue abonada, mientras que Nación insiste en la acumulación que afecta la gestión hospitalaria.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ofreció una mirada restrictiva: indicó que en 2025 el hospital facturó 1.268 millones y que ya cobró 1.006 millones.
La Legislatura bonaerense, por su parte, registró acciones formales. La senadora Yamila Alonso presentó un pedido de informes que requiera desglose detallado, montos judicializados, diferencias entre deuda histórica y reciente, y un plan claro para su resolución.
Del otro lado, senadores del PRO, desde la Legislatura, levantaron la alerta institucional y sanitaria. Advertían que esa situación podría comprometer la atención pediátrica en el principal centro especializado del país. En ese contexto, el Hospital Garrahan, en conjunto con gremios y pacientes, realizó una bicicleteada solidaria y medidas de fuerza, en demanda de respuestas urgentes.
– Nicolás Kreplak, Axel Kicillof y Homero Giles (titular IOMA)
En paralelo, una investigación de El Disenso expuso desembolsos en pauta oficial que llegaron a los 28 mil millones de pesos por parte de Axel Kicillof durante los primeros seis meses de 2025.
Lo llamativo es el aumento exponencial de la pauta en los meses previos a una elección. El año pasado, la provincia de Buenos Aires había superado los 26 mil millones de pesos en pauta. En menos de seis meses, el monto ya se igualó.
De acuerdo a información a la que accedió en exclusiva citado medio, el gobierno de Kicillof proyecta gastar más de $56.000 millones para fin del ejercicio.
La Convención Constituyente de Formosa atraviesa una crisis política profunda luego de la renuncia de seis miembros de la oposición. Los convencionales libertarios Atilio Basualdo, Sofía Fridman y Pablo Míguez, la dirigente de Nuevo País, Gabriela Neme, sumados a Francisco Paoltroni y Guillermo Evans, de Libertad, Trabajo y Progreso, decidieron abandonar el recinto. Alegan que el oficialismo incumple sistemáticamente el reglamento, lo que convierte el proceso en una “farsa”.
Esa renuncia destruye cualquier fachada de pluralidad en un cuerpo que empezó con mayoría oficialista: el bloque peronista domina con 21 de los 30 miembros. La salida de los seis opositores deja a la UCR como única voz disidente, reduciendo aún más la representatividad institucional.
Los convencionales acusaron al PJ de violar derechos fundamentales en el debate: aprobaron artículos sin proyectarlos ante la oposición, bloquearon mociones, silenciaron a los minoritarios con cortes de micrófono y prohibición de nombrarse entre sí. Denuncian una “gravedad institucional” que desnaturaliza la discusión democrática.
Gabriela Neme resumió la situación con crudeza: sesiones a contrarreloj, falta de herramientas básicas, ausencia de apoyo técnico y desigualdad abrumadora frente al oficialismo. “Ellos tenían todo: personal, impresoras, acceso a los textos. Nosotros, nada.”
La carta jueza no solo refleja disconformidad técnica, sino también ideológica. Neme sostuvo: “No podemos legitimar una puesta en escena… se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”.
– La renuncia presentada por Gabriela Neme
Gildo Insfrán impulsa esta convención luego de que la Corte Suprema invalidó la reelección indefinida en Formosa. El artículo inconstitucional fue introducido por él mismo en 2003 para perpetuarse en el poder. Ahora, busca adaptar la Carta Magna ante ese fallo, aunque la oposición acusa manipulación política.
El peronismo formoseño argumenta que la reforma amplía derechos de tercera y cuarta generación, buscando legitimar su gesto institucional. Sin embargo, la oposición considera que se trata de una maniobra para sortear el fallo judicial mediante un maquillaje democrático.
El radicalismo, pese a compartir el rechazo al oficialismo, optó por permanecer en la convención. Su presidente provincial, Miguel Montoya, justificó su permanencia como una estrategia: permanecer les permite recolectar argumentos para futuras impugnaciones judiciales.
Montoya sostuvo que retirarse significaría abandonar la arena institucional. “En política, se representa. Nos votaron para estar ahí”, y remarcó que la democracia “no se forjó abandonando luchas”.
El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Miguel Pesce afirmó que la suba de tasas de interés que se registró en el mercado financiero “repercute mal” en la economía y “genera mucha incertidumbre”, y advirtió que “la deuda aumentó más de 100.000 millones de dólares en la gestión de Milei”.
“Todo esto que estamos viviendo de tasas altísimas, de este tipo de cambio y demás, lo vamos a terminar pagando cuando las generaciones futuras tengan que pagar esa deuda”.
El ex funcionario de Alberto Fernández remarcó que, con “tasas mensuales de más del 4%, cuando la inflación al Gobierno le está dando 1,9%, hay algo que no está funcionando”. En esa línea, evaluó que “o el mercado está viendo que va a haber una aceleración inflacionaria o el Gobierno está llevando adelante una política que fuerza una recesión que ya se está viviendo en todos los sectores”.
Al referirse al frente cambiario indicó que “la gente, cuando ve estos vaivenes y este desorden, lo que hace habitualmente es comprar dólares” pero advirtió que esto “impacta también en la balanza cambiaria, porque no hay semejante cantidad de dólares para abastecer esa esa demanda”. Y agregó: “Si esto continúa así, en algún momento vamos a ver una caída de las reservas”.
Pesce estimó que se están formando activos “por más de US$ 3.000 millones por mes”, lo que también incide sobre la balanza cambiaria. En ese contexto, reseñó que “se han conseguido US$ 12.000 millones del fondo, más 2.000 millones más que le prestaron recientemente, más 2.000 millones más que prestó el BID y el Banco Mundial”, y advirtió sobre el riesgo de “utilizar esa deuda para la demanda que hace la gente, para ahorro o para viajar al exterior”.
Por último, sostuvo que “la emisión monetaria no es el único problema que tiene la Argentina”, sino que existen “muchos otros problemas” que el Gobierno no habría encarado por su “propia visión ideológica de la economía”, entre los que mencionó “el problema de la infraestructura, la falta de dólares, la competitividad”. “Entonces, con controlar la cantidad de dinero no nos alcanza”, concluyó.
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
