Renovación del cupo mensual de U$S 200: Quiénes no están autorizados a comprarlos

Como cada mes, se reabre la posibilidad para las personas físicas de adquirir el cupo de dólares para ahorro pero hay muchas restricciones para hacerlo.
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Cada primer día hábil de cada mes se reabre el cupo mensual para la compra de U$S 200 para las personas físicas que deseen comprar dólar “solidario”, este es el dólar minorista cuyo precio incluye un 65% de impuestos: un 35% de anticipo de impuesto a las Ganancias y un 30% del impuesto PAIS (Para una Argentina Inclusiva y Solidaria).

La cotización minorista en el Banco Nación es de $101,75, por lo que el dólar “solidario” vale $168 en promedio sumándole la carga impositiva. 

Sin embargo, acceder a esa pequeña cantidad de dólares no es fácil, ya que con las rígidas normas del cepo muchas personas quedaron inhibidas de la compra o contarán con otras restricciones.

Entre las personas que no pueden acceder a este cupo se encuentran:

  • Monotributistas con préstamos en curso. Los monotributistas que hayan tramitado créditos a tasa 0 y dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24% no podrán comprar dólar ahorro.
  • Quienes no tengan ingresos declarados. Previo a la venta de la moneda extranjera, los bancos deben consultar la base de datos para saber si el cliente tiene ingresos declarados que justifiquen la compra, para evitar transacciones con plata “en negro” o que pertenece a terceros que desean evadir el cupo.
  • Compradores de dólar MEP o “Bolsa”. Es decir, quienes compraron bonos en pesos para ser liquidados en dólares. No pueden comprar por 90 días luego de la operación. Del mismo modo, quienes hayan adquirido dólar “solidario” en los 90 días previos, no pueden comprar dólar MEP o “Bolsa”.
  • Quienes cobraron su salario mediante el Programa ATP. Los trabajadores en relación de dependencia de una empresa adherida al Programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción no pueden comprar dólares para ahorro, ya que se considera al ATP como parte de la asistencia social durante la pandemia.
  • Beneficiarios de planes sociales. Esto deja afuera de la compra de dólares de manera formal a 8,9 millones de beneficiarios del IFE y un 1,8 millón por AUH.
  • Quienes gastaron con tarjeta su cupo de U$S 200. Ya que el cupo está integrado por la compra de dólar ahorro y por los consumos con tarjeta de crédito o débito en moneda extranjera. Es decir que quienes paguen en dólares servicios en el exterior, como Netflix o Spotify, por más de U$S 200, no podrán comprar dólar “solidario”.
  • Deudores de tarjeta de crédito con plan de pago a 12 cuotas. Serían alrededor de dos millones de clientes bancarios que utilizan la tarjeta de crédito para afrontar gastos ante la dificultad económica que presentan las restricciones por la pandemia.
  • Quienes refinanciaron deudas con bancos. Quienes fueron beneficiados por los planes de refinanciación de cuotas de créditos personales y prendarios, implementados en el marco de la asistencia por la pandemia quedan inhibidos para realizar la operación. Así como los clientes bancarios que no pudieron afrontar vencimientos y debieron postergar las cuotas hasta el final del crédito. Eso incluye a los deudores de préstamos hipotecarios, como los ajustados por UVA.

-Especial para Data24.com.ar-


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El FMI quiere eliminar las ventajas impositivas de Tierra del Fuego

La reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional le sugiere a la Argentina incluye la eliminación de lo que el organismo denomina Excepciones Impositivas de las Zonas Económicas Especiales, dentro de un plan más abarcativo que tiene por intención sumar ingresos al fisco por el equivalente al 3,3% del PBI.

El Régimen Especial de Tierra del Fuego tiene por objetivo favorecer la radicación de industria electrónica. Nació en 1972 en el marco del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y es una de las pocas políticas de Estado que ha venido sobreviviendo desde entonces. 

– Kristalina Gueorguieva, directora gerente​ del Fondo Monetario Internacional desde 2019

No nació con un objetivo económico, sino geopolítico. En la década del 70 la Argentina está en constante tensión con Chile por la delimitación de las fronteras en el sur. De hecho, 7 años después de sancionada la ley, ambos países estuvieron al borde de la guerra por la disputa de las islas Picton, Lennoxn y Nueva, en el canal del Beagle en Tierra del Fuego.

Los militares procuraban asegurar el asentamiento de población argentina en la región para contener un eventual avance de ocupación chileno. El régimen se mantuvo a pesar de que con el paso del tiempo la tensión entre ambos países disminuyó al punto de que en 1998 se terminaron de celebrar los últimos acuerdos fronterizos en Campos de Hielo.

Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional y se convirtió en una provincia más que incluye las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y Antártida. La industria electrónica es una de las principales actividades económicas, junto con el turismo y la pesca de centolla.

De acuerdo con datos del INDEC, cuando nació el régimen la isla tenía una población de 13.527, y en 2022 había crecido a 191.780.

Las empresas industriales radicadas en la zona no pagan IVA, ni Impuesto a las Ganancias, ni pagan derechos de importación para sus insumos, pero ahora compiten con la apertura de la importación de electrónica de extrazona del Mercosur. 

Cuál es el gasto fiscal del régimen

De acuerdo con el documento del FMI, que forma parte del Staff Report de la última revisión, el régimen especial por zona geográfica de la Argentina cuesta 0,4 puntos del PBI.  A eso hay que agregarle otros componentes: las excepciones del IVA representan 1, 2 puntos del PBI y el monotributo, un punto del PBI.

A ello hay que agregar que se propone ampliar la base de tributación del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia hasta un umbral del 20% y “alinear” el monotributo con los aportes del Impuesto que hacen los autónomos. 

En total, el FMI considera que el gasto tributario de la Argentina es grande” y los estima en los 3,5% del PBI. Si se toma un PBI nominal de $847 billones al 31 de diciembre de 2025 y se lo actualiza a fin de 2025 por un crecimiento del 3,5% y una inflación del 25%, el costo del régimen de Tierra del Fuego es de unos $4,38 billones al año. 

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Carlos Lamiral

El FMI cuestionó al INDEC por medir la inflación con datos de consumo de hace 20 años

El Fondo Monetario Internacional sostiene que la canasta de bienes y servicios que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor está “desactualizada” porque aún se basa en patrones de consumo de hace 15–20 años.

Eso implicaría que la importancia que se le da a rubros como alimentos, energía, servicios, alquileres o transporte no coincide con cómo gasta hoy una familia media.

— La Directora Gerente del FMI es la economista búlgara, Kristalina Georgieva

Por ejemplo, hace dos décadas se gastaba más en alimentos y menos en servicios (educación, salud, telefonía, luz, internet, etc.), y si la canasta no se actualiza, el índice puede subestimar o sobrestimar la verdadera presión sobre el bolsillo. Desde 2016 ya se advirtió que usar una encuesta de 2004/05 para 2025 generaba distorsiones, y el FMI insiste ahora en que el atraso metodológico afecta la confiabilidad del dato.

El informe del FMI indica que una nueva metodología para el IPC ya estaba preparada y debería haberse implementado hace más tiempo, pero su aplicación se retrasó en el medio de un proceso de baja de la inflación. Algunos analistas interpretan que el Ejecutivo quiso evitar que el cambio de metodología mostrara una inflación más alta en el corto plazo.

El rediseño ya fue concluido en términos técnicos bajo el titular del INDEC Pedro Lines, aunque su aplicación sigue postergada por una decisión política. En el Estado prefieren evitar cambios en un año electoral, ante el eventual impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y la discusión salarial.

Encuesta de la consultora Zentrix sobre la percepción pública del IPC del INDEC

Desde enero–febrero de este año, el INDEC ya puso en marcha una metodología nueva. Está basada en la Encuesta Nacional de Gastos 2017/18, con más peso en servicios y vivienda y una canasta más cercana a los hábitos actuales. Aunque esto era algo que el FMI reclamaba, el organismo sigue diciendo que el cambio debería haber sido más rápido y que el marco institucional del INDEC sigue siendo débil.

Más allá del IPC, el FMI señala que otros indicadores económicos argentinos (cuentas nacionales, sector externo, etc.) también tienen problemas por usar metodologías anticuadas o pocas fuentes de información. Por eso plantea una reforma institucional: que el INDEC tenga mayor independencia, claridad legal y protección política para que sus datos no parezcan manipulados por el Gobierno de turno.

En la práctica, eso implicaría una nueva ley del INDEC que garantice autonomía técnica, transparencia en la metodología y acceso a datos, además de fortalecer la capacidad estadística del país. El Fondo ofrece asistencia técnica para esta modernización, pero condiciona también la percepción de confiabilidad de las estadísticas argentinas.

El índice de inflación oficial se usa para indexar salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, contratos de alquiler, cláusulas de actualización de tarifas y muchas sentencias judiciales.

Si el IPC realmente se encuentra desbalanceado, puede subestimar la verdadera pérdida de poder adquisitivo y dejar cortos los aumentos de haberes o pensiones. Además, rompe con la confianza en las estadísticas oficiales, ya que el mercado y los actores privados suelen empezar a apoyarse en mediciones alternativas para seguir la evolución de los precios.

El FMI proyecta que la inflación en Argentina cerrará 2026 alrededor del 25% anual, mientras el Gobierno habla de un orden de magnitud notablemente más bajo (de 10,1% en el presupuesto 2026). Esa diferencia de expectativas refleja justamente la desconfianza sobre cómo se mide la inflación y refuerza la presión del FMI para que el INDEC se modernice y se vuelva más creíble.

HUMOR por Argüelles​

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