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Productores autoconvocados realizaron una asamblea este lunes para decidir las medidas fuerza a tomar. El encuentro se produjo en ruta nacional 34 y Autovía A012.
Productores de diferentes localidades se acercaron y decidieron iniciar un cese de comercialización de granos y carnes. Al declararse en estado de alerta, los presentes decidieron tomar medidas para manifestar su descontento con las medidas del Gobierno.
En la asamblea también se decidió realizar una rebelión fiscal debido al posible aumento en la retenciones que presentó Alberto Fernández en el inicio de las sesiones ordinarias. Por otra parte, se decidió asistir a las asamblea que se realizará el 11 de marzo en autopista ruta nacional 9.
Los productores resolvieron comenzar un cese de comercialización de granos y carnes hasta el 11 de marzo. Además, señalaron que luego de esa fecha la medida se endurecerá.
Por otra parte, los autoconvocados confirmaron que no sembrarán trigo y maíz en la próxima campaña. Esta decisión se debe a que consideran que las condiciones establecidas por el gobierno no son óptimas.
También anunciaron que en la próxima campaña se verá una reducción en la producción de soja. Además, la asamble definió que a partir del 11 de marzo se hará control de cargas en las rutas de la provincia.
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El programa “salvavidas” de la gestión del ministro de Economía Sergio Massa, la devolución del IVA, sólo tendrá vigencia hasta diciembre y deberá ser discutido en el Senado en caso de solicitar una prórroga.
El programa denominado “Compra sin IVA”, activo desde el 28 de septiembre, contempla la devolución del Impuesto al Valor Agregado en compras de artículos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, según anunció la cartera del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.
La iniciativa implicará la devolución del 21% para 9 millones de trabajadores que cobran salarios de hasta $708.000. Se devolverá a las 48 horas. Se enviará al Congreso un proyecto para que se extienda a 2024 por un monto de hasta $23.000 mensuales.
El reintegro del 21% en las compras de productos de consumo masivo realizadas en comercios minoristas y mayoristas tiene un tope de hasta $18.800 mensuales y está destinado a jubilados, pensionados, personal de casas particulares, beneficiarios de asignaciones universales por hijo/embarazo, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia. Es decir, a la clase media/baja que percibe menos de $708.000,00 brutos por mes.
La medida fue habilitada a “modo campaña”, dado que el eje de la misma está girando en una solicitud puntual expuesta por el candidato libertario: la reducción de impuestos. Ante ello, el candidato oficialista elevó el programa en tiempo récord. Asimismo, avanzó con la eliminación del Impuesto a las Ganancias que también fue tratado el mismo mes.
NINGÚN TRABAJADOR VOLVERÁ A PAGAR GANANCIASDesde hace más de 10 años vengo sosteniendo que #ElSalarioNoEsGanancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. pic.twitter.com/62RAZ0XARk
Sin embargo, la eximición del programa expone que no es más que una medida de campaña para intentar atraer algunos electores descontentos con la desastrosa gestión en materia económica.
No obstante, Economía se defendió alegando que el programa podrá seguir vigente el año próximo si se trata en la Comisión de Presupuesto del Senado y se convierte en ley.
Los precios irreales que el Gobierno mantiene con eternas prórrogas de programas de congelamiento se desvanecerán tras la segunda vuelta presidencial de este 19 de noviembre. Dos días después del balotaje, los más importantes acuerdos de precios vencen y las empresas adheridas ya adelantaron no renovarán el plazo.
En total, son 50.000 productos que mantienen sus precios de manera artificial con el congelamiento de precios denominado programa de Precios Justos. Por este motivo, los economistas advierten sobre una presión adicional inflacionaria que desencadenará este “descongelamiento”.
El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP
La Secretaría de Comercio, comandada por Matías Tombolini, aseguró que en las últimas semanas se mantuvieron 351 reuniones con empresarios. De allí surgieron 254 renovaciones de acuerdos, 97 están en duda y 9 confirmaron que no se volverán a adherir al programa. Estas últimas 9 comprenden el rubro de consumo masivo tales como indumentaria, calzado, electrodomésticos, celulares, motocicletas e insumos difundidos, entre otros.
Además de los productos de consumo masivo, también los planes de servicios médicos actualizarán sus servicios, al menos así se lo hicieron saber a los pacientes adheridos vía mail. También se suman los incrementos en los combustibles.
El mes anterior, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 13,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 12,2%
Las petroleras lograron un acuerdo que prevé un aumento entre el 7,5% y 9,6%. YPF aplicó la mayor suba. Aunque se espera otra suba tras el balotaje.
Analizando las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos meses, el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, aseveró: “Estamos en una olla a presión, que yo llamo inflación reprimida, y eso involucra a todos los precios de Precios Justos, además de los combustibles que subieron un 10% este mes e igual están retrasados un 40%”.
“También está muy retrasado el tipo de cambio oficial y ya vimos lo que pasó con la devaluación de agosto: en dos meses pasó a precios. La única forma de que no pase a precios es con un programa de reformas profundas y después del 19 de noviembre eso depende de quién gane las elecciones”, agregó.
Por último, pidió “transparentar los precios”, pero “con shock de confianza, con reformas para bajar el gasto público, el déficit fiscal. Si el plan no es creíble, todo se traslada a precios. Por eso la probabilidad de hiperinflación en tres meses es alta. Sin credibilidad estaríamos hablando de un desastre total. Con credibilidad, atravesás la tormenta”.
La cautelosa liberación de dólares para procesos de importación sigue generando problemas para los importadores argentinos. Ante la falta de pagos que esto genera, los productores de bananas de Bolivia y Paraguay anunciaron que dejarán de enviar la fruta a Argentina hasta que puedan regular la situación.
Esta respuesta por parte de los países vecinos podría generar desabastecimiento de bananas en el país. En total, las empresas nacionales adeudan 10 millones de dólares a los productores paraguayos y otros 12 millones de dólares a los bolivianos.
De acuerdo a lo que explicaron los voceros del conflicto a los medios, la decisión de no vender más banana a la Argentina no se trata únicamente de una medida comercial. En total, aseguran, hay más de 2500 familias afectadas y la cadena de calor está paralizada debido a la falta de pagos.
Por ello, a modo protesta, los productores se acercaron a la embajada argentina en Asunción y regalaron parte de su producción de manera simbólica, para demostrar que es prácticamente lo mismo regalar su producto que venderlo sin cobrar a Argentina. Los afectados exigen el pago de 10 millones de dólares.
Una manifestación similar se vivió en Boliviva, donde los productores denunciaron dificultades para percibir los pagos que viene desde hace varios meses. De hecho, durante una manifestación realizada la semana pasada en la capital del país, los productores afirmaron que no recibieron “ni un solo dólar desde agosto” por parte de los argentinos.
Por ello, ambos países pidieron al ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que libere los dólares y permite a los importadores realizar los pagos correspondientes.
Según la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales, la liquidación de divisas fue de USD 743,5 millones en octubre. Los números representan una caída del 25% si se compara el monto que el complejo agroexportador de granos y subproductos registraron durante el mismo mes del año pasado —cuando la liquidación había sido de USD 1.217,3 millones—. Si se tiene en cuenta los registros históricos, habría que remontarse hasta octubre de 2005 para encontrar un octubre con un valor inferior: USD 660,8 millones.
Si ampliamos la mirada al período acumulado entre enero y octubre, la situación es aún más alarmante. En este lapso, se liquidaron USD 17.492 millones, lo que representa una disminución del 50% (USD 17.539 millones menos) en comparación con el año anterior. En 2022, a estas alturas del año, ya se habían superado los USD 35.000 millones, marcando un año récord. La combinación de precios internacionales más bajos en 2023 y cuarentena en 2020 han contribuido a esta disminución de las exportaciones.
La perspectiva a corto plazo no es más alentadora, ya que se espera que el remanente de granos de la cosecha gruesa limite las operaciones de terminales portuarias e industrias de molienda de soja en los próximos meses.
A pesar de los intentos del Gobierno para estimular las exportaciones a través del Programa de Incremento Exportador (PIE), que ha experimentado diversas ediciones en el último año, el complejo exportador continúa perdiendo terreno en la generación de divisas a través de las ventas de granos y subproductos.
Si ampliamos la mirada al período acumulado entre enero y octubre, la situación es aún más alarmante. En este lapso, se liquidaron USD 17.492 millones, lo que representa una disminución del 50% (USD 17.539 millones menos) en comparación con el año anterior
La persistente sequía que afectó la campaña agrícola 2022/23 sigue teniendo un impacto negativo, y se prevé que la tendencia a la baja en las exportaciones de granos persista durante el resto del año. Un informe privado sugiere que las exportaciones de trigo y cebada en 2023/24 podrían generar divisas por valor de USD 3.600 millones.
Además de la disminución en las divisas ingresadas, el complejo agroindustrial enfrenta un desafío adicional: la falta de materia prima para la industria de molienda, lo que afecta tanto la producción de harina y aceite como la elaboración de biodiésel. Esta situación subraya la necesidad de abordar no solo la cantidad de divisas generadas sino también los factores que afectan la disponibilidad de productos para la exportación.
Un notable grupo de asociaciones rurales convocó a la protesta debido a la falta de suministros. La escasez de combustibles impide que los trabajadores del agro puedan llevar adelante con normalidad sus tareas: Se estima que el campo consume alrededor del 30% del gasoil del país. Los representantes de las organizaciones exigen que el gobierno “arbitre los medios para solucionar esta gravísima situación que afecta a los productores y, en el corto plazo, también a los consumidores de bienes provenientes del sector”.
Al comunicado, emitido por la Federación Agraria Argentina, se le anexan la Asociación Regional de Productores de Areco, la Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto, la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco y la Asociación de Productores Rurales de Arrecife.
“Los genios del desabastecimiento, primero de vacunas (Perdón… ¡Para ellos sí!) Insumos médicos, o artículos de primera necesidad en las ciudades para toda la comunidad ahora se le suma el combustible. La vida económica paralizada, y las máquinas y tractores sin poder trabajar”, sentenciaron.
Hace una semana, el Gobierno habilitó a la AFIP para que le exija a las empresas Rappi y PedidosYA que registren a 300 mil empleados-que actualmente son monotributistas- para obtener las cargas sociales (según la AFIP por valor de $7500 millones).
“Pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a las plataformas digitales de delivery, en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización”, justificó AFIP.
Es decir, el ente gubernamental alega que los repartidores de las empresas de delivery son empleados en relación de dependencia y que al no ser registrados, están escapando a las responsabilidades que les toca como empleador y perjudicando al trabajador al no poder otorgarles ciertos beneficios.
Ante este apriete impositivo, las firmas están analizando irse del país
“La AFIP sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales. Las empresas que administran las apps sostienen que los repartidores son autónomos y monotributistas y por lo tanto cada uno paga sus respectivos aportes“, explicó una fuente que responde a las empresas.
“El número repartidores es cambiante, porque el autónomo puede entrar o salir del sistema cuando lo desee. Pero las empresas lo tienen estimado y, en total, las personas que encuentran una salida laboral mediante las apps de delivery son aproximadamente 300.000”, detalló.
Si las empresas se adaptan a las exigencias de la AFIP, “este modelo desaparece, y por eso que en muchos países no lo reglamentan, como en Francia, España, Italia y otros”, sumó. En tanto, las compañías de delivery apelarán al fuero Contencioso Administrativo Federal y ante el Tribunal Fiscal.
El liberal consiguió la ansiada victoria pese a tener todo el aparato estatal oficialista en su contra. El presidente electo de La Libertad Avanza se impuso por más de 10 puntos y con con más del 55% de los votos.
