14 julio, 2025

Presupuesto 2021 | El proyecto prevé un aumento de la presión impositiva

El borrador del proyecto prevé un incremento de la carga impositiva de casi 1 punto porcentual.
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El Gobierno confirmó que trabaja intensamente en una reforma tributaria que “armornice la estructura de tal manera de que los que más ganan sean los que más impuestos paguen”.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, ya lo había adelantado tiempo atrás, aunque sin dar demasiadas precisiones, pero ahora el Ejecutivo lo confirmó en el proyecto de Presupuesto 2021 que enviará el martes próximo al Congreso. Además, el documento dice expresamente que la presión tributaria subirá el año próximo del 24% del PBI que terminará este año al 24,8%, el próximo.

Según el borrador, el Gobierno trabaja en una armonización de la estructura tributaria argentina de manera tal de alcanzar diferentes objetivos. Estos son:

  • Consolidar una distribución del ingreso más progresiva a través de una mayor carga sobre sectores de elevada capacidad contributiva y una ampliación del alcance de los tributos progresivos.
  • Alinear los incentivos que el sistema tributario emite al sector privado con foco en la producción nacional, las exportaciones y la generación de empleo digno.

En este proyecto se muestra que la inflación será del 28%, el dólar llegará a $101 en diciembre y que el crecimiento del PBI del 5,5%. Sin embargo, no brindó mayores precisiones sobre cuáles serían los tributos que serán incrementados ni tampoco para qué sectores ni en qué medida.

La expectativa de los analistas es que apunten a cambios en el impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, pero la iniciativa no lo aclara, ya que el equipo económico está diseñando aún los cambios junto con la AFIP. De todos modos, la subestimación de recursos es moneda corriente a la hora de diseñar los presupuestos, por lo que eso no fue un problema a la hora de realizar las estimaciones.

De acuerdo con el proyecto, la recaudación de impuestos nacionales y de contribuciones a la seguridad social se estima que alcanzará en el 2021 los $9,3 billones, por lo cual será 43,7% superior a la proyectada para el año 2020, incrementándose 0,8 puntos del PBI respecto al año anterior.

Las expectativas de recaudación para el 2021 tenderán en gran parte a la recuperación de la caída ocurrida en 2020, producto de la parálisis que generó la cuarentena en medio de la pandemia y la pérdida de puestos de trabajo durante la mayor parte del año.

La suba estimada en la recaudación nominal se explica por los aumentos proyectados en la actividad económica, los volúmenes del comercio exterior, la remuneración imponible y los puestos de trabajo, los precios y el tipo de cambio, además de los incrementos de las ganancias esperadas de las personas humanas y sociedades, entre otros. En el mismo sentido, incidirán el mejor grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias, producto de las acciones de los organismos de control y los mayores ingresos correspondientes a los regímenes de facilidades de pago, según Infobae.

Al desagregar por impuesto, las estimaciones son las siguientes:

  • Derechos de exportación: mostrarán un incremento de 54,2% anual, y aportarán 6,2 puntos porcentuales al crecimiento de la recaudación total, que representará 1,54% del PBI en 2021.
  • Impuesto al Valor Agregado (IVA): el principal impuesto dentro de la estructura tributaria en términos de recaudación (29,35% del total), ascenderá a $2,7 billones e implicará un aumento del 47,4% respecto al 2020. Este tributo estará impulsado, principalmente, por el aumento en el consumo en términos nominales, la mayor bancarización de la economía producto de medidas impulsadas por el Estado y la mejora en el control del organismo recaudador, tanto en las operaciones de comercio exterior como del mercado interno. En sentido contrario, operarán las mayores devoluciones previstas de saldos técnicos, para determinados sujetos. En términos del PBI, el IVA neto de reintegros crecerá en 0,41 puntos en relación a 2020. En este proyecto se muestra que la inflación será del 28%, el dólar llegará a $101 en diciembre y que el crecimiento del PBI del 5,5 por ciento.
  • Impuesto a las Ganancias: los ingresos provenientes de este tributo alcanzarán en 2021 a $1,8 billones, lo que significa una suba de 38,8% respecto al año anterior, y una disminución en términos del PBI de 0,01 puntos porcentuales. En la dinámica de este impuesto, inciden positivamente las subas proyectadas en los precios, el tipo de cambio, las remuneraciones, las importaciones –que se exteriorizan a través de una mayor recaudación proveniente de los regímenes de retenciones y percepciones– y en el crecimiento de los impuestos determinados de los períodos fiscales 2019 y 2020, implicando un aumento en los pagos por anticipos.Asimismo, los efectos de los convenios de intercambio de información firmados con fiscos de otros países continuarán contribuyendo a la mejora en la fiscalización de este impuesto. En sentido contrario, la recaudación del año 2021 se verá afectada por la disminución de la tasa del impuesto para las sociedades introducidas en el impuesto por la Ley N° 27.430 y, por la actualización establecida en la Ley N° 27.346, de los montos de las deducciones del mínimo no imponible, de las cargas de familia y de la deducción especial para el personal en relación de dependencia, jubilados y autónomos.
  • Impuestos internos: los recursos originados en los Impuestos Internos Coparticipados serán de $187.102 millones, incrementándose 25% con respecto al año anterior. Esta variación se explica por el efecto neto de las variaciones esperadas en las ventas nominales de los productos gravados e importaciones.
  • Bienes Personales: Se estima que su recaudación alcanzará $173.500 millones, equivalente a un aumento de 13,4% interanual. Los principales factores que explican esta suba son los aumentos de las bases imponibles sobre las cuales se aplica el impuesto, producto del incremento en las valuaciones fiscales de los bienes gravados y del mayor tipo de cambio. Por otro lado, los convenios de intercambio de información firmados con fiscos de otros países, se considera que incidirán favorablemente en el cumplimiento de este impuesto.
  • Impuesto sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono: ascenderían a $287.329 millones, lo que implica un aumento del 53,1% respecto de 2020. La variación se explica, principalmente, por las actualizaciones de las sumas fijas para determinar el impuesto y en las estimaciones de mayores litros vendidos.
  • Impuestos que gravan las compras al exterior, como los Derechos de Importación y la Tasa de Estadística: llegarán a $ 286.217 millones, monto que será 52,9% superior al obtenido en 2020, y mostrarán un crecimiento de 0,07 puntos en términos del PBI. Los aumentos estimados en las importaciones y en el tipo de cambio nominal son las principales causas de la suba de estos gravámenes. También tendrá un efecto positivo la continua mejora en el control de las operaciones de comercio exterior por parte de la Aduana.
  • Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios: la recaudación de este tributo alcanzará $633.561 millones, registrando un alza de 40,5% con relación al año anterior, y reflejará el aumento en el monto de las transacciones bancarias gravadas.
  • Impuesto para una Argentina Inclusiva – PAIS: alcanzarán $342.713 millones, monto que será 89% superior al obtenido en 2020. Estará impulsado principalmente por el incremento del tipo de cambio y la reapertura de las fronteras, que implicará un aumento en las ventas de pasajes al exterior y una mayor utilización de las tarjetas de crédito y débito.
  • Contribuciones a la seguridad social: incluyen los aportes personales y contribuciones patronales de los trabajadores en relación de dependencia, de los autónomos y del personal activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Crecerán 39,3% frente a 2020 como resultado de los aumentos estimados en los salarios nominales imponibles y a la recuperación de los puestos de trabajo. En términos del PBI, su recaudación alcanzará 5,71 por ciento.

El total de recursos correspondientes a la recaudación de impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social se repartirán entre la Administración Nacional (que recibirá un 59,4% de la recaudación tributaria), otros entes del sector público no financiero (8,6%) y las provincias recibirán el 32,1% vía coparticipación.

*Fuente: iProfesional


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PBA: Una obra frenada hace 25 años generó pérdidas de US$ 5.000 millones al campo

El Plan Maestro del Río Salado nació en 1999 como instrumento de gestión integrada para atenuar inundaciones y sequías en una macrocuenca de 17 millones de hectáreas que aporta el 75% del rodeo bovino bonaerense, más del 70 % de los granos provinciales y cerca del 20% de la producción láctea nacional. Un cuarto de siglo después, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que “solo se ha ejecutado la mitad de las obras” y que la inacción estatal ya generó “pérdidas productivas superiores a USD 5.000 millones”.

El proyecto, concebido por la consultora Halcrow & Partners y financiado inicialmente por el Banco Mundial, preveía un horizonte de finalización de 15 años y un presupuesto base de USD 2.000 millones (actualizado a USD 4.000 millones). No obstante, el avance efectivo se estancó en torno al 50% y dejó sin concluir el tramo 4‑2, entre Las Flores y Bragado, así como la etapa 5 (Bragado–Laguna de Junín), carente de recursos asignados. CARBAP subrayó que “el costo de la inacción —más de USD 40.000 millones entre pérdidas evitables y recursos no reinvertidos— exige una respuesta inmediata”.

La entidad recordó que los objetivos originales apuntaban a “reducir el impacto económico de eventos hídricos extremos, optimizar la sustentabilidad productiva de la cuenca y constituir un marco institucional para la administración planificada del recurso hídrico”. Las primeras obras comenzaron en 2003, tras un trienio de estancamiento vinculado a la crisis política y económica, y desde entonces avanzaron de manera discontinuada.

El año 2025 evidenció la vulnerabilidad estructural del sistema. Entre febrero y mayo, tres pulsos pluviométricos extraordinarios anegaron más de dos millones de hectáreas: en febrero‑marzo, las lagunas encadenadas y la subcuenca B3 del arroyo Vallimanca sufrieron pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol; en marzo‑abril, un nuevo episodio afectó al corredor oeste (Carlos Casares, 9 de Julio, Henderson, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Roque Pérez) e impidió la recolección de soja y maíz; en mayo, precipitaciones superiores a 350 mm en el norte y centro bonaerense comprometieron la ventana de siembra de trigo y cebada.

Estas lluvias intensas pusieron de relieve las restricciones hidráulicas derivadas de un dragado inconcluso. Mientras las etapas 1 a 3 del canal principal muestran avances satisfactorios, la demora del tramo 4‑2 actúa como estrangulamiento y provoca desbordes reiterados. A ello se suma la readecuación pendiente de los arroyos Vallimanca y Saladillo, postergada desde hace más de tres décadas. La pendiente mínima y la escasez de drenajes naturales obligan a depender de la evapotranspiración estacional para el descenso de las aguas, con el consiguiente retraso en las labores agrícolas.

De acuerdo con CARBAP, “los productores han aportado al fisco, exclusivamente vía derechos de exportación, más de USD 35.000 millones”, cifra que permitiría financiar holgadamente el presupuesto actualizado del plan. “La paradoja es evidente: la región ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando”, remarcó la organización.

La cuenca del Salado recibe aportes hídricos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por lo que CARBAP consideró que “el financiamiento nacional resulta indispensable” y reclamó “liderazgo federal, asignaciones presupuestarias firmes y una gobernanza hídrica coordinada”.

“El caso del Plan Maestro del Río Salado es paradigmático: no se trata simplemente de una obra pública inconclusa, sino de una región neurálgica para la economía nacional que continúa expuesta a daños evitables, pese a haber generado —mediante su producción agropecuaria— los recursos fiscales suficientes para financiar integralmente su propia solución”, advirtió el comunicado.

En consecuencia, la entidad solicitó “culminar el tramo 4‑2, iniciar la etapa 5, materializar el nodo Bragado con sus canales de alivio y readecuar los arroyos Vallimanca y Saladillo”. Recordó, además, que “no existen argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen seguir dilatando una solución largamente planificada, parcialmente financiada y reclamada insistentemente por los productores”.

CARBAP concluyó: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”. Para la entidad, finalizar el Plan Maestro del Río Salado constituye “una inversión estratégica impostergable” destinada a salvaguardar el capital productivo, mitigar externalidades negativas sobre el ambiente y consolidar el desarrollo sustentable de una de las áreas agropecuarias más relevantes del país.

EL INFORME DE CARBAP: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”

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Redacción

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ARCA endurece controles para compras en el exterior: nuevos límites y productos prohibidos

En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció que desde julio se implementarán más controles para monitorear estas operaciones y reforzar las restricciones sobre los productos que pueden ingresar al país.

Controles de ARCA sobre compras en el exterior

La medida, oficializada mediante la Resolución General 5662/2025 en el Boletín Oficial, establece que, a partir de julio de 2025, las entidades bancarias que emiten tarjetas de crédito, débito o de compra deberán reportar a ARCA todos los consumos realizados fuera del territorio argentino, tanto de titulares como de adicionales.

La información que deberán enviar al organismo de control incluye:

Detalle de las operaciones en el exterior correspondiente a tarjetas de titulares emitidas en el país.
Número de tarjeta.
Marca de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.
Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, de compra y/o de débito.
Fecha de la operación.
Identificación del país.
Identificación de la moneda de origen.
Monto de la operación en moneda extranjera.
Monto de la operación en pesos.
Nombre del comercio.
Código de rubro del comercio.
Número de identificación del comercio.
Este registro permitirá a ARCA obtener datos precisos para ejercer un mayor control fiscal y detectar posibles irregularidades, así como evitar maniobras de evasión a través de consumos en el exterior.

Compras internacionales: productos prohibidos para ingresar al país

Junto con estos controles, la agencia de recaudación recordó que existen productos que tienen prohibido su ingreso a territorio argentino, especialmente desde países limítrofes como Chile. Entre los bienes restringidos se encuentran:

Mercadería con fines comerciales o industriales.
Armas de fuego, salvo que el usuario cuente con una autorización de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Explosivos, inflamables y estupefacientes.
Material arqueológico y cultural.
Electrodomésticos de línea blanca: incluye cocinas, lavavajillas, estufas y aires acondicionados. Sin embargo, los aparatos pequeños, como licuadoras, sí están permitidos.
Límites y excepciones para ingresar compras del exterior
A pesar de las restricciones, ARCA detalló que los viajeros pueden ingresar libre de impuestos un teléfono celular, una notebook o una tablet, con un máximo de una unidad por persona. También se permite traer ropa, calzado y artículos de uso personal, siempre que no tengan fines de reventa.

Respecto a los montos, los límites de compra para no pagar impuestos son:

300 dólares para quienes regresen por vía terrestre.
500 dólares para quienes lo hagan por vía aérea.

Consejos para evitar inconvenientes con ARCA

Para evitar multas y demoras en la Aduana, ARCA recomienda a los viajeros:

Conocer las franquicias vigentes para evitar excedentes impositivos.
Declarar los productos ante Aduana.
Evitar productos prohibidos.
Guardar comprobantes de compra para facilitar la declaración.
Comprar bienes para uso personal o como regalos, no comerciales.
Priorizar productos pequeños y portátiles para simplificar el traslado.
Revisar regulaciones de Aduana antes de viajar.
Evitar compras impulsivas que puedan generar inconvenientes.
Empaquetar bien para facilitar inspecciones.



*Fuente: El Cronista Comercial

Redacción

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Un impuestazo de Llaryora dispara las comisiones de Mercado Libre y encarece las ventas de los emprendedores

La decisión del gobernador Martín Llaryora de aumentar el impuesto a los Ingresos Brutos en Córdoba generó un efecto dominó en el comercio digital. Mercado Libre confirmó que, a partir del 8 de julio, cobrará tarifas más caras a los vendedores cordobeses para compensar la suba impositiva provincial. En la práctica, la plataforma de Marcos Galerín se transformará en un recaudador indirecto del fisco cordobés. Lo mismo sucederá en Santa Fe y Jujuy: otras provincias con alícuotas elevadas.

La medida fue anunciada en medio de una fuerte presión de las provincias por recaudar más, tras la caída de fondos nacionales. Córdoba subió la alícuota de Ingresos Brutos a servicios digitales y financieros, lo que llevó a Mercado Libre a ajustar automáticamente los cargos para vendedores radicados en la provincia. Según datos oficiales, las comisiones en Córdoba podrían trepar al 17,14 %, mientras en otras provincias bajarán hasta el 11,8 %.

– Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, y el gobernador Juan Schiaretti durante la inauguración de oficinas en Córdoba (2019)

En un comunicado oficial, la plataforma explicó:

“La diferencia en los cargos por provincia responde a la presión fiscal local. Cada gobierno establece las alícuotas de Ingresos Brutos y eso impacta de forma directa en el costo de operar en nuestra plataforma. No existe un cargo adicional de Mercado Libre: solo reflejamos el efecto impositivo provincial”.

Y agregó:

“En Córdoba, Santa Fe y Jujuy se aplican alícuotas más altas, por eso allí los costos para el vendedor terminan siendo mayores”.

Esto no es un fenómeno nuevo. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsó una suba de Ingresos Brutos a mediados de 2024, su argumento recayó en la necesidad de sostener el gasto público. Allí, la alícuota para plataformas digitales pasó del 5 % al 9 %, lo que generó que la empresa ajustara sus cargos y desatara críticas de comerciantes y pymes locales.

En Jujuy ocurrió algo similar con un incremento de Ingresos Brutos en servicios financieros que impactó sobre toda la cadena de pagos digitales. A partir de ese cambio, Mercado Libre anunció allí también cargos más altos para los vendedores jujeños, lo que despertó protestas de pequeños emprendedores que denunciaron “doble imposición” y falta de alternativas de venta.

En Córdoba, el caso es aún más fuerte porque la provincia, altamente dependiente de la recaudación tributaria, decidió subir la alícuota a servicios digitales cuando la inflación ya golpea al consumo. Los vendedores cordobeses sostienen que esto termina por asfixiar la actividad comercial y afecta principalmente a emprendedores y pymes, que no tienen margen para trasladar el aumento a sus clientes.

EL COMUNICADO DE MARCADO LIBRE

La Cámara de Comercio Electrónico advirtió que Córdoba es uno de los distritos con mayor crecimiento del e-commerce en la última década, pero la suba de costos puede generar una contracción de ventas e incluso empujar a la informalidad.

Analistas tributarios coincidieron en que el impuesto a los Ingresos Brutos es “distorsivo” y encarece el precio final que paga el consumidor, además de desalentar la competitividad. La polémica, entonces, no es solo técnica: se cruza con el modelo de financiamiento provincial y la puja por retener recaudación propia en medio de una fuerte crisis fiscal.

Para Llaryora, la suba se justifica en la necesidad de cubrir servicios básicos, pero para miles de cordobeses que venden online significa un nuevo golpe al bolsillo.

Redacción

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La presión impositiva devoró más del 63% de la ganancia del campo durante junio

La medición de junio de 2025 del Índice FADA verificó que el Estado absorbió el 63,6% de la renta producida por una hectárea agrícola promedio. El indicador superó en 5,6 puntos el registro de marzo y, si el Poder Ejecutivo restaura los Derechos de Exportación (DEX) el 30 de junio, la participación estatal ascendería al 67%, con máximos proyectados de 70% en soja, 56% en maíz y 67% en girasol.

Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, puntualizó: “Para producir se incurren en múltiples costos —semillas, fertilizantes, mano de obra, fletes, seguros—. Una vez comercializada la cosecha, el saldo neto se distribuye entre el arrendador (26,6 %), el productor (9,8 %) y el fisco (63,6 %). Esa última porción es la que cuantificamos en el Índice FADA”.

La fundación estimó la renta agrícola al valorizar la producción de soja, maíz, trigo y girasol a precios internacionales y deducir insumos, labores, transporte y comercialización. Sobre ese excedente ponderó la fracción captada por el Estado, la apropiada por el propietario de la tierra y la que permaneció en manos del productor. Pisani Claro recordó que “cuando los insumos encarecen o los precios internacionales se deprimen, la renta se contrae y, en términos relativos, la incidencia fiscal se incrementa”.

Antonella Semadeni, también economista de la entidad, atribuyó el aumento reciente a la dinámica de precios: “Aunque rigió la reducción temporal de DEX, la caída de los valores internacionales redujo la facturación y elevó la carga tributaria relativa”. El trigo ejemplificó la tendencia: en junio cotizó a 200 dólares la tonelada, un 20% por debajo del promedio quinquenal y 28,2% menos que un año atrás.

El Gobierno de Javier Milei recortó en enero un 20% las retenciones y calificó la iniciativa como “un hueso para los productores”. La prórroga alcanzó únicamente al trigo; si caducara para soja, maíz y girasol, el índice nacional se ubicaría en 67% y la incidencia en soja rondaría el 70%.

El trigo exhibió la mayor presión con un 78,2% de su renta succionada por tributos. Semadeni advirtió que se requeriría un precio interno en torno a 220 dólares por tonelada para revertir el resultado adverso, mientras el mercado ofreció 200 dólares. El financiamiento de capital de trabajo obligó a numerosos productores a endeudarse antes de la siembra.

La carga fiscal ascendió a 65,9% en soja, 53,4% en maíz y 63,2% en girasol. Del total imputado a una hectárea promedio, el 63,8% correspondió a tributos nacionales no coparticipables (retenciones y tasa estadística), el 28,4% a impuestos nacionales coparticipables como Ganancias, el 6,8% a gravámenes provinciales y el 1% a tasas municipales.

El desglose provincial mostró heterogeneidad: Córdoba registró 64 %, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis 61,1%. Todas percibieron inmobiliario rural y sellos; sólo Buenos Aires y Santa Fe adicionaron tasas municipales. La Pampa y San Luis aplicaron guías cerealistas que funcionaron como aduanas internas, en tanto que Córdoba, San Luis y Entre Ríos prescindieron de cargos locales adicionales.

EL INFORME DE FADA

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Pisani Claro remarcó que las divergencias obedecieron a “diferencias en rindes, estructuras de costos e imposición local”. Asimismo, subrayó que cerca del 70% de los agricultores operó bajo contrato de arrendamiento: tras tributar, el productor retuvo apenas el 9,8% de la renta, mientras el dueño de la tierra capturó el 26,6%.

FADA sostuvo que, de persistir el atraso cambiario y la debilidad de los precios internacionales, el indicador podría seguir escalando incluso sin modificar las alícuotas de retenciones. El próximo relevamiento trimestral medirá el impacto efectivo de la decisión que adopte el Ejecutivo sobre los DEX. Semadeni sintetizó: “Menor precio o mayor alícuota impositiva se traducen automáticamente en más presión sobre la renta agrícola”.

Redacción

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