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El Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepagas un aumento del 22% en tres cuotas que se harán efectivos en los meses venideros, es decir, entre mayo, junio y julio. Además, se confirmó que habrá aumentos bimestrales en base a un nuevo índice que deberá elaborar la Superintendencia de Servicios de Salud y la Dirección de economía del Ministerio de Salud.
A partir del 1 de mayo el aumento de la cuota para los afiliados será del 8%, otro 10% a partir del 1° de junio y 4% desde el 1° de julio.
Recordemos que el último aumento autorizado para la medicina prepaga fue el 27 de febrero a través de la Resolución 459/2022 cuya actualización alcanzó el 12%. Hasta el momento, en los primeros meses del año, las prepagas aumentaron un 22,5%. De este total, un 9% fue en enero, un 6% a partir de marzo y otro 6% en abril. Ahora bien, si sumamos todos los incrementos previstos hasta el mes de julio, el acumulado alcanza el 43%.
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La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra el Gobernador Ricardo Quintela. Tiene “un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras”, indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.
Los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, “solicitaron este jueves un juicio sumario en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus Bonos Verdes por US$318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York“, detallaron los tenedores en un comunicado.
“La provincia incumplió una amortización de capital que debía abonarse a los tenedores de los Bonos Verdes en febrero de 2024“. La preocupación radica en que el 24 de agosto vencen más pagos de intereses y capital de los bonos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”, agregaron.
El comunicado de los acreedores indica que “la provincia de La Rioja tiene un historial particularmente flagrante de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto de 2020″.
En ese momento, los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia y calificaron el default de “oportunista” porque consideraron que el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda se dio a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. “La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas”.
En febrero La Rioja volvió a incumplir pagos reestructurados al no pagar u$s 16 millones de capital adeudado. “El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA” que luego se vendió por u$s 171 millones, argumentaron los tenedores.
La Rioja es la única provincia de Argentina que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La siguiente tabla muestra la situación actual de todas las provincias argentinas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2020-21. Aparte de La Rioja, todas las provincias han cumplido con todos los pagos a tiempo y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes.
EL CASO DE LA RIOJA LE TRAE PROBLEMAS A MILEI Y CAPUTO
Los bonistas argumentaron que la resolución de La Rioja “socava los esfuerzos del Gobierno nacional por cambiar la narrativa del mercado crediticio sobre el país”, en medio de los intentos de Luis Caputo por dar señales que permitan bajar el riesgo país. Y aseguraron que mantendrán los reclamos legales hasta que se cumplan los pagos.
“Sólo cuando tanto el gobierno nacional de Argentina como sus subunidades federales demuestren conjuntamente la determinación de dar vuelta la página de una larga historia de incumplimientos y mala gestión, se podrá reducir el riesgo país a niveles compatibles con el pleno acceso a los mercados y recuperar el apoyo de los mercados financieros al crecimiento y la inversión”, advirtieron los bonistas.
Desde que asumió Milei, el Gobierno pasó la motosierra por el empleo público. Así lo confirmó un informe que analizó los datos de empleo de la administración pública nacional y de las empresas y sociedades del mes de julio pasado comparándolos con el mes de diciembre de 2023. Allí se observó una reducción de 30.936 puestos, equivalente al 9,1% de la dotación base de final del año pasado. La administración central, el Correo Oficial, la ANSES, el CONICET y AYSA lideran las bajas.
El dato revelador surgió de un relevamiento realizado por el economista Nadín Argañaraz, a partir de datos del INDEC, en el que observó los cambios en la cantidad de trabajadores que forman parte del empleo público desde que comenzó la administración libertaria.
Desde el punto de vista de la intensidad de la reducción sobre la dotación de diciembre de 2023, las mayores caídas se centran en Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-58.5%), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (-30.3%), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-29.7%), Agencia Nacional de Discapacidad (-28.2%), Ente Nacional de Comunicaciones (-26.6%) y el Correo Oficial de la República Argentina (-24.2%).
EN LOS ÚLTIMOS CINCO MESES SE PERDIERON 115.000 PUESTOS DE TRABAJO EN EL PAÍS
Durante los primeros cinco meses del Gobierno de Javier Milei se perdieron 115.000 puestos de trabajo registrado, de acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En medio de la crisis económica que sufre el país, casi la totalidad los sectores laborales experimentaron una caída del nivel de empleo. En el sector privado, 1 de cada 100 trabajadores se encuentra suspendido.
Las personas con trabajo registrado pasaron de 13.359.000 en diciembre de 2023 a 13.244.000 en mayo de este año. En la comparación interanual, el total de trabajadores con empleo registrado se redujo un 1,4%. Las caídas se dieron en todos los sectores: personal en casas particulares, trabajo independiente, sector público y sector privado. “Esta caída del empleo asalariado obedece al retroceso mostrado por el sector privado y el personal de casas particulares (-2% y -4,6% respectivamente)”, explicó el informe del SIPA.
En mayo, el trabajo independiente presentó una caída en relación con el mes anterior del 0,1%; mientras que el monotributo social registró un descenso del 1,0% y autónomos, una baja del 1,4%.
Por otro lado, de acuerdo al SIPA, el nivel de empleo privado durante mayo de 2024 tuvo una contracción del 0,1% en relación con abril y acumula, desde diciembre de 2023, una reducción de 2,1%. El informe de la Secretaría de Trabajo señala que en junio el empleo privado registrado volvió a caer y se redujo un 0,2%. Con esta variación, son seis meses consecutivos de caída neta del empleo desde que asumió el Presidente Javier Milei.
A excepción de Comercio, restaurantes y hoteles y Servicios comunales, sociales y personales; todos los sectores experimentaron una contracción en junio. Específicamente el empleo en la industria manufacturera, que mostró una contracción significativa (-0,5%), y registra el quinto mes consecutivo de caída. Por su parte, el sector de la Construcción “continúa presentando la mayor contracción mensual (-0,7%), consolidando también la desaceleración de la caída en relación con los meses anteriores”, señaló en el informe la Secretaria de Trabajo.
Las incorporaciones de personal, medidas a través de la tasa de entrada, se redujeron en junio con relación al mes anterior y respecto al mismo mes de 2023, acentuando la tendencia contractiva observada en meses anteriores.
En esa línea, las desvinculaciones de personal, medidas por la tasa de salida, también mostraron una caída en la comparación con mayo y con el mismo mes del año anterior.
Por último, la demanda laboral tuvo en junio el valor más bajo de la serie, es decir, desde el año 2007. Solo en 2020, con la influencia de la pandemia, se registró un nivel menor para un mes de junio.
Desde el próximo lunes 2 de septiembre, el Gobierno confirmó que habrá una reducción del Impuesto País del 17,5 por ciento al 7,5.
Ante la novedad, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionaron en sus redes sociales.
“Importante!”, indicó el funcionario en su cuenta de X sobre el anuncio, y agregó: “Prometimos y cumplimos!”.
En esa línea, también se manifestó Milei. Quien compartió el mensaje de su ministro y sentenció: “La palabra se cumple”.
Al ser consultado sobre si los precios van a subir a raíz de los beneficios en los costos de importación, Caputo dijo que gracias a la reducción del Impuesto PAIS “se va a impulsar una baja”. Y sostuvo: “En septiembre vamos a ver una disminución precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras [empresariales] para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. La confianza es de los dos lados, nosotros con las industrias y las industrias con la gente. Lo importante es que se entienda que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No tiene que ser un tema de especular. La reacción de todos ha sido muy buena”.
“El lunes baja lo que nosotros habíamos subido [al inicio de la gestión], de 7,5% a 17,5%”, comenzó el funcionario de Javier Milei, y justificó la suba inicial: “Lo subimos y dije que iba a ser temporario para ganar poder de negociación en un momento que queríamos pasar la Ley Bases. Estábamos en inferioridad de condiciones. Teníamos que demostrar que podíamos ir al equilibrio fiscal solos. En ese momento esa era la única posibilidad”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.
El gravamen –creado por Martín Guzmán, extendido por Sergio Massa e incrementado por la actual gestión– volverá a los niveles previos al 10 de diciembre. Esto implica que pasará del 17,5% –nivel al que lo subió Caputo– para retornar al 7,5% para todos los bienes y servicios.
En un nuevo avance en su política de reducción de impuestos, el Gobierno anunció la eliminación de las retenciones a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias para las ventas realizadas mediante tarjetas de débito, crédito y otros métodos de pago electrónicos. La medida entrará en vigor a partir de septiembre, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado emitido este martes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que esta es la primera de una serie de medidas que se implementarán en el próximo mes con el objetivo de disminuir el “costo argentino”, una carga impositiva que, según el Gobierno, ha frenado el desarrollo económico del país. “Estamos comprometidos con la eliminación de impuestos que afectan negativamente al sector privado y obstaculizan el crecimiento”, expresó Caputo.
La decisión de eliminar estas retenciones, que hasta ahora afectaban a las transacciones realizadas a través de tarjetas y otros medios electrónicos de pago, fue bien recibida por el sector privado. Según el Ministerio de Economía, la normativa original había establecido un límite de facturación (equivalente a 10 mil unidades UVA) para acceder a este beneficio. Sin embargo, la reglamentación final amplió la exención a todas las empresas, sin importar su nivel de ingresos.
El comunicado oficial subraya que la medida no solo beneficiará al sector privado, sino que también promoverá la formalización de las transacciones y la inclusión financiera, además de reducir los costos de los sistemas de pago. “Esta iniciativa es fundamental para avanzar en los objetivos del Gobierno Nacional de fomentar la actividad económica y la utilización de medios de pago que aporten mayor transparencia y formalidad a la economía”, afirmaron desde el Palacio de Hacienda.
El nuevo régimen será oficializado esta semana con su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha, las retenciones mencionadas quedarán sin efecto para todos los pagos realizados desde el 1° de septiembre de 2024 en adelante. Además, el Gobierno instó a las provincias a adherirse a esta medida, eliminando las retenciones de Ingresos Brutos y otros impuestos locales sobre los pagos alcanzados por la normativa.
El ministro de Economía, Luis Caputo junto a miembros de su equipo de trabajo (de izquierda a derecha) Federico Furiase, Martín Vauthier y Santiago Bausili
La medida más reciente del paquete fiscal se suma a la reducción del impuesto PAIS, prevista también para septiembre. Luego, se espera que el Gobierno avance con la eliminación del impuesto a los débitos y créditos, conocido como “impuesto al cheque”, y con las retenciones a las exportaciones.
Caputo, en un discurso ante empresarios, subrayó la importancia de estas políticas para lograr un superávit fiscal y, con ello, poder continuar reduciendo la carga impositiva. “Nosotros vinimos acá para reducir la inflación y bajar los impuestos. Es decir, hacer lo opuesto a lo que ha hecho Argentina durante los últimos 100 años. Con el tiempo, sus empresas ganarán mayor competitividad y crecerán”, concluyó el ministro.
La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
Esta semana, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció la suspensión de la financiación de nuevos proyectos de investigación científica al menos hasta 2025. Esta decisión, comunicada por la titular del organismo, Alicia Caballero, a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generó preocupación e impacto en la comunidad científica.
La suspensión de la financiación de investigaciones afecta directamente a los proyectos conocidos como “PICTs” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en el país.
Desde su creación en los años 90, la investigación científica dependió de un esquema de financiamiento que incluye infraestructura a cargo de las universidades y el Ministerio de Ciencia, salarios y recursos humanos financiados por el CONICET, y los proyectos específicos cubiertos por la Agencia I+D+i. Este último es el organismo responsable de financiar el “hacer” de la ciencia, que abarca desde la compra de equipos y reactivos hasta la organización de encuentros científicos y el apoyo a startups basadas en ciencia.
La decisión de suspender la financiación de nuevos proyectos hasta 2025 incumple, según detallaron, con la ley nacional que establece el financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030. Este incumplimiento no solo representa un recorte de recursos, sino que pone en riesgo la continuidad y la calidad de la investigación científica, y amenaza con provocar un éxodo de talentos.
La preocupación de la comunidad científica
La medida fue recibida con preocupación y sorpresa en los círculos académicos y científicos. Alejandro Vila, un reconocido investigador del CONICET y miembro de la Academia Americana de Microbiología, expresó que “cancelar la investigación científica provocaría un daño irreversible” y comparó la situación actual con la crisis de los años 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo su tristemente célebre comentario de que los científicos debían “lavar los platos”. Según Vila, la suspensión de proyectos significaría “la destrucción de años de trabajo” y pondría a la ciencia argentina en una situación crítica.
El Dr. Alejandro Vila, reconocido a nivel mundial. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y actualmente es director científico de la incubadora de la UNR
El investigador señaló además que la investigación ya venía avanzando “a paso de tortuga”, debido a la falta de actualización de los presupuestos desde el kirchnerismo, en 2021: “Los pesos que nos otorgaron en 2020/2021 representaban unos 20 mil dólares, y hoy los cambiamos por 2.000 dólares, cuando todos los insumos están dolarizados“, explicó el científico, subrayando la imposibilidad de adquirir nuevos equipos o incluso reparar los existentes.
Bottasso dedicó su vida a la investigación y la docencia de grado y posgrado en la Universidad y en otras instituciones de nuestro país y del mundo. Actualmente, se desempeña como Investigador Superior de UNR y CONICET
Por su parte, Oscar Botyasso, doctor en medicina e investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y del CONICET Rosario, se mostró igualmente consternado por la medida, afirmando que “uno se pellizca y no lo puede creer”. Botasso recordó que la Agencia I+D+i financió la ciencia de forma ininterrumpida desde 1998, y expresó su esperanza de que “el Gobierno recapacite porque los montos para el Estado tampoco son tan altos”.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
