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Las tabacaleras también sufren las consecuencias de las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional, y en las últimas horas, el sector anunció que los cigarrillos aumentarán por tercera vez en lo que va del año. Así lo informó la Tabacalera Massalin que comercializa prácticamente todas las marcas que se pueden encontrar en el mercado.
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“El sector tabacalero soporta en la Argentina una alta presión fiscal, cercana al 80% del precio de venta del producto al consumidor”, manifestaron desde la empresa. Además, agregaron que “este nivel se ubica entre los más elevados a nivel mundial y corresponde a la suba de los impuestos que rigen el sector”.
Los incrementos entonces rondarán entre los $15 y los $45 pesos y la lista de precios quedará de la siguiente manera:
· Los Marlboro costarán $325 en su versión SP20, $360 en su versión box 20 y $200 box 10.
· Phillip Morris arrancarán en $185 el box 12, el SP de 20 unidades con $300 y cerrará la box de $20 en $325.
· Chesterfield costará $250 en su versión SP de 20 y $300 en su versión box de 20. Mientras que la opción box 10 tendrá un valor de $150.
· L&M costará $260 y $250 los blue o red.
· Harmony Colorados y Dorados subirá a $250 el atado común de 20.
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La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
Esta semana, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció la suspensión de la financiación de nuevos proyectos de investigación científica al menos hasta 2025. Esta decisión, comunicada por la titular del organismo, Alicia Caballero, a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generó preocupación e impacto en la comunidad científica.
La suspensión de la financiación de investigaciones afecta directamente a los proyectos conocidos como “PICTs” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en el país.
Desde su creación en los años 90, la investigación científica dependió de un esquema de financiamiento que incluye infraestructura a cargo de las universidades y el Ministerio de Ciencia, salarios y recursos humanos financiados por el CONICET, y los proyectos específicos cubiertos por la Agencia I+D+i. Este último es el organismo responsable de financiar el “hacer” de la ciencia, que abarca desde la compra de equipos y reactivos hasta la organización de encuentros científicos y el apoyo a startups basadas en ciencia.
La decisión de suspender la financiación de nuevos proyectos hasta 2025 incumple, según detallaron, con la ley nacional que establece el financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030. Este incumplimiento no solo representa un recorte de recursos, sino que pone en riesgo la continuidad y la calidad de la investigación científica, y amenaza con provocar un éxodo de talentos.
La preocupación de la comunidad científica
La medida fue recibida con preocupación y sorpresa en los círculos académicos y científicos. Alejandro Vila, un reconocido investigador del CONICET y miembro de la Academia Americana de Microbiología, expresó que “cancelar la investigación científica provocaría un daño irreversible” y comparó la situación actual con la crisis de los años 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo su tristemente célebre comentario de que los científicos debían “lavar los platos”. Según Vila, la suspensión de proyectos significaría “la destrucción de años de trabajo” y pondría a la ciencia argentina en una situación crítica.
El Dr. Alejandro Vila, reconocido a nivel mundial. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y actualmente es director científico de la incubadora de la UNR
El investigador señaló además que la investigación ya venía avanzando “a paso de tortuga”, debido a la falta de actualización de los presupuestos desde el kirchnerismo, en 2021: “Los pesos que nos otorgaron en 2020/2021 representaban unos 20 mil dólares, y hoy los cambiamos por 2.000 dólares, cuando todos los insumos están dolarizados“, explicó el científico, subrayando la imposibilidad de adquirir nuevos equipos o incluso reparar los existentes.
Bottasso dedicó su vida a la investigación y la docencia de grado y posgrado en la Universidad y en otras instituciones de nuestro país y del mundo. Actualmente, se desempeña como Investigador Superior de UNR y CONICET
Por su parte, Oscar Botyasso, doctor en medicina e investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y del CONICET Rosario, se mostró igualmente consternado por la medida, afirmando que “uno se pellizca y no lo puede creer”. Botasso recordó que la Agencia I+D+i financió la ciencia de forma ininterrumpida desde 1998, y expresó su esperanza de que “el Gobierno recapacite porque los montos para el Estado tampoco son tan altos”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su optimismo sobre el impacto del plan económico del Gobierno Nacional. “Los dólares van a sobrar”, aseguró en un posteo en X.
En su mensaje, Caputo destacó qué “cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”, y enumeró una serie de mejoras esperadas. En la lista resalta que:
La inflación va a bajar
La economía va a recuperar
Los impuestos van a bajar
Las regulaciones van a colapsar
El crédito privado va a explotar
La demanda de dinero va aumentar
Los pesos van a faltar
Los dólares van a sobrar
El dólar financiero va a converger al dólar oficial
Los salarios van a recuperar
La pobreza va a bajar
TARJETA DE DÉBITO EN DÓLARES
A su vez, Caputo se refirió al anuncio que movilizó al ecosistema de pagos digitales: el lanzamiento de tarjetas vinculadas a cuentas multimoneda.
En este sentido, anticipó que “una de las principales tarjetas está terminando el proceso técnico para lanzar una tarjeta de débito en dólares”, con Visa y Mastercard listas para salir en noviembre con las cuentas bimoneda para los tres tipos de plásticos: crédito, débito y prepaga.
Hasta el momento, la infraestructura de pagos permite dos tipos de operaciones: moneda local en el país (peso contra pesos) y moneda local en el exterior (pesos contra dólares). Sin embargo, las tarjetas avanzaron hacia procesadores que permitan pagos en moneda internacional dentro del país, es decir, dólares contra dólares.
Por último, Caputo subrayó la importancia del blanqueo de capitales, destacando que permitirá a los ciudadanos regularizar fondos y realizar compras sin penalizaciones adicionales. Mencionó que quien blanquee u$s200.000 podrá usar una tarjeta de débito para adquirir un auto de US$50.000 sin multas, a diferencia de si los fondos se retiraran en efectivo.
Según fuentes, el Gobierno busca que el dinero circule dentro del circuito formal, evitando penalidades por retiros en efectivo, para que pueda ingresar al mercado de cambios.
Este enfoque busca facilitar la regularización sin sanciones adicionales para quienes opten por utilizar sus fondos directamente con la tarjeta.
Es importante destacar que la primera etapa del blanqueo vence el próximo 30 de septiembre.
El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.
La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.
Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.
Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.
Desde el próximo lunes 2 de septiembre, el Gobierno confirmó que habrá una reducción del Impuesto País del 17,5 por ciento al 7,5.
Ante la novedad, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionaron en sus redes sociales.
“Importante!”, indicó el funcionario en su cuenta de X sobre el anuncio, y agregó: “Prometimos y cumplimos!”.
En esa línea, también se manifestó Milei. Quien compartió el mensaje de su ministro y sentenció: “La palabra se cumple”.
Al ser consultado sobre si los precios van a subir a raíz de los beneficios en los costos de importación, Caputo dijo que gracias a la reducción del Impuesto PAIS “se va a impulsar una baja”. Y sostuvo: “En septiembre vamos a ver una disminución precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras [empresariales] para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. La confianza es de los dos lados, nosotros con las industrias y las industrias con la gente. Lo importante es que se entienda que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No tiene que ser un tema de especular. La reacción de todos ha sido muy buena”.
“El lunes baja lo que nosotros habíamos subido [al inicio de la gestión], de 7,5% a 17,5%”, comenzó el funcionario de Javier Milei, y justificó la suba inicial: “Lo subimos y dije que iba a ser temporario para ganar poder de negociación en un momento que queríamos pasar la Ley Bases. Estábamos en inferioridad de condiciones. Teníamos que demostrar que podíamos ir al equilibrio fiscal solos. En ese momento esa era la única posibilidad”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.
El gravamen –creado por Martín Guzmán, extendido por Sergio Massa e incrementado por la actual gestión– volverá a los niveles previos al 10 de diciembre. Esto implica que pasará del 17,5% –nivel al que lo subió Caputo– para retornar al 7,5% para todos los bienes y servicios.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) introdujo una nueva medida que suaviza las restricciones cambiarias, especialmente en lo que refiere a pequeños pagos al exterior.A través de la Comunicación A 8085, la entidad elevó el tope a partir del cual es necesario informar anticipadamente las compras de dólares, permitiendo a empresas y particulares realizar operaciones de menor envergadura con mayor facilidad. Asimismo, se eliminó un registro que hasta ahora era obligatorio para importadores, simplificando el proceso de pagos internacionales.
Anteriormente, cualquier operación que superara los USD 10.000 debía ser reportada al BCRA con una antelación de dos días hábiles. Esta normativa no solo afectaba a grandes transacciones, sino también a pequeñas y medianas empresas que necesitaban importar insumos o pagar por servicios contratados en el exterior. Con la nueva disposición, el límite se eleva a USD 100.000, lo que exime a una gran cantidad de operaciones de la obligación de ser informadas previamente.
Además del aumento en el límite de información previa, el BCRA decidió eliminar el Registro de información cambiaria de exportadores e importadores de bienes. Hasta ahora, este registro era obligatorio tanto para personas físicas como jurídicas que realizaran operaciones internacionales. La eliminación de este requisito, que entró en vigencia de forma inmediata, facilita aún más los pagos al exterior, reduciendo la burocracia y acelerando los tiempos de operación.
El presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo
Estas nuevas disposiciones del Banco Central reflejan un intento por dinamizar el acceso al mercado de cambios, haciendo más fluido y menos engorroso el proceso de realizar pagos internacionales para pequeñas y medianas empresas. Aunque la medida no elimina el “cepo” cambiario, sí representa un paso hacia una mayor flexibilización, beneficiando a quienes operan con montos menores y reduciendo la carga administrativa que hasta ahora complicaba sus operaciones diarias.
Las nuevas normas comenzarán a regir a partir del 14 de agosto para la modificación del umbral de USD 100.000, mientras que la eliminación del registro ya está en efecto. Estas disposiciones continúan con una tendencia hacia una mayor apertura en el control de cambios en el país.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
