22 diciembre, 2024

ORO DE LAS RESERVAS | El BCRA admitió giros al exterior, pero no da detalles sobre los envíos

Tras denegar días atrás los pedidos de acceso a la información pública de La Bancaria, este lunes el Central reconoció los movimientos a través de un comunicado. No informó el monto enviado ni el destino ni dio otras precisiones solicitadas.
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El Banco Central reconoció este lunes, a través de un comunicado, que transfirió parte del oro de sus reservas a otras cuentas de su propiedad. Así, si bien no lo explicitó en esos términos, se trató de la primera confirmación oficial por parte de la autoridad monetaria de que los envíos de lingotes del metal precioso al exterior efectivamente existieron. Más allá de eso, el BCRA omitió aportar cualquier información respecto del monto, destino o finalidad de esas operaciones.

La confirmación llega días después de que la propia entidad presidida por Santiago Bausili denegara los pedidos de acceso a la información pública sobre este tema que había realizado el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. Con el mismo espíritu de aquel rechazo a brindar precisiones sobre los movimientos de un activo clave para la estabilidad monetaria y cambiaria, hoy se limitó a resaltar la confidencialidad de esas transferencias del oro. Solo aclaró que terminó con los envíos planificados.

En un escueto comunicado, expresó: “El Banco Central completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas. La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos”. Y afirmó que “desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.

¿CUÁNTO ORO HAY EN LAS RESERVAS?

La autoridad monetaria recalcó que las transferencias “no alteran el volumen total de las reservas en oro” y recordó que se mantienen equivalentes a aproximadamente u$s4.981 millones, tal como publicó en el balance del 23 de agosto pasado.

Hasta acá, la única admisión de los movimientos del oro de las reservas había provenido del ministro Luis Caputo, quien en una entrevista había dicho que se realizaban para obtener “un retorno” financiero que no era posible obtener si el metal precioso permanecía dentro de las bóvedas del BCRA. En cambio, hasta ahora, la entidad que tiene la responsabilidad de administrar las reservas hasta acá no se había pronunciado.

EL ORO, LAS RESERVAS Y EL SECRETISMO

De todas maneras, la política del Central sigue siendo no aportar ninguna precisión sobre estos movimientos. Y en el comunicado cargó contra quienes difundieron la existencia de estas operaciones y quienes buscaron acceder a información al respecto.

“El BCRA expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”, manifestó la entidad. Sin embargo, ahora que confirmó que el terminó con el proceso de transferencias de oro tampoco aportó precisiones.

“La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad”, se limitó a decir.

Con el mismo espíritu secretista, el 15 de agosto, el Central respondió los tres pedidos de acceso a la información pública que había presentado Palazzo durante las semanas previas ante datos extraoficiales a los que había accedido el sindicato que conduce. La respuesta fue denegarle el acceso.

El diputado nacional había solicitado información sobre el destino, los montos transportados, la finalidad de los envíos al exterior, las empresas involucradas en el traslado y en los seguros, entre otras cuestiones. La presunción es que cerca de una cuarta parte del oro de las reservas podría haber salido del país en esos movimientos.


Redacción

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¡ESCÁNDALO! | Frigerio reveló que la obra social de Entre Ríos pagaba sueldos de $16 millones y la deuda asciende a 42.000 millones

En los primeros días de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), los interventores Mariano Gallegos y Marina Alegre revelaron serias irregularidades en la gestión del organismo. Los hallazgos preliminares indicaron una deuda acumulada de $43.000 millones, sueldos de hasta $16 millones para funcionarios, y un déficit operativo mensual de $3.000 millones.

La auditoría determinó que la deuda del IOSPER ascendió a más de $43.000 millones, cifra que duplica los $21.000 millones reportados anteriormente por el ex presidente Fernando Cañete. Este desbalance expuso inconsistencias en la gestión financiera y la falta de claridad en los informes previos. El 56% de esa suma correspondió a gastos en medicamentos, reflejando problemas en la negociación y adquisición de insumos. Este nivel de endeudamiento comprometió seriamente la capacidad de la obra social para mantener sus prestaciones.

Además, los interventores identificaron una práctica irregular en la que los miembros del directorio desdoblaron sus salarios para ocultar sus ingresos reales. El caso más grave involucró al ex presidente, quien percibió $16 millones mensuales a través de una doble liquidación no registrada oficialmente. Esta práctica se replicó en al menos 25 casos más, lo que subrayó la falta de transparencia y el abuso de los recursos de la institución.

Se detectaron incrementos arbitrarios en los aranceles prestacionales, como un aumento del 15% aprobado por la gestión saliente, que habría generado un déficit mensual adicional de $1.000 millones. Los interventores anularon esta medida debido a la falta de documentación que la justificara.

En cuanto al uso de recursos materiales, destacó el caso de un gerente que utilizó vehículos oficiales para trasladarse semanalmente entre Corrientes y Paraná, generando un gasto de $10 millones en transporte y hospedaje. También se reportaron sobreprecios en servicios menores, como el lavado de autos oficiales, cuyos costos superaban ampliamente los precios de mercado. En algunos casos, incluso se pagaron servicios de televisión por cable para oficinas que no contaban con televisores.

Otra irregularidad destacada fue la falta de aplicación de descuentos ofrecidos por proveedores de medicamentos, lo que generó un sobrecosto de $1.700 millones. Esto evidenció una negligencia administrativa que afectó directamente la capacidad para optimizar recursos.

El golpe a los afiliados

Los afiliados, organizados en la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA), expresaron su apoyo a la intervención decretada por el gobernador Rogelio Frigerio el 10 de diciembre. Norma Radichi, representante de ADDA, destacó la urgencia de una investigación profunda que abarque varios años de gestión: “Estas irregularidades afectaron directamente nuestras prestaciones y generaron demoras intolerables”, señaló.

Entre los problemas mencionados por los afiliados se incluyeron retrasos significativos en tratamientos para enfermedades graves, como cáncer y enfermedades crónicas, que requieren una atención continua. La falta de entrega oportuna de medicamentos de alto costo llevó a muchos pacientes a interrumpir sus terapias, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. Algunos afiliados reportaron esperas de hasta seis meses para autorizaciones críticas.

Debido a estas demoras, un alto número de afiliados recurrió a la judicialización de sus casos mediante amparos, un mecanismo que, aunque efectivo para garantizar el acceso a los servicios, incrementó los costos operativos de la obra social. Según datos proporcionados por los interventores, estos amparos significaron un gasto financiero considerable y generaron una sobrecarga administrativa que dificultó la atención de otros casos.

Radichi enfatizó que estas fallas en la gestión no solo perjudicaron a los afiliados: “Muchos de nosotros hemos perdido la fe en la capacidad del IOSPER para garantizar nuestras necesidades de salud. Es imperativo que esta intervención no solo resuelva los problemas actuales, sino que siente las bases para una administración más eficiente y humana”, afirmó.

“La eficiencia administrativa es esencial

Los interventores afirmaron que trabajan en un esquema de distribución de fondos más equitativo, que priorice el pago a prestadores y garantice la continuidad de los servicios médicos. “No hay prestadores privilegiados. Eso se terminó”, declaró Gallegos. La redistribución de recursos buscará asegurar que cada peso invertido beneficie directamente a los afiliados, dejando de lado las prácticas clientelistas detectadas en la gestión anterior.

Un aspecto clave en su estrategia será la mejora de los controles administrativos. Alegre explicó que planean implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para las contrataciones y compras de insumos, con el objetivo de evitar sobreprecios y reducir los tiempos de aprobación. Esto incluye la creación de una unidad especializada en auditorías internas que supervisará cada transacción significativa. “La eficiencia administrativa es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima”, agregó Alegre.

Otro de los objetivos prioritarios será la reducción de los amparos judiciales, que actualmente representan una carga económica y administrativa significativa. Para abordar este problema, los interventores trabajan en la creación de un sistema de respuesta rápida para solicitudes de prestaciones críticas, evitando que las demoras lleven a la judicialización. Además, planean establecer un canal directo de comunicación con los afiliados para atender reclamos de manera más eficiente y transparente.

Gallegos ejemplificó esta problemática con el caso de una prestación que inicialmente costaba $200.000, pero que, debido a demoras administrativas, escaló a $7 millones tras judicializarse. “No solo es un gasto innecesario, sino que también refleja una falla estructural que debemos corregir con urgencia”, señaló. Alegre añadió que la eliminación de burocracias innecesarias será clave para restaurar la confianza de los afiliados en el sistema.

Por último, los interventores destacaron la importancia de renegociar los acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones en la compra de medicamentos e insumos médicos. Según estimaciones preliminares, estas medidas podrían ahorrar al IOSPER cientos de millones de pesos anuales, recursos que se reinvertirán en mejorar las prestaciones y reducir los tiempos de espera.

Redacción

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Más peleas en el gobierno | Bullrich salió a destrozar a Villarruel: “Oportunismo político”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura respuesta contra la vicepresidente Victoria Villarruel tras un tuit que esta última publicó y luego eliminó, en el que criticaba la autorización para que el gendarme Nahuel Gallo viajara a Venezuela, donde permanece detenido. Bullrich calificó la actitud de Villarruel como “vergonzosa” y la acusó de utilizar el caso para “juntar likes”. Además, la ministra señaló que el mensaje fue retirado al no recibir la repercusión esperada, lo que calificó de “cobardía”.

En su descarga, Bullrich explicó que la autorización de viajes dentro de la Gendarmería se realiza a través de mecanismos administrativos específicos y pidió a Villarruel que “se informe antes de emitir declaraciones”. Además, la ministra redobló las críticas con un llamado a que la vicepresidenta frene el “descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación”, en referencia a una eventual suba salarial que llevaría las dietas de los legisladores a $9,5 millones mensuales.

Patricia Bullrich on X (formerly Twitter): “Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH / X”

Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH

El tuit de Villarruel, eliminado poco después, sostenía que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela” y calificaba como una “consecuencia tristemente obvia” la detención de Gallo por el régimen de Nicolás Maduro. Este mensaje surgió en respuesta a un usuario que, desde redes sociales, le pidió que se pronunciara sobre el caso. Villarruel lo escribió en un contexto inesperado: mientras respondía comentarios tras publicar una foto suya en un recital de Los Piojos.

El cruce entre ambas funcionarias no ocurre en un vacío político. Por un lado, refleja tensiones dentro del gobierno libertario, especialmente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, quien recientemente afirmó que su vicepresidente “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”. Las diferencias entre ambos se evidenciaron desde el inicio del mandato, cuando Milei incumplió su promesa de campaña de entregar los ministerios de Seguridad y Defensa a Villarruel.

El enfrentamiento entre Bullrich y Villarruel también expuso divisiones dentro de la coalición oficialista, con aliados de la ministra como Juan Pablo Arenaza criticando a la vicepresidente por su mensaje sobre el gendarme detenido. “En tu mundo la gente no tiene libertad para ir a visitar a su familia. Muy raro tu comentario”, escribió Arenaza en redes sociales.


*Fuente: Agencias

Redacción

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Entre Ríos | Frigerio consiguió la aprobación en Diputados y avanza con la reforma electoral

Rogelio Frigerio consiguió que los diputados le den el ok a la reforma electoral para Entre Ríos en una sesión especial donde contó con el acompañamiento de las cinco bancas libertarias. En tanto, el PJ, que votó en contra, se esmeró en marcar que no está en contra de la Boleta Única de Papel (BUP), eje de la norma.

El proyecto de ley, que promovió el Ejecutivo, establece la instrumentación de la BUP, lo que significará un cambio significativo en modo de votar de los entrerrianos. Además, emparda la el sistema a las provincias de la Región Centro, aunque con distintos modelos. Se trata, el de Entre Ríos, de una boleta parecida a la nacional aunque aquí si se podrá optar tildando un casillero el voto por la lista completa.

La nueva normativa guarda para el gobernador la potestad de definir la fecha de elecciones. Aunque la misma estará encorsetada por la extensión de los cronogramas y la necesidad de que no se pisen, eventualmente, en ningún punto con el calendario nacional. Este aspecto fue cuestionado por el bloque peronista en el debate.

LA DEFENSA DEL PROYECTO DE FRIGERIO:

Gabriela Lena, diputada radical del bloque Juntos por Entre Ríos, fue una de las voces oficialistas durante la sesión. En su alocución habló del “dictamen que lamentablemente no es único”. “No venimos a tener una victoria numérica”, agregó cuando ya era visible que la primera minoría no iba a acompañar la iniciativa.

“Lo más novedoso o importante es la BUP”, subrayó y valoró: “Nos pone en consonancia con la Región Centro y con la Ley nacional”. Así, a favor de la propuesta destacó que “propone una modernización pero además es una actualización democrática”. En la defensa, destacó, además, que en la provincia se mantienen las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) “a diferencia de la Nación”, donde, si avanza el proyecto de la Casa Rosada, serían eliminadas.

Es la oportunidad de ser protagonistas de un cambio en la historia. Los entrerrianos esperamos este momento. Levantando la mano para votar no solamente lo haremos por un proyecto de ley, lo haremos por un futuro de mejorar la democracia y la calidad institucional”, cerró su discurso en defensa del proyecto de reforma política de Frigerio.

Marcelo López, el último orador de la jornada, destacó que “esta reforma garantiza los principios de la democracia, de ciudadanía, de igual de votos, de representación partidaria, imparcialidad y transparencia, de paridad de género y de participación de las minorías“.

EL PJ ENTRERRIANO “PATALEÓ”

La bancada del PJ dijo no estar “en contra de los avances” pero pidió “debatir los cambios para implementarlos de la mejor manera”. La presidente del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, negó que el espacio que lidera retrase el debate porque, argumentó, se debate una ley que, en rigor, va a aplicarse en las elecciones provinciales de 2027. “Puedo comprender el apuro que tenía el gobierno nacional actual para aprobar la BUP, que comenzará a regir el año que viene, pero tanto apuro del gobierno provincial por una ley que comenzará a regir en 2027 llama la atención”, explicó la exvicegobernadora.

“Estamos a favor de tener boleta única en la provincia”, machacó el peronista Juan José Bahillo y repitió, luego de que lo hicieran también sus compañeras de bancada, que son otros los aspectos que rechazan, como el modo de los pegados.

AHORA, LA PELOTA ESTÁ EN EL SENADO PROVINCIAL:

La cámara alta tiene 17 bancas, una por cada departamento en que se divide políticamente la provincia. De ellas, 9 pertenecen al bloque del PJ y las 8 restantes a Juntos. Sin embargo, hoy los tantos están empatados por la ausencia del senador por Villaguay, Juan Cosso, quien sufriera un accidente y sigue con licencia.

Hace semanas, el oficialismo usó el reglamento para sacar el RIGI en una sesión especial. Así, se abre el interrogante respecto de si puede repetirse el instrumento en caso de que se dé el mismo escenario. Fue Bahillo el que chicaneó con el antecedente y adelantó que espera que el frigerismo no haga uso del empate circunstancial.

Otra posibilidad es que el PJ pueda introducir cambios en la cámara alta y, luego en Diputados, el oficialismo ratifique su texto original con la mayoría que posee.


*Fuente: Letra P

Redacción

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Afirman que ante la crisis en Bolivia, al menos medio millón de BOLIVIANOS van a ingresar a la Argentina

La crisis económica y social que atraviesa Bolivia generó una situación de extrema tensión, que podría desencadenar una ola migratoria hacia la Argentina. En particular, Salta, por su cercanía geográfica, se perfila como una de las principales puertas de entrada para los ciudadanos bolivianos. 

Según las estimaciones, entre 2025 y 2026, la Argentina podría recibir más de un millón y medio de inmigrantes bolivianos. De este total, al menos medio millón podrían cruzar las fronteras en los próximos meses, agravando una situación migratoria que ya es compleja.

Durante el Censo Nacional 2022, se detectó que residían en el país 1.933.463 inmigrantes, siendo Bolivia uno de los principales países de origen, junto con Paraguay y Venezuela.

Estos movimientos migratorios responden a las condiciones que enfrentan los ciudadanos bolivianos en su país: falta de combustible, escasez de dólares, inflación descontrolada y bloqueos en las principales rutas generaron un escenario insostenible.

La crisis boliviana se intensifica día a día. Las largas filas en las estaciones de servicio, la falta de alimentos básicos y el colapso del comercio son solo algunos de los síntomas de un país al borde del colapso. Desde El Alto hasta Santa Cruz, las protestas y bloqueos se convirtieron en parte del paisaje cotidiano.

El colapso económico se origina en la caída de la producción de gas natural, que alguna vez fue el motor económico del país. En la última década, Bolivia pasó de producir 21.766 millones de litros cúbicos de gas en 2012 a solo 13.122 millones en 2023.

Por si fuera poco, la escasez de dólares obstaculizó las transacciones bancarias y encarecido los giros internacionales. El tipo de cambio en el mercado paralelo supera en un 70% al oficial. El comercio boliviano también fue duramente golpeado. Un informe de empresarios privados de Cochabamba reveló que en 2024 hubo 79 días de bloqueos en rutas troncales, lo que resultó en una caída del 40% de las exportaciones y el 30% de las importaciones.

Redacción

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Nacho Torres descubrió un fraude multimillonario en cooperativas eléctricas de Chubut

En un intento por frenar un sistema corrupto que lleva años perjudicando a los usuarios y al Estado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ordenó la intervención de las cooperativas eléctricas de Rawson y Trelew. En conferencia de prensa, Torres expuso cómo estas entidades, en coordinación con un estudio de abogados de Mar del Plata, implementaron un mecanismo que les permitía evitar el pago de electricidad a Cammesa, la mayorista nacional de energía. Además, subrayó que esta práctica ilegal afecta no solo a la provincia de Chubut, sino también al sistema energético nacional.

La denuncia de Torres reveló que las cooperativas utilizaban amparos judiciales emitidos en supuesta connivencia con jueces, lo que les permitía evadir sus obligaciones financieras con Cammesa. “Acá se está robando mucho dinero. Me pregunto cuál sería el sentido de firmar un convenio que le quita a la cooperativa 600 mil dólares por absolutamente nada”, declaró Torres. Además, explicó que el convenio firmado por la presidenta de la Cooperativa de Rawson no pasó por el Consejo de Administración, lo que constituye una irregularidad grave que derivará en una denuncia penal.

El esquema no solo afecta a Chubut —donde la deuda de las cooperativas alcanza los 20 mil millones de pesos— sino que también tiene implicancias nacionales, con un perjuicio estimado en 160 mil millones. Cammesa, que enfrenta un déficit acumulado por este tipo de maniobras, está implementando un plan de saneamiento liderado por Mario Cairella. Este plan incluye la reestructuración de deudas con un período de gracia de 12 meses y un plazo de pago de seis años, además de medidas para garantizar que no se acumulen nuevas deudas.

“Lo que hemos descubierto es solo la punta del iceberg. Este tipo de fraudes sistemáticos no solo perjudican las finanzas públicas, sino que también afectan la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones”, agregó el gobernador.

Torres, en colaboración con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y la ministra Sandra Pettovello, inició los trámites para intervenir las cooperativas de Rawson y Trelew. Estas medidas buscan desarticular una red que, según el gobernador, también podría involucrar a otras entidades en la provincia. La intervención incluye auditorías detalladas y una revisión de los contratos firmados por estas cooperativas en los últimos años, con el objetivo de identificar otras posibles irregularidades.

El mandatario señaló que los responsables de la Cooperativa de Rawson incurrieron en “una maniobra de mala fe” que perjudica a los usuarios y financia un sistema corrupto. “La creatividad de algunos para robar es sorprendente, pero también lo es la estupidez de quienes no dimensionan semejante estafa”, enfatizó. Además, destacó la importancia de garantizar que los pagos de los vecinos se destinen exclusivamente a mejorar los servicios. En este contexto, Torres adelantó que las denuncias penales incluirán nombres específicos y pruebas documentales que respalden las acusaciones.

A nivel nacional, muchas de estas entidades funcionan como “cajas políticas”, según explicó una fuente de la Secretaría de Energía. En Chubut, cooperativas como la de Gaiman son ejemplo de gestión eficiente, pero otras, como las de Puerto Madryn y Sarmiento, están profundamente endeudadas.

El gobernador también planteó la creación de una empresa provincial de energía que absorba aquellas cooperativas incapaces de prestar un servicio adecuado. “No podemos permitir que operen como clubes de amigos sin rendir cuentas”, afirmó Torres. Según el mandatario, esta nueva entidad tendría como objetivo garantizar la provisión de servicios esenciales con mayor transparencia y eficiencia, además de reducir los costos operativos.

La investigación llevó a Cammesa a sospechar de un mecanismo aceitado entre abogados, jueces y funcionarios para defraudar al Estado. Un ejemplo paradigmático es el caso de la Cooperativa de Villa Gesell, que inició el sistema de amparos que luego se extendió a otras cooperativas. Estas prácticas, según fuentes del sector, contaron con la complicidad de funcionarios que optaron por mirar hacia otro lado.

La Cámara Federal de Mar del Plata revirtió recientemente un fallo que favorecía a estas cooperativas y ordenó que paguen las deudas acumuladas, estimadas en más de 160 mil millones de pesos. Este fallo representa un avance crucial para recuperar los fondos evadidos y frenar las prácticas corruptas. Además, Cammesa implementará nuevas políticas de monitoreo para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

El ministro de Economía de Chubut, Andrés Meiszner, detalló las acciones emprendidas por la provincia: “Desde la asunción del gobernador Torres, hemos trabajado en una estrategia para normalizar las entidades cooperativas, con el apoyo de la Secretaría de Trabajo provincial y el Inaes. Este es un paso crucial para garantizar la transparencia y la calidad del servicio”.

Torres aseguró que seguirá adelante con las denuncias penales y las intervenciones necesarias para garantizar la transparencia en el sistema de servicios públicos. “Nuestra decisión es ir a fondo para que nadie se robe más plata y los usuarios tengan el servicio que merecen”, concluyó el gobernador. Además, se prevé la implementación de un plan de modernización para las cooperativas intervenidas, con énfasis en la capacitación del personal y la mejora de la infraestructura existente. “No solo se trata de corregir errores del pasado, sino de construir un sistema que sea sostenible en el futuro”, subrayó Torres.

Redacción

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El campo exportó 86,5 millones de toneladas en diez meses, generando casi USD 40.000 millones

En los primeros diez meses de 2024, la agroindustria alcanzó un desempeño exportador destacado, según un informe reciente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Entre enero y octubre, el país exportó 86,48 millones de toneladas de productos agroindustriales, lo que representa un aumento del 51% en volumen respecto al mismo período de 2023. 

Este comercio generó ingresos por U$S 39.813 millones, un incremento del 23% en valor, limitado por la retracción de los precios internacionales de productos clave como la soja, el maíz y el trigo.

– Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

La Secretaría atribuyó estos resultados a una combinación de factores. Entre ellos, destacó “la mejora en las condiciones climáticas y las medidas gubernamentales para simplificar y facilitar el comercio exterior”, así como la apertura de 70 nuevos mercados internacionales, un hito que amplió las oportunidades para los productos argentinos. Además, se mencionó el impacto de las políticas de desburocratización implementadas durante el año, que facilitaron la logística y redujeron los costos asociados al comercio exterior.

De los 54 complejos agroindustriales analizados, 16 alcanzaron sus mayores valores de exportación en los últimos cinco años, mientras que 28 registraron incrementos superiores al 10% en valor respecto a 2023. Entre los complejos con variaciones más significativas en valor se encuentran:

  • Azúcar: +512%
  • Algodón: +221%
  • Bebidas alcohólicas: +139%
  • Trigo: +135%

Además de estos complejos, también se destacaron el maní y la vitivinicultura, que lograron consolidar su presencia en mercados tradicionales y abrir nuevos destinos. Esto fue posible gracias a estrategias de promoción internacional y acuerdos bilaterales que incentivaron la demanda en países como Estados Unidos y China.

Diez complejos concentraron el 86,4% del valor total exportado, destacándose los de soja, maíz, bovinos, trigo, pesca y acuicultura, girasol, cebada, lácteos, maní y vitivinicultura. Este grupo de productos fue el pilar de la economía exportadora del sector, generando ingresos clave para el equilibrio de la balanza comercial.

– Javier Milei junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino

Los principales destinos de las exportaciones agroindustriales argentinas durante este período fueron China, la Unión Europea, Brasil, Vietnam, India, Chile, Estados Unidos, Perú, Indonesia y Malasia. Estos mercados se consolidaron como socios clave para la colocación de los productos nacionales. En particular, China y Brasil continuaron liderando como los mayores compradores, con una creciente demanda de soja y maíz, mientras que la Unión Europea se posicionó como un importante receptor de productos lácteos y vitivinícolas.

Según analistas del sector, el desafío ahora radica en sostener este crecimiento a largo plazo. Para ello, será fundamental continuar con políticas que impulsen la innovación tecnológica, mejoren la productividad y fomenten la sostenibilidad de las prácticas agropecuarias. En este sentido, iniciativas como la incorporación de energías renovables y la digitalización de procesos productivos podrían marcar la diferencia en la proyección futura del sector agroindustrial argentino.

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