No se salva nadie: gamers argentinos pagarán cerca del 100% de más por los impuestos al dólar
A partir de octubre, periféricos; accesorios; consolas y videojuegos, se verán alcanzados por las medidas impositivas dispuestas por el Gobierno Nacional.
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Los gamers del país no dejan de recibir malas noticias por parte del gobierno de Alberto Fernández. Como consecuencia de la crisis por la que atraviesa Argentina, con una inflación que parece no tener techo y faltante de divisas, se están tomando medidas que están afectando considerablemente al sector gamer.
Las medidas alcanzan a las consolas, teclados, mouses, memorias, periféricos y máquinas de minado de criptomonedas, y podrían producirse demoras de hasta 60 días en las importaciones. El mundo del gaming se vio visiblemente afectado por las restricciones para acceder a estos productos por el incremento y los impuestos al dólar turista.
De acuerdo al medio HD Tecnología, la medida se estaría tomando para encarecer los gastos de los argentinos que viajarán a Qatar durante el mundial de fútbol, además de los pasajes para las vacaciones de verano
Se estima que en octubre el valor sea aún más alto que el 75% adicional que se paga actualmente para transacciones de estas características. Es que está previsto que el dólar turista alcance el 90% cuando se materialice el adicional del impuesto País, el cual junto al incremento que recae en los impuestos Ganancias, entrega el valor del también llamado “dólar gaming”.
Esta decisión que afecta directamente a los jugadores de nuestro país ya que, para poder adquirir juegos en las diferentes tiendas digitales, tendrán un recargo de un 90% del valor del dólar.
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Ana Espósito, hermana de la reconocida cantante Lali Espósito, protagonizó un momento que generó una oleada de críticas en redes sociales tras pronunciar la frase: “¿Querés matar al presidente? Andá negra, andá yendo, yo te banco”. El comentario surgió durante el programa de streaming “Patria y Familia”, transmitido por LUZU TV, el canal liderado por Nicolás Occhiato. La consigna de la emisión, titulada “El abogado del diablo”, invitó a los oyentes a enviar audios exponiendo situaciones “indefendibles” para que el equipo las justificara de forma humorística.
En medio de la dinámica, Juli Castro, panelista del ciclo integrado por Fede Popgold, Anita Espósito, Lucas Spadafora y Cami Mayan (la exnovia del campeón del Mundo, Alexis Mac Allister), aseguró: “Esta soy yo con mis amigas, yo te voy a defender lo indefendible. Vos podés matar al presidente que yo te voy a defender”. Sin prever la repercusión que tendría, Anita Espósito reforzó la idea: “¿Querés matar al presidente? Andá negra, andá yendo, yo te banco”. Acto seguido, agregó: “¡Andá! Acá te espero… ¿Querés una bolsa negra?”. Ante el asombro general, Fede Popgold intentó desviar el foco y comentó: “Al presidente del club de fans de otra cosa…”, aunque el fragmento ya se había viralizado.
Las palabras de Anita Espósito finalmente recorrieron múltiples plataformas, donde usuarios manifestaron su malestar. El debate surgió en el marco del tono humorístico del programa “Patria y Familia”, que buscó defender lo “indefendible” pero terminó generando una controversia mayor por la mención explícita a “matar al presidente”.
La reciente baja transitoria de los Derechos de Exportación establecida por el Decreto 38/2025 generó un aumento en las operaciones de granos, especialmente soja, aunque el ritmo de liquidación de divisas no mostró una suba marcada. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las agroexportaciones ingresaron USD 2.181 millones durante febrero, lo que significó un incremento del 45% en comparación con el mismo mes de 2024 y un alza mensual de 5,2% respecto de enero. Con este aporte, el acumulado de divisas en lo que iba del año ascendió a USD 4.254.787.089.
Las entidades explicaron que “el ingreso de divisas del mes de febrero es el resultado del inicio del Decreto 38/25 que implica una baja transitoria de derechos de exportación para el complejo cerealero-oleaginoso y que recién empezó a tener efectos a mediados de mes cuando se finalizó con las reglamentaciones del mencionado Decreto”. También señalaron que “el crecimiento de las compras de soja a precio y a fijar durante el mes de febrero marcaron el ritmo de ventas del productor”. El precio pizarra de la oleaginosa alcanzó los $331.000 por tonelada.
La reducción en las alícuotas de exportación se aplicó de forma diferenciada. El poroto de soja pasó de un 33% a un 26%, mientras que sus derivados retrocedieron del 31% al 24,5%. El maíz, el trigo, el sorgo y la cebada se redujeron del 12% al 9,5%, y en el caso del girasol, la semilla y el aceite bajaron del 7% al 5,5%; para los pellets, la tasa cayó del 5% al 4%.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que, desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial el 27 de enero, el volumen promedio semanal negociado de trigo, soja y maíz pasó de 1,82 a 1,98 millones de toneladas, lo que implicó una suba del 8,5% en comparación con las 10 semanas previas. El crecimiento se evidenció de manera dispar: en el caso del trigo, el volumen semanal descendió cerca de un 30%, con alrededor de 320.000 toneladas frente a las 460.000 anteriores. “La medida fue anunciada cuando ya se habían trillado casi la totalidad de los lotes y el arribo masivo de granos al mercado ya había cesado su presión. Además, el mercado internacional del trigo se enfrentó a una demanda poco dinámica”, explicaron.
– REUNIÓN, 27 de febrero: el Canciller, Gerardo Werthein junto al presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, José Martins.
Por su parte, el maíz registró un alza del 13,6% en su volumen semanal, al pasar de 795.000 a 905.000 toneladas. Este incremento respondió al buen desempeño exportador, que dominó destinos en Sudamérica, norte de África, Oriente Medio y Sudeste Asiático, además del comienzo anticipado de la cosecha del maíz temprano. La soja, en tanto, mostró un crecimiento del 32% en el volumen semanal, con más de 185.000 toneladas adicionales en las últimas diez semanas.
A pesar de este repunte en las ventas, un estudio de Portfolio Personal Inversiones observó que “pese a que la baja de retenciones al agro entró en vigor el 27 de enero, la buena performance del BCRA no se explicó por una aceleración en la liquidación del sector. Por el contrario, la media móvil de cinco días de la liquidación del agro recortó de USD 117 millones la semana previa a anunciarse la medida a USD 107 millones en la última semana”. Según este reporte, la reducción del plazo de 365 a 15 días para acogerse a las menores alícuotas “habría trabado en cierta medida la liquidación del sector, ya que evitó la liquidación anticipada de la cosecha gruesa”.
CIARA y CEC aclararon que no existieron retrasos en la liquidación de divisas y remarcaron que el complejo oleaginoso-cerealero aportó el 45% del total de las exportaciones argentinas. “El principal producto de exportación del país es la harina de soja, seguido por el aceite de soja, y el maíz”, precisaron los exportadores. También recordaron que “la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de los granos y alcanza hasta 90 días para aceites y harinas proteicas”.
Según los datos empresariales, el volumen de ventas de soja, acompañado por la baja transitoria de retenciones, impulsó la comercialización de los productores. Aun así, CIARA y CEC destacaron que la Argentina continuó estancada en su producción y en su crecimiento exportador, dependiendo de las fluctuaciones de los valores internacionales para modificar su estructura de ventas al exterior.
En un contexto marcado por la pobreza y la informalidad laboral, el sindicalista Marcelo Peretta, titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), presentó su obra “El derecho a elegir tu sindicato. Llega el sindicalismo que conquista, compite y concilia”. La primera publicación pone en discusión el rol del sindicalismo y la política laboral, buscando la actualización y la apertura de convenios colectivos ante las nuevas realidades del mercado de trabajo.
La presentación, encabezada por el politólogo Facundo Nejamkis y el periodista especializado en gremialismo Alejandro Di Biasi, abordó un análisis exhaustivo del libro, destacando tres características principales: “Propone una reflexión incómoda que al mismo tiempo incomoda y se erige como una hoja de ruta que plantea la necesidad de que los sindicatos compitan entre ellos para ofrecer más servicios al afiliado y los dirigentes se capaciten acorde a las nuevas realidades laborales.” “Reconoce el avance tecnológico y la necesidad de incorporarlo a la actividad diaria”. Y “explica detalladamente el papel a cumplir por la Cartera del Estado que debe generar las condiciones para mejorar el trabajo y hacer crecer la oferta laboral, sin dejarse cooptar por las corporaciones”.
El diputado Miguel Pichetto prologó el libro y celebró el gran aporte que significa para debatir la temática laboral. “Es un libro que aborda el verdadero debate sobre el trabajo argentino. Es interesante como la obra compara lo que sucedía en Argentina en 1974, donde había un 97% de ocupación, o sea pleno empleo, y estábamos mejor que países europeos como España e Italia, con lo que ocurre en la actualidad marcada por la pobreza y la informalidad. Creo que este libro propone la necesidad de comprender que las leyes laborales no están escritas en piedra y que deben actualizarse. Hoy hay nuevas formas para las relaciones laborales en un mundo mucho más líquido, con relaciones más flexibles. El modelo de la UOCRA es interesante, aunque insuficiente”, manifestó.
A lo largo de su obra, Peretta hace hincapié en los perjuicios del modelo de sindicato único que, a su juicio, “prioriza a un solo gremio por rama o actividad (unicato) sin darle opción a las demás organizaciones”. El autor sostiene: “Hay que conquistar la afiliación del trabajador. Hay que abrir estos convenios colectivos de trabajo firmados en la década del setenta que no reflejan lo que sucede hoy. Si no se abre el convenio e incorporan las formas actuales de trabajo los sindicatos seguirán perdiendo afiliados”.
Peretta también denunció que “los sindicalistas gordos mantienen a sueldo a los funcionarios de la cartera laboral para que cajoneen los expedientes de inscripción y personería gremial para evitar todo competencia”, y añadió: “Hoy hay más organizaciones sociales y cooperativas (20 mil) para administrar la pobreza que sindicatos (3 mil) para administrar las relaciones laborales reales. Hay 8 millones de trabajadores informales. Por cada trabajo en blanco hay uno y medio en negro, por lo que es obvio que hace falta una reforma. Con este modelo que propongo en el libro, basado en conquistar a los afiliados, en competir con los otros sindicatos y en conciliar con los empleadores (en vez de bloquearlos o patotearlos), podemos recuperar 2 millones de trabajadores por año”.
En la misma línea, el autor resaltó la urgencia de recuperar el prestigio sindical y avanzar hacia un “neo sindicalismo” de la mano de la tecnología. Al respecto, enfatizó: “Hay que frenar la connivencia entre los ‘gordos’, los ‘empresaurios’ y los malos funcionarios de trabajo, asociados ilícitamente para incumplir ley de asociaciones sindicales. Ese incumplimiento de los deberes de funcionario es la principal causa de pobreza y desempleo”.
En su cierre, Peretta afirmó: “El sindicalismo que antes era revolucionario hoy es conservador. Aunque hay cada vez más desempleo, el ‘modelo’ no se toca. Ninguno de los 12 presidentes de los últimos 50 años acertó el diagnóstico del problema ni aplicó el remedio laboral correcto, ese libro ofrece ideas y herramientas concretas para el cambio”.
La publicación, de 323 páginas distribuidas en diez capítulos, aborda temas que van desde el pleno empleo y el surgimiento de los denominados “gordos” sindicales hasta la necesidad de implementar una política laboral acorde a las nuevas formas de trabajo. Cada capítulo arranca con una cita histórica que enmarca el tópico abordado y contribuye a dar contexto a las discusiones planteadas. Con “El derecho a elegir tu sindicato”, Peretta invita a un debate que, según sus impulsores, es impostergable para el futuro del trabajo en Argentina.
La campaña agrícola 2024/2025 atraviesa un panorama complejo marcado por la baja de los precios internacionales, un factor que impacta directamente en la capacidad de los productores para afrontar insumos, costos e inversiones. En su informe mensual, CONINAGRO advierte que la soja es el producto que más poder de compra ha perdido en el último año y también en comparación con el promedio de los últimos cinco años.
El documento, que analiza el poder de compra de seis productos agropecuarios —soja, maíz, trigo, ternero, novillito y leche—, mide la capacidad de estos cultivos para adquirir una amplia gama de costos, insumos y servicios del sector, como herbicidas, fletes, maquinaria y otras 20 variables. El objetivo principal de este indicador es evaluar la competitividad de los productores a través de un análisis insumo-producto que relaciona los precios de los bienes con los costos que estos deben cubrir.
La soja, además de ser una referencia para la producción agrícola, “es el cultivo que mayor pérdida de poder adquisitivo ha tenido en el último año y respecto al promedio de los últimos 5 años”. El informe destaca, por ejemplo, la comparación con la maquinaria agrícola: en enero de 2025 se necesitaron un 20% más de toneladas de soja para adquirir una cosechadora que en el mismo mes del año previo. En términos absolutos, se requieren 1.650 toneladas, 270 más que un año antes.
Si se toma en cuenta el promedio de los últimos cinco años, el panorama es aún más negativo: se precisa un 39% más de soja para comprar una cosechadora, 42% más para una sembradora y 38% más para un tractor.
La apreciación cambiaria encarece en dólares algunos componentes de la estructura de costos que se expresan en pesos, como los fletes. Según el informe, en enero de 2025 se necesitó un 34% más de kilos de soja para costear un flete que en enero de 2024. Parte de esta suba se vincula al aumento en el precio del gasoil: se requirieron un 40% más de kilos de soja para adquirir un litro de combustible respecto al año anterior.
En el caso de los fertilizantes, la relación de intercambio entre soja y DAP (fosfato diamónico) muestra una leve mejora con respecto a 2024: en enero de 2025 se necesitaron 2,9 kg de soja para obtener 1 kg de DAP, frente a los 3,1 kg de un año antes, lo que implica una disminución del 6%. Sin embargo, en comparación con el promedio de los últimos cinco años, la diferencia sigue siendo desfavorable, con un 14% más de soja requerida.
Entre los pocos insumos que registran una mejora relativa para la soja, el glifosato sobresale: “En enero de 2025 se requirieron 34% menos kilos de soja respecto a enero de 2024, y cayó 22% con respecto al promedio de los últimos 5 años”. Este comportamiento responde a la baja internacional en los precios del herbicida, tras los récords alcanzados en 2022.
También destaca la reducción en el costo relativo de la tierra: en enero de 2025 se necesitaron 58,9 toneladas de soja para adquirir una hectárea, una mejora respecto de las 61,4 toneladas de un año antes (-4%). Al confrontar los valores actuales con el promedio de los últimos cinco años (65,2 toneladas), la disminución llega al 10%. Este fenómeno se explica en buena medida por la reducción de la brecha cambiaria, que mantiene el precio de los campos (en dólares MEP/Blue) relativamente estable frente al valor oficial de la soja.
Con este panorama, la soja se consolida como el cultivo más afectado por la pérdida de poder adquisitivo dentro de la producción agropecuaria argentina, reflejando el desafío que enfrentarán los productores durante la campaña 2024/2025 para mantener su competitividad. El informe de CONINAGRO ofrece una valiosa herramienta de análisis y alerta sobre la necesidad de estrategias que contemplen los efectos de la baja de precios y la apreciación cambiaria en los costos del sector.
La edición de los Premios Oscar de 2025 sorprendió a muchos por su tono levemente apolítico, contrario a las ediciones anteriores, donde la temática “progre” dominaba la noche. A pesar de que Hollywood sigue siendo un espacio conocido por su activismo político, se buscó poner paños fríos a la atmósfera en cuanto a los discursos políticos que, en ocasiones previas, fueron utilizados como plataforma para manifestaciones contra figuras como Donald Trump, la administración estadounidense y diversos conflictos internacionales.
Pudo notarse con claridad el control y moderación de los discursos durante la ceremonia. En un intento por evitar la polarización, los discursos fueron elaborados meticulosamente, se minimizaron las referencias a la política y sociedad. Cabe destacar que en ediciones anteriores, figuras como Meryl Streep y Leonardo DiCaprio habían aprovechado su protagonismo para criticar tanto a la política estadounidense como a la global.
Este año, aunque continúan las tensiones internacionales, especialmente la invasión rusa de Ucrania y los derechos humanos, la mayoría de los premios fueron entregados en un ambiente de celebración artística más que de confrontación ideológica.
De acuerdo con los analistas, esta gala menos politizada también se da en un contexto donde las críticas al llamado “woke” (una conciencia social exacerbada, según sus detractores) son cada vez más frecuentes en Hollywood. En los últimos años, la industria del cine funcionó como una caja de resonancia para los movimientos sociales, lo que generaba tensiones tanto dentro de la comunidad artística como con el público conservador. Los Oscar de 2025 se distancian de esta tendencia, buscando un enfoque menos confrontativo.
En vez de ser el centro de un debate político, la ceremonia se dedicó en su mayoría a la celebración del cine, la innovación en la industria y el talento emergente, sin que los discursos sobre temas como el racismo o la igualdad de género sean en el eje de la conversación. Si bien no faltaron algunos momentos de reivindicación social, se presentaron de manera más sutil, sin el tono de denuncia frontal que había caracterizado ediciones previas.
Uno de los puntos clave que marcaron los organizadores de los Oscar de 2025 fue el control sobre los discursos políticos, qué era aceptable y qué no en la ceremonia. En este sentido, se habló de los “discursos no autorizados”, aquellos que no estaban alineados con el guion oficial de la noche. Esto generó una polémica entre algunos activistas, que consideraron que la decisión limitaba la libertad de expresión dentro de un evento de escala global. Sin embargo, para quienes llevaron adelante la gala, el objetivo era lograr una noche en la que el cine y los logros artísticos brillaran por sobre los temas políticos.
El Gobierno nacional firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que aprobó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia de cuatro años y medio antes de comenzar los pagos. Según el texto oficial, este esquema buscó “cancelar letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA)” y cubrir “obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen en los próximos cuatro años”.
La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, generó críticas de gran parte del arco político opositor y de algunos aliados, quienes cuestionaron la suscripción de una nueva deuda sin debate parlamentario. Mauricio Macri objetó que se recurriera a un decreto en lugar de pasar por el Congreso. Sin embargo, las autoridades defendieron la medida. Entre ellas, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el DNU y afirmó que la refinanciación ayudaría a “sanear el Banco Central” y a trazar “un sendero de crecimiento económico sostenible en el tiempo”.
– El presidente Javier Milei y el equipo económico de Luis Caputo en Olivos
“Es la primera vez que se hará un acuerdo con el Fondo para reparar el daño que la política le ha provocado a los ciudadanos vía el abuso del gasto público y consecuente déficit fiscal”, expresó Caputo desde su cuenta de X. Sostuvo que este nuevo crédito resolvería “el problema de los stocks (déficits acumulados del pasado), que derivaron en la apropiación de las reservas del Banco Central vía deuda del Tesoro Nacional”. Además, aseguró: “Saneado el desequilibrio del flujo y del stock, podremos finalmente terminar de derrotar la inflación”.
El DNU explicó que el programa con el FMI se extendería hasta 2035 y cubriría los pagos de la deuda en los próximos cuatro años, dejando la posibilidad de una renegociación futura. Según se detalló, en diciembre de 2023 las reservas netas del BCRA eran negativas por 11.200 millones de dólares y, al 6 de marzo de 2025, habían aumentado en 7.034 millones, aunque todavía se mantuvieron por debajo de cero en más de 3.000 millones.
El texto oficial defendió la medida para “fortalecer las reservas internacionales, garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la volatilidad financiera”. También indicó que el ajuste fiscal y la política de déficit cero provocaron una baja de la inflación interanual a 84,5 % en enero de 2025 y una disminución de la pobreza del 54,8 % al 38,9 % en el primer año de gestión, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basadas en datos del Indec.
No obstante, el decreto omitió detalles relevantes sobre la magnitud y el cronograma de los desembolsos, las tasas de interés aplicables y las metas macroeconómicas. “Omite todos los detalles clave, como la magnitud y el cronograma de desembolsos, las metas y las condicionalidades, entre otros aspectos”, apuntó el economista Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma. Jorge Neyro, por su parte, resaltó que “el DNU reconoce que el programa con el FMI va a ser uno de facilidades extendidas, no un stand by, lo cual le da más plazo de pago al Gobierno por los fondos que tome”. En tanto, Andrés Reschini, de F2 Finanzas, afirmó que “el texto omite detalles tácticos, como metas específicas y el plan para liberar el cepo”.
– Gita Gopinath, subdirectora del Fondo Monetario Internacional
Otro punto crucial quedó vinculado a la posibilidad de recibir fondos adicionales. La consultora UBS aseguró que el FMI otorgaría 8.000 millones de dólares extra, algo que no figuró en el decreto. De acuerdo con su análisis, esta inyección adicional resultaría clave para que Argentina enfrentara sus próximos compromisos de deuda y fortaleciera las reservas del BCRA.
Caputo, quien también ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Cambiemos, confirmó que retomaría las negociaciones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para definir los términos finales y las condiciones de pago. El decreto en cuestión delegó en el Ministerio de Economía la firma de los acuerdos y especificó que sería remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento legislativo.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
