Massa apuesta a la campaña del miedo: “Si gana la oposición, el boleto de tren pasa a costar $1100”

El "súperministro" de Economía apuntó contra la quita de subsidios y la privatización de los ferrocarriles para intentar retener al electorado.
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El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, volvió a agitar la campaña del miedo de cara a las elecciones generales de octubre y sostuvo que el boleto de tren pasaría a costar 1100 pesos en caso de que la oposición “gane las elecciones”.

“Si hay cambio de Gobierno el boleto de tren pasa a valer 1100 pesos y el mínimo de colectivo 700 pesos. No solo piensan en privatizar ferrocarriles, también en eliminar la ayuda del Estado en los boletos. Hagan la cuenta, piensen en la vida de cada estudiante, jubilado, laburante, lo que pasa a significar pagar eso por un boleto”, sostuvo el ministro de Economía

Luego lanzó dardos contra la oposición, aunque sin mencionarlos. “Unos plantean dolarización, la bandera de Estados Unidos en el Banco Central. Otros una dolarización cobarde, plantean convivir porque no se animan a hacerlo. Nosotros sabemos que es con una moneda fuerte y no depender de nadie. no queremos seguir siendo mendigos del mundo”

Fue durante un acto en San Vicente, donde se inauguró un paso bajo nivel del ferrocarril Roca. “Sabemos que muchos de los vecinos del Conurbano y del país sienten la frustración, pero no se resuelve volviendo atrás. Ahí está la violencia y perder poder adquisitivo”, dijo.

El “superministro” de Economía, Sergio Massa.

Junto a Massa se encontraba el gobernador provincial, Axel Kicillof, quien agitó contra el Fondo Monetario Internacional y acusó al organismo de creerse “con derecho para dirigir la obra de nuestro país”. “Con el crédito que tomó (Mauricio) Macri, con toda esa deuda que hoy nsaos oprime, se podrían haber hecho 9 mil viaductos”, sostuvo.

Kicillof también agitó la referencia al aumentazo del boleto en el transporte público. “Los bonaerenses saben que no se pueden pagar, y los empresarios que tendrían que pasar esos costos a los salarios. Van a traer calamidades en la provincia, nos va dejar sin viaductos, hacer mas caros los pasajes y solo sirve para apagar las deudas que ellos tomaron”, agregó el candidato a gobernador bonaerense.

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Capitales suizos y argentinos invertirán US$ 560 millones en minería de cobre y prevén generar casi 4.000 empleos

El primer proyecto argentino de cobre en entrar en producción se ubicó en Mendoza. PSJ Cobre Mendocino presentó su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la Legislatura provincial y anunció una inversión inicial de US$ 560 millones para el proyecto San Jorge, con inicio de obras previsto para 2026. 

Según su CEO, Fabián Gregorio, la escala de producción prevista podría aportar entre un cuarto y un tercio de las exportaciones mendocinas, estimadas en poco menos de US$ 2.000 millones.

“El envío de la DIA a la Legislatura provincial es un hito importante, condición necesaria, pero no suficiente, para acercarnos a nuestra licencia operativa”, señaló Gregorio en diálogo con Forbes. “Estamos contentos, la verdad estamos con mucha satisfacción por la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental que ha hecho el gobierno y sobre todo que lo ha enviado a la Legislatura provincial para su tratamiento que va a ser, supongo, en forma inminente”.

Gregorio precisó que San Jorge “es un proyecto mediano muy interesante, tiene una escala importante de tratamiento de minerales y pretende producir cuarenta mil toneladas de anuales de cobre fino, asociado con cuarenta mil onzas de hora como subproducto. Esto se va a prolongar inicialmente a lo largo de dieciséis años, pero estimamos que puede tener una vida útil hasta inclusive a los veintisiete años, dependiendo de las condiciones de mercado y geológica, pero es una posibilidad importante”. 

El proyecto se presentó como el primer desarrollo de cobre en producción en el país y se asentó en Uspallata. La propuesta productiva se enfocó en un mineral estratégico y en un esquema de operación que contempló costos anuales definidos y una vida útil extendida, con potencial de ampliación sujeta a condiciones geológicas y de mercado.

El proyecto perteneció a Zonda Metals, de capitales suizos, que se asoció con el Grupo Alberdi, de capitales argentinos, para su desarrollo en Mendoza. “Existía una mirada importante sobre la Argentina, primero por su potencial geológico, por su marco normativo que siempre fue bueno, pero hoy se va consolidando con medidas de promoción como el RIGI y por el contexto macroeconómico que viene ofreciendo el gobierno nacional. Por lo tanto, las expectativas se fueron incrementando claramente en estos últimos años y hoy estamos seguramente en esos bloques de empresa que están creyendo en la Argentina y apostando cada vez más fuerte”.

Consultado por el proceso político reciente, el CEO indicó que “independientemente de la relevancia que puede tener para la macroeconomía local, nos hemos mantenido al margen de eso. Recuerden que estamos en una en una provincia, la forma que se maneja la minería en la Argentina también es muy regionalizada, es muy federal. No digo que haya sido irrelevante, pero no ha estado en nuestra agenda condicionando”.

Respecto de los próximos pasos, Gregorio afirmó: “Estamos trabajando con un equipo intensamente para aplicar al RIGI. En las próximas semanas vamos a tener definiciones y vamos a estar haciendo algún anuncio al respecto. Y cuando esté ratificado por la Legislatura, vamos a acelerar los procesos de factibilización definitiva de la mina, vamos a cerrar la ingeniería detalle y estamos trabajando ya sobre el cierre del financiamiento. Tenemos todas las pretensiones que en algún tramo del 2026 estemos en condiciones de iniciar la construcción de la mina, que va a demandar entre dieciocho a veinticuatro meses”. 

Entrevistado por Radio Post, Gregorio describió: “Es una ejecución de alto impacto y rápida implementación. Para que una mina de este tipo funcione, hay que invertir mucho dinero”. Precisó que son 120 millones de dólares anuales en gastos operativos, y remarcó que el emprendimiento tuvo “una mirada muy enfocada en Mendoza”. 

Sobre la extracción aclaró que “se aplicará un método de flotación, que consiste en moler la roca, tratarla con agua en un circuito cerrado y filtrarla para obtener un concentrado de cobre. Es un proceso limpio, sin filtraciones ni sustancias contaminantes: todos los reactivos son biodegradables”. 

En materia de empleo, Gregorio sostuvo que durante la construcción se generarían unos 3.900 puestos entre directos e indirectos, con alrededor de 600 empleos permanentes en operación: “Por cada trabajador directo, se replican tres más en distintos sectores de Mendoza. En algunos casos, ese número puede ser aún mayor”. 

En plenario de comisiones, la Cámara de Diputados comenzó a analizar la DIA de PSJ Cobre Mendocino, enviada por el Poder Ejecutivo para su ratificación. Por videoconferencia, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, señaló que la discusión legislativa “es una decisión política sobre un informe técnico” y buscó garantizar que los legisladores conocieran “cómo se llegó a la decisión administrativa, el proceso que está reglado y fundado”. Añadió que “este proceso llevó 9 meses y ha tenido la interacción con cada uno de los intersectoriales que han participado, profesionales incluso de otros lugares como Chile y San Juan. No ignoramos la normativa comparada”.

Por su parte, el director de Minería, Jerónimo Shantal, sostuvo que “no tenemos nada que envidiarle a Chile, desde el punto de vista técnico, legislativo, ambiental. Estamos en un nivel muy superior”. Recordó además que “cuando le exigimos a PSJ que incluyera la impermeabilización de depósitos de residuos, desde Chile nos dijeron que ellos no lo exigían. Igual lo exigimos acá”. 

Según los fundamentos de la elevación, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental garantizó participación ciudadana efectiva mediante consultas públicas, talleres y visitas técnicas. Se convocó y celebró una audiencia pública, se admitieron observaciones por escrito, y se dispuso la compulsa pública de las actuaciones en formato físico y digital. En paralelo, se tramitaron procedimientos de consulta previa a comunidades originarias vinculadas al área de influencia.

Santilli visitó Entre Ríos y selló con Frigerio una agenda común de reformas: “El trabajo tiene que ser en equipo”

Diego Santilli inauguró este miércoles en Entre Ríos sus visitas a las provincias. Llegó a Paraná, fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno y mantuvo con él una reunión privada de alrededor de una hora y media. Luego, ambos brindaron una conferencia de prensa en el Salón de los Escudos, donde detallaron la agenda de trabajo y remarcaron la necesidad de consensos para avanzar con reformas estructurales a nivel nacional y provincial.

Frigerio explicó que en el encuentro repasaron “todos los temas de gestión conjunta”. Señaló que “vimos los problemas que restan solucionar y también las cosas positivas” y que, además, hablaron “de los asuntos nacionales que son prioritarios para el presidente Javier Milei”. El gobernador resumió el tono de la reunión al afirmar: “Estuvimos trabajando en nuestra oficina durante un tiempo largo, viendo los problemas que todavía tenemos que solucionar y también planteando las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente y después de tantos años la Argentina pueda tener las reformas estructurales que viene pateando desde hace tanto tiempo”.

Al describir la agenda entrerriana, el gobernador indicó que “son los mismos que venimos trabajando y sembrando en los primeros 20 meses de gestión y que, en los últimos 30 días, empezamos a cosechar”. En ese marco, le entregó a Santilli una carpeta con el detalle de todos los reclamos que Entre Ríos tiene pendientes con la Nación y repasó junto a él ese listado durante la reunión.

El flamante ministro del Interior, por su parte, enmarcó la visita en el inicio de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. “Tuvimos una reunión larga porque mi tarea es escuchar a todos los gobernadores e intentar lograr una agenda común para Argentina y las provincias. Si les va bien a los entrerrianos, les va bien a los argentinos. Ese es el camino”, sostuvo. En el mismo sentido, definió: “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias. Entre Ríos es un caso ejemplar en la etapa del crecimiento, que se viene”.

El ministro subrayó que el país tiene “una agenda importante de reformas”. Detalló que incluye “sancionar un presupuesto, una modernización laboral, bajar los impuestos, con el Código Penal y otra serie de propuestas que llevarán adelante en sesiones extraordinarias y ordinarias” y remarcó que “también las provincias tienen reformas importantes” y que “el trabajo tiene que ser en equipo”.

Tras repasar logros de los primeros dos años de la gestión del Gobierno nacional, Santilli anticipó que luego de alcanzar la estabilidad económica y social ahora “viene la etapa del crecimiento”. “Esa es la base para construir políticas”, añadió. Sobre el presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, lo definió como “una manta corta”. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”, postuló.

Frigerio, en sintonía, planteó que hay “una nueva etapa en este segundo tramo del Gobierno. El Presidente plantea que hay que tener más diálogo, proximidad y empatía con las provincias. La designación de Diego tiene que ver con ese criterio de mayor amplitud y menos endogamia. Él le dará un salto de calidad importante a la gestión”. Además, vinculó el equilibrio de las cuentas nacionales con la posibilidad de las provincias de acceder al crédito: “Cuando baja el riesgo país, porque el Gobierno nacional tiene equilibrio, aprueba el presupuesto y avanza en las reformas, nos permite a provincias endeudadas ir al mercado de capitales y mejorar su perfil”.

En cuanto a los puntos concretos de la agenda entrerriana, Frigerio detalló que Entre Ríos reclama su participación en las obras de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay; el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, donde ya hubo un avance; y una mejora en la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande a fin de obtener excedentes que vuelvan a la provincia para obras en la región afectada por la represa, un aspecto en el que también hubo una mejora parcial. Aclaró que, pese a esos avances, Entre Ríos mantendrá los reclamos en la Corte Suprema de Justicia “hasta que se encarrilen definitivamente”.

El gobernador mencionó además la habilitación nacional para que la provincia acceda a financiamiento de organismos multilaterales y pueda realizar obras, y la reanudación de los trabajos en las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano como la 12 y la 18. Sumó en ese capítulo las obras sobre la ruta provincial 23, la planta de agua potable de Paraná y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. Destacó, asimismo, que “la primera concesión de rutas nacionales sea en Entre Ríos (la autovía 12, la 14 y la conexión de Victoria y Rosario), que se iniciarán en los próximos días”, y valoró el acuerdo para poner en valor el Palacio San José y la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná.

“Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento del Ministerio del Interior”, se esperanzó Frigerio tras repasar esos temas. Santilli, a su turno, aseguró que se comprometió con el gobernador y con los entrerrianos “a hacer un trabajo en conjunto y llevarla adelante”.

Consultado por Infobae sobre el encuentro que encabezó el expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO, Santilli respondió que es “sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA – PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos. Nosotros queremos un país que crezca”, redondeó.

Frigerio acompañó esa mirada, pero tomó distancia de la interna partidaria. “Coincido con lo que dijo Diego. No tengo mucho tiempo para meterme en temas partidarios. Ni siquiera tenía demasiada información de esa reunión. Prefiero no opinar sobre lo que no sé. Pero celebro que haya vida en los partidos políticos. Es importante para la democracia”, expresó.

Respecto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santilli fue más directo. “Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Y así, de manera sucesiva, puedo seguir con mil más”, enumeró. Luego recomendó: “No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago”, remató.

Santilli también se refirió al vínculo personal que lo une con Frigerio y a la decisión de iniciar en Entre Ríos su agenda federal como ministro del Interior. Definió al gobernador como “un gobernador, amigo de muchos años” y explicó: “Elegí Entre Ríos (como primer destino) porque con Rogelio me une una larga amistad y hay que comenzar por los lugares donde uno construyó una relación. Se aprende de personas como él que tienen experiencia en este cargo”.

El Hospital Garrahan anunció un aumento salarial de 61% 

El Hospital Garrahan consolidó un incremento en la asignación básica destinado a su personal y lo definió como un “aumento salarial histórico”. La institución informó que implementó una suba del 61% dirigida a empleados de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, con aplicación retroactiva a octubre. Este incremento se sumó a los bonos mensuales fijos que los trabajadores percibieron desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.

En un comunicado, la administración señaló: “Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolidó con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”. Y se agregó: “En el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.

– El comunicado del Hospital Garrahan (publicado en X)

La dirección del hospital afirmó que la eficiencia administrativa resultó clave para fortalecer la atención y reconocer el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En ese sentido, el anunciado aumento es “un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños. Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.

La administración del Garrahan (que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia) aceleró ese proceso en 2025 y financió los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. El hospital comunicó que dispuso de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras aguardó la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.

En el plano presupuestario, se indicó que, mientras uno de los vetos presidenciales del año alcanzó a la ley de emergencia pediátrica, la última modificación presupuestaria dotó de más fondos a los hospitales nacionales mediante una reasignación de partidas y sin generar déficit

De ese refuerzo, el Garrahan absorbió más de la mitad de los nuevos recursos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones, lo que le permitió beneficiarse con los bonos de septiembre. 

El anuncio salarial se produjo en el marco de un conflicto gremial. A fines de octubre, la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron la toma de la dirección del hospital de alta complejidad de Parque Patricios, al denunciar fuertes descuentos salariales a enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal en el contexto de la ola de paros. “En este momento la dirección del hospital está tomada. Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. Esa es la situación y no nos vamos a ir hasta que depositen los fondos”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de APyT

El viernes pasado, el conflicto escaló cuando trabajadores de la APyT ocuparon durante seis horas las oficinas centrales de la dirección médica, desde el mediodía hasta las 18, en reclamo de la restitución de haberes descontados por días de paro. La organización gremial informó que la medida buscó presionar a las autoridades para revertir descuentos que, según denunciaron, alcanzaron entre $300.000 y $500.000 y afectaron en particular a trabajadoras del área de enfermería, instrumentación y docencia del jardín maternal.

El delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, declaró a Infobae que el personal afectado abarcó a madres solteras que “no llegan a fin de mes”, y sostuvo que “mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.

En un comunicado, la APyT calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”. También denunció que el Consejo de Administración fue “designado a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió los descuentos aplicados a quienes “defienden el Hospital Garrahan”. El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, al tiempo que convocó a la participación en la toma de la dirección y a la apertura de un canal de diálogo.

Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación cuestionó a los gremialistas, los acusó de impulsar una desestabilización vinculada a extracciones izquierdistas y de “tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico”.

Desde la administración del Garrahan, las autoridades sostuvieron que el proceso de orden, transparencia y eficiencia iniciado recientemente apuntó a valorar el trabajo y a obtener resultados tangibles. En esa línea, ratificaron: “Es un aumento salarial histórico”.

Una auditoría detectó subsidios sin controles ni rendición de cuentas en el Instituto Nacional del Cáncer

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó debilidades en los mecanismos de control interno del Instituto Nacional del Cáncer (INC) en la gestión de los fondos otorgados a proyectos de investigación entre 2020 y 2022. Según el organismo de control, hubo falencias en la presentación, evaluación y rendición de cuentas de los subsidios, que ponen en duda la transparencia del proceso y la eficacia del seguimiento institucional.

El informe, aprobado en abril de 2025, evaluó la “Asistencia Financiera VI” del Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer, que otorga apoyo económico a grupos de investigación en todo el país. En ese período, el crédito presupuestario asignado fue de $38,8 millones de pesos, de los cuales se ejecutó un 82%. La auditoría examinó una muestra de 15 ideas-proyecto sobre un total de 21 presentadas.

Entre las principales observaciones, el informe señala que el Programa no realizó controles formales sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones de admisibilidad de los proyectos: “Solamente se verificó la existencia de un archivo informal en Excel denominado ‘Análisis Admitidos-No Admitidos’, del cual no surge su autor”, indica el organismo gubernamental. Además, se constató que en ningún caso se acreditó documentalmente que los directores de los proyectos no tuvieran rendiciones pendientes de convocatorias anteriores, como exige la normativa.

Tampoco se presentaron copias de DNI ni títulos habilitantes de los directores de proyecto, lo que implica “incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria”. A esto se suma la falta de claridad en los criterios de adjudicación: “No surge con claridad la metodología utilizada para la adjudicación de los proyectos, lo que genera incertidumbre sobre si se ha efectuado la mejor asignación de recursos”, advirtió el organismo.

– María Verónica Pesce, exdirectora del Instituto Nacional de Cáncer

La SIGEN detectó inconsistencias entre los puntajes otorgados por los evaluadores y los proyectos finalmente adjudicados. Por ejemplo, en la línea de investigación clínica se seleccionó un proyecto ubicado en el puesto 22, con un promedio de 65,7%, cuando el promedio general de las postulaciones fue de 78,4%. Casos similares se repitieron en las líneas de investigación básica e implementación. Además, “las evaluaciones de los evaluadores internos y externos no estaban firmadas”, y en varios casos se realizaron en hojas de cálculo “altamente manipulables”.

Otro de los puntos críticos fue la falta de seguimiento de los desembolsos. En algunos casos, los investigadores recibieron los fondos con hasta cinco meses de demora, lo que los obligó a modificar cronogramas y a afectar los resultados previstos. Aun cuando las demoras provinieron de las entidades administradoras, la SIGEN cuestionó que “el organismo no realizó un seguimiento oportuno respecto de los desembolsos y la ejecución de los proyectos”, lo que atentó contra el cumplimiento de los objetivos.

– La auditoría de la Sindicatura General de la Nación

También se verificó que los segundos desembolsos se realizaron sin controles adecuados sobre el avance y cumplimiento normativo de los proyectos. En la mitad de los casos relevados, los objetivos fueron alcanzados solo de manera parcial. La SIGEN ejemplificó con dos proyectos puntuales. En el primero, “los objetivos se cumplieron parcialmente debido a la falta de equipamiento, contaminación de muestras y motivos de salud del director”; en el segundo, “la cantidad de pacientes estudiados fue muy inferior a la propuesta original”.

El informe detalla, además, que hubo demoras excesivas en la aprobación de reformulaciones presupuestarias, con plazos que en algunos casos superaron los seis meses. Esto afectó el desarrollo normal de los proyectos y, en ocasiones, las modificaciones se aprobaron cuando el período de ejecución ya había concluido. En un caso, la SIGEN constató que una solicitud de prórroga presentada en julio de 2022 fue aprobada recién en enero de 2023, fecha que coincidía con la finalización del proyecto original.

Las rendiciones de cuentas también mostraron importantes deficiencias: en 13 de los 15 proyectos auditados, el Programa no verificó la documentación exigida por el instructivo administrativo. El organismo recordó que las rendiciones “que no presenten toda la documentación requerida deben ser devueltas sin excepción”, algo que no ocurrió.

La auditoría concluyó que el Instituto Nacional del Cáncer “no realizó acciones para verificar el avance de las tareas programadas y medir el cumplimiento de los cronogramas de trabajo”. Para la SIGEN, las falencias detectadas revelan la necesidad de fortalecer los controles internos en todas las etapas del proceso: desde la admisibilidad de las ideas-proyecto hasta la rendición final de los fondos otorgados.

*Fuente: El Auditor

INDEC | La mitad de los hogares argentinos usó ahorros o pidió prestado para cubrir gastos

Para cubrir sus gastos, la mitad de los hogares en argentina usa ahorros, pide dinero prestado, vende pertenencias y compras en cuotas o al fiado, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el documento “Estrategias de manutención ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?”, en el primer semestre 2025:

37,4% de los hogares recurrieron a gastar lo que tenían ahorrado

16,1% pidió préstamos a familiares/amigos

14,2% pidió préstamos a financieras

50,9% compró en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta

9,3% vendió sus pertenencias

Evolución de las estrategias de los hogares

“El 19,9% de los hogares recurrió al uso de ahorros en 2003, mientras que en 2025 ese valor escaló al 37,4%. Entre las estrategias de financiamiento, los préstamos de bancos y financieras se incrementaron 10,8 puntos porcentuales y el uso de tarjeta de crédito o pago en fiado tuvo un aumento de 28,9 puntos porcentuales entre 2003 y 2025”, señaló el INDEC.

Según el organismo, “para la satisfacción de sus necesidades, y ante la ausencia de nuevos ingresos monetarios –laborales o no laborales– o en especie, los hogares recurren a otras estrategias como complemento. Entre ellas se cuentan las que implican una descapitalización por la venta de pertenencias o el uso de ahorros, los préstamos con entidades bancarias u otros mecanismos informales (familiares, por ejemplo), y la financiación de compras en cuotas o al fiado.

Hoy la mitad de los hogares vive a crédito. El financiamiento dejó de ser una herramienta de progreso para transformarse en un mecanismo cotidiano de supervivencia, donde la deuda reemplaza al ahorro y al aumento real de los ingresos”, señalaron desde el CEPEC.

Situación de acuerdo a distintos estratos de ingreso

En detalle, el 16,1% de los hogares del estrato de ingreso medio recurrió al uso de ahorros o a la venta de pertenencias como estrategia de manutención; mientras que, a medida que desciende el nivel de ingresos se incrementa la toma de préstamos.

En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de ingreso bajo, lo hizo uno de cada tres.

En cuanto a la solicitud de préstamos de los hogares, en el estrato de ingreso alto y medio hay una mayor cantidad que se endeuda con entidades bancarias y financieras. Dentro del estrato de ingreso bajo, predomina el endeudamiento informal con familiares o amigos.

El porcentaje de hogares que utilizó ahorros tuvo un incremento entre 2018 y 2020, cuando alcanzó un valor cercano al 35%. A partir de entonces se mantuvo relativamente estable, hasta el primer semestre de 2024, cuando volvió a registrar una suba y llegó al valor máximo de la serie (40,1%).

El uso de ahorros no presenta grandes diferencias entre estratos de ingreso, salvo entre 2020 y 2021, cuando disminuyó el porcentaje de hogares de mayores ingresos que declaró hacer uso de ahorros.

“También se observa una caída de los ingresos en especie y un incremento de la financiación de los gastos –sea por vías formales, como las tarjetas de crédito, o informales, como el fiado– y de la utilización de ahorros para gastos corrientes”, informó el organismo.

El CEPEC considera que los números del INDEC muestran que “la economía de los hogares está cada vez más tensionada. El modelo actual se apoya en tres pilares interdependientes: trabajo (82%), que ya no garantiza estabilidad; asistencia estatal (14,6%), que crece como sostén estructural; y deuda o uso de ahorros (más del 50%), que completan los ingresos faltantes.

Y concluye: “Los hogares argentinos viven entre el esfuerzo, la ayuda y el endeudamiento, en una economía donde el ingreso real pierde terreno y la estabilidad depende del crédito o del apoyo estatal”.

Uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos

FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó su informe semestral “Composición de precios: carne, pan y leche” y analizó la estructura de valor de la cadena desde la producción hasta el consumidor. El trabajo indicó que uno de cada cuatro pesos del precio final se destinó a impuestos y que, según la cadena, los costos, los tributos y las ganancias presentaron diferentes participaciones.

En carne vacuna, en agosto el kilo promedió $12.141. Sobre ese precio, los costos representaron el 52%, los impuestos el 28% y la ganancia el 20%. Por eslabones, la cría explicó el 26%, el feedlot el 22%, el frigorífico el 3%, la carnicería el 22% y los impuestos el 28%. 

Dentro de la carga tributaria, el 77% correspondió a tributos nacionales, el 17% a provinciales y el 7% a municipales; por tipo, se destacaron IVA (34,4%) y Ganancias (32,0%), seguidos por Ingresos Brutos (13,7%). La cadena absorbió $6.320 por kilo en costos, $3.449 en impuestos y obtuvo $2.472 de resultado. En el eslabón frigorífico, el informe indicó una pérdida de $2 por kilo. Los fletes de punta a punta de la cadena representaron el 1,4% del precio (unos $175 por kilo), y el costo laboral totalizó el 11% (equivalente a $1.345 por kilo). Entre febrero y agosto de 2025, el precio al consumidor subió 19% frente a una inflación de 14,2% y los costos perdieron participación, mientras que impuestos y ganancias la ampliaron.

En pan francés, en agosto el kilo promedió $3.199 (con diferencias regionales: $3.760 en GBA y $2.111 en el NEA). La composición del precio se integró por 60% de costos, 24% de impuestos y 16% de ganancias. Por eslabones, el trigo explicó el 8%, el molino el 4%, la panadería el 64% y los impuestos el 24%. La carga tributaria se distribuyó 79% nacional, 19% provincial y 2% municipal; por tipo, prevalecieron IVA (44,4%), Ganancias (28,4%) e Ingresos Brutos (18,2%)

La cadena afrontó $1.927 por kilo en costos, $760 en impuestos y obtuvo $513 de resultado. La producción de trigo registró un resultado negativo de -$11 por kilo de pan. Los fletes incidieron 1,7% del precio (unos $53,4 por kilo) y la mano de obra totalizó 34% (unos $1.060 por kilo), con mayor peso en panaderías. El informe señaló que el precio del trigo se multiplicó por 12 entre el campo y la panadería. Entre febrero y agosto de 2025, los costos aumentaron por encima del precio del pan, lo que redujo la participación de las ganancias e impuestos en el precio final.

En leche entera en sachet (1 litro), en agosto el precio promedió $1.653. La estructura se compuso de 71% de costos, 26% de impuestos y 3% de ganancias (unos $56 por litro). Por eslabones, el tambo explicó el 28%, la industria el 26%, el comercio el 20% y los impuestos el 26%. La carga impositiva se repartió 79% nacional, 17% provincial y 4% municipal; por tipo, IVA concentró el 67,9% y Ingresos Brutos el 16,3%. La cadena afrontó $1.175 por litro en costos y $422 en impuestos. Los fletes representaron el 6,5% del precio (unos $108 por litro), y la mano de obra totalizó el 18% (unos $299 por litro), con mayor peso en el comercio. 

En el tambo, el precio promedio pagado fue de $474 por litro, los costos estimados ascendieron a $479 y los impuestos a $8, por lo que el resultado fue negativo en $13 por litro. El informe consignó que el precio se multiplicó por 3,5 entre el campo y la góndola y recordó que la leche tributó 21% de IVA, a diferencia de carne y pan, que aplicaron 10,5%.

Respecto de los granos, el maíz explicó el 8% del precio final de la carne bovina y el 4% del de la leche; en el pan francés, el trigo explicó el 9% del precio. Con base en los coeficientes oficiales de conversión y los precios de agosto de 2025, FADA estimó que, en promedio, casi el 90% del precio de estos productos respondió a otros componentes (costos diversos, márgenes e impuestos).

“Uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos”

La economista de FADA Antonella Semadeni explicó la metodología: “Distinguimos entre los costos de producción, los impuestos y las ganancias de cada uno de los eslabones de la cadena”. 

En términos generales y en promedio, el 60% del precio que paga un consumidor son costos de producción, el 15% son las ganancias sumadas de toda la cadena y el 25% son impuestos. Es decir, uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos”.

Para graficarlo, agregó: “Supongamos, vamos a la carnicería, compramos un kilo de carne, bueno, de ese kilo de carne que yo pago, 250 gramos los estoy pagando en concepto de impuestos. Lo mismo en el caso de la leche, yo compro un sachet de leche de un litro, un vaso que me tomo, de los cuatro que me voy a tomar, uno son impuestos. Y lo mismo en el caso del pan, voy a la panadería, compro cuatro pancitos, uno que estoy pagando son impuestos”. 

Al analizar el rol del Estado en la cadena, planteó que “funciona como una especie de eslabón más, que se lleva más que el resto de los eslabones, y no cría el animal, no transporta, no vende, no asume riesgos, no invierte, no madruga, por así decirlo, pero cobra el 25% de cada precio final”.

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