Massa apuesta a la campaña del miedo: “Si gana la oposición, el boleto de tren pasa a costar $1100”
El "súperministro" de Economía apuntó contra la quita de subsidios y la privatización de los ferrocarriles para intentar retener al electorado.
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El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, volvió a agitar la campaña del miedo de cara a las elecciones generales de octubre y sostuvo que el boleto de tren pasaría a costar 1100 pesos en caso de que la oposición “gane las elecciones”.
“Si hay cambio de Gobierno el boleto de tren pasa a valer 1100 pesos y el mínimo de colectivo 700 pesos. No solo piensan en privatizar ferrocarriles, también en eliminar la ayuda del Estado en los boletos. Hagan la cuenta, piensen en la vida de cada estudiante, jubilado, laburante, lo que pasa a significar pagar eso por un boleto”, sostuvo el ministro de Economía
Luego lanzó dardos contra la oposición, aunque sin mencionarlos. “Unos plantean dolarización, la bandera de Estados Unidos en el Banco Central. Otros una dolarización cobarde, plantean convivir porque no se animan a hacerlo. Nosotros sabemos que es con una moneda fuerte y no depender de nadie. no queremos seguir siendo mendigos del mundo”
Fue durante un acto en San Vicente, donde se inauguró un paso bajo nivel del ferrocarril Roca. “Sabemos que muchos de los vecinos del Conurbano y del país sienten la frustración, pero no se resuelve volviendo atrás. Ahí está la violencia y perder poder adquisitivo”, dijo.
El “superministro” de Economía, Sergio Massa.
Junto a Massa se encontraba el gobernador provincial, Axel Kicillof, quien agitó contra el Fondo Monetario Internacional y acusó al organismo de creerse “con derecho para dirigir la obra de nuestro país”. “Con el crédito que tomó (Mauricio) Macri, con toda esa deuda que hoy nsaos oprime, se podrían haber hecho 9 mil viaductos”, sostuvo.
Kicillof también agitó la referencia al aumentazo del boleto en el transporte público. “Los bonaerenses saben que no se pueden pagar, y los empresarios que tendrían que pasar esos costos a los salarios. Van a traer calamidades en la provincia, nos va dejar sin viaductos, hacer mas caros los pasajes y solo sirve para apagar las deudas que ellos tomaron”, agregó el candidato a gobernador bonaerense.
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.
En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.
– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina
En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.
La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.
Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.
El Juzgado Federal N°1 de la provincia de Corrientes sancionó a La Libertad Avanza (LLA) por no haber presentado el informe final de los gastos de campaña de las elecciones del 26 de octubre de 2025. La resolución impone una pena económica y congela los fondos que el Estado le transfiere al partido, un sacudón político en plena arena electoral.
La decisión fue comunicada formalmente tanto a la Cámara Nacional Electoral como a la Dirección Nacional Electoral (DINE), lo que la elevó de una cuestión distrital a un expediente con seguimiento federal.
La resolución judicial contempla tres medidas especialmente severas. Por un lado, impone una multa económica equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido en el distrito, una sanción que recae sobre los recursos del Fondo Partidario Permanente que el gobierno distribuye mensualmente para el sostenimiento de las actividades ordinarias.
Además, establece la suspensión cautelar de todo tipo de financiamiento estatal mientras persista la transgresión, una disposición de carácter provisional pero de efecto inmediato que puede ser levantada si la situación se regulariza.
A esto se suma una intimación de 15 días para que los apoderados presenten el informe adeudado, bajo apercibimiento de perder de manera definitiva el acceso a los fondos públicos en caso de no cumplir dentro del plazo fijado.
– Lisandro Almirón
Si el partido no regulariza la situación dentro del plazo fijado desde el 8 de abril, la ley habilita al juez a declarar “no acreditados” el origen y destino de los fondos de campaña. Se trata de una sanción con consecuencias graves, ya que significa que la Justicia Electoral considera que LLA no puede justificar cómo obtuvo o en qué gastó el dinero de su campaña. En casos más graves, la ley también prevé la pérdida del derecho a recibir financiamiento público por hasta cuatro años, según el artículo 62 de la norma.
La Ley 26.215 estipula un régimen escalonado de sanciones en función del tiempo que el partido lleve sin presentar el reporte. Si la mora es de hasta 30 días, corresponde una multa equivalente al 10% de los aportes públicos electorales.
Cuando el incumplimiento se extiende entre 31 y 90 días, la sanción se duplica y pasa al 20%. En los casos en que la demora supera los 90 días, la norma dispone la suspensión cautelar de todos los aportes públicos y una intimación de dos semanas para que la situación sea regularizada.
¿Qué candidatos estaban en juego?
En las elecciones del 26 de octubre de 2025 en Corrientes se renovaron tres bancas de diputados nacionales. La lista de LLA fue encabezada por Virginia Gallardo, acompañada por Isidro Gapel Redcozub. LLA obtuvo el 32,68% de los votos, muy cerca del oficialismo provincial “Vamos Corrientes” con 33,91%, y se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue considerado un resultado sorprendente, dado el fuerte crecimiento del partido en la provincia respecto a las PASO del 31 de agosto.
Las elecciones fueron el 26 de octubre de 2025. La resolución se firmó el 8 de abril de 2026, es decir, unos cinco meses y medio después. Eso ubica el incumplimiento claramente en la franja de “más de 90 días”, lo que explica la multa del 20% y la suspensión simultánea de los fondos. En síntesis, LLA de Corrientes no solo llegó tarde, sino que directamente no presentó el balance económico.
– Lisandro Almirón e Isidoro Gapel Redcozub
La decisión judicial no cae en el vacío. Corrientes tuvo dos elecciones en 2025, con las provinciales del 31 de agosto (donde el armado del exgobernador Gustavo Valdés ganó cómodamente la gobernación con más del 51%, y LLA con Lisandro Almirón apenas obtuvo alrededor del 9.5%) y las nacionales del 26 de octubre, donde LLA se recuperó notoriamente. La sanción se conoce en un momento en que el espacio libertario sigue construyendo su estructura orgánica en la región norte.
Este tipo de sanciones no es exclusivo de LLA, debido a que desde 2013 hasta 2021, la Justicia Electoral aplicó más de 1.500 sanciones a distintas agrupaciones por irregularidades en los informes de campaña, con un récord de 479 sanciones solo en 2021. Lo que llama la atención en este caso es que afecta al oficialismo, cuya imagen pública se construyó en parte sobre la bandera de la transparencia y el recorte.
La medida se enmarca en una estructura donde todo partido político que compita por cargos nacionales está obligado por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a rendir ante la Justicia Electoral dos presentaciones contables. Uno previo (antes de la elección) y uno final (después), detallando todos los ingresos recibidos y los gastos realizados durante el proceso electoral.
Esta rendición debe presentarse utilizando una plataforma oficial de INFIPP, provista por la Cámara Nacional Electoral, debe incluir también los gastos en redes sociales y plataformas digitales. La legislación obliga a identificar el origen de cada peso, ya fuera en concepto de donaciones, aportes públicos u otros ingresos específicos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) restringió el acceso público a las resoluciones de sanciones antiguas luego de un pedido formal del Banco Hipotecario, entidad presidida por Eduardo Elsztain. La decisión, revelada por elDiarioAR, implicó que desde el lunes pasado dejaran de figurar en el buscador principal los textos completos de multas firmes con más de cinco años de antigüedad, que hasta la semana anterior podían consultarse online sin restricciones.
El cambio no eliminó esos antecedentes del sitio oficial, pero sí les quitó visibilidad. Ahora, las sanciones más viejas quedaron relegadas a un apartado secundario bajo la leyenda “Acceso al registro histórico de sanciones”. Allí solo aparece el listado, sin enlace para abrir cada resolución. Quien quiera conocer el contenido de esos expedientes debe iniciar un trámite formal por la vía de acceso a la información pública.
La modificación tuvo un efecto concreto sobre el propio Hipotecario. Entre las sanciones que dejaron de estar disponibles en forma abierta quedó la multa firme aplicada al banco en 2019, que ya no aparece con el mismo nivel de exposición que tenía hasta hace unos días. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a ese punto: evitar que resoluciones antiguas, fácilmente localizables a través de buscadores de Internet, siguieran generando un daño reputacional ante inversores o actores del sistema financiero internacional.
Desde el Ministerio de Justicia, que controla la UIF, defendieron la medida con un argumento preventivo. Según la explicación citada por citado medio, se decidió “ajustar la información publicada” para evitar futuros planteos vinculados al llamado “derecho al olvido” y eventuales reclamos por daños y perjuicios. La cartera está a cargo de Juan Bautista Mahiques, quien llegó al puesto por impulso de Karina Milei, en medio de la interna oficialista y del avance de causas sensibles para el Gobierno.
En términos jurídicos, la modificación no altera el valor de esas sanciones antiguas. Antes y después del cambio, las multas con más de cinco años de antigüedad seguían funcionando como antecedente para inspecciones del organismo, aunque ya no podían utilizarse para agravar nuevas sanciones. El punto sensible pasa por otro lado: la exposición pública de esos castigos y su impacto sobre la imagen de las entidades alcanzadas.
Ese aspecto no es menor en materia de prevención del lavado. La publicidad de las sanciones también opera como castigo reputacional, un componente especialmente valorado por los estándares internacionales. En países como la Argentina, donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales por lavado casi no aparecen, esa dimensión adquiere todavía más peso.
Por eso el tema se conecta con las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a sus miembros no solo por el diseño formal de sus normas, sino también por la eficacia real de sus mecanismos de control. En ese frente, la Argentina ya arrastra otros puntos de tensión: la elevada rotación en la conducción de la UIF durante la gestión de Javier Milei, con cuatro jefes en poco tiempo, uno de los cuales ni siquiera llegó a asumir, y la postulación de Matías Álvarez, impulsado por Mahiques, que todavía debía atravesar la audiencia pública correspondiente. A eso se suma el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal, que relajó el control antievasión tributaria, pero no el antilavado.
La decisión de restringir el acceso a las resoluciones antiguas no fue adoptada por Álvarez, sino por el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, identificado con la línea de Santiago Caputo, hoy en retroceso dentro de distintos organismos del Estado. Tampoco surgieron objeciones desde el Ministerio de Justicia ni desde el entorno de la Secretaría General de la Presidencia.
El movimiento se produjo, además, en un contexto de cercanía política y personal entre Milei y Elsztain. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato libertario se alojó en el Hotel Libertador, propiedad del empresario. Ese mismo año ambos viajaron juntos a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, referente espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.
Según la investigación de elDiarioAR, no trascendieron negocios estatales directos que hayan favorecido a las empresas de Elsztain durante la administración libertaria. De todos modos, el empresario conserva un peso específico en el mundo financiero y corporativo. A través de firmas como IRSA y Cresud, además, avanzó en inversiones mineras en San Juan y Salta, dentro de un sector beneficiado en términos generales por los cambios sobre la Ley de Glaciares, aunque sin precisiones oficiales sobre el impacto puntual en cada proyecto.
El nuevo esquema de publicación también dejó expuesta una inconsistencia en el criterio aplicado por la UIF. En la sección de sanciones todavía visibles figuran antecedentes de BBVA de 2023, pero también aparecen casos anteriores al supuesto corte de cinco años, como Galicia, cuya sanción es de 2010, y Macro, con una resolución de 2020. En cambio, dentro del archivo histórico y ya sin acceso al detalle quedaron Patagonia con una multa de 2018, Supervielle con una de 2014 y Comafi con una de 2018.
*Con información de elDiarioAR (Alejandro Rebossio)
En una entrevista exclusiva con el periodista Eduardo Prestofelippo (conocido popularmente como “El Presto”), la concejal del PRO en Villa Gesell Clarisa Armando, reveló en el programa de streaming Canal EY!, durante el segmento Perdón X La Vehemencia, que el intendente Gustavo Barrera percibe “cerca de $20 millones” mensuales.
“Gana más que el presidente”, afirmó Armando, agregando que “él y todos los funcionarios tienen una herramienta que se llama los adicionales, que duplica, en algunos casos al 200%, el 150%, en otros el 100%, el sueldo base. Ningún funcionario se deja de cobrar el adicional por función. Y el intendente lo cobra, cobra por representarnos un adicional, por función completa, por la representación que tiene porque viaja.”
El líder comunal Barrera, del partido kirchnerista de Unión por la Patria (UxP), y que gobierna el municipio desde 2014, es decir, lleva más de 12 años al frente de la localidad. Este dato es central, ya que la oposición usa su larga gestión para señalarlo como el principal responsable del deterioro financiero acumulado.
La acusación de que Barrera cobra alrededor de $20 millones por mes circuló en ese contexto político, en el que la discrepancia reclama que se publiquen los sueldos de toda la planta política. Armando también denunció que el intendente “fue acomodando a cada uno de los militantes que responden al intendente Barrera, por encima de todos los empleados de carrera del municipio”.
“Es una locura lo que te estoy diciendo, pero es real. Y lo hacen por decreto. O sea, él mismo firma su aumento. Él mismo le firma el aumento, el adicional, a sus funcionarios. Si vos, o cualquier vecino que se meta y pueda ver los decretos que están publicados, esos decretos figuran cuando descaradamente se lo cobran”, recalcó Armando.
En síntesis, la crítica no sería solo al número del sueldo en sí, sino a la opacidad con que se maneja la nómina política en una administración que dice no tener dinero.
La crisis financiera de Villa Gesell es real y está documentada. Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, el municipio perdió $3.653 millones en recursos, resultado de una caída de $2.903 millones durante 2025 y otros $750 millones en los primeros meses de este año. A eso se suma un fuerte incremento de la deuda municipal, que pasó de $39 millones en 2014 a casi $10.000 millones en 2025, lo que representa un aumento del 25.000%, según un informe del bloque PRO en el Concejo Deliberante.
“También le cobra a los vecinos cuando tiene que viajar a otro lado en representación del municipio. Se llaman gastos por representación y lo cobra todos los meses”, indicó Armando.
Barrera atribuye la crisis principalmente al recorte de coparticipación por parte del gobierno nacional del presidente Javier Milei y la caída de la actividad económica. La contraposición, en cambio, destaca que el deterioro comenzó antes y es producto de una administración deficiente durante 12 años.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) dio a conocer en abril de 2026 su informe semestral “Composición de Precios”, elaborado con datos de febrero de 2026, en el que analizó cómo se forman los precios de tres alimentos esenciales de la canasta básica: la carne vacuna, el pan francés y la leche entera en sachet.
La conclusión central del trabajo es que uno de cada cuatro pesos que los consumidores destinan a esos productos va a parar a las arcas del Estado (ya sea nacional, provincial y municipal) en concepto de impuestos.
“En otras palabras, cada 4 bollitos de pan, nos comemos uno de impuestos y nos tomamos un vaso de leche por cada sachet”, precisó María Luz Silvetti, economista de la entidad.
La carne, el alimento con mayor carga impositiva
En el caso de la carne vacuna, el kilo tuvo un precio promedio de $16.780 en febrero de 2026. De ese total, el 51% corresponde a costos de producción, el 28% a impuestos y el 21% a ganancias de la cadena. Según FADA, los impuestos se ubican como el segundo componente de mayor peso en el precio final, por detrás únicamente del criador, que representa el 35%. Le siguen la carnicería con el 20%, el feedlot con el 16%, y el frigorífico con apenas el 1%.
Del total de impuestos en la cadena cárnica, el 75% son nacionales, el 20% provinciales y el 5% municipales. Los tributos de mayor participación son el IVA (que representa el 33% del total impositivo) y el Impuesto a las Ganancias (30%), seguidos por Ingresos Brutos (18%). En conjunto, esos tres gravámenes suman el 81% de la carga impositiva total.
Cabe señalar que la carne tributa un IVA reducido del 10,5%, menor al que soporta la leche.
“Para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva años, con costos importantes como la tierra donde se crían los animales, la sanidad, la alimentación, el transporte, el personal”, explicó la economista de FADA Fiorella Savarino.
En el período comprendido entre agosto de 2025 y febrero de 2026, el precio de la hacienda registró subas por encima de la inflación acumulada del 16,5%: el ternero aumentó 78%, el novillito 46%, la carne al gancho 42% y el precio al consumidor 38%. Si se compara con un año atrás (con una inflación del 33,1%) el ternero se incrementó 106%, el novillito 66% y la carne al consumidor 64%.
Los altos precios de la carne vacuna tuvieron un efecto directo sobre las mesas de nuestro país. El consumo per cápita anual de carne bovina cayó cinco kilos: pasó de 49,5 kilos en 2025 a 44,5 kilos en 2026. En contraste, el consumo de carne porcina creció un kilo y medio y superó los 19,3 kilos per cápita anuales.
Pan y leche | Impuestos también por encima del 20%
En el pan francés, con un precio promedio de $3.538 el kilo en febrero de 2026, los costos representaron el 61%, los impuestos el 24% y las ganancias de la cadena el 15%. El precio tuvo marcadas diferencias regionales: en el Gran Buenos Aires se vendió a $4.202 el kilo, mientras que en la región noreste el promedio fue de $2.230, según datos del INDEC. Por eslabones, la panadería concentró el 65% del precio final, seguida por los impuestos (24%), el trigo (7%) y el molino (4%). En todo el recorrido del campo a la góndola, el precio del trigo se multiplicó por 13,5.
En la leche entera en sachet de 1 litro, con un precio promedio de $1.750, el 71% correspondió a costos, el 26% a impuestos y apenas el 3% a ganancias de la cadena. La distribución por eslabones fue: tambo 27%, industria 24%, comercio 23% e impuestos 26%. A diferencia de la carne y el pan, la leche afronta una alícuota del IVA del 21%, lo que eleva considerablemente su carga impositiva: ese tributo explica el 67% de todos los impuestos de esa cadena. El precio del sachet se multiplicó por 3,6 desde el campo hasta la góndola.
Los granos no son los culpables
Ante los frecuentes señalamientos sobre el rol de los precios agrícolas en la inflación alimentaria, FADA precisó la participación real de los granos en los productos finales. El maíz representa el 12% del precio final de la carne de cerdo, el 13% en carne aviar, el 6% en carne bovina y el 4% en leche. El trigo, por su parte, participa con el 10% del precio final del pan francés.
“De esta forma, se deduce que los granos no influyen tan fuertemente, ya que alrededor del 90% de los costos son otros“, expresó Semadeni. Entre esos otros factores se encuentran los costos de insumos, alquileres, salarios, energía, transporte, comercialización y administración.
El conflicto en Medio Oriente presiona a las góndolas
El informe de FADA incluyó además un análisis sobre el impacto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, que derivó en el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, el 25% del gas y cerca de la mitad de los fertilizantes, en particular la urea, utilizada de manera intensiva en la producción agrícola y especialmente en el cultivo de trigo.
En ese contexto, la inflación de marzo de 2026 fue del 3,4%, con aumentos significativos en los rubros Transporte (4,1%) y Vivienda, electricidad, gas y combustibles (3,7%), vinculados al fuerte incremento del precio internacional del petróleo —de hasta el 50%— y su traslado al mercado local de combustibles, donde los aumentos oscilaron entre el 20% y el 25% en marzo.
“Lo que pasa en Medio Oriente afecta nuestros bolsillos: en el actual contexto de guerra, el primer costo que va a subir es el de los fletes, principalmente por el aumento en los combustibles debido al bloqueo del estrecho de Ormuz. El flete representa el 6% del precio del sachet de leche y es el 8% de los costos del productor de trigo”, subrayó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA. “Los aumentos en la logística van a repercutir en precios y en las ganancias de los diferentes eslabones que producen estos alimentos”, concluyó.
Según la estimación de FADA, el impacto de los aumentos registrados en las tarifas de transporte (13,6% en marzo) sobre el precio final de los alimentos sería del 0,2% en el pan y del 0,8% en la leche. Otros eslabones que podrían verse afectados son el tambo, la cría y el feedlot, cuya operación depende en gran medida del combustible. En términos generales, la fundación estimó que el aumento de costos superará las mejoras en los precios de los commodities, con posibles efectos de traslado a precios cuya magnitud dependerá de la evolución y duración del conflicto.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajó a España para participar de la Movilización Progresista Mundial (MPM), organizada por el presidente español Pedro Sánchez.
“Las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente. Necesitamos respuestas conjuntas de Latinoamérica y Europa para construir un mundo más multipolar y evitar la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”, afirmó Kicillof, buscando justificar de alguna manera su viaje.
Lo que generó controversia pública fue el conocimiento del nivel de gasto que implicó el viaje por más de USD$150.000 en pasajes, viáticos y estadía para una comitiva de al menos 20 personas, financiados en su mayoría por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A esto se sumó una segunda delegación del Partido Justicialista (PJ), encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, con costos aún no revelados.
La delegación oficial encabezada por Kicillof exhibió un núcleo político claramente identificado, con la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública y Cecilia Nicolini, diputada del Parlasur y asesora en Asuntos Internacionales. También formaron parte de la comitiva otros funcionarios del gobierno bonaerense, además de cónyuges, secretarios y personal técnico.
– Kicillof junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
El monto reportado corresponde únicamente a tres rubros, ya sean pasajes aéreos, viáticos y estadía. El promedio por individuo ronda los USD$6.000. Aún no sé esclareció los otros costos adicionales que supuestamente habrían sido afrontados por los propios funcionarios y consortes.
Un vuelo en clase ejecutiva (business) ida y vuelta entre Buenos Aires y Barcelona tenía un costo aproximado de USD$13.500 en la fecha del viaje. En clase económica, los precios rondan entre USD$1.000 y USD$1.600 ida y vuelta.
– La viepresidente II de España, Yolanda Díaz Pérez
Para una comitiva de 20 personas en ejecutiva, solo en pasajes el gasto podría quedar en USD$270.000.
La delegación se alojaría en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, uno de los hoteles más lujosos de España, ubicado en la Plaza de la Lealtad. La cifra de USD$12.000 por noche corresponde al costo de varias habitaciones del establecimiento, que en cotizaciones actuales de plataformas como Expedia muestra precios que parten desde USD$1.100 por habitación por noche para fechas similares. Dado que la delegación permaneció varias noches y en múltiples habitaciones, el gasto en alojamiento acumula rápidamente cifras elevadas.
Los viáticos incluyen gastos diarios de movilidad, alimentación y otros gastos personales. Para una comitiva numerosa, estos suman fácilmente decenas de miles de dólares en pocos días.
Al mismo evento viajó una segunda delegación impulsada institucionalmente por el PJ y convocada por su propia presidenta, Cristina Kirchner. La encabezó el senador Eduardo “Wado” de Pedro, histórico referente de La Cámpora y quien concentra el control político del CFI en los últimos años.
Junto a él viajaron Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado, Eduardo Valdés, también diputado, Nicolás Trotta, exministro de Educación y legislador, Lucía Cámpora, diputada y nieta de Héctor Cámpora, además de Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Delfina Rossi, Franco Metaza, Gustavo Menéndez, Soledad Magno y Valentina Morán.
Por su parte, el viaje tuvo una clara carga de posicionamiento político de Kicillof de cara al escenario electoral de 2027, año en el que se elegirá presidente.
La primera impugnación formal contra el cobro de multas para recuperar los costos de los operativos por amenazas escolares fue presentada por Rodolfo Mingarini, un exjuez destituido por unanimidad tras liberar a un hombre luego condenado por violación, al poner en duda el ataque porque el agresor “se había tomado el tiempo de ponerse el preservativo”.
Desde la oposición, exigen que se publiquen los haberes de los funcionarios y responsabilizan al intendente por el deterioro financiero del municipio. Se señaló que él y otros funcionarios cobrarían “sumas extra por función”.
Gremios, usuarios y familiares de víctimas pidieron declarar la emergencia vial y apuntaron contra el recorte presupuestario, la pérdida de personal técnico, la paralización de obras y el avance de concesiones por peaje como salida oficial frente a la crisis.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
