Massa apuesta a la campaña del miedo: “Si gana la oposición, el boleto de tren pasa a costar $1100”
El "súperministro" de Economía apuntó contra la quita de subsidios y la privatización de los ferrocarriles para intentar retener al electorado.
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El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, volvió a agitar la campaña del miedo de cara a las elecciones generales de octubre y sostuvo que el boleto de tren pasaría a costar 1100 pesos en caso de que la oposición “gane las elecciones”.
“Si hay cambio de Gobierno el boleto de tren pasa a valer 1100 pesos y el mínimo de colectivo 700 pesos. No solo piensan en privatizar ferrocarriles, también en eliminar la ayuda del Estado en los boletos. Hagan la cuenta, piensen en la vida de cada estudiante, jubilado, laburante, lo que pasa a significar pagar eso por un boleto”, sostuvo el ministro de Economía
Luego lanzó dardos contra la oposición, aunque sin mencionarlos. “Unos plantean dolarización, la bandera de Estados Unidos en el Banco Central. Otros una dolarización cobarde, plantean convivir porque no se animan a hacerlo. Nosotros sabemos que es con una moneda fuerte y no depender de nadie. no queremos seguir siendo mendigos del mundo”
Fue durante un acto en San Vicente, donde se inauguró un paso bajo nivel del ferrocarril Roca. “Sabemos que muchos de los vecinos del Conurbano y del país sienten la frustración, pero no se resuelve volviendo atrás. Ahí está la violencia y perder poder adquisitivo”, dijo.
El “superministro” de Economía, Sergio Massa.
Junto a Massa se encontraba el gobernador provincial, Axel Kicillof, quien agitó contra el Fondo Monetario Internacional y acusó al organismo de creerse “con derecho para dirigir la obra de nuestro país”. “Con el crédito que tomó (Mauricio) Macri, con toda esa deuda que hoy nsaos oprime, se podrían haber hecho 9 mil viaductos”, sostuvo.
Kicillof también agitó la referencia al aumentazo del boleto en el transporte público. “Los bonaerenses saben que no se pueden pagar, y los empresarios que tendrían que pasar esos costos a los salarios. Van a traer calamidades en la provincia, nos va dejar sin viaductos, hacer mas caros los pasajes y solo sirve para apagar las deudas que ellos tomaron”, agregó el candidato a gobernador bonaerense.
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El mapa laboral argentino sufrió una mutación forzada por la crisis: en los últimos 24 meses, el cierre sostenido de empresas y la contracción de la industria nacional empujaron a una masa crítica de trabajadores hacia la única ventanilla que permanece abierta sin requisitos de ingreso: trabajar con las aplicaciones. No es una elección de libertad, sino un desplazamiento tectónico. Hoy, 1,1 millones de argentinos operan como el último eslabón de una cadena de valor que se alimenta de la falta de alternativas. De ese total, 900.000 se volcaron al transporte de pasajeros y 200.000 al reparto de mercaderías, configurando un récord histórico que expone el vaciamiento del mercado de trabajo tradicional.
La composición de este nuevo ejército de la calle revela la profundidad del daño social. Un 15% de quienes hoy conducen un vehículo o pedalean una bicicleta bajo el sol tucumano o el asfalto porteño poseen títulos universitarios.Son profesionales que el sistema formal ya no puede absorber y que terminan compitiendo por un espacio en un mercado donde la oferta está totalmente saturada. Esta sobrepoblación de prestadores tiene un efecto directo y devastador: la pulverización de la ganancia individual. Cuantos más argentinos caen en las apps por necesidad, menos viajes y repartos quedan disponibles para cada uno, licuando el valor del tiempo de trabajo.
La trampa se cierra con la extensión de la jornada laboral.Para alcanzar un ingreso de $1.300.000 mensuales, un trabajador debe estar conectado y activo entre 10 y 12 horas por día, de lunes a lunes. Este monto, que en los papeles parece una cifra de subsistencia, se desvanece al descontar el mantenimiento de los vehículos, el combustible y el costo de vida en un contexto de inflación que no termina de bajar. El resultado no es progreso, es la administración de la pobreza a través de una pantalla.
Estado de protección o legalización de la precariedad
El Proyecto de Modernización Laboral busca institucionalizar la figura del “prestador independiente”, permitiendo que más de un millón de trabajadores gestionen sus propios aportes sin relación de dependencia. Mientras las empresas defienden esta “flexibilidad”, para el trabajador significa que el dueño de la aplicación no asume ninguna responsabilidad sobre quien genera su ganancia.
La clave de la reforma es el Régimen de Autónomos Digitales, que propone una retención obligatoria del 2% de los ingresos para un fondo de protección social. Aunque busca cubrir seguros de accidentes, la cifra es marginal ante la alta siniestralidad y la inseguridad que hoy costea íntegramente el repartidor. Según declaran los sindicatos, esto no sería modernización, sino un blindaje legal para que las empresas eviten pagar aguinaldos, vacaciones, ART y licencias, consolidando un modelo de subsistencia sin red de contención.
El patrón sistémico de la asfixia
La economía de plataformas se convirtió en la terminal de ahorro forzoso para una clase media desocupada, pero también en una trampa financiera. Al operar mayoritariamente bajo el esquema de monotributo o informalidad, este millón de nuevos trabajadores queda excluido del crédito bancario tradicional. El resultado es un desplazamiento hacia las fintech y billeteras virtuales, donde el costo del dinero es sustancialmente más alto y la mora del pago de créditos ya alcanza niveles críticos del 25%, e incluso el 63% en apps como Ualá, como ya explicamos en esta nota.
El círculo de la deuda se cierra sobre la herramienta de trabajo. Para financiar el mantenimiento del vehículo o cubrir baches de consumo básico, el trabajador de apps recurre a préstamos digitales con tasas usurarias. Esta asfixia financiera es el reflejo de un sistema que no genera empleo, sino subsistencia: el ingreso mensual se diluye entre el pago de cuotas de microcréditos y los gastos operativos, dejando al prestador en un estado de vulnerabilidad permanente ante cualquier imprevisto mecánico o de salud.
La consolidación de Uber, Pedidos Ya y otras aplicaciones no responde a un auge del emprendedurismo, sino a la contracción de la unidad productiva PyME. Lo que el relato oficial intenta vender como “normalización laboral” es, en la práctica, la gestión de la escasez. En la Argentina de 2026, el algoritmo no es un socio, sino el último recurso de un trabajador que ha sido expulsado de la formalidad y que hoy pedalea para no caer definitivamente del mapa social.
No es el resultado de un desarrollo de laboratorio reciente, sino de la ocurrencia de un grupo de productores franceses que hace 20 años mezclaron manzanas de pulpa roja con variedades de alta calidad. Así nació una variedad de manzana bautizada Kissabel, que en la primavera de 2016 tuvo su primera campaña comercial en Europa y aquí recién está dando sus primeros pasos.
La firma a cargo de su desarrollo local es Moño Azul, una empresa frutícola de amplia trayectoria que forma parte del Grupo Prima y que tiene la licencia exclusiva en el país. En 2024 inició con sus primeras pruebas comerciales -con su desembarco en el Mercado Central- y ahora, aseguran, esperan una buena temporada.
Puede ser roja o amarilla por fuera, pero lo importante está dentro. Esta variedad de pulpa roja o rosada se caracteriza por tener un sabor entre dulce y ácido, ser muy jugosa y crujiente y albergar un alto contenido de vitamina A, C, calcio, magnesio, vitamina E, fósforo, cobre, vitamina K y boro.
Pero en Argentina la Kissabel aún no puebla las góndolas a gran escala, sino que aún su producción comercial es limitada porque se trabaja en las pruebas comerciales. Con una producción limitada en chacras propias, la licenciataria local evalúa su adopción local y su potencial exportación.
La situación, de hecho, es muy similar a lo que ocurre en otros países del hemisferio sur, como Chile, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, donde se espera un avance tras los buenos resultados obtenidos en Europa, donde destacan la calidad, el volumen y el “interés creciente” por parte de los consumidores.
En particular, durante la campaña 2025 en el Viejo Continente la producción escaló un 25% con buenos precios, alta calidad y una buena adopción entre los consumidores.
Así como en Argentina la firma a cargo de su promoción es Moño Azul, en cada país productor hay un socio que integra el programa. Según lo expresado por Red Apple Germany, en Alemania hubo una cosecha récord con altos estándares de calidad. En Francia, Mesfruits y Blue Whale también mostraron el pulgar hacia arriba.
Por su parte, en Suiza, la firma Fenaco consolidó la comercialización mediante alianzas en gastronomía e industria, y en Italia aseguran que el 2025 fue un gran año.
“Con esta base, avanzamos hacia la temporada del hemisferio sur, donde continúan las fases comerciales iniciales y los ensayos, junto a socios estratégicos que fortalecen el desarrollo de Kissabel a nivel global”, expresó Emmanuel de Lapparent, responsable del programa Ifored, el consorcio que impulsa esta variedad de manzanas, tras ser consultado por el sitio Portal Frutícola.
Mientras en Argentina se trabaja en la multiplicación en el único vivero autorizado, “Los Álamos de Rosauer”, en tierras chilenas ya hay indicios de producción comercial y desde Unifrutti, la empresa que tiene allí la licencia, aseguran que el objetivo es enviar lo más rápidamente posible su producción a Brasil.
Por su parte, Australia cuenta hoy con uno de los proyectos más avanzados, y la estrategia de posicionamiento comercial incluye degustaciones, activaciones en puntos de venta, alianzas con restaurantes y campañas digitales. “Nuestro objetivo es posicionar a Kissabel como la manzana ‘foodie’ por excelencia”, explicó Michelle Hau, directora de marketing de Montague Farms, en diálogo con el medio especializado.
El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, presentó el Sistema Social (SISOC), una plataforma tecnológica integral que centraliza la información de personas, familias y espacios comunitarios alcanzados por programas sociales del Estado nacional.
El lanzamiento se realizó en un encuentro con la prensa en el que participaron el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez; el subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera; y Paola Bohórquez, coordinadora del Área de Desarrollo Inclusivo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El sistema registra actualmente 7,2 millones de perfiles individuales y más de 3.600 centros comunitarios. Todo el desarrollo fue realizado por programadores de la propia Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sin contratar empresas externas ni realizar licitaciones. En palabras de Lepera, la incorporación de inteligencia artificial potenció el trabajo del equipo interno. Con esa nueva herramienta, “un recurso propio hoy vale por diez. Lo que antes llevaba quince días, ahora lo hacemos en una fracción del tiempo”.
Ordoñez subrayó que el sistema parte de la visión impulsada por la ministra Pettovello, enfocada en la transparencia, la eliminación de intermediarios, la trazabilidad y la eficiencia. El secretario también describió el estado de situación que encontraron al asumir: “No existían nada más que infinidad de exceles con información dispersa, no se intercambiaba la información. Nadie tenía una mirada completa sobre la totalidad de las políticas públicas que se llevaban adelante y eso obviamente dificulta la gestión, complica la transparencia y el entendimiento global”.
Tres etapas permitieron el desarrollo del SISOC. En 2024 comenzó la digitalización y la generación de registros básicos. Luego se automatizaron procesos y se incorporó la interoperabilidad con otros organismos del Estado. En 2025, el ministerio incorporó inteligencia artificial y análisis predictivo. “Pasamos de una gestión reactiva que llegaba tarde y no tenía datos, a empezar a anticiparnos”, resumió Lepera.
Radiografía en tiempo real de cada beneficiario
El núcleo del sistema es lo que denominaron la “historia social digital”: cada persona tiene un legajo único que concentra sus datos personales, las intervenciones del Estado sobre su situación, los vínculos familiares y los programas a los que adhiere. El sistema mantiene ese legajo actualizado al instante (dónde está la persona, a qué espacios asiste, qué coberturas recibe, cómo está compuesto su grupo familiar y si accede o no a las prestaciones disponibles).
Para Ordoñez se trata de un salto cuántico. “De un individuo que estaba suelto por el universo ahora tenés la radiografía que sirve para mejorar la calidad de las prestaciones y asegurarnos que reciba todo lo que tiene que recibir”.
– Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Bautista Ordoñez
Esta información se construye a partir del cruce de bases de datos del Ministerio de Capital Humano con ANSES, ARCA, RENAPER, Progresar y sistemas provinciales a través del SINTI, la única base de datos nacional con cruces interprovinciales consolidados.
También se trabaja con diferentes administraciones provinciales y se prevé lograr, en el mediano plazo, una sinergia con los municipios.
Bohórquez destacó que la herramienta “no es un registro administrativo, es un sistema dinámico con infinita posibilidad de actualización online y on the spot (es decir en el momento y en el lugar donde ocurre la situación), que te permite no solo predecir sino adelantarte y ajustar la política de forma instantánea”.
Los datos descubren lo que el Estado no veía
El SISOC incorpora algoritmos de inteligencia artificial que detectan desvíos en tiempo real. El sistema identifica a personas que figuran en más de un centro simultáneamente o que reciben la misma prestación dos veces el mismo día.
También cruza datos patrimoniales. Al analizar la situación socioeconómica de los beneficiarios, el ministerio detectó casos de personas con cinco propiedades o cuatro vehículos que recibían asistencia del Estado. En esos casos, se procedió a darlos de baja.
El sistema también detecta brechas de acceso. Si una persona, por ejemplo, se anotó en el plan de los Mil Días durante el embarazo y tiempo después no figura ningún registro de documentación del bebé, se genera una alerta automática. “Sabemos que ahí hay un chico que no tiene documentación. Si no tiene documentos, no accede a toda una serie de beneficios que existen a disposición para ese tema”, planteó Ordoñez.
No todas las alertas implican irregularidades. En un caso concreto, el sistema detectó que un centro realizó muchas operaciones pequeñas en un mismo día. La investigación reveló que los operadores no sabían cuánto tiempo le quedaba a la tarjeta de pagos. “A veces no es un fraude, sino un problema. Pero igual nos sirvió para detectarlo”, reconocieron desde el Ministerio.
Los centros comunitarios, bajo seguimiento permanente
El sistema registra los 3.600 espacios comunitarios con los que trabaja la Secretaría. Cada centro tiene su propio legajo donde constan presupuesto, rendiciones, actividades, infraestructura disponible y nómina de asistentes y es auditado de dos maneras: de forma presencial (cada dos meses de manera sorpresiva) y de forma virtual mediante llamadas aleatorias.
La lógica es directa. Si el sistema indica que un espacio abre, por ejemplo, los martes, la auditoría verifica que efectivamente esté abierto ese día y que haya personas dentro.
En los próximos meses, los centros recibirán una aplicación móvil con georeferenciación que funciona sin conexión a internet. La herramienta les permitirá cargar actividades, gestionar asistencia y rendir cuentas de forma digital.
– Subsecretario de Promoción Humana, Martín Lepera
Hasta ahora, la carga de datos era manual: los centros enviaban listas de nombres a mano, una modalidad que el ministerio busca dejar atrás.
El relevamiento de centros arrojó además un dato que cambió la perspectiva sobre la red. De los 3.600 espacios con prestación alimentaria, más de 500 son centros de primera infancia. Esa información, que antes era inexistente, permite segmentar las intervenciones según el perfil real de cada espacio y no tratarlos a todos como si fueran equivalentes.
Derivaciones automáticas entre organismos
Una de las funciones más recientes del sistema es la derivación automática entre organismos.
Si en la nómina de asistentes de un centro comunitario figura una persona con consumo problemático, el sistema indica el espacio del SEDRONAR más cercano y genera una derivación formal. Ambas partes tienen acceso al estado del proceso.
“Antes, si el referente decía ‘acá te va a ver Cacho de parte mía’, y Cacho no iba nunca, la cuestión nunca se resolvía. Acá hay un seguimiento de las dos partes”, describió Ordoñez.
El proceso incluyó escucha activa de los responsables de los centros y articulación con organismos internacionales y organizaciones sociales. El desarrollo no fue unilateral, subrayaron desde el Ministerio de Petovello. La implementación tampoco generó conflictos con los referentes territoriales: “No pensamos esto desde una torre, siempre buscamos apoyarnos en las necesidades. Incluso, recibimos la necesidad de implementar un sistema”.
La experiencia práctica incluyó el primer relevamiento nacional coordinado de personas en situación de calle, realizado entre noviembre y diciembre del año pasado con la colaboración de 17 provincias mediante la aplicación de campo del SISOC. Los resultados de ese informe serán revelados en los próximos días.
“Un Estado que anticipa antes de actuar”
Durante 2026, Capital Humano prevé ampliar la interoperabilidad del SISOC con otros organismos del Estado e incorporar módulos para que los Centros de Familia puedan interactuar con el sistema, rendir cuentas de manera digital y gestionar prestaciones. El objetivo es consolidar una gestión integrada, trazable y basada en información confiable.
La proyección apunta a que, hacia mediados del año que viene, el sistema alcance capacidad predictiva plena.
La idea es poder simular el impacto de una política antes de implementarla: saber cuántas personas va a alcanzar un nuevo centro según dónde se lo ubique, o cómo afecta una suba en una prestación antes de ejecutarla. “Para eso necesitás una capa analítica de datos muy grande, y ahora la tenemos”, resumió Lepera.
Ordoñez trazó el horizonte de esa visión con precisión: “Cuando tengamos mejor el mapa de a quién va qué, podemos predecir dónde nos va a sobrar capacidad y dónde tenemos que estar”.
La diputada nacional salteña de La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, admitió que su hijo viajó en algunas oportunidades con pasajes del Congreso de la Nación, un beneficio que reciben los legisladores para el desarrollo de su actividad parlamentaria. La revelación surgió durante una entrevista en FM Noticias de Salta, luego de que se difundiera una imagen en la que se la vio junto a su hijo en el aeropuerto de Salta.
“En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso, esto no es un delito”, afirmó la legisladora, quien este miércoles dejó la presidencia de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes.
Flores explicó que su hijo estudió Abogacía en la Ciudad de Buenos Aires y por eso realizaba viajes frecuentes entre la Capital y Salta: “va y viene. También le he dado pasajes para otras cosas”.
La consulta se originó a partir de una fotografía en la que se observó a la diputada abordar un vuelo junto a su hijo. “Al que me sacó la foto, le mando saludos”, ironizó.
Flores defendió el uso de esos pasajes y aseguró que cada diputado nacional cuenta con un sistema de viáticos que contempla asignaciones para traslados aéreos y terrestres. Según planteó, esos recursos “pueden ser utilizados de manera flexible”, por lo que negó que hubiera existido una conducta irregular.
La arquitectura del desguace inmobiliario de la Policía Federal Argentina tiene un nombre propio: Nicolás Pakgojz. El actual legislador porteño de La Libertad Avanza no es un recién llegado a la gestión de activos públicos, sino que funcionó como el eslabón necesario para liberar tierras fiscales de altísimo valor. Antes de recalar en la función pública, Pakgojz reportaba de forma directa en las filas de IRSA, el imperio de Eduardo Elsztain, donde se desempeñó en áreas clave de desarrollo urbano.
Su paso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no fue una escala técnica, sino una ejecución de intereses. Fue Pakgojz quien estampó su firma en la Resolución 65/2025 que declaró innecesario el predio de casi 10.000 metros cuadrados en el Bajo Belgrano. La maniobra, ejecutada bajo el paraguas de una supuesta eficiencia estatal, quitó de la órbita de la seguridad federal un activo estratégico para ponerlo en la vidriera de las subastas millonarias.
Resolución 65/2025 firmada por el diputado de La Libertad Avanza.
La ética pública queda en entredicho cuando se observa la trayectoria: de empleado de Elsztain a funcionario que habilita el remate de tierras por las que su ex jefe terminó pujando en una subasta pública.
Hoy, desde su banca en la Legislatura, el esquema de favores parece cerrar un círculo perfecto donde el patrimonio del Estado es la moneda de cambio.
La derrota del “amigo” del Presidente
La subasta de diciembre de 2025 no fue un trámite, sino una puja de millones entre los dueños de la ciudad. Eduardo Elsztain, principal accionista de IRSA y aliado estrecho de Javier Milei, intentó quedarse con la joya del Bajo Belgrano. Sin embargo, su oferta de 27 millones de dólares fue pulverizada por los 46,5 millones que desembolsó Argencons, la desarrolladora de Eduardo Costantini.
Aunque el titular de IRSA perdió esta pulseada ante la billetera de su competidor, el terreno fue liberado por su propio ex empleado, Nicolás Pakgojz. Esta maniobra en la AABE confirma el patrón de beneficios estatales para el círculo rojo que Data 24 viene documentando: el patrimonio federal funciona como un catálogo de rematepara que los empresarios amigos sigan levantandotorres de lujo donde antes operaban las fuerzas de seguridad.
La oferta de Argencons, que superó por un 120% el valor base de 21 millones de dólares, proyecta la construcción de 100 viviendas de lujo en lo que los vecinos denominan la última manzana libre del Bajo Belgrano. Esta rentabilidad récord para el Tesoro Nacional contrasta con la nula inversión en las capacidades operativas de la fuerza federal desplazada.
Lateral del edificio rematado en Artilleros al 2051, CABA
Sin techo y con sueldos de miseria
Mientras el Estado remata tierras por 46 millones de dólares, la realidad de la tropa es de una precariedad absoluta. Efectivos de la PFA confirmaron a Data 24 que, tras el desalojo de Artilleros 2051, el destino asignado es un predio abandonado en la intersección de Zepita y el Riachuelo. Se trata de un terreno de nulo valor inmobiliario y condiciones edilicias deplorables, que contrasta violentamente con el lujo de las torres que se proyectan en el Bajo Belgrano.
El desguace no es sólo de ladrillos: en el edificio rematado funcionaban la Brigada de Incendios Forestales, los talleres de Bomberos e Infantería, la Banda de música y la playa de secuestros viales.
Vista satelital del predio rematado.
La arbitrariedad del desalojo queda expuesta en la propia manzana: mientrasla Comisaría Vecinal 13 de la Policía de la Ciudad continuará operando en su esquina de Juramento y Artilleros, las unidades federales son desterradas al sur. El Gobierno Nacional ignoró incluso el pedido de los residentes del barrio, quienes realizaron un abrazo simbólico al predio solicitando que se convirtiera en una plaza pública en lugar de un nuevo complejo de torres.
Esta pérdida de operatividad se da en un contexto de asfixia salarial que este portal ya denunció en su cobertura sobre la histórica protesta de las fuerzas. Con un bono de 40.000 pesos calificado como una migaja y denuncias de espionaje interno, los uniformados ven cómo el Gobierno les quita comodidades básicas para alimentar el negocio de los desarrolladores.
Entrada a lo que era el predio de la PFA
El modelo extractivo del Estado
La desafectación del predio en Artilleros 2051 es la síntesis de una gestión que prioriza el metro cuadrado sobre la seguridad federal. La eficiencia administrativa que pregona el Gobierno no es tal si el resultado es el desguace de brigadas operativas y talleres de blindados.
Con el control del 51% de las acciones de Argencons por parte de Eduardo Costantini, el círculo del negocio inmobiliario de alta gama se cierra sobre tierras que el Estado considera prescindibles. Lo que para la gestión de Milei es una venta de activos exitosa, para la PFA representa una fractura logística irreparable.
Este modelo, que blinda a empresarios amigos del poder mientras ofrece migajas salariales a quienes deben portar un arma, expone una fractura institucional profunda. Mientras el lujo de Costantini y la ambición de Elsztain se expanden sobre el asfalto del Bajo Belgrano, los efectivos de la PFA son empujados a la marginalidad de un baldío en el Riachuelo. El remate de la seguridad pública ya no es una sospecha, sino una política de Estado que el círculo rojo festeja en dólares.
Manuel Adorni (segundo), Karina Milei (tercera), Pilar Ramírez (cuarta) y Nicolás Pakgojz (sexto)
El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajó a España para participar de la Movilización Progresista Mundial (MPM), organizada por el presidente español Pedro Sánchez.
“Las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente. Necesitamos respuestas conjuntas de Latinoamérica y Europa para construir un mundo más multipolar y evitar la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”, afirmó Kicillof, buscando justificar de alguna manera su viaje.
Lo que generó controversia pública fue el conocimiento del nivel de gasto que implicó el viaje por más de USD$150.000 en pasajes, viáticos y estadía para una comitiva de al menos 20 personas, financiados en su mayoría por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A esto se sumó una segunda delegación del Partido Justicialista (PJ), encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, con costos aún no revelados.
La delegación oficial encabezada por Kicillof exhibió un núcleo político claramente identificado, con la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública y Cecilia Nicolini, diputada del Parlasur y asesora en Asuntos Internacionales. También formaron parte de la comitiva otros funcionarios del gobierno bonaerense, además de cónyuges, secretarios y personal técnico.
– Kicillof junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
El monto reportado corresponde únicamente a tres rubros, ya sean pasajes aéreos, viáticos y estadía. El promedio por individuo ronda los USD$6.000. Aún no sé esclareció los otros costos adicionales que supuestamente habrían sido afrontados por los propios funcionarios y consortes.
Un vuelo en clase ejecutiva (business) ida y vuelta entre Buenos Aires y Barcelona tenía un costo aproximado de USD$13.500 en la fecha del viaje. En clase económica, los precios rondan entre USD$1.000 y USD$1.600 ida y vuelta.
– La viepresidente II de España, Yolanda Díaz Pérez
Para una comitiva de 20 personas en ejecutiva, solo en pasajes el gasto podría quedar en USD$270.000.
La delegación se alojaría en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, uno de los hoteles más lujosos de España, ubicado en la Plaza de la Lealtad. La cifra de USD$12.000 por noche corresponde al costo de varias habitaciones del establecimiento, que en cotizaciones actuales de plataformas como Expedia muestra precios que parten desde USD$1.100 por habitación por noche para fechas similares. Dado que la delegación permaneció varias noches y en múltiples habitaciones, el gasto en alojamiento acumula rápidamente cifras elevadas.
Los viáticos incluyen gastos diarios de movilidad, alimentación y otros gastos personales. Para una comitiva numerosa, estos suman fácilmente decenas de miles de dólares en pocos días.
Al mismo evento viajó una segunda delegación impulsada institucionalmente por el PJ y convocada por su propia presidenta, Cristina Kirchner. La encabezó el senador Eduardo “Wado” de Pedro, histórico referente de La Cámpora y quien concentra el control político del CFI en los últimos años.
Junto a él viajaron Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado, Eduardo Valdés, también diputado, Nicolás Trotta, exministro de Educación y legislador, Lucía Cámpora, diputada y nieta de Héctor Cámpora, además de Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Delfina Rossi, Franco Metaza, Gustavo Menéndez, Soledad Magno y Valentina Morán.
Por su parte, el viaje tuvo una clara carga de posicionamiento político de Kicillof de cara al escenario electoral de 2027, año en el que se elegirá presidente.
La familia Brandoni cedió parte de un predio en Las Paredes para que allí se levantara la escuela 4-245, un gesto que dejó una marca concreta en la comunidad de San Rafael.
Tras casi dos años de investigación, el Ministerio Público Fiscal acusó al exgobernador y a una exministra de encabezar una estructura organizada para entregar tierras públicas a socios y familiares, con beneficios económicos adicionales obtenidos mediante decretos y convenios del Poder Ejecutivo provincial.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
