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El abrumador número incluye todas las personas que, durante 2021, fueron asistidas por el Estado. Las cifras varían a lo largo del tiempo, por ejemplo, durante el año de la cuarentena (2020) las asistencias alcanzaron a 33,6 millones de personas. Las ayudas sociales concentran el mayor número de beneficios: ascendieron, en 2021, a casi 16 millones mientras que eran de 13 millones en 2019.
Según el relevamiento, el año pasado el gasto en términos del PBI , las jubilaciones significaron el 5,5% del PBI, las pensiones 2,5% y las ayudas sociales (incluyendo AUH y Tarjeta Alimentar) 2,7% del PBI.
Sobre la comparación entre ayudas sociales y jubilaciones, puede contemplarse, entre 2019 y 2021, una caída del gasto en jubilaciones y pensiones como porcentaje del PBI (-0,66 puntos porcentuales) y un incremento en ayudas sociales (+1,02% del PBI). Y en relación a 2017 el gasto en jubilaciones baja del 6,5% al 5,5% del PBI y las pensiones del 3% al 2,5%.
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El Gobierno oficializó las nuevas escalas salarialespara el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales. Esta actualización de haberes, que incluye un incremento del 9% en los sueldos, se refleja a partir de este mes y coincide con el pago del medio aguinaldo.
La Resolución Conjunta 33/2024, firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, establece un aumento del 9% en los salarios del personal militar. Esta medida se hizo pública el pasado 3 de junio en el Boletín Oficial y tiene como objetivo “reconocer una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la ejecución de la actividad”. Junto con este aumento, las Fuerzas Armadas recibirán el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, calculado sobre la mayor remuneración mensual percibida durante este período.
Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en julio de 2024
En una estrategia para diferenciarse de las políticas económicas del libertario Javier Milei, el gobernador de Entre Ríos, RogelioFrigerio, puso en marcha un ambicioso plan de financiamiento destinado a fortalecer el sector productivo y las economías regionales de mencionada provincia. Este plan contempla una inversión superior a los $8 mil millones en diversas líneas de créditos subsidiados a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Banco Entre Ríos.
Durante su visita al stand del Banco Entre Ríos en la reciente Agroactiva 2024, el gobernador anunció la disponibilidad de créditos destinados a la compra de maquinarias e insumos, con una tasa subsidiada del 16,17% y un plazo de pago de hasta 48 cuotas. Estos préstamos, financiados en parte por el gobierno provincial, se presentan como una herramienta clave para impulsar la capacidad productiva y generar empleo en el sector privado.
Frigerio destacó que la oferta inicial de $5.000 millones en créditos fue ampliamente superada por las solicitudes, que alcanzaron los $7.000 millones. “Este interés manifiesto de unos 100 productores entrerrianos en acceder a la propuesta evidencia la avidez por el trabajo y la producción que caracteriza a nuestra sociedad”, subrayó el mandatario.
En el marco del programa de Reactivación Productiva del CFI, Entre Ríos se posicionó como la provincia que más créditos gestionó, alcanzando un total de $4.686 millones. Esta línea incluye proyectos de financiamiento a cadenas productivas por $2.000 millones, financiamiento verde por $1.000 millones, y un fondo de $300 millones destinado al desarrollo productivo y financiero de las mujeres. “En momentos de escasez de recursos, es fundamental buscar herramientas que permitan salir adelante, trabajando junto a organizaciones como el CFI para mejorar la capacidad de entregar créditos a nuestro sector productivo”, afirmó Frigerio.
Además, el Fondo de Garantía del CFI ha permitido certificar garantías por más de $500 millones, con tres proyectos ya gestionados por un valor total de $1.500 millones, entre los que se destacan Lácteos Tonutti, El Hinojo y Entrenuts. “Estas iniciativas son un claro reflejo del compromiso y la resiliencia de nuestros productores, que no bajan los brazos pese a las dificultades”, señaló el gobernador.
El enfoque de Frigerio contrasta marcadamente con el de Milei, quien adoptó una postura más radical en términos de reducción del rol del Estado en la economía. Frigerio, en cambio, aboga por una ayuda estatal estratégica para fomentar el desarrollo económico y social: “Como gobernante, me inspira la perseverancia de nuestros productores. Es un ejemplo que debemos seguir en el sector público para enfrentar y superar los desafíos actuales”, concluyó.
El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, pronosticó una pérdida de reservas y fuertes expectativas de devaluación si el Gobierno no acata las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y decide mantener la política cambiaria y el cepo al dólar. Por el momento no hay indicios de que el equipo económico actual obre en ese sentido.
A través de una nota publicada en su blog personal, el economista elogiado en varias oportunidades por el presidente Javier Milei, le recomendó al Gobierno “prestar atención a la sugerencia implícita en el último informe del staff del FMI“, en lo que refiere a la eliminación del dólar blend (esquema por el cual hoy el 20% de las exportaciones se liquidan al CCL) y un ajuste del 10% en el tipo de cambio oficial.
Para el organismo internacional de crédito, y para Cavallo, esto último debería estar acompañado de la reducción de 10 puntos porcentuales en el impuesto PAIS para acotar el efecto de la suba en el precio del dólar sobre el costo de las importaciones. Esta medida es la única del paquete recomendado que el Poder Ejecutivo tomará por el momento.
En paralelo, el referente económico durante los 90′ sostuvo que la suba de tasas a niveles positivos en términos reales y el reemplazo del mercado del dólar CCL por una liberalización total del cepo ayudarán a reducir la brecha, en gran parte porque esto generaría incentivos al ingreso de divisas proveniente del blanqueo de capitales, del turismo y de los servicios que hoy los argentinos brindan en el exterior.
“Es posible que, con estas medidas, la expectativa de una fuerte devaluación pueda transformarse en la de un aumento limitado de la tasa de crawl, de ninguna manera peligrosa si en pocos meses puede lograrse una unificación completa del mercado cambiario sin salto devaluatorio”, proyectó.
LAS 3 RAZONES POR LAS CUALES CAERÍAN LAS RESERVAS Y AUMENTARÍA EL TEMOR AL DÓLAR SI NO SE LIBERA EL CEPO Y EL COMERCIO EXTERIOR:
1- En primer lugar, Cavallo advierte que al BCRA se le va a hacer cuesta arriba traducir el superávit comercial en una mayor cantidad de reservas si no se termina con el “blend”. Esto se daría porque a partir de julio la autoridad monetaria ya no podrá seguir postergando pagos de importaciones como hizo en el primer semestre.
2- Los pagos de deuda de los próximos meses y años son significativos, por lo cual el Gobierno necesitará urgentemente una fuente de acumulación de reservas, algo que Cavallo no avizora si se sostiene la política cambiaria actual, con el “blend” y un “crawling peg” del 2% mensual.
Esto podría ser subsanado con nuevos desembolsos de organismos internacionales, según uno de los responsables de la reforma del Estado durante el gobierno de Carlos Menem.
3- El cepo impide un saldo positivo en la cuenta capital de la balanza de pagos.
En el día de hoy, el gobierno publicó en su boletín oficial el Decreto 599/2024 en el que se establece una nueva reglamentación en el acceso a los mercados aerocomerciales. Esta medida busca transformar la dinámica actual en la aviación nacional, a través de la fomentación de la competencia y la mejora de los servicios a los ciudadanos.
La desregulación implica la eliminación de restricciones que anteriormente limitaban la entrada y operación de nuevas aerolíneas en el mercado argentino. Con esta medida, se espera una mayor oferta de vuelos, precios más competitivos y un incremento en la calidad del servicio, beneficiando tanto a los pasajeros como a la industria en general.
La entrada de nuevas aerolíneas podría traducirse en una mayor variedad de destinos, frecuencias de vuelo y tarifas más accesibles. Esto no solo facilita los viajes de negocios y turismo dentro y fuera del país, sino que también puede estimular el crecimiento del turismo interno y la conectividad regional.
Los nuevos reglamentos del sector aerocomercial en Argentina se regirán por principios que incluyen: acceso libre al mercado con procedimientos administrativos rápidos; estímulo a la competencia leal; desregulación tarifaria y libertad de precios; seguridad operacional y vigilancia continua; libertad comercial en frecuencias y rutas aéreas bajo criterios operativos; intervenciones gubernamentales limitadas y digitales; otorgamiento inmediato de frecuencias solicitadas; incentivos para nuevas rutas y transportadores; declaración y transparencia en niveles y capacidad aeroportuaria; asignación justa de servicios aeroportuarios; y participación ad honorem de actores de la industria en la toma de decisiones, coordinados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
En conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni agregó que “con esta medida se reforman normativas arcaicas que tienen décadas en la Argentina, esto es un paso muy importante para la modernización y la liberalización del espacio aéreo. Esto va a incluir la digitalización y automatización de trámites, la desregulación de los servicios de rampas, agilizar los procesos para otorgar nuevas rutas, liberar trabas para impulsar nuevos negocios y permitir que los dueños de pequeñas aeronaves no pasen por los mismos procesos burocráticos que una gran aerolínea.”
Esta política de “Cielos abiertos” va en consonancia con lo anunciado recientemente por el gobierno nacional a partir de la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
Es un hecho: el Gobierno dispuso que las empresas de medicina prepaga deberán aportar en la misma proporción que las obras sociales al Fondo Solidario de Redistribución, a través del Decreto 600/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
La decisión del Ejecutivo implica la unificación del porcentaje de las contribuciones y aportes que deben realizar todas las entidades que ofrecen cobertura sanitaria al Fondo Solidario de Redistribución en un 15%, que hasta ahora para las prepagas estaba estipulado en un 20%.
La normativa justificó la medida partiendo de la base que todas las entidades que participan del Fondo “reciben el 100 % de los beneficios y recursos generados por dicho fondo”, pero se exhibía “una discrepancia en la medida en que estas entidades no integran por el total de sus percepciones, generando desequilibrios y contradiciendo los principios de equidad”.
Ante este panorama, el Gobierno consideró necesario plantear “la necesidad de corregir esta disonancia para asegurar una participación justa y equitativa de todas las entidades en beneficio del fortalecimiento del mencionado Fondo Solidario de Redistribución”.
En ese sentido, el texto oficial sostiene que “la simplificación propuesta busca no solo mejorar la eficiencia en la recaudación, sino también promover condiciones igualitarias para todas las entidades, independientemente de las características de las remuneraciones o del porcentaje de los aportes o contribuciones”.
Asimismo, aseguró que “la modificación propuesta simplifica el sistema de aportes y contribuciones y elimina las disparidades relacionadas con las remuneraciones brutas mensuales, garantizando una mayor transparencia y equidad”.
Al mismo tiempo, el decreto también modificó los alcances del accionar de los Agentes del Seguro de Salud estableciendo que los mismos no podrán:
Supeditar la afiliación al cumplimiento de ningún requisito no previsto en la ley o sus reglamentaciones;
Efectuar discriminación alguna para acceder a la cobertura básica obligatoria;
Realizar examen psico-físico o equivalente, cualquiera sea su naturaleza, como requisito para la admisión;
Establecer períodos de carencia
Decidir unilateralmente sin causa la baja del afiliado.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que la inflación de junio fue del 4,6%, acumulando una variación de 79,8% en el primer semestre de 2024 y alcanzando un preocupante 271,5% en la comparación interanual. Este dato confirma un rebote en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que rompe con la tendencia a la baja que se venía observando desde diciembre.
La división con mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 14,3% debido a las subas en las tarifas de servicios y alquileres. Otros sectores que registraron incrementos significativos fueron Restaurantes y hoteles (6,3%) y Educación (5,7%). En contraste, Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,3%) tuvieron las menores variaciones.
Las proyecciones —tanto del Gobierno como de diversas consultoras— anticipaban que la inflación de junio superaría el 4,2% de mayo. Luis Caputo, ministro de Economía, expresó su expectativa de que la inflación general se situara por debajo del 5%, mientras que el Presidente, JavierMilei,aseguró que los datos privados estaban “en offside”, pronosticando una cifra menor al 5%.
Pese a la inflación en ascenso, el Gobierno se mantiene optimista y apunta a reducir el IPC a cifras cercanas al 2% para finales de 2024, con el objetivo de converger con el crawling peg (devaluación administrada) del dólar oficial y, eventualmente, liberar el cepo cambiario.
Reacción sindical: ATE exige una recomposición salarial del 80%
La inflación no solo impacta en los precios, sino también en los salarios. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó urgentemente la convocatoria a paritarias para negociar una recomposición salarial.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, criticó al Gobierno por “no convocar a paritarias” y afirmó que la presión inflacionaria está deteriorando los ingresos de los trabajadores estatales. “La cantidad de estatales bajo la línea de la pobreza ha aumentado drásticamente, al igual que el nivel de endeudamiento de las familias”, señaló.
Según el INDEC, una familia necesita $873.169 para no ser pobre y $393.319 para no caer en la indigencia. En respuesta, ATE demanda un aumento salarial del 80% en una sola cuota para compensar la pérdida real de los salarios, que según el sindicato, ha sido del 22,4% durante el acuerdo 2023-2024. Mientras el Gobierno apuesta por una desaceleración de la inflación y la estabilización de los precios, los analistas privados mantienen proyecciones más cautelosas, situando la inflación mensual entre el 5,5% y el 4% para el resto del año.
