Los embarques agroindustriales crecieron 60% en 2024, alcanzaron 89 millones de toneladas y generaron USD 46.000 millones

Luego de la histórica sequía, la cosecha alcanzó 132 millones de toneladas en la campaña 2023/24. El 76% de los embarques partió desde la región del Gran Rosario y más de la mitad de la mercadería se dirigió hacia Asia.
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Entre enero y diciembre de 2024, Argentina despachó un total de 89,3 millones de toneladas (Mt) de granos, subproductos y aceites vegetales desde sus puertos, lo que representó un incremento interanual del 60%. 

Este volumen quedó 1% por encima del promedio de los últimos cinco años, aunque se ubicó 11 Mt por debajo del récord alcanzado en 2019 (100,5 Mt). El crecimiento ocurrió tras la fuerte recuperación de la cosecha agrícola, que pasó de niveles muy bajos en 2023 —producto de la sequía— a un total de 132 Mt en la campaña 2023/24.

Los granos despachados sumaron 52,5 Mt en 2024, un 62% más que el año previo, aunque 3% por detrás del promedio del último lustro. Los mayores incrementos se observaron en maíz (+12,3 Mt), trigo (+4,8 Mt) y soja (+2,1 Mt). “Estos tres cultivos dan cuenta del 96% de la recuperación en los despachos de granos, impulsados por una importante recuperación de la cosecha en términos interanuales”, señalaron los economistas Belén Maldonado, Emilce Terré y Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En cuanto a los subproductos, los embarques alcanzaron 29,5 Mt, un alza del 56% frente a 2023 y 5% por encima del promedio de los últimos cinco años. El principal factor de crecimiento fue el mayor volumen de pellets de soja (+10,4 Mt), con aumentos adicionales en los despachos de pellets de girasol (+151.300 toneladas) y de trigo (+55.500 toneladas). Por su parte, los aceites vegetales registraron 7,2 Mt despachadas, un 60% más que en 2023 y 21% por encima del promedio. Nuevamente, el aceite de soja explicó casi toda la suba (+2,4 Mt), seguido por el aceite de girasol (+259.600 toneladas).

Las terminales del Gran Rosario —zona conocida como Up-River, que abarca desde Timbúes hasta Arroyo Seco— despacharon 67,7 Mt durante 2024, lo que significó un 60% más que en 2023 y equivalió al 76% de todos los envíos del país. La zona de San Lorenzo (Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo) explicó el 58% del total, mientras que las terminales de Rosario (Arroyo Seco, General Lagos, Alvear, Rosario y Villa Gobernador Gálvez) representaron el 18%.

La participación del Gran Rosario se ubicó por debajo del promedio del 78% registrado en la última década y lejos del máximo del 82% de 2009. “Esta menor participación tiene sentido considerando la aguda bajante del Río Paraná durante la segunda mitad de 2024, así como también el impacto de la chicharrita y las condiciones ambientales que golpearon con más fuerza a la producción del centro y norte del país”, indicaron los analistas de la Bolsa.

Los puertos de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, despacharon 10,8 Mt (12% del total nacional), mientras que Necochea/Quequén embarcó 7,6 Mt (9%). Zárate, Ramallo, San Pedro y Villa Constitución sumaron 3,1 Mt (3%). Por tipo de producto, las terminales del Up-River concentraron el 62% de los granos enviados, el 96% de los subproductos y el 93% de los aceites vegetales.

Entre las instalaciones con mayor volumen de despacho se destacó el puerto de ADM en Arroyo Seco, que embarcó 4,3 Mt de granos y se consolidó por tercer año consecutivo como el principal origen de este tipo de productos. En materia de subproductos, la planta Renova de Timbúes alcanzó 6,6 Mt y repitió el primer puesto del año anterior; también lideró en aceites, con 1,7 Mt. De ese modo, Renova sumó 10,5 Mt de embarques totales en 2024 y se erigió como la terminal con mayor volumen de productos agroindustriales despachados.

Más de la mitad (53%) de los granos, subproductos y aceites se destinaron a Asia. América recibió el 21%, Europa el 14%, África el 11% y Oceanía el 1%. Vietnam se mantuvo como el principal comprador global de los embarques argentinos en 2024, con 11,1 Mt (un alza del 109% frente al año anterior). China ocupó el segundo lugar, con 7,1 Mt (+56% interanual), y Perú el tercero, con 5,8 Mt (+45%).

Al discriminar por categoría, Vietnam lideró las compras de granos (7 Mt, +126%) y subproductos (4 Mt, +82%), mientras que India recibió la mayor parte de los aceites vegetales (3,2 Mt, +89%), el 45% del total despachado. De hecho, los aceites fueron el rubro más concentrado por destino, ya que los tres principales compradores (India, Bangladesh y Perú) agruparon el 60% de los embarques.

El informe de la Bolsa de Rosario consignó que las exportaciones agroindustriales desembarcaron en 132 países el año pasado “consolidando el país como un proveedor global de alimentos y materias primas”. Durante ese año, las exportaciones del sector alcanzaron un valor total de 46.129 millones de dólares, de los cuales el 38% se dirigió a Asia, el 22% a América, el 13% a Europa y el 4% a África.

Por complejos productivos, la soja —principal exportador— tuvo como destino destacado a India, seguida por China y Vietnam. El maíz se dirigió principalmente a Vietnam, Perú y Malasia. En carne y cueros bovinos, los mayores compradores fueron China, Israel y Estados Unidos. En cuanto al trigo, sus mercados más importantes resultaron ser Brasil, Indonesia y Perú. Según este mismo informe, al enfocarse en los principales productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, Vietnam escaló al primer puesto como comprador de la agroindustria argentina.

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Entre Ríos: Rogelio Frigerio saca lustre al legado desarrollista y propone una ley de infraestructura

Rogelio Frigerio aprovechó un encuentro del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) para anunciar un proyecto de Ley de Infraestructura Provincial para Entre Ríos. El gobernador habló de “una verdadera política de Estado” para que las obras “no dependan más de la discrecionalidad de un gobierno”.

En la presentación, explicó que se trata de una iniciativa que busca institucionalizar la planificación a largo plazo de la obra pública para que sea producto de una estrategia consensuada entre todos los ámbitos de la política local “para las próximas décadas”.

La iniciativa busca dar un mensaje a dos bandas. Por un lado, para que los gobiernos que se sucedan, aun siendo de distinto palo, tengan una continuidad de objetivos. Por el otro, para dar un marco de tranquilidad al empresariado del sector respecto de los proyectos, de los que además participarán en la elegibilidad de acuerdo a parámetros objetivos.

¿Qué dicen en el gobierno de la Ley de Infraestructura para Entre Ríos?

En la Casa Gris se encargan de subrayar el diálogo entre sectores. El público con el privado, representado por los empresarios, pero también la relación con los obreros de la construcción, que fue vital al comienzo de la gestión cuando suspendieron la obra pública hasta ordenar los pagos pendientes y poder recomenzar.

Por indicación de Frigerio, los funcionarios repiten como un mantra las palabras “orden, transparencia, planificación y diálogo”, y tratan de ejecutarlas. Así, al menos en las formas y embanderándose con la obra pública y la importancia de la infraestructura, se permiten, sin hacer alardes, marcar sutiles diferencias con sus socios electorales de La Libertad Avanza.

Un funcionario que pasa el día en la sede del gobierno explicó que con la Ley de Infraestructura la priorización de obras se hará por capas. Cada una de estas capas se ponderará distinto. La infraestructura en sí será una. La importancia en cuanto a su impacto en las cadenas productivas, otra. La relevancia económica en el turismo es otro ejemplo, al igual que otros ítems. En el ministerio de Obras analizan que con estos criterios objetivos se tomarán decisiones menos arbitrarias.

De qué trata la ley de infraestructura de Rogelio Frigerio

La ley, que está en estado de borrador antes de ser elevada a la Legislatura, propone crear la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura provincial. Busca que esa cartera sea elaborada junto con la delegación local de Camarco y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y que ingrese al Banco Federal de Proyectos de ese organismo.

En el frigerismo se entusiasman y claman que será una ley que trascenderá gobiernos y que asegurará “que las obras de hoy no dependan del humor de un funcionario”.

¿Cómo financiar las obras?

La administración explica que gestiona financiamiento ante organismos de crédito multilaterales con avales del gobierno. Dicen que no es solo para aumentar la capacidad de ejecución, sino para impulsar a partir del año que viene un plan de rehabilitación de infraestructura vial.

Cuentan que ya avanzaron con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el Banco Centroamericano de Inversión y Desarrollo y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos 300 millones de dólares. Además de los acuerdos con el CFI.

Relacionado a lo financiero, el gobierno asegura que implementó un nuevo sistema de redeterminación de precios, para lo que tomó aportes del sector de la construcción y avanzó en un esquema en el que los certificados de obra “se pagan en tiempo y forma y sin intereses”.

¿En qué obras están pensando?

110 proyectos están en contemplación en áreas como vialidad y logística; obras portuarias y ferroviarias; de energía; de gestión hídrica y riego; saneamiento y agua potable; y educación y seguridad.

Entre los ejemplos que se destacan en un informe del gobierno entrerriano, se cuentan el Puente Paraná – Santa Fe; la doble vía para el puente que une Victoria con Rosario; el corredor Bioceánico Sur; la ampliación del Aeropuerto de Paraná; la reconfiguración del Puerto Ibicuy; y el Acueducto del Norte Entrerriano. Además, plantas potabilizadoras y la construcción de nuevas unidades penales, escuelas técnicas y playones deportivos inclusivos.


*Fuente: Letra P

La oposición exige esclarecer el costo del acto de Javier Milei en el Movistar Arena

El acto que organizó el presidente Javier Milei el 6 de octubre de 2025 en el Movistar Arena para presentar su libro “La construcción del milagro” ha generado una intensa controversia política debido a su supuesto elevado costo estimado y las dudas sobre su financiamiento.

La jornada no fue solo la presentación de un libro, sino un encuentro político con características de campaña electoral. Milei cantó durante una hora con la “banda presidencial”, integrada por funcionarios como los diputados Bertie Benegas Lynch y Lilia Lemoine, en un espectáculo que combinó rock, política y proselitismo.

El economista Roberto Cachanosky calculó que el evento tuvo “un piso de costo de 260.000 dólares”. En su desglose incluyó los principales rubros: el alquiler del Movistar Arena (estimado entre 100.000 y 150.000 dólares), el montaje del escenario junto con sonido, iluminación y pantallas LED, el suministro de generadores y los seguros técnicos, y los costos asociados al salón VIP, catering y servicios de ticketing.

Desde el gobierno nacional se explicó que todos los gastos corrieron por cuenta de la editorial Hojas del Sur, el sello que publica el libro de Milei. Esta editorial, dirigida por Andrés Mego, también organizó eventos como “La Derecha Fest” y agrupa publicaciones de varios escritores e intelectuales del oficialismo.

Paralelamente, la Coalición Cívica, liderada por Marcela Campagnoli, presentó un pedido de informes dirigido al jefe de gabinete Guillermo Francos para que explique no solo cuánto costó el alquiler del estadio y la técnica, sino principalmente quién aportó el dinero para el show.

Varios productores consultados señalaron que algunos factores elevaron sustancialmente el presupuesto del suceso, ya que contó con proveedores técnicos de élite —PRG en iluminación, Júpiter en pantallas LED y Mahler en sonido— firmas de reconocido prestigio cuya contratación implica costos elevados. Además, la movilización de asistentes fue otro rubro significativo —un dirigente bonaerense calculó que se necesitaron “no menos de 300 micros” para llenar el estadio, que albergó unas 11.500 personas de las 13.500 entradas disponibles, y cada viaje desde el conurbano habría costado entre 700.000 y 800.000 pesos, además del dinero entregado como incentivo a los participantes—; por último, el operativo de seguridad incluyó más de 300 efectivos entre gendarmes y policías porteños desplegados en Villa Crespo, cuyo costo no fue incorporado en las estimaciones de los productores.

Un productor experimentado consultado por el medio La Política Online, fue aún más conservador en sus estimaciones, sugiriendo que el costo total podría haber alcanzado los 700 millones de pesos o incluso más.

Esta no es la primera vez que el financiamiento de los eventos de Milei genera polémica. En mayo de 2024, el mandamás realizó un evento similar en el Luna Park que también despertó cuestionamientos sobre su patrocinio.

En aquella ocasión, Milei explicó que había cedido los derechos de su ejemplar a una empresa (posteriormente identificada como Distribuidora Belgrano Norte – DBN) que pagaría el alquiler del estadio y luego se cobraría con las regalías del libro. Sin embargo, las explicaciones fueron consideradas insuficientes y generaron más dudas que certezas.

El riesgo país superó los 1.200 puntos y los bonos cayeron hasta 7%

Las acciones y bonos argentinos registraron fuertes retrocesos en la jornada financiera de hoy martes, en un contexto de incertidumbre política y cambiaria, a solo 17 ruedas operativas (días hábiles de actividad bursátil) de las elecciones legislativas que marcarán el rumbo del gobierno de Javier Milei durante los próximos dos años.

Sobre las 14:40 horas, los ADR de compañías argentinas que cotizan en Wall Street operaron con pérdidas generalizadas. Mercado Libre se desplomó 6,6%, mientras que Banco Supervielle y Banco Francés retrocedieron 6,6% y 6,5%, respectivamente. Banco Macro perdió 6,3%, YPF 4% y Grupo Galicia 5,6%, estos últimos entre los papeles con mayor volumen de negocios.

Las caídas acumularon ya cuatro ruedas consecutivas, lo que borró gran parte del rebote que los papeles habían registrado la semana anterior tras el anuncio de apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) promediaron un retroceso del 1,7% en otra jornada negativa. El índice de riesgo país elaborado por JP Morgan aumentó 88 unidades y se ubicó en 1.203 puntos básicos, al medir la diferencia entre la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las emisiones emergentes.

En la plaza local, el S&P Merval de la Bolsa porteña cayó 1,7% en pesos. Medido en dólares, el panel líder acumuló una baja del 13% desde el 25 de septiembre, aunque aún mantuvo una mejora del 7% respecto del 19 de ese mes, antes de los anuncios del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El dólar oficial cerró el mes con nuevas alzas. En las pantallas del Banco Nación, por ejemplo, se vendió a $1.400, mientras que en el segmento mayorista se ubicó en $1.360. En el mercado paralelo, el dólar blue cotizó a $1.435. El MEP se negoció a $1.473,93 (+1,3%) y el contado con liquidación a $1.516,11 (+1,2%).

Las últimas disposiciones del Banco Central establecieron que quienes compren dólar oficial no podrán venderlo en el mercado MEP o contado con liquidación durante 90 días, con el objetivo de frenar el “rulo” que aprovechaba la diferencia entre cotizaciones para obtener ganancias.

El economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, sostuvo que “el ojo del mercado en estos días pasa, en el frente macro financiero, casi exclusivamente por dos cuestiones: qué tantos dólares compra el Tesoro en el marco de la liquidación extraordinaria por retenciones cero y la dinámica de la brecha cambiaria tras las restricciones dispuestas el viernes sobre operaciones de arbitraje de tipo de cambio”.

Franco precisó que “el Tesoro habría comprado el 43,8% de lo liquidado por el agro bajo retenciones cero”, y advirtió que “la brecha se ubica en torno al 10% y creemos que las restricciones dispuestas deberían tener la menor duración posible dado que a la larga estas medidas terminan impactando negativamente sobre reservas”.

Un informe de MegaQM alertó que “en las últimas semanas se vio un proceso de corrida cambiaria o de eventual overshooting. En esos ciclos la oferta se corre por completo y la demanda aparece con fuerza buscando tomar coberturas”.

Según la consultora, “el problema de esos ciclos es que no sirven como referencia para entender cuál es el equilibrio real del mercado cambiario. Son ciclos en los cuales el nivel de demanda alcanza valores que no se pueden sostener en el tiempo, como los últimos datos de atesoramiento, donde en agosto se demandaron USD 3.200 millones. Eso implica que en los últimos 4 meses el ritmo anualizado de ahorro en dólares ha sido de 48.000 millones. Probablemente en septiembre ese ritmo puede haber aumentado nuevamente”.

“La caída en la demanda de atesoramiento puede ser una señal de vinculación entre el ritmo de liquidación de dólares y las compras de individuos en el mercado cambiario. En paralelo la oferta empieza a correrse, esperando a que el tipo de cambio alcance un nuevo equilibrio y maximizar así sus ingresos”, concluyó MegaQM.

Un informe del BCRA dice que la UBA no evidencia grandes complicaciones presupuestarias

La Universidad de Buenos Aires aparece en la última actualización de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con compromisos crediticios por más de 230 millones de pesos. Según los registros, la casa de estudios mantiene líneas activas con el Banco Galicia y el Banco Patagonia, todas en “situación 1”, es decir, normal y sin atrasos.

El dato más llamativo de la casa de estudios que conducen que conducen Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector respectivamente, surge en agosto de 2025, cuando la deuda declarada con el Galicia pasó de apenas 50 mil a más de 225 millones en un solo mes, lo que evidencia la toma de una nueva y significativa línea de financiamiento. Con el Patagonia, en tanto, la UBA sostiene un endeudamiento mucho más acotado de 4,6 millones, aunque también con un repunte marcado respecto de períodos anteriores.

UBA

A pesar de esta aceleración en su nivel de endeudamiento, según el informe del BCRA, la UBA muestra una estabilidad financiera general, sin cheques rechazados ni atrasos en pagos, lo que refleja una administración ordenada de sus compromisos en un contexto económico adverso.

El contraste, sin embargo, llega desde el frente político. La semana pasada, la propia universidad advirtió que el proyecto de presupuesto 2026 del presidente Javier Milei profundiza la crisis del sistema universitario argentino. En un duro comunicado, sostuvo que las partidas previstas consolidan el deterioro salarial docente, no contemplan recomposiciones para gastos esenciales ni prevén la reactivación de obras de infraestructura paralizadas desde hace años.

“Los profesores seguirán con salarios bajo la línea de pobreza, las becas estudiantiles se mantienen congeladas y no existe previsión alguna para la recuperación del poder adquisitivo”, alertó la institución, que también remarcó que la inversión proyectada para 2026 se ubica por debajo del 0,5 por ciento del PBI, el piso histórico de las últimas dos décadas.

– Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector

La paradoja es evidente: mientras en los papeles financieros la UBA aparece como un actor confiable y solvente, capaz de acceder a crédito bancario en condiciones normales, en la arena pública se presenta ahogada y amenazada en su funcionamiento.

Con esta doble fotografía, la universidad pública más importante del país queda atrapada entre la estabilidad y las denuncias de ajuste estructural contra el gobierno nacional, una tensión que anticipa nuevos capítulos en la disputa por el financiamiento educativo en 2026.

*Fuente: REALPOLITIK

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