Las subas que se vienen: El Gobierno autorizó dos aumentos en las tarifas de telefonía e internet

Este jueves el oficialismo autorizó dos aumentos que se aplicarán en la telefonía móvil y fija, internet y televisión satelital. Las actualizaciones en las tarifas llegarán en febrero y abril.
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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) estableció una suba de hasta 9,8% para el año entrante, las mismas comenzarán a regir a partir del 1º de febrero y el 1º de abril. A través de la resolución 2393/2022 publicada este jueves en el Boletín Oficial, el ENACOM oficializó que “las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) podrán aplicar a partir del 1 de febrero de 2023, un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en la modalidad pospaga y/o mixta, en un porcentaje de hasta un 9,80%; tomando como referencia sus precios vigentes al 31 de enero de 2023“.

Según el texto publicado, a partir del 1º del mes de abril “las prestadoras aludidas podrán aplicar un nuevo incremento en un porcentaje de hasta 7,80% sobre los mismos precios, tomando como referencia los valores actualizados y de conformidad con los términos del párrafo anterior”, por lo que las tarifas variarán dependiendo la empresa contratada.

En ese sentido, el ENACOM precisó “los valores máximos” para que los prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) en la modalidad “prepaga pura”:

· Recarga de 50 MB de datos móviles por día: $43,40 (con impuestos incluidos).
· Segundo de voz (llamada): $0,66.
· Mensaje de texto: $8,70.

Las actualizaciones en las boletas comenzarán a regir a partir del 1º de febrero.
Las actualizaciones en las boletas comenzarán a regir a partir del 1º de febrero

En tanto en el mes de abril habrá otros incrementos que dejarán el listado con los siguientes valores:

· Recarga de 50 MB de datos móviles por día: $46,80.
· Segundo de voz: $0,72.
· Mensaje de Texto: $9,40.

Las mismas actualizaciones comenzarán a implementarse para las las Licenciatarias de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), de Servicios de Telefonía Fija (STF), de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico (SRSVFR) y las Licenciatarias de Servicios de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital (DTH); que ” podrán incrementar el valor de todos sus precios minoristas en un porcentaje de hasta 9,80%, a partir del 1 de febrero de 2023; tomando como referencia sus precios vigentes al 31 de enero de 2023″.

Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

También el ente a cargo de Claudio Ambrosini acordó que “cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las Licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) y que supere los valores expresamente autorizados por las Resoluciones citadas en los Artículos anteriores o en la presente, deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas“.

“En aquellos casos en los que algún usuario o usuaria no abonare su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio ni aplicar, con causa en dichas facturas”, dicta la resolución publicada.

Por el final, el ENACOM fundamentó que la actualización de dichas tarifas son imprescindibles dado “los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las Licenciatarias durante los meses transcurridos desde el inicio de la reglamentación de precios minoristas”.

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Despidos y decenas de proveedores en la ruina: luego de 60 años, Knorr cierra su fábrica en Mendoza

El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.

La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.

Las razones corporativas del cierre

Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.

En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.

El espejo nacional

El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.

Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.

Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólares en concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.

A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.

*Por Augusto Grinner

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