LA RIOJA EN DEFAULT | Bonistas piden un juicio sumario en Nueva York para cobrar la deuda
Tenedores de bonos provinciales iniciaron un juicio sumario contra La Rioja por deuda impaga. Preocupan los vencimientos de la próxima semana. Las implicancias para Caputo
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La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra el Gobernador Ricardo Quintela. Tiene “un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras”, indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.
Los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, “solicitaron este jueves un juicio sumario en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus Bonos Verdes por US$318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York“, detallaron los tenedores en un comunicado.
“La provincia incumplió una amortización de capital que debía abonarse a los tenedores de los Bonos Verdes en febrero de 2024“. La preocupación radica en que el 24 de agosto vencen más pagos de intereses y capital de los bonos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”, agregaron.
El comunicado de los acreedores indica que “la provincia de La Rioja tiene un historial particularmente flagrante de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto de 2020″.
En ese momento, los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia y calificaron el default de “oportunista” porque consideraron que el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda se dio a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. “La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas”.
En febrero La Rioja volvió a incumplir pagos reestructurados al no pagar u$s 16 millones de capital adeudado. “El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA” que luego se vendió por u$s 171 millones, argumentaron los tenedores.
La Rioja es la única provincia de Argentina que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La siguiente tabla muestra la situación actual de todas las provincias argentinas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2020-21. Aparte de La Rioja, todas las provincias han cumplido con todos los pagos a tiempo y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes.
EL CASO DE LA RIOJA LE TRAE PROBLEMAS A MILEI Y CAPUTO
Los bonistas argumentaron que la resolución de La Rioja “socava los esfuerzos del Gobierno nacional por cambiar la narrativa del mercado crediticio sobre el país”, en medio de los intentos de Luis Caputo por dar señales que permitan bajar el riesgo país. Y aseguraron que mantendrán los reclamos legales hasta que se cumplan los pagos.
“Sólo cuando tanto el gobierno nacional de Argentina como sus subunidades federales demuestren conjuntamente la determinación de dar vuelta la página de una larga historia de incumplimientos y mala gestión, se podrá reducir el riesgo país a niveles compatibles con el pleno acceso a los mercados y recuperar el apoyo de los mercados financieros al crecimiento y la inversión”, advirtieron los bonistas.
*Fuente: Patricia Valli – El Cronista Comercial
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El llamado oficial quedó formalizado a través de la resolución 74/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada en el Boletín Oficial. La medida del Ejecutivo busca abordar las tarifas aplicadas por los transportistas de energía de alta tensión en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Empresas como Transener, Transba (provincia de Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Distrocuyo, EPEN (Neuquén), Transnea, Transnoa y Transcomahue presentarán sus propuestas y tendrán hasta diez minutos para exponer sus argumentos en busca de incrementos tarifarios y la garantía del servicio. En contraparte, funcionarios, legisladores y representantes de organizaciones de defensa de los consumidores contarán con cinco minutos cada uno para expresar sus posturas.
El encuentro se llevará a cabo el 25 de febrero a partir de las 8:30 de manera virtual. Además, contará con una transmisión en streaming a través de YouTube, según el sitio oficial del organismo (el link de acceso se publicará dos horas antes).
La audiencia estará abierta al público. Cualquier persona física o jurídica, de carácter tanto público como privado, deberán acreditar interés o derecho en el tema. La inscripción debe realizarse previamente en el Registro de Participantes a través de la página web del ENRE. El período de inscripción será del 8 al 22 de febrero.
Antecedentes, recortes y tarifas “focalizadas”
La Revisión Tarifaria Integral (RTI) más reciente fue en 2016, cuando se fijaron las tarifas para el período 2017-2022. Sin embargo, dicho esquema se incumplió producto de la crisis económica de 2018. Ahora, el Gobierno busca definir un nuevo marco tarifario, mientras avanza con la revisión del sector del gas, cuya audiencia pública está programada para el 6 de febrero.
En simultáneo, el Gobierno recortó 38% los subsidios a la energía en 2024. A pesar de esa baja, el Estado todavía cubre más de la mitad del costo de la electricidad. Los datos, aportados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), arrojan que los hogares de ingresos medios (N3) actualmente reciben una bonificación del 59% sobre un bloque de consumo reducido a 250 kWH mensuales, mientras que los de menores ingresos (N2) cuentan con un subsidio del 74% para ese mismo bloque.
En paralelo, la gestión del presidente Javier Milei prevé implementar en mayo una “tarifa focalizada”. La iniciativa contempla cambios en el esquema de subsidios vigente desde 2022, que actualmente se divide en tres niveles: ingresos altos (N1), medios (N3) y bajos (N2). El objetivo de esta reforma sería reforzar la asistencia a los sectores que más lo necesitan.
Los nuevos cuadros tarifarios entrarán en vigencia el 1° de abril y serán publicados el 31 de marzo. De acuerdo con el cronograma del ENRE, Edesur y Edenor tienen plazo hasta el 27 de enero para presentar sus propuestas en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Al día siguiente, el 28 de enero, se oficializará la convocatoria a una audiencia pública, prevista para el 27 de febrero y que se realizará de forma virtual.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió elevar a juicio oral la causa contra el líder piquetero del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas, acusadas de haber extorsionado a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y de haber defraudado al Estado. De acuerdo con el dictamen, presentado en 279 páginas, la organización habría desviado los recursos destinados a la asistencia social para usarlos con fines partidarios.
Según el Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían instaurado “entre junio de 2020 y marzo de 2024 una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica” y habrían defraudado al Estado “con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”. Pollicita también solicitó que se profundice la investigación respecto de otras personas por asociación ilícita y lavado de dinero.
El pedido de elevación a juicio llegó luego de que, antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación –el máximo tribunal penal del país– rechazó los recursos presentados por las defensas de los dirigentes procesados del Polo Obrero, entre ellos Belliboni. La causa avanza asimismo contra dos acusados de la agrupación Barrios de Pie.
– Gerardo Pollicita
Los procesamientos fueron dictados el año pasado por el juez federal Sebastián Casanello y parcialmente confirmados por la Cámara Federal de Apelaciones, que agravó la situación judicial de los miembros del Polo Obrero al añadir amenazas coactivas y extorsión al delito de administración fraudulenta, tal como lo habían requerido Pollicita y el fiscal ante la Cámara José Agüero Iturbe.
En sus fundamentos, la Cámara de Casación indicó que “aquí se verificó que los cheques consignados en las facturas presentadas ante el organismo estatal no fueron cobrados por estas personas físicas y jurídicas sino que, y de ahí el desvío indirecto, terminaron acreditados en las cuentas de Rumbos y, por lo tanto, volviendo a la organización”. Al señalar una de las firmas involucradas, los jueces resaltaron: “El caso más paradigmático –remarcaron los jueces que sellaron la suerte de los acusados del Polo Obrero– es el de la firma Coxtex SA, que se determinó que no tenía sede social ni comercial, carecía de una actividad real y movimientos bancarios, y fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas en el año 2020”.
De acuerdo con la fiscalía, la maniobra consistía en la presentación de facturas falsas ante el Estado, justificando gastos con empresas presuntamente fantasma, como Rumbos y Coxtex SA. Pollicita señaló en su dictamen: “La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”.
El fiscal agregó: “Esta organización implementó un esquema de extorsiones y amenazas coactivas con el fin de controlar y manejar —en lo que públicamente se ha denominado ‘gerenciamiento’— a miles de personas a lo largo y ancho del país, lo que les garantizaba el poder de dirigirlas a su voluntad y sustraerles una parte del dinero que aquellos recibían del Estado como ayuda social”. Además, afirmó que, a febrero de 2024, el Polo Obrero “tenía el manejo de 65 mil planes sociales a quienes les sustraían una parte del dinero público” y que la recaudación esperada entre agosto de 2023 y febrero de 2024 “era mayor a 313 millones de pesos”.
El dictamen indicó también que la organización instauró una suerte de “salario” o “contraprestación” para sus propios miembros. “Se comprobó que la organización instauró una especie de ‘salario’ o ‘contraprestación’ para beneficio de los propios imputados, que se nutría tanto de las ‘cápitas’ extraídas extorsivamente a las víctimas como de fondos del Estado Nacional y hasta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, precisó el fiscal, y afirmó que en el caso de Belliboni ese monto llegó a “522.500 pesos en marzo de 2024”.
La causa se inició a fines de diciembre de 2023, al comienzo del gobierno de Javier Milei, cuando el Poder Ejecutivo habilitó una línea telefónica del Ministerio de Seguridad para recibir denuncias anónimas sobre posibles presiones para que los beneficiarios del plan participaran de la marcha del 20 de diciembre. Tras varios llamados, el Ejecutivo presentó una denuncia en Comodoro Py, que derivó en testimonios bajo identidad reservada y allanamientos en la sede del Polo Obrero, donde se secuestraron cuadernos y computadoras.
Al conocerse el pedido de elevación a juicio, Belliboni criticó al fiscal Pollicita. “Pollicita debe ser apartado de la causa, por mentir y operar para perseguir la protesta social”, dijo, y añadió: “El texto de Pollicita es un compendio de mentiras, presenta como víctimas a las compañeras y compañeros que lucharon en el Polo Obrero y lograron acceder a un programa social gracias a esta lucha, plantea nuevamente que el aporte era obligatorio cuando incluso los testigos de la fiscalía y los llamados ‘arrepentidos’ afirmaron que no era así, afirma falsamente que la base del Polo Obrero se movilizaba obligada por la organización cuando está claro que las movilizaciones respondían a la necesidad de luchar por trabajo genuino y asistencia alimentaria; en suma, vuelve a repetir todo el guión armado por Bullrich para perseguir y criminalizar a las organizaciones piqueteras”. Sobre la acusación de fraude, el dirigente señaló que el fiscal omitió documentación que acreditaría que todos los gastos se hicieron “en base a los convenios, tanto de formación y capacitación, como de construcción, productiva y hasta deportiva”. Calificó el avance de la causa como “un verdadero escándalo”.
Asimismo, la abogada del Polo Obrero, Liliana Alaniz, acusó al fiscal de haber filtrado su dictamen y sostuvo: “El único objetivo de esta maniobra es darle herramientas para golpear al Polo Obrero y el resto de las organizaciones sociales y piqueteras”.
En paralelo, Pollicita solicitó la investigación de otros presuntos delitos, como lavado de dinero y asociación ilícita. Entre los apuntados figura Emilio Pérsico, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández y titular de la organización Barrios de Pie, cuyos dos integrantes están procesados junto a Belliboni. Según el fiscal, la maniobra del Polo Obrero “fue posible gracias a la connivencia de los funcionarios públicos de la ex Secretaría de Economía Social —encabezados por Emilio Pérsico— quienes durante los años en que se desarrolló la maniobra fraudulenta entregaron los fondos en procesos plagados de irregularidades y omitiendo deliberadamente realizar controles sobre su destino real”.
Tras la presentación de Pollicita, ahora el juez Casanello deberá correr vista a las defensas y luego resolver el pase a juicio oral y público para el tramo de la causa ya concluido, mientras la investigación continúa por las imputaciones pendientes.
Los legisladores bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron a Homero Giles, titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de que se constatara la muerte de un afiliado a raíz de la demora en la respuesta para su internación. La denuncia se produjo luego de que una vecina del municipio de Mar Chiquita informara que su marido falleció en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, luego de que los médicos solicitaran de “urgencia” su ingreso, sin obtener respuesta oportuna del ente.
El titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, declaró: “Hablar de PASO, de re reelecciones y de comprar Aerolíneas Argentinas mientras mueren bonaerenses por falta de atención de IOMA es ciencia ficción. Menos chicanas, menos campaña electoral y más acción”. Asimismo, el senador Ariel Bordaisco repudió la situación y puntualizó: “Otras vez IOMA. En este caso, lamentamos la pérdida de una persona, ya que el trámite quedó frenado en el área de finanzas. No hay un plan de acción concreto; estamos a la deriva. Mientras tanto, lo funcionarios se dedican a chicanear en lugar de ponerse a trabajar”.
La denuncia se produjo en un contexto de reiteradas críticas al funcionamiento del IOMA. Según se informó, en 2024 los afiliados de más de 20 municipios quedaron desatendidos luego de que Homero Giles decidiera anular, de forma unilateral, el acuerdo con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA). A raíz de esto, se llevaron a cabo protestas en diversas comunas, y en Mar del Plata la situación se mantuvo acuciante. Para abordar la crisis, desde el bloque UCR + Cambio Federal se presentó un proyecto que propone garantizar la autarquía financiera y administrativa de la obra social, mediante la modificación del artículo 12 de la Ley del IOMA, lo que permitiría disponer de los fondos antes de que ingresen a la Tesorería de la Provincia.
La denuncia familiar se vio reflejada en la entrevista de Adriana André, jubilada docente y afiliada del IOMA oriunda de General Pirán. André denunció que su esposo falleció el 25 de enero, luego de 23 días en los que esperó que la obra social respondiera a la solicitud de internación. “Cuando el trámite llegó al área de finanzas quedó ahí, sin firmar y mi marido no aguantó”, relató la vecina. Recordó que el enfermo presentó problemas en los pulmones y el páncreas desde 2010 y que, en septiembre de 2024, se interpuso el primer recurso de amparo para continuar su atención en la Clínica Pueyrredón, donde fue internado nuevamente tras una segunda presentación judicial que determinó que “este tipo de pacientes tengan las puertas abiertas de la clínica”. André explicó que, el 2 de enero, cuando su marido se descompensó, los médicos realizaron los trámites requeridos por la obra social, aunque el paciente falleció a pocos días.
En tanto, a finales de diciembre, afiliados del IOMA en Mar del Plata denunciaron amenazas por parte de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof durante movilizaciones autoconvocadas. Los manifestantes se concentraron —en la esquina de Independencia y Raúl Sonigaray— y marcharon hasta las inmediaciones de la Escuela de Policía Juan Vucetich, donde se esperaba la participación del gobernador, quien finalmente no se presentó. “Cuando llegó un auto oscuro, pensamos que estaba él. La gente se acercó, pero cerraron los portones. Luego salió el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en tono matón, a querer bajarnos y que nos fuéramos, pero no nos movimos”, declaró una de las participantes.
– Afiliados del IOMA acusaron a la delegada Celeste Lazo de intentar amedrentar durante la protesta
Asimismo, los afiliados denunciaron un acto “intimidatorio” de la directora regional del IOMA, Celeste Lazo, quien “quiso filmarnos para amedrentarnos, pero la terminamos escrachando”, según relató otra manifestante, quien agregó: “Ya la conocemos porque tuvimos varias instancias de diálogo con ella, hasta el Comisión de Salud, pero siempre nos miente”.
Las protestas se impulsaron en respuesta a la reducción de prestaciones, la baja cobertura de medicamentos, la falta de atención en las principales clínicas de Mar del Plata y la imposibilidad de elegir libremente los centros de atención. En Tandil, los autoconvocados del IOMA manifestaron su descontento por la falta de prestaciones en estudios de alta complejidad y por los recortes en la medicación, en particular para enfermedades crónicas. La afiliada Cristina Jaramillo denunció: “Hay mucha gente con enfermedades como esclerosis múltiple o problemas oncológicos que no reciben su medicación a tiempo. No hay manera de que les entreguen lo necesario”. Además, criticó a la organización “23 de diciembre”, creada para mediar entre los afiliados y la obra social, por haber sido diseñada para reducir la cantidad de prestaciones.
– El senador bonaerense, Ariel Bordaisco
Durante las movilizaciones, se denunciaron además prácticas de intimidación y condicionamientos, como el relato de una autoconvocada que afirmó recibir llamadas desde La Plata para que, en caso de realizar una convocatoria, se anulara una entrevista con Homero Giles. Por otro lado, en noviembre pasado, el gobernador Kicillof visitó Tandil y se reunió con algunos beneficiarios, aunque, según se informó, “nos recibieron a regañadientes, pero no hubo ningún compromiso real por parte del gobierno bonaerense. El gobernador nos escuchó, pero dijo desconocer la situación y no hizo nada”.
El intercambio de recriminaciones se extendió también a la Legislatura bonaerense. Tras la presentación de un proyecto por parte del senador Ariel Bordaisco para que el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, compareciera y explicara la crisis en el IOMA, Bianco respondió a Bordaisco a través de sus redes sociales, manifestando estar “sorprendido” de que los legisladores desempeñaran su labor en enero y asegurando su disponibilidad, dado que no se había tomado vacaciones en 2025. La senadora Eugenia Gil enfatizó: “Exigimos respuestas. Menos campaña y más acción. Establecer prioridades, hablar y resolver lo que se debe, no es Aerolíneas y reelecciones, es sanear IOMA por el bien de los bonaerenses”.
A fines del año pasado, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) realizó cambios clave en los requisitos de acceso al programa de medicamentos gratis para los adultos mayores. A pesar de las modificaciones, existen diversos beneficiarios de la obra social que podrán acceder a la ayuda social, aunque no cumplan con todos los requisitos establecidos por la institución.
¿Cuáles son los nuevos requisitos para tener medicamentos PAMI gratis?
Tras los cambios que determinó la obra social, podrán obtener una cobertura del 100%, los afiliados del PAMI que cumplan las siguientes condiciones:
No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo
No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad
Tener ingresos netos menores a 1,5
No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga
No ser propietario de más de 1 inmueble
No contar con activos societarios que demuestren solvencia económica
¿Quiénes pueden tener medicamentos gratis sin cumplir con todos los requisitos?
Los jubilados que posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) a su nombre podrán obtener los medicamentos 100% gratuitos, a pesar de no cumplir con los requisitos. Así también quienes vivan con personas titulares del CUD podrán tener los medicamentos con el 100% de cobertura. Sin embargo, no podrán tener un ingreso mensual total mayor a 3 haberes previsionales mínimos.
¿Qué medicamentos no serán gratuitos en 2025?
Según detalló la institución, los fármacos que no estarán 100% cubiertos son aquellos que no se consideran esenciales para el tratamiento de enfermedades graves o crónicas. Los medicamentos excluidos incluyen:
Antibióticos y antivirales: como el Ácido Acetilsalicílico, Aciclovir, Ciprofloxacina, Claritromicina y Metronidazol.
Analgésicos y antiinflamatorios: como la Betametasona, Dexametasona y Meprednisona.
Medicamentos para el tratamiento de diversas afecciones: como el Benznidazol, Ivermectina, Tramadol, y Metotrexato.
¿Cómo hacer el trámite para tener medicamentos gratis?
El trámite para tener remedios gratis se podrá realizar por medio de la web oficial del PAMI o de forma presencial en las agencias de la obra social. El proceso lo podrá realizar tanto el titular como el apoderado.
Los pasos a seguir son los siguientes:
Ingresar al sitio web oficial de PAMI y elegir la opción “Trámites Web”.
Hacer clic en “Medicamentos sin cargo por subsidio social” y luego en “Iniciar este trámite”.
Completar los datos solicitados: número de afiliado, DNI y número de trámite del último DNI.
Indicar si se es el afiliado titular o un familiar realizando el trámite.
Confirmar se cumple con los requisitos mencionados.
Responder las preguntas indicadas
Finalizar la carga de documentación y obtener el número de caso para consultar el estado del trámite.
En un informe publicado esta mañana por el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), se supo que 2.723 hectáreas han sido totalmente calcinadas, dadas las condiciones extremas del ambiente, como la baja probabilidad de lluvias, provocó “múltiples focos secundarios que continuaron su avance hacia Mallin del Medio por alrededor de 9 kilómetros”.
Se detalló que “cinco medios aéreos y aproximadamente 300 personas” continúan trabajando en la contención del incendio en El Bolsón. El objetivo principal según declararon es evitar “rebrotes” y “dar frente a un evento de enorme magnitud”.
Según el reporte, el fuego se inició el 30 de enero a las 16 horas, cuando se detectó “una columna de humo en el sector denominado Loma de los Piches, próximo a la Confluencia de los ríos Blanco y Azul”. Desde entonces, las llamas “continúan activas” debido a las condiciones meteorológicas adversas en la región. El viento, con ráfagas que oscilarán entre 10 y 20 km/h y que podrían llegar “hasta 35”, siguen siendo un factor clave.
Medios locales informaron que “más de cien viviendas fueron afectadas” por los incendios y que, hasta el momento, “un poblador rural perdió la vida” a causa del avance del fuego. El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, afirmó que “está probado que el incendio fue intencional”, luego de que se hallaron botellas en la zona donde se originó. Sin embargo, aclaró que no existe vínculo político detrás del hecho, destacando que lo ocurrido representa un daño “a la vida”.
Son más de 192 brigadistas y voluntarios quienes trabajan en el terreno con apoyo de diferentes equipos especializado y no especializado, con un total de 33 herramientas de extinción entre móviles, aviones hidrantes, camiones cisterna, helicópteros, entre otros.
Diversas organizaciones de emergencia han emitido un comunicado conjunto en el que hacen un llamado urgente al Estado Nacional, exigiendo que el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) “habilite de manera urgente los recursos de despliegue” necesarios para el traslado de fuerzas auxiliares.
Entre los firmantes se destacan el Soporte de Alerta Temprana de Eventos Meteorológicos (SATEM), el Cuerpo Argentino de Socorrismo y Asistencia (CASA), y la Asociación Civil de Rescatistas Voluntarios Argentinos (RVA), junto a otras entidades.
“No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la formación, la voluntad y la experiencia. Lo único que falta es la decisión política que por ahora brilla por su ausencia”, subrayan en su reclamo, recalcando que “el fuego no espera”.
Desde este último viernes, todos los comercios y prestadores de servicios pueden exhibir sus precios, no solo en pesos, sino también en dólares o en cualquier otra medida extranjera. La Resolución 4/2025 de la Secretaría de Comercio, publicada en el Boletín Oficial, oficializa esta medida, que está alineada con la normativa del Banco Central que permitirá el pago en dólares con tarjetas de débito a partir del 28 de febrero.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la medida a través de sus redes sociales el pasado jueves: “Los precios de bienes y servicios deberán figurar en pesos, indicando también el importe total en dólares u otra moneda, siempre especificando el precio final que debe abonar el consumidor”. Además, la normativa elimina la obligación de destacar más los valores en pesos que en otras divisas, por lo que se establece una paridad visual entre ambas. Esta iniciativa busca responder al creciente contexto de dolarización y aportar mayor transparencia en las transacciones comerciales.
El ministro destacó que la reglamentación “también prevé que los establecimientos comerciales deben indicar el precio por unidad de medida, y que el precio de góndola coincida con el que se cobra en líneas de cajas”.
La medida modifica puntos clave de la resolución 7/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, particularmente en lo referente a la exhibición de precios en moneda extranjera. Específicamente, elimina la obligatoriedad de que los valores en pesos tengan preeminencia visual, y permite que los precios en divisas se muestren con igual relevancia.
El nuevo sistema será obligatorio para bancos, administradoras de tarjetas y empresas adquirentes, que deberán garantizar a los usuarios de tarjetas de débito la posibilidad de pagar en dólares en los comercios que acepten esta modalidad.
Empresas como Fiserv, Mercado Pago, Payway y Getnet ya avanzan en la incorporación de esta funcionalidad para tarjetas Mastercard y Visa. Además, algunas de estas firmas han iniciado negociaciones con grandes cadenas comerciales para la rápida implementación del sistema.
Aunque la medida podría alterar la forma en que se exhiben los precios y se realizan los pagos en el país, analistas consideran que su éxito dependerá de la receptividad de comerciantes y consumidores. La posibilidad de pagar en dólares podría resultar especialmente atractiva en sectores donde los precios ya están dolarizados, como el inmobiliario o el tecnológico. Sin embargo, su adopción podría ser más gradual en otros ámbitos. “Queremos acompañar a los sectores que ya utilizan al dólar como unidad de cuenta, sin desatender el rol fundamental del peso. Esta medida traerá más claridad en las transacciones y ayudará a fomentar la actividad económica”, aseguró Caputo.
La resolución constituye como principio clave que los consumidores deberán acceder siempre al precio final del producto, ya sea de manera presencial como virtual. Además, aclara que las ofertas y descuentos podrán publicarse por separado, sin necesidad de incluirse en la información presentada en el fleje de góndola.
La opción de elegir el pago en pesos o dólares estará disponible antes de que finalice febrero para tarjetas de débito, mientras que la implementación para códigos QR comenzará a regir a partir del 1.° de abril.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz