La desconfianza de los productores con el Gobierno POR LAS NUBES

Un informe señaló que el 75% de los trabajadores rurales no cree en la eficacia del Plan Ganadero.
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Un relevamiento del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral presentó los resultados del nuevo índice Ag Barometer Austral, el cual mide el nivel de confianza de los trabajadores para/con el Gobierno a partir de encuestas… desde marzo de este año viene en caída libre, marcando por segunda edición consecutiva un deterioro contundente.

Muestra un valor de 69 frente a 79 de mayo 2021: “Si bien los factores externos traccionan este cambio de humor (en tanto los precios internacionales son algo menores respecto de abril, mayo y parte de junio), son los factores internos los principales drivers de la desconfianza de los productores”, destaca la Austral.

“La proximidad de las elecciones, las intervenciones en el mercado de carnes y la amenaza de nuevas intervenciones en el mercado de maíz, preocupan a los productores y traccionan el ánimo a la baja”, señalan los especialistas.

El Índice de Condiciones Presentes (que incluye la situación financiera actual comparada con un año atrás y la oportunidad para realizar inversiones en activos fijos) alcanza los 74 puntos. Acorde con los especialistas “esto implica una caída sustancial de casi 15% frente a la edición previa”. Un dato no menor es que este índice volvió a valores similares a los de septiembre de 2020, mes en el que había iniciado un proceso de recuperación y que se detuvo en las últimas dos ediciones, con el cierre de las exportaciones de carnes.

“Esto último se percibe, principalmente, en la percepción de la situación para la economía agropecuaria de aquí a un año. Tres cuartas partes de los productores encuestados prevén malos tiempos para el sector en los próximos doce meses”, profundizaron los expertos. Se trata de un aumento de 10 puntos porcentuales en el pesimismo, respecto a lo que ocurría en mayo de este año.


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CRISIS EN SANCOR | “El Gobierno nos abandonó y por el bloqueo sindical ya derramamos más de 100 mil litros de leche”

La reconocida cooperativa láctea debió tirar 100.000 litros de leche la semana pasada que no pudo ser procesada por un bloqueo sindical que limita la capacidad de los trabajos en las plantas. El presidente de Sancor, Abel Sánchez, cruzó al Gobierno, al Banco Nación y a la Asociación de Trabajadores Lecheros de la República Argentina. “Si hubiéramos tenido en la lechería, un dólar pyme, o dólar vaca muerta, o dólar soja, creo que podríamos haber peleado, no digo de llegar a los costos de producción, pero sí pelearlo para que el productor esté un poco más cómodo”, comentó en diálogo con los medios.

“Hoy en las plantas se está trabajando, estamos tratando de reubicar toda la leche. No fueron asambleas, fueron paros. No nos permitieron trabajar los procesos de queso y demás. Y veníamos de un fin de semana largo, en el que había mucha leche acumulada en los silos. A raíz de eso, hubo que tirar parte de esa leche porque ya estaba ácida”, detalló Sánchez.

“Estamos hipotecando la lechería del futuro, matando vacas, seleccionando toda aquella vaca que no tiene futuro o que le falta mucho para volver a producir o la vaca que el año pasado se mataba con 12 litros hoy se mata con 15 o 20 litros”, sostuvo el titular de Sancor. Según la firma, tres millones de litros de leche están en riesgo por el freno a la producción.

El empresario comentó que se venía “trabajando con un fideicomiso que arrancó hace un par de años atrás, con el funcionario Mario Cafiero como presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); nosotros le propusimos ver la forma de invertir fondos dentro de la cooperativa para llevar adelante”.

Tras el fallecimiento de Cafiero el asunto quedó en manos del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien “no atendía el teléfono” y “en noviembre de 2021 informó que había tres inversores interesados en la restructuración”: José Urbubey, Marcelo Figueiras y Gustavo Scaglione, quienes “iban a armar un fideicomiso con Sancor, prometiendo que el Banco Nación realizaría un préstamo de $60 millones”. Sin embargo, Sánchez manifestó que el Nación nunca aprobó los préstamos y que, mientras tanto, “había presiones del gremio” para que se tomaran “decisiones rápidas”.

Productores rurales organizan un paro ante el desabastecimiento de combustible y exigen soluciones al Gobierno

Un notable grupo de asociaciones rurales convocó a la protesta debido a la falta de suministros. La escasez de combustibles impide que los trabajadores del agro puedan llevar adelante con normalidad sus tareas: Se estima que el campo consume alrededor del 30% del gasoil del país. Los representantes de las organizaciones exigen que el gobierno “arbitre los medios para solucionar esta gravísima situación que afecta a los productores y, en el corto plazo, también a los consumidores de bienes provenientes del sector”.

Al comunicado, emitido por la Federación Agraria Argentina, se le anexan la Asociación Regional de Productores de Areco, la Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto, la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco y la Asociación de Productores Rurales de Arrecife.

“Los genios del desabastecimiento, primero de vacunas (Perdón… ¡Para ellos sí!) Insumos médicos, o artículos de primera necesidad en las ciudades para toda la comunidad ahora se le suma el combustible. La vida económica paralizada, y las máquinas y tractores sin poder trabajar”, sentenciaron.

LOCURA TOTAL | Insumos de la salud aumentaron más de 1.000% en lo que va del año

Gran parte de insumos médicos imprescindibles para tratamientos aumentaron un 1.000% durante 2023. El aumento se explica por los altísimos índices inflacionarios y por la suba del dólar. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina señaló que más de 300 centros del país estaban en riesgo de no poder seguir funcionando por esta cuestión. “El futuro es tan incierto como el futuro del país”, sintetizan los expertos.

Por su parte, el doctor Jorge Abdala, presidente de citado organismo, advirtió que, actualmente “las empresas importadoras consiguieron traer todos los materiales necesarios, por lo menos para la diálisis. Si bien para los tratamientos de diálisis se ha normalizado el abastecimiento, el principal inconveniente en este momento es el precio, porque la mayoría de los insumos están valuados en dólares“.

“Hay productos como la heparina, que es vital y sin el cual no se puede hacer diálisis, que subió más de 1.000% en el año. En el resto de los casos, la mayoría de los insumos aumentaron por arriba de 150, 200%“, explicó el titular de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina.

Un panorama similar fue detallado por la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, quienes comunicaron, en septiembre, que el incremento de insumos y atención aumentó entre el 50% y el 400% en el año. También se sumaron con comunicados el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas y la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.

Además de esta preocupación, se suman desafíos adicionales, como la insuficiente compensación de los profesionales de la salud, los retrasos en los pagos por parte de las obras sociales y la notable ausencia del tema de la salud en la agenda electoral.

“Al analizar las plataformas electorales del último período eleccionario aparecían temas como pobreza, trabajo, emergencia habitacional, educación, impuesto a las ganancias, inflación, policía y narcotráfico, entre otros. No aparecía salud. De hecho, a valores constantes, la asignación a salud per cápita en los últimos veinte años se ha ido reduciendo sistemáticamente“, concluyeron.

El Gobierno impuso una medida recaudatoria a Rappi y PedidosYa y las empresas analizan irse del país

Hace una semana, el Gobierno habilitó a la AFIP para que le exija a las empresas Rappi y PedidosYA que registren a 300 mil empleados -que actualmente son monotributistas- para obtener las cargas sociales (según la AFIP por valor de $7500 millones).

“Pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a las plataformas digitales de delivery, en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización”, justificó AFIP.

https://twitter.com/BlogDelContador/status/1720489419336012060?s=20

Es decir, el ente gubernamental alega que los repartidores de las empresas de delivery son empleados en relación de dependencia y que al no ser registrados, están escapando a las responsabilidades que les toca como empleador y perjudicando al trabajador al no poder otorgarles ciertos beneficios.

Ante este apriete impositivo, las firmas están analizando irse del país

“La AFIP sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales. Las empresas que administran las apps sostienen que los repartidores son autónomos y monotributistas y por lo tanto cada uno paga sus respectivos aportes“, explicó una fuente que responde a las empresas.

“El número repartidores es cambiante, porque el autónomo puede entrar o salir del sistema cuando lo desee. Pero las empresas lo tienen estimado y, en total, las personas que encuentran una salida laboral mediante las apps de delivery son aproximadamente 300.000”, detalló.

Si las empresas se adaptan a las exigencias de la AFIP, “este modelo desaparece, y por eso que en muchos países no lo reglamentan, como en Francia, España, Italia y otros”, sumó. En tanto, las compañías de delivery apelarán al fuero Contencioso Administrativo Federal y ante el Tribunal Fiscal.

La crisis está matando a las cervecerías artesanales: “Entre la inflación y la falta de productos es imposible”

El rubro de las cervecerías artesanales —fuertemente afectado por la cuarentena, ya acumula una baja del 20% comparado al año pasado— se sumó a la lista de industrias en crisis: La pinta aumentó 220% en un año. Trabajadores del sector explican la caída por el alza de los insumos, atados al dólar blue. El 90% de los productos utilizados para la producción son importados y no pueden sustituirse por materia prima nacional.

Martín Boan, dueño de Bierlife y miembro de Cervecerías Independientes —reúne a más de 250 pymes del sector— explicó que “todos los insumos necesarios para producir la cerveza artesanal subieron muy por encima de la inflación. De hecho, el lúpulo, a principio de año estuvo en falta y creemos que esto va a volver a suceder en el verano. Eso complica la forma de producir y genera un fuerte incremento en los costos que se traducen en la rentabilidad”. El sector artesanal representa el 3% del volumen de cerveza vendido a nivel nacional, compuesto por más de 1500 pymes y genera 5000 puestos de trabajo de manera directa.

Por su parte, José Bini, de Bierhaus, señaló que “hasta las elecciones PASO el aumento era en torno al 40 o 50% en dólares oficial. Pero ahora se rigen con el contado con liquidación. Esto genera un gran desafío para poner los precios tanto de reposición como para el consumidor final. Además, tenemos mercadería que nos entregaron hace seis meses pero aún no pudimos pagarla porque el Banco Central no autoriza los pagos”.

Según relevamientos de la empresa de software gastronómico Maxirest, el valor de la pinta de cerveza aumentó 220% en un año, a día de hoy, el costo supera los $2000. “Hay un esfuerzo muy grande por parte de las empresas para que los costos que tenemos que afrontar no se trasladen al consumidor”, concluyeron los empresarios cerveceros.

Medida de campaña: La devolución del IVA solo regirá hasta el final de este Gobierno

El programa “salvavidas” de la gestión del ministro de Economía Sergio Massa, la devolución del IVA, sólo tendrá vigencia hasta diciembre y deberá ser discutido en el Senado en caso de solicitar una prórroga.

El programa denominado “Compra sin IVA”, activo desde el 28 de septiembre, contempla la devolución del Impuesto al Valor Agregado en compras de artículos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, según anunció la cartera del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Massa anunció un programa de devolución del IVA sobre artículos de la Canasta Básica

La iniciativa implicará la devolución del 21% para 9 millones de trabajadores que cobran salarios de hasta $708.000. Se devolverá a las 48 horas. Se enviará al Congreso un proyecto para que se extienda a 2024 por un monto de hasta $23.000 mensuales.

El reintegro del 21% en las compras de productos de consumo masivo realizadas en comercios minoristas y mayoristas tiene un tope de hasta $18.800 mensuales y está destinado a jubilados, pensionados, personal de casas particulares, beneficiarios de asignaciones universales por hijo/embarazo, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia. Es decir, a la clase media/baja que percibe menos de $708.000,00 brutos por mes.

La medida fue habilitada a “modo campaña”, dado que el eje de la misma está girando en una solicitud puntual expuesta por el candidato libertario: la reducción de impuestos. Ante ello, el candidato oficialista elevó el programa en tiempo récord. Asimismo, avanzó con la eliminación del Impuesto a las Ganancias que también fue tratado el mismo mes.

Sergio Massa on Twitter: “NINGÚN TRABAJADOR VOLVERÁ A PAGAR GANANCIASDesde hace más de 10 años vengo sosteniendo que #ElSalarioNoEsGanancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. pic.twitter.com/62RAZ0XARk / Twitter”

NINGÚN TRABAJADOR VOLVERÁ A PAGAR GANANCIASDesde hace más de 10 años vengo sosteniendo que #ElSalarioNoEsGanancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. Desde ahora, la eliminación del Impuesto a las Ganancias para las y los trabajadores es una realidad. pic.twitter.com/62RAZ0XARk

Sin embargo, la eximición del programa expone que no es más que una medida de campaña para intentar atraer algunos electores descontentos con la desastrosa gestión en materia económica.

No obstante, Economía se defendió alegando que el programa podrá seguir vigente el año próximo si se trata en la Comisión de Presupuesto del Senado y se convierte en ley.

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