La cuarentena DESTRUYÓ la economía de CABA

El segmento pyme ya tiene una primera foto de los cierres originados por el parate económico. Piden corredores barriales mientras batallan con los súper.
Crisis de los comercios
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Crisis de los comercios

En cuenta regresiva para llevar a cabo un encuentro con representantes de la cartera de Producción a nivel nacional, el segmento del comercio pyme ya tiene una primera foto del desastre económico que viene generando la pandemia en Capital Federal y el conurbano bonaerense. Sendos sondeos promovidos por entidades de la actividad arrojaron que, desde que se impuso el aislamiento por la llegada del Covid-19, cerraron de forma definitiva unos 24.000 puntos comerciales en el ámbito porteño.

En términos de empleo, esto implica la pérdida de casi 50.000 puestos de trabajo. Expusieron, además, que tomado desde la perspectiva del AMBA el parate económico predominante viene promoviendo el cese de operaciones de 80 puntos comerciales cada 24 horas.

Crisis de los comercios

Ante ese colapso, los referentes del comercio pyme mantendrán una entrevista con asesores del ministro Matías Kulfas durante la jornada del martes con el fin de destrabar el funcionamiento de distintos corredores barriales en la Ciudad. Desde FECOBA, la federación que integra a los comercios y la industria en esta parte de la Argentina, aportaron a iProfesional los datos del desastre que enfrenta la actividad y adónde apunta el pedido de reactivación de las áreas que se le plantearán a Producción.

“No hay margen para seguir esperando más, por lo que el foco estará puesto en pedir que se habilite la actividad en los corredores que cuentan con centros comerciales a cielo abierto. La negociación girará en torno a los locales en avenida San Martín, la zona de Florida, avenida Corrientes, Once, Acoyte y Rivadavia, por poner ejemplos. Siempre con énfasis en el distanciamiento social y el respeto por los protocolos sanitarios”, dijo a iProfesional Fabián Castillo, presidente de la Federación.

“La apuesta inicial es garantizar la supervivencia del comercio de proximidad, y en tanto se siga sosteniendo el control para que la gente no se desplace demasiado podemos asegurar que la clientela sólo estará formada por vecinos. De esta forma se destrabaría, por ejemplo, la situación de los comercios de indumentaria y calzado, que no abren desde marzo aunque elevaron protocolos”, añadió.

Crisis de los comercios

Consultado -siempre desde la perspectiva de una potencial reapertura- respecto de cómo el grueso de los empleados haría cada día para acercarse a los puestos de trabajo, Castillo sostuvo que “no habría inconvenientes porque el 80 por ciento tiene domicilio en Capital Federal y el medio de traslado se acordaría con el empleador”.

“Todo se definirá desde la perspectiva de cuidar al máximo la salud de empleados y clientes. Lo que necesitamos es abrir cuanto antes. Más del 15 por ciento de los locales comerciales ya cerró de forma definitiva en la Ciudad desde que empezó la pandemia. Y cada día el escenario se vuelve peor. Ya informamos la complicación para cubrir sueldos y ni hablar de la imposibilidad para afrontar los aguinaldos. Confiamos en que las autoridades nos darán luz verde para reabrir bajo la forma de corredores barriales”, concluyó.

BATALLA CONTRA LOS SUPERMERCADOS

Al margen de estos números, los comercios pyme de la Ciudad celebran la decisión de la Legislatura de elevar una declaración a la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta exigiendo que los supermercados en la Ciudad dejen de comercializar indumentaria, calzado, electrónica y bazar. Desde FECOBA aseguran que el bloqueo a la reapertura de locales fue aprovechado por las cadenas para comercializar productos que exceden a la oferta de “productos esenciales”.

En concreto, el jueves pasado la mencionada Legislatura porteña aprobó un texto en el que se le solicita al Ejecutivo de la Ciudad que evite “la comercialización en supermercados de productos no esenciales afines a las industrias del calzado, indumentaria, artículos de perfumería, y artículos deportivos, con el objetivo de no fomentar la competencia desleal en detrimento de la Pymes que se encuentran imposibilitadas de abrir sus puertas debido a las restricciones vigentes en relación a la emergencia sanitaria actual”.

La iniciativa es de autoría del legislador Guillermo Suárez y cuenta con el acompañamiento de sus compañeros del bloque Vamos Juntos Diego García Vilas, Daniel del Sol, Esteban Garrido, Paola Michielotto, Jorge Apreda, Ana Bou Pérez, Matías López y Hernán Reyes.

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“En la actualidad, una de las problemáticas que más afecta a las Pymes es que los supermercados e hipermercados puedan vender los mismos artículos que muchos comercios barriales se encuentran imposibilitados de ofrecer, dada la cuarentena y sus limitaciones”, explican los considerandos de la norma aprobada.

“De este modo, se configura una clara situación de competencia desleal ya que los comerciantes y productores no pueden colocar sus productos en el mercado libremente en virtud de no encontrarse contemplados dentro de las excepciones, estableciéndose una especie de monopolio involuntario a favor de ciertas entidades, en claro perjuicio de las Pymes y comerciantes minoristas”, se agrega.

“Bajo esta perspectiva, resulta oportuno contemplar la situación de los sectores de la economía más castigados por la pandemia, y establecer un criterio uniforme respecto de las actividades comerciales ya descriptas, evitando la competencia desleal en favor de unos y en detrimento de otros”, concluye el escrito.

*Fuente: iProfesional


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La pobreza estructural trepó al 18,8% en CABA y marca su peor registro desde 2019

Para comprender el alcance real de la vulnerabilidad social, resulta clave diferenciar entre la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Mientras que el método tradicional del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) se limita a contrastar la suma del dinero mensual que entra a un hogar con la valorización de las canastas básicas, el enfoque multidimensional mide el acceso efectivo a derechos fundamentales. De esta forma, la medición va más allá del bolsillo diario para evaluar si una familia padece carencias estructurales en áreas críticas como la vivienda digna, la salud, la educación, los servicios básicos y la seguridad alimentaria.

Esta distinción técnica explica por qué un descenso coyuntural en la tasa de inflación o una mejora puntual en el poder de compra monetario no implican necesariamente una salida automática de la pobreza. Si bien la estabilidad de precios o la asistencia social inmediata pueden mover las cifras monetarias en el corto plazo, no resuelven de manera directa deudas de fondo como el hacinamiento crítico, la falta de cobertura médica, las deficiencias en la infraestructura urbana o la imposibilidad de garantizar un esquema de alimentación adecuado y variado en el tiempo.

En este marco cobra centralidad la definición de la “pobreza persistente”, elaborada por el economista Agop Karagoz. Este concepto describe la situación de aquel núcleo social golpeado por una doble vulnerabilidad: la falta recurrente de ingresos suficientes combinada con una privación estructural de derechos esenciales. Al quedar atrapados en esa intersección, los hogares no sólo enfrentan dificultades para cubrir su canasta mensual, sino que además carecen del soporte de infraestructura básica y servicios que les permitiría salir de esa condición de vulnerabilidad social de largo plazo.

La medición en CABA y su metodología

Los datos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires confirman que las privaciones estructurales han mostrado un avance sostenido en los últimos años. De acuerdo con las mediciones del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), la pobreza multidimensional en los hogares pasó del 15,3% en 2019 al 17,5% en 2021 —post-pandemia—, para escalar finalmente al 18,8% en la medición actual. Esta tendencia evidencia que, más allá de los vaivenes económicos de coyuntura, la proporción de familias con privaciones no monetarias no ha dejado de crecer.

El impacto de estos números cobra una relevancia particular al considerar la jurisdicción en la que se registran. Se trata de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que cuenta con el mayor presupuesto por habitante de todo el país y con una infraestructura de servicios públicos históricamente consolidada. Que casi dos de cada diez hogares porteños padezcan carencias de tipo multidimensional expone los límites del gasto local para evitar el deterioro social en el territorio capitalino.

Para capturar esta realidad, el IDECBA utiliza la información proveniente de la Encuesta Anual de Hogares (EAH) bajo el denominado “método consensual”. Esta metodología implica que los indicadores de privación no se fijan de manera arbitraria o puramente teórica, sino a partir de lo que la propia sociedad porteña define como el conjunto de bienes, servicios y condiciones de vida indispensables para alcanzar un nivel de bienestar digno en la Ciudad.

Las dimensiones con mayor impacto

Al desglosar las carencias por áreas, el rubro “alimentación” se consolida como el factor de mayor deterioro y presión sobre las familias porteñas. La privación en este indicador saltó del 22,4% en 2021 al 25,6% en 2025, impulsada por un número creciente de hogares que se vieron obligados a reducir las porciones de sus comidas, alterar la variedad de los alimentos consumidos o, en los casos más severos, directamente saltearse alguna de las ingestas diarias.

Por su parte, el bloque de “servicios e infraestructura urbana” también mostró un avance en sus niveles de carencia, pasando del 12,1% al 14,5% en el mismo período. Este incremento refleja dificultades persistentes en el acceso a condiciones adecuadas de habitabilidad y entorno, mientras que otros indicadores vinculados al equipamiento del hogar mostraron un amecetamiento o leves variaciones, evidenciando un escenario donde el presupuesto familiar priorizó la subsistencia diaria por sobre la renovación de bienes.

Infancia y disparidad territorial

La vulnerabilidad multidimensional adquiere un sesgo aún más preocupante al observar la composición de los hogares. En aquellos donde viven niños, niñas y adolescentes, la tasa de privación estructural alcanza el 20,6%. Este dato pone de manifiesto que las deficiencias en el acceso a condiciones de vida dignas afectan de manera directa el desarrollo integral de las infancias en el territorio porteño.

A esta brecha generacional se le suma una profunda fractura geográfica que divide a la Capital Federal en dos realidades contrapuestas. Mientras que en la zona norte la pobreza multidimensional afecta a tan sólo el 6,5% de los hogares, en la zona sur esta problemática trepa de manera crítica hasta alcanzar al 30,4%. De esta forma, casi un tercio de las familias del sur de la Ciudad conviven con privaciones estructurales en sus derechos básicos.

La paradoja del indicador

El informe oficial concluye exponiendo una clara paradoja en la dinámica social porteña. Mientras que el denominado “núcleo duro” —aquellos hogares que sufren simultáneamente pobreza monetaria y privación multidimensional— se redujo al 6,3%, la proporción de familias que sufren privaciones de derechos pero cuyos ingresos quedan formalmente por encima de la línea de pobreza subió al 12,6%.

Este fenómeno deja al descubierto que tener un ingreso que supere la canasta monetaria ya no garantiza el acceso a una vida digna, visibilizando la persistente deuda de infraestructura, servicios y garantías de derechos en la Ciudad de Buenos Aires.

*Por Augusto Grinner

Despidos y decenas de proveedores en la ruina: luego de 60 años, Knorr cierra su fábrica en Mendoza

El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.

La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.

Las razones corporativas del cierre

Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.

En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.

El espejo nacional

El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.

Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.

Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólares en concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.

A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.

*Por Augusto Grinner

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