La cuarentena DESTRUYÓ la economía de CABA

El segmento pyme ya tiene una primera foto de los cierres originados por el parate económico. Piden corredores barriales mientras batallan con los súper.
Crisis de los comercios
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Crisis de los comercios

En cuenta regresiva para llevar a cabo un encuentro con representantes de la cartera de Producción a nivel nacional, el segmento del comercio pyme ya tiene una primera foto del desastre económico que viene generando la pandemia en Capital Federal y el conurbano bonaerense. Sendos sondeos promovidos por entidades de la actividad arrojaron que, desde que se impuso el aislamiento por la llegada del Covid-19, cerraron de forma definitiva unos 24.000 puntos comerciales en el ámbito porteño.

En términos de empleo, esto implica la pérdida de casi 50.000 puestos de trabajo. Expusieron, además, que tomado desde la perspectiva del AMBA el parate económico predominante viene promoviendo el cese de operaciones de 80 puntos comerciales cada 24 horas.

Crisis de los comercios

Ante ese colapso, los referentes del comercio pyme mantendrán una entrevista con asesores del ministro Matías Kulfas durante la jornada del martes con el fin de destrabar el funcionamiento de distintos corredores barriales en la Ciudad. Desde FECOBA, la federación que integra a los comercios y la industria en esta parte de la Argentina, aportaron a iProfesional los datos del desastre que enfrenta la actividad y adónde apunta el pedido de reactivación de las áreas que se le plantearán a Producción.

“No hay margen para seguir esperando más, por lo que el foco estará puesto en pedir que se habilite la actividad en los corredores que cuentan con centros comerciales a cielo abierto. La negociación girará en torno a los locales en avenida San Martín, la zona de Florida, avenida Corrientes, Once, Acoyte y Rivadavia, por poner ejemplos. Siempre con énfasis en el distanciamiento social y el respeto por los protocolos sanitarios”, dijo a iProfesional Fabián Castillo, presidente de la Federación.

“La apuesta inicial es garantizar la supervivencia del comercio de proximidad, y en tanto se siga sosteniendo el control para que la gente no se desplace demasiado podemos asegurar que la clientela sólo estará formada por vecinos. De esta forma se destrabaría, por ejemplo, la situación de los comercios de indumentaria y calzado, que no abren desde marzo aunque elevaron protocolos”, añadió.

Crisis de los comercios

Consultado -siempre desde la perspectiva de una potencial reapertura- respecto de cómo el grueso de los empleados haría cada día para acercarse a los puestos de trabajo, Castillo sostuvo que “no habría inconvenientes porque el 80 por ciento tiene domicilio en Capital Federal y el medio de traslado se acordaría con el empleador”.

“Todo se definirá desde la perspectiva de cuidar al máximo la salud de empleados y clientes. Lo que necesitamos es abrir cuanto antes. Más del 15 por ciento de los locales comerciales ya cerró de forma definitiva en la Ciudad desde que empezó la pandemia. Y cada día el escenario se vuelve peor. Ya informamos la complicación para cubrir sueldos y ni hablar de la imposibilidad para afrontar los aguinaldos. Confiamos en que las autoridades nos darán luz verde para reabrir bajo la forma de corredores barriales”, concluyó.

BATALLA CONTRA LOS SUPERMERCADOS

Al margen de estos números, los comercios pyme de la Ciudad celebran la decisión de la Legislatura de elevar una declaración a la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta exigiendo que los supermercados en la Ciudad dejen de comercializar indumentaria, calzado, electrónica y bazar. Desde FECOBA aseguran que el bloqueo a la reapertura de locales fue aprovechado por las cadenas para comercializar productos que exceden a la oferta de “productos esenciales”.

En concreto, el jueves pasado la mencionada Legislatura porteña aprobó un texto en el que se le solicita al Ejecutivo de la Ciudad que evite “la comercialización en supermercados de productos no esenciales afines a las industrias del calzado, indumentaria, artículos de perfumería, y artículos deportivos, con el objetivo de no fomentar la competencia desleal en detrimento de la Pymes que se encuentran imposibilitadas de abrir sus puertas debido a las restricciones vigentes en relación a la emergencia sanitaria actual”.

La iniciativa es de autoría del legislador Guillermo Suárez y cuenta con el acompañamiento de sus compañeros del bloque Vamos Juntos Diego García Vilas, Daniel del Sol, Esteban Garrido, Paola Michielotto, Jorge Apreda, Ana Bou Pérez, Matías López y Hernán Reyes.

Crisis de los comercios

“En la actualidad, una de las problemáticas que más afecta a las Pymes es que los supermercados e hipermercados puedan vender los mismos artículos que muchos comercios barriales se encuentran imposibilitados de ofrecer, dada la cuarentena y sus limitaciones”, explican los considerandos de la norma aprobada.

“De este modo, se configura una clara situación de competencia desleal ya que los comerciantes y productores no pueden colocar sus productos en el mercado libremente en virtud de no encontrarse contemplados dentro de las excepciones, estableciéndose una especie de monopolio involuntario a favor de ciertas entidades, en claro perjuicio de las Pymes y comerciantes minoristas”, se agrega.

“Bajo esta perspectiva, resulta oportuno contemplar la situación de los sectores de la economía más castigados por la pandemia, y establecer un criterio uniforme respecto de las actividades comerciales ya descriptas, evitando la competencia desleal en favor de unos y en detrimento de otros”, concluye el escrito.

*Fuente: iProfesional


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El FMI cuestionó al INDEC por medir la inflación con datos de consumo de hace 20 años

El Fondo Monetario Internacional sostiene que la canasta de bienes y servicios que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor está “desactualizada” porque aún se basa en patrones de consumo de hace 15–20 años.

Eso implicaría que la importancia que se le da a rubros como alimentos, energía, servicios, alquileres o transporte no coincide con cómo gasta hoy una familia media.

— La Directora Gerente del FMI es la economista búlgara, Kristalina Georgieva

Por ejemplo, hace dos décadas se gastaba más en alimentos y menos en servicios (educación, salud, telefonía, luz, internet, etc.), y si la canasta no se actualiza, el índice puede subestimar o sobrestimar la verdadera presión sobre el bolsillo. Desde 2016 ya se advirtió que usar una encuesta de 2004/05 para 2025 generaba distorsiones, y el FMI insiste ahora en que el atraso metodológico afecta la confiabilidad del dato.

El informe del FMI indica que una nueva metodología para el IPC ya estaba preparada y debería haberse implementado hace más tiempo, pero su aplicación se retrasó en el medio de un proceso de baja de la inflación. Algunos analistas interpretan que el Ejecutivo quiso evitar que el cambio de metodología mostrara una inflación más alta en el corto plazo.

El rediseño ya fue concluido en términos técnicos bajo el titular del INDEC Pedro Lines, aunque su aplicación sigue postergada por una decisión política. En el Estado prefieren evitar cambios en un año electoral, ante el eventual impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y la discusión salarial.

Encuesta de la consultora Zentrix sobre la percepción pública del IPC del INDEC

Desde enero–febrero de este año, el INDEC ya puso en marcha una metodología nueva. Está basada en la Encuesta Nacional de Gastos 2017/18, con más peso en servicios y vivienda y una canasta más cercana a los hábitos actuales. Aunque esto era algo que el FMI reclamaba, el organismo sigue diciendo que el cambio debería haber sido más rápido y que el marco institucional del INDEC sigue siendo débil.

Más allá del IPC, el FMI señala que otros indicadores económicos argentinos (cuentas nacionales, sector externo, etc.) también tienen problemas por usar metodologías anticuadas o pocas fuentes de información. Por eso plantea una reforma institucional: que el INDEC tenga mayor independencia, claridad legal y protección política para que sus datos no parezcan manipulados por el Gobierno de turno.

En la práctica, eso implicaría una nueva ley del INDEC que garantice autonomía técnica, transparencia en la metodología y acceso a datos, además de fortalecer la capacidad estadística del país. El Fondo ofrece asistencia técnica para esta modernización, pero condiciona también la percepción de confiabilidad de las estadísticas argentinas.

El índice de inflación oficial se usa para indexar salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, contratos de alquiler, cláusulas de actualización de tarifas y muchas sentencias judiciales.

Si el IPC realmente se encuentra desbalanceado, puede subestimar la verdadera pérdida de poder adquisitivo y dejar cortos los aumentos de haberes o pensiones. Además, rompe con la confianza en las estadísticas oficiales, ya que el mercado y los actores privados suelen empezar a apoyarse en mediciones alternativas para seguir la evolución de los precios.

El FMI proyecta que la inflación en Argentina cerrará 2026 alrededor del 25% anual, mientras el Gobierno habla de un orden de magnitud notablemente más bajo (de 10,1% en el presupuesto 2026). Esa diferencia de expectativas refleja justamente la desconfianza sobre cómo se mide la inflación y refuerza la presión del FMI para que el INDEC se modernice y se vuelva más creíble.

El FMI quiere eliminar las ventajas impositivas de Tierra del Fuego

La reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional le sugiere a la Argentina incluye la eliminación de lo que el organismo denomina Excepciones Impositivas de las Zonas Económicas Especiales, dentro de un plan más abarcativo que tiene por intención sumar ingresos al fisco por el equivalente al 3,3% del PBI.

El Régimen Especial de Tierra del Fuego tiene por objetivo favorecer la radicación de industria electrónica. Nació en 1972 en el marco del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y es una de las pocas políticas de Estado que ha venido sobreviviendo desde entonces. 

– Kristalina Gueorguieva, directora gerente​ del Fondo Monetario Internacional desde 2019

No nació con un objetivo económico, sino geopolítico. En la década del 70 la Argentina está en constante tensión con Chile por la delimitación de las fronteras en el sur. De hecho, 7 años después de sancionada la ley, ambos países estuvieron al borde de la guerra por la disputa de las islas Picton, Lennoxn y Nueva, en el canal del Beagle en Tierra del Fuego.

Los militares procuraban asegurar el asentamiento de población argentina en la región para contener un eventual avance de ocupación chileno. El régimen se mantuvo a pesar de que con el paso del tiempo la tensión entre ambos países disminuyó al punto de que en 1998 se terminaron de celebrar los últimos acuerdos fronterizos en Campos de Hielo.

Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional y se convirtió en una provincia más que incluye las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y Antártida. La industria electrónica es una de las principales actividades económicas, junto con el turismo y la pesca de centolla.

De acuerdo con datos del INDEC, cuando nació el régimen la isla tenía una población de 13.527, y en 2022 había crecido a 191.780.

Las empresas industriales radicadas en la zona no pagan IVA, ni Impuesto a las Ganancias, ni pagan derechos de importación para sus insumos, pero ahora compiten con la apertura de la importación de electrónica de extrazona del Mercosur. 

Cuál es el gasto fiscal del régimen

De acuerdo con el documento del FMI, que forma parte del Staff Report de la última revisión, el régimen especial por zona geográfica de la Argentina cuesta 0,4 puntos del PBI.  A eso hay que agregarle otros componentes: las excepciones del IVA representan 1, 2 puntos del PBI y el monotributo, un punto del PBI.

A ello hay que agregar que se propone ampliar la base de tributación del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia hasta un umbral del 20% y “alinear” el monotributo con los aportes del Impuesto que hacen los autónomos. 

En total, el FMI considera que el gasto tributario de la Argentina es grande” y los estima en los 3,5% del PBI. Si se toma un PBI nominal de $847 billones al 31 de diciembre de 2025 y se lo actualiza a fin de 2025 por un crecimiento del 3,5% y una inflación del 25%, el costo del régimen de Tierra del Fuego es de unos $4,38 billones al año. 

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Carlos Lamiral

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