Abarca a familias de cuatro integrantes. La Canasta Básica Total registró una suba del 3,8% en ese mes.
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Una familia de cuatro integrantes necesitó un ingreso de $47.216 en septiembre para no ser considerada pobre, lo que significó un aumento del 3,8%, un punto por encima del índice de inflación de ese mismo mes, informó hoy el INDEC.
La Canasta Total (CBT), conformada por alimentos y artículos de primera necesidad para el grupo integrado por dos adultos y dos niños, acumuló en un año medido hasta septiembre un alza del 35,7%.
En agosto anterior, esta misma canasta tuvo un costo de $45.477, según el organismo encargado de las estadísticas públicas. El dato es preocupante porque al mantenerse los ingresos sin cambios y los precios en alza, aumenta la cantidad de pobres que, según el último indicador oficial, trepó al 40,9% en el primer semestre. Según la información oficial, la suba del 3,8% registrada en la canasta durante septiembre superó en un punto al 2,8% de ese mismo período.
El acumulado anual para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 36,6%, casi un punto por encima al de la canasta total.
Por su parte, la canasta que mide el nivel de indigencia -una familia que apenas tiene ingresos para los alimentos- se ubicó durante septiembre en $19.430 contra $18.792,42 del mes anterior.
En este caso, la denominada Canasta Alimentaria (CBA) experimentó en septiembre un alza del 3,4% y registró en un año un incremento del 39,6%.
Al igual que la canasta de pobreza, la que mide el nivel de indigencia también subió por encima del índice inflacionario en general, lo cual marca que la suba de precios afecta con más fuerza a los sectores de menores recursos.
El INDEC también mide el valor de la canasta para un hogar de tres integrantes: una mujer de 35 años, el hijo de 18 años y la madre de 61 años, la cual para no ser pobre requirió en septiembre un ingreso de $37.589, mientras que la de indigencia se ubicó en $15.469.
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El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.
La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.
Las razones corporativas del cierre
Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.
En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.
El espejo nacional
El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.
Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.
Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólaresen concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.
A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.
El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.
Mientras la Provincia se declara en déficit y ajusta por el lado de las vacantes y los beneficios impositivos, la plata que el Estado se gira a sí mismo supera al rojo por más del doble.
Apartaban los ladrillos en pleno operativo y prepararon panes de yeso para disimular el faltante. La droga iba a la venta clandestina y un descuadre en la balanza destapó la maniobra.
El Observatorio de Política Criminal contabilizó 5.209 muertes en 2025 sobre datos oficiales, un 22,6% más que en 2024 y la tasa más alta desde que hay registro. La cifra ya más que triplica a la de homicidios dolosos.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
