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Las medidas del Gobierno, materializadas en la cuarentena y en las diferentes restricciones e impuestos siguen apretando a las empresas y al bolsillo de los argentinos. Hoy, dos empresas internacionales se sumaron a la lista del éxodo.
Las empresas chilenas cesarán sus actividades comerciales en el país. Según detalló Clarín, Falabella tiene 10 tiendas y el mismo grupo empresario es dueño de 9 sucursales de Sodimac, con locales especializados en materiales de construcción y artículos para el hogar. Significa entonces el cierre de 19 locales a lo largo del país.
Falabella es una de las 100 empresas de retali más importantes del mundo. La situación económica argentina, la baja de consumo y “el mal clima de negocios”, las claves de la retirada, informó Data Clave. “La crisis por la pandemia aceleró la decisión, pero la economía argentina y las condiciones de negocio son la causa central”, relevaron a citado medio fuentes en conocimiento de la operación.
Falabella ya había iniciado un proceso de achique hace un año, cuando el cambio de signo político era casi un hecho. En septiembre de 2019 despidió a 250 empleados, lo que significaba un ajuste de 4% de sus plantilla de trabajadores en el país.
Detrás de la salida se conjugan varios factores. El primero es el mal momento que atraviesa la economía argentina, con caídas inéditas en el consumo.Al mal momento económico se suman las restricciones para importar que hacen cada vez más difícil el negocio principal de Falabella, ya que sus tiendas departamentales trabajan en gran parte con mercadería comprada en el exterior.
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Desde que asumió Milei, el Gobierno pasó la motosierra por el empleo público. Así lo confirmó un informe que analizó los datos de empleo de la administración pública nacional y de las empresas y sociedades del mes de julio pasado comparándolos con el mes de diciembre de 2023. Allí se observó una reducción de 30.936 puestos, equivalente al 9,1% de la dotación base de final del año pasado. La administración central, el Correo Oficial, la ANSES, el CONICET y AYSA lideran las bajas.
El dato revelador surgió de un relevamiento realizado por el economista Nadín Argañaraz, a partir de datos del INDEC, en el que observó los cambios en la cantidad de trabajadores que forman parte del empleo público desde que comenzó la administración libertaria.
Desde el punto de vista de la intensidad de la reducción sobre la dotación de diciembre de 2023, las mayores caídas se centran en Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-58.5%), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (-30.3%), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-29.7%), Agencia Nacional de Discapacidad (-28.2%), Ente Nacional de Comunicaciones (-26.6%) y el Correo Oficial de la República Argentina (-24.2%).
EN LOS ÚLTIMOS CINCO MESES SE PERDIERON 115.000 PUESTOS DE TRABAJO EN EL PAÍS
Durante los primeros cinco meses del Gobierno de Javier Milei se perdieron 115.000 puestos de trabajo registrado, de acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En medio de la crisis económica que sufre el país, casi la totalidad los sectores laborales experimentaron una caída del nivel de empleo. En el sector privado, 1 de cada 100 trabajadores se encuentra suspendido.
Las personas con trabajo registrado pasaron de 13.359.000 en diciembre de 2023 a 13.244.000 en mayo de este año. En la comparación interanual, el total de trabajadores con empleo registrado se redujo un 1,4%. Las caídas se dieron en todos los sectores: personal en casas particulares, trabajo independiente, sector público y sector privado. “Esta caída del empleo asalariado obedece al retroceso mostrado por el sector privado y el personal de casas particulares (-2% y -4,6% respectivamente)”, explicó el informe del SIPA.
En mayo, el trabajo independiente presentó una caída en relación con el mes anterior del 0,1%; mientras que el monotributo social registró un descenso del 1,0% y autónomos, una baja del 1,4%.
Por otro lado, de acuerdo al SIPA, el nivel de empleo privado durante mayo de 2024 tuvo una contracción del 0,1% en relación con abril y acumula, desde diciembre de 2023, una reducción de 2,1%. El informe de la Secretaría de Trabajo señala que en junio el empleo privado registrado volvió a caer y se redujo un 0,2%. Con esta variación, son seis meses consecutivos de caída neta del empleo desde que asumió el Presidente Javier Milei.
A excepción de Comercio, restaurantes y hoteles y Servicios comunales, sociales y personales; todos los sectores experimentaron una contracción en junio. Específicamente el empleo en la industria manufacturera, que mostró una contracción significativa (-0,5%), y registra el quinto mes consecutivo de caída. Por su parte, el sector de la Construcción “continúa presentando la mayor contracción mensual (-0,7%), consolidando también la desaceleración de la caída en relación con los meses anteriores”, señaló en el informe la Secretaria de Trabajo.
Las incorporaciones de personal, medidas a través de la tasa de entrada, se redujeron en junio con relación al mes anterior y respecto al mismo mes de 2023, acentuando la tendencia contractiva observada en meses anteriores.
En esa línea, las desvinculaciones de personal, medidas por la tasa de salida, también mostraron una caída en la comparación con mayo y con el mismo mes del año anterior.
Por último, la demanda laboral tuvo en junio el valor más bajo de la serie, es decir, desde el año 2007. Solo en 2020, con la influencia de la pandemia, se registró un nivel menor para un mes de junio.
La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
El Gobierno nacional tomó una medida que impactará de manera significativa en las finanzas de los municipios.Desde este miércoles, las comunasya no podrán incluir tasas o impuestos locales en las facturas de servicios esenciales como la luz y el gas. La resolución 2024-267, que será publicada en el Boletín Oficial, establece que las facturas deberán detallar exclusivamente el precio del servicio contratado, eliminando cargos adicionales que no correspondan al servicio prestado.
La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que esta decisión responde a “reiteradas denuncias públicas” sobre el cobro de tasas municipales ocultas en las boletas de servicios esenciales.
La iniciativa surge como respuesta a las crecientes quejas de distintos sectores —entre ellos supermercadistas y comerciantes mayoristas— quienes desde hace meses vienen alertando sobre el aumento desmedido de tasas municipales incluidas en las facturas de servicios públicos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) son algunas de las organizaciones más vocales en sus denuncias.
Armando Farina, vicepresidente de CADAM, explicó que municipios como Lanús y Quilmes han incrementado la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) de manera considerable. El barrio porteño de Lanús, por ejemplo, pasó del 2,36% al 6%, mientras que otras localidades, como Malvinas Argentinas, también aumentaron sus tasas de forma retroactiva. Estas alzas, según Farina, no solo afectan a los comerciantes y también impactan en el precio final que pagan los consumidores.
La preocupación por el impacto económico de estas tasas es compartida por el sector empresarial. Un estudio de CADAM reveló que, en algunos municipios, los impuestos nacionales, provinciales y municipales pueden representar hasta el 49,1% del precio final de un producto de primera necesidad. Este escenario agrava la situación de los comerciantes y consumidores, que ven cómo los costos laborales y productivos se incrementan debido a la presión impositiva local.
En los últimos meses, varias intendencias incrementaron sus tasas como medida compensatoria ante la caída de la recaudación y la merma en las transferencias discrecionales de Nación. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, fue uno de los primeros en anunciar un aumento en la TSH, medida que generó una ola de críticas no solo entre los comerciantes afectados, sino también en el ámbito nacional.
En municipios como Hurlingham y Pilar, los intendentes implementaron nuevos impuestos bajo conceptos como "Tasa de Comedores y Merenderos" o "Tasa Vial", que agregan recargos a productos esenciales como el combustible o los envases utilizados en supermercados. Estas decisiones generaron el repudio de los vecinos e incluso acciones legales por parte de la oposición, que considera que dichos gravámenes son inconstitucionales.
EL ANUNCIO DE LUIS CAPUTO
El ministro de Economía expresó su firme rechazo a estos aumentos, clasificándolos de "fines recaudatorios" que obstaculizan el plan económico del presidente Milei: "Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas, lo que genera una mayor presión sobre los precios que pagan los consumidores", aseguró Caputo, quien también señaló, citando a la Corte Suprema, que las tasas municipales deben estar vinculadas a un servicio efectivamente prestado, y su monto debe ser proporcional al costo del servicio.
La medida del Gobierno apunta, además, a contener el impacto que estas subas tienen en el Índice de Precios al Consumidor, dado que las tasas municipales elevan el costo de los servicios y, por ende, el precio de los productos finales.
UN GOLPE AL CURRO DE LOS INTENDENTES K
La prohibición de incluir tasas en las facturas de servicios representa un duro golpe para la recaudación de los municipios, que en muchos casos dependen de estos ingresos para financiar servicios locales.
Desde las intendencias argumentan que estos aumentos son necesarios debido a la caída en la coparticipación y los recortes en las transferencias desde el gobierno central. Sin embargo, la nueva norma del Ministerio de Economía establece un límite claro a estas prácticas, priorizando el alivio fiscal para los consumidores, buscando reducir la presión impositiva en el ámbito local.
Con esta medida, el Gobierno Nacional busca marcar un precedente en la relación entre los municipios y los contribuyentes, evitando que los primeros utilicen las facturas de servicios públicos como vehículo para aumentar sus ingresos. Queda por ver cómo reaccionarán los municipios K ante esta nueva normativa y si optarán por buscar otras formas de incrementar su recaudación o si se adaptarán a las nuevas reglas impuestas desde la Casa Rosada.
“Sos un benefactor social”, elogió el presidente Javier Milei a Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, quien hizo de anfitrión en la visita del mandatario a la sede de Saavedra.
El predio fue el escenario por segunda vez de una cumbre entre un jefe de Estado y el empresario argentino más importante. El primero fue durante su inauguración, en 2019, una celebración por los 20 años de la firma en la que estuvo presente Mauricio Macri.
Es inevitable encontrar simbologías. En el predio que solía ser de una empresa “tradicional” (la fábrica de lamparitas de Philips), sigue creciendo una firma de “lo nuevo”.
Pero también ocurrió algo no tan común: un presidente corriéndose del lugar de benefactor y entregando ese rol a una compañía que anunció inversiones millonarias y miles de empleos. Algo que 5 años atrás, generó un inside joke que poca gracia debe hacerle al CEO: “Viva Galperón”.
LAS INCREÍBLES CRIFRAS DE MERCADO LIBRE:
El gran anuncio del unicornio estuvo relacionado con la ampliación del su centro de distribución en la zona del Mercado Central, en el partido de La Matanza, que cuenta con tecnología de clase mundial. En los próximos meses, el unicornio invertirá u$s75 millones para ampliarlo:
57.000 metros cuadrados (equivalente a nueve estadios, según la firma)
2.300 nuevos empleos
El plan tiene un timing perfecto. En primer lugar, las cifras de ampliación superan al supermercado más grande del país que Coto abrirá en Mar del Plata a fin de año: con 30.000 metros cuadrados y 700 trabajadores.
Además, el comercio electrónico crece pese a todo: según la cámara del sector (CACE), 18% de las ventas minoristas pertenecen al ecommerce, tres puntos porcentuales más que hace un año.
En cuarto lugar, la participación del marketplace es sensiblemente menor que la de su billetera virtual, una rareza que no coincide con sus otras plazas de importancia:
Brasil sigue al tope de la tabla con u$s2.786 millones, entre su negocio de comercio electrońico (u$s1.701 millones) y financiero (u$s1.085 millones)
México: u$s1.201 millones, repartidos entre ecommerce (u$s799 millones) y fintech (u$s402 millones)
Argentina: u$s863 millones, con mayor participación de la billetera (u$s556 millones) que del marketplace (u$307 millones)
Las cifras hacen presumir que ampliando su capacidad de procesamiento de paquetes en 200.000 productos diarios en el AMBA puede lograr que ambas puntas se acerquen. Pero también le marcan la cancha en suelo natal a varios gigantes de la venta online que se asomen en el país.
LOS COMPETIDORES DE MERCADO LIBRE:
Existe un mito que asegura que el marketplace de Amazon no entró a Argentina por una política activa de los últimos gobiernos para proteger al unicornio.“Competimos contra ellos en Brasil y México y les ganamos en ambos países”, suele defenderse Galperin. Las cifras lo acompañan.
Pero en el sector ecommerce aseguran que el gigante global no tiene al país en el radar por un error “no forzado”. “No viene por el mismo motivo por el que se fueron Falabella o Dafiti: el dólar. Bezos no va a entrar en un lugar del que no puede salir”, dispara un emprendedor del ecommerce que tropezó veces con la misma piedra.
En efecto, Amazon no hubiese podido girar divisas al exterior, importar productos ni contar con un stock confiable como sucedió con Dafiti, que muchas veces tenía quiebres de stock de zapatillas ante fábricas que no podían traer insumos de afuera.
La misma maraña regulatoria del mercado cambiario hace que, por ejemplo, empresas de servicios digitales como Netlfix o Amazon Prime Video ni piensen en abrir una oficina en Argentina y utilicen pasarelas de pago locales, en su mayoría, Dlocal o PayU.
La política de apertura de Milei, con fuertes señales a los importadores ni bien asumió, puede renovar las intenciones de Amazonpara un pie en el país, como el depósito que tiene en Chile para tener una suerte de “reserva” de productos más vendidos.
Lo mismo se habla de Shein, el “Zara online” chino que, según se rumorea, planea aumentar su presencia en suelo albiceleste con alguna ubicación portuaria que agilice la entrega de prendas de fast-fashion.
El “rayo libertario” del Gobierno también aceleró el “operativo retorno” de Falabella en Mendoza, un rumor que suena cada vez más fuerte. Esa vuelta puede tener su réplica en el mercado online, con Linio, su propio marketplace que nunca terminó de despegar en la Argentina.
Pero el anuncio del unicornio puede anticipar otra posibilidad en sintonía con una mayor apertura de las importaciones: que habilite el comercio crossborder con EEUU (como ya lo hace en Brasil y México) o bien entre países de la región.
El Gobierno ya dio varios pasos en la agilización de la Aduana. El último de ellos, la certificación de calidad para ciertos productos, que según Federico Sturzenegger sólo servían para engrosar gastos públicos al enviar inspectores “a la fábrica de Lego en Suecia“.
Sin embargo, en el sector logístico advierten que el gran problema hoy es que “todo paga impuestos”. En Brasil, por ejemplo, se eximen las compras menores a 500 dólares. Pero el enfrentamiento entre Brasil y Elon Musk, más la buena sintonía del magnate con el libertario y la gira al Silicon Valley de Milei, pueden lograr que Argentina suba su perfil.
Queda por ver si este plan del unicornio forma parte de otro mayor, que signifique un mayor diseño y prueba de servicios del conocimiento. Según el propio Galperin, en los últimos años se trasladaron varios de estos empleos a otros países del vecindario.
De cambiar la tendencia, la compañía más valiosa de la región podrá sacarle todo el jugo a la combinación de talento argentino e ingenio criollo, base de gran parte de su expansión y relevancia en la región.
El Gobierno informó que en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 130.000 puestos de trabajo en el sector privado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el número de trabajadores registrados cayó de 6.361.300 a 6.236.000, lo que refleja una baja de 136.000 empleos. Este impacto negativo en el empleo se distribuye entre casi todas las modalidades laborales relevadas por la Secretaría de Trabajo.
El informe de SIPA detalla que, en junio de 2024, el empleo privado registrado en empresas presentó una contracción del 0,2% respecto de mayo, acumulando una reducción del 2,2% desde diciembre de 2023. En contraste, el trabajo independiente mostró un leve crecimiento del 0,8%, y el monotributo subió un 1,9%. Sin embargo, los autónomos y monotributistas sociales vieron una disminución del 1,1% y 2,1% respectivamente.
Este lunes el secretario de Trabajo, Julio Cordero, habló de la situación laboral en el país y anticipó un proceso de recuperación: “Los números muestran que, desde hace tres meses, la situación se ha estabilizado. Aunque el índice de desempleo sigue siendo preocupante, hemos logrado frenar la caída del empleo”, sostuvo el funcionario. “Vemos una tendencia a contratar, lo cual nos llena de optimismo de cara al futuro” añadió Cordero.
LAS PROVINCIAS MÁS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE EMPLEO EN JUNIO:
La Rioja (-1,9%), Formosa (-1,5%), San Juan (-1,0%), San Luis (-0,7%), Misiones (-0,6%) y Jujuy (-0,6%). En cuanto a la remuneración bruta promedio, incluyendo el pago del aguinaldo, se registró un aumento del 251,5% interanual, alcanzando los $1.612.788 en junio de 2024.
A nivel sectorial, las mayores caídas de empleo se dieron en pesca (-2,5%), suministro de electricidad, gas y agua (-0,8%), y construcción (-0,8%), con esta última acumulando una contracción interanual del 21,4%. Otras áreas con descensos incluyeron la industria manufacturera (-0,4%) y el sector de restaurantes y hoteles (-0,3%).
A contramano, algunos sectores presentaron incrementos, como la intermediación financiera (0,3%), la explotación de minas y canteras (0,2%) y los servicios comunitarios, sociales y personales (0,1%). Mientras tanto, el comercio y las reparaciones mantuvieron sus niveles sin cambios significativos.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
