Kicillof sigue discriminando con el Presupuesto 2023 y Juntos se le planta con condiciones

El Gobernador de PBA regatea los presupuestos de las intendencias opositoras y aumenta el de sus pares.
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Comenzó el último mes del 2022 y para el oficialismo bonaerense será más cuesta arriba que lo normal, teniendo en cuenta que todavía no llegaron a un acuerdo con la oposición para la aprobación del Presupuesto 2023. A través de los intendentes, desde Juntos por el Cambio (JxC), habían puesto una serie de condiciones para acompañar el proyecto, pero todavía los puntos de vista están lejos.

Cabe recordar que, durante un encuentro realizado en la capital de la provincia, los jefes comunales de JxC le acercaron los números al Gobierno que pretendían para alzar la mano en el recinto. Como respuesta obtuvieron una contraoferta por parte de Axel Kicillof que no logró satisfacer sus deseos y el pacto entre ambos bandos quedó trunco.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no quiere otorgarle las exigencias presupuestarias a diversos territorios de Juntos en PBA, es por ello que la oposición denuncia "discriminación".
El gobernador bonaerense Axel Kicillof

Entre los requerimientos de los alcaldes amarillos, pretendían el desembolso de casi 82 mil millones de pesos, destinados a obras y a mejorar la seguridad en sus respectivos distritos. La contestación de Kicillof era bastante por debajo del borrador que le habían acercado y ofrecía una suma que rondaba los 34 millones, menos de la mitad.

Sin embargo, la situación parece haber tenido un giro favorable al Frente de Todos (FdT). Resulta que desde el Ejecutivo les acercaron una nueva propuesta que contó con un incremento del orden del 47 por ciento respecto de la anterior y si bien todavía no conformó por completo a la oposición, se supo que el acuerdo estaba mucho más cerca que hace una semana.

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.
El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde

De esta forma, para que las negociaciones lleguen finalmente a buen puerto, esperan que se ajusten algunos detalles en cuanto al desembolso de fondos. Por lo pronto, la oposición también cedió a sus demandas y ahora piden 70 mil millones de pesos, unos 12 mil millones menos que los 82 reclamados en el primer encuentro desarrollado tiempo atrás.

Sin embargo, el punto que todavía sigue poniéndole un freno al acuerdo es el momento en el cual la Provincia girará el dinero a los Municipios. Los intendentes insisten en que el 50 por ciento del total sea bajado durante los primeros tres meses del 2023, para asegurarse un buen colchón que les permita resistir los embates de la escalada inflacionaria que golpea al país.

El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo Julio López.
El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo Julio López

Del último encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete Martín Insaurralde junto el ministro de Economía, Pablo López, la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, y los jefes de bancada del FdT, César Valicenti y Teresa García, los alcaldes se llevaron la contrapropuesta para analizarla puertas adentro.

Esta vez, la oferta puesta sobre la mesa es de 50 mil millones de pesos a repartir entre el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el Fondo de Seguridad, números bastante más elevados a los 32 mil millones que habían elevado en el cónclave celebrado la semana pasada. Y, si bien calmaron las pretensiones opositoras, todavía sigue el tironeo para la aprobación de la Ley de Leyes.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires

De esta forma, ahora la pelota quedó nuevamente en manos de quiénes representaron a la oposición. Ellos fueron los presidentes del bloque de Juntos en Diputados, Maximiliano Abad, y del Senado, Christian Gribaudo, el vicepresidente segundo de la Cámara baja, Adrián Urreli, y los intendentes Julio Garro de La Plata y el radical Roberto Suescún de Rauch.

Por lo pronto, hay un cuarto intermedio hasta el martes, donde volverán a verse las caras para intentar acercar las posturas de unos y otros. Con la confianza depositada en un acuerdo, se espera que en los próximos días se convoque a la sesión en ambas cámaras para tratar el Presupuesto 2023 y la Ley Impositiva, y finalmente lograr la aprobación de ambos proyectos.

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El FMI cuestionó al INDEC por medir la inflación con datos de consumo de hace 20 años

El Fondo Monetario Internacional sostiene que la canasta de bienes y servicios que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor está “desactualizada” porque aún se basa en patrones de consumo de hace 15–20 años.

Eso implicaría que la importancia que se le da a rubros como alimentos, energía, servicios, alquileres o transporte no coincide con cómo gasta hoy una familia media.

— La Directora Gerente del FMI es la economista búlgara, Kristalina Georgieva

Por ejemplo, hace dos décadas se gastaba más en alimentos y menos en servicios (educación, salud, telefonía, luz, internet, etc.), y si la canasta no se actualiza, el índice puede subestimar o sobrestimar la verdadera presión sobre el bolsillo. Desde 2016 ya se advirtió que usar una encuesta de 2004/05 para 2025 generaba distorsiones, y el FMI insiste ahora en que el atraso metodológico afecta la confiabilidad del dato.

El informe del FMI indica que una nueva metodología para el IPC ya estaba preparada y debería haberse implementado hace más tiempo, pero su aplicación se retrasó en el medio de un proceso de baja de la inflación. Algunos analistas interpretan que el Ejecutivo quiso evitar que el cambio de metodología mostrara una inflación más alta en el corto plazo.

El rediseño ya fue concluido en términos técnicos bajo el titular del INDEC Pedro Lines, aunque su aplicación sigue postergada por una decisión política. En el Estado prefieren evitar cambios en un año electoral, ante el eventual impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y la discusión salarial.

Encuesta de la consultora Zentrix sobre la percepción pública del IPC del INDEC

Desde enero–febrero de este año, el INDEC ya puso en marcha una metodología nueva. Está basada en la Encuesta Nacional de Gastos 2017/18, con más peso en servicios y vivienda y una canasta más cercana a los hábitos actuales. Aunque esto era algo que el FMI reclamaba, el organismo sigue diciendo que el cambio debería haber sido más rápido y que el marco institucional del INDEC sigue siendo débil.

Más allá del IPC, el FMI señala que otros indicadores económicos argentinos (cuentas nacionales, sector externo, etc.) también tienen problemas por usar metodologías anticuadas o pocas fuentes de información. Por eso plantea una reforma institucional: que el INDEC tenga mayor independencia, claridad legal y protección política para que sus datos no parezcan manipulados por el Gobierno de turno.

En la práctica, eso implicaría una nueva ley del INDEC que garantice autonomía técnica, transparencia en la metodología y acceso a datos, además de fortalecer la capacidad estadística del país. El Fondo ofrece asistencia técnica para esta modernización, pero condiciona también la percepción de confiabilidad de las estadísticas argentinas.

El índice de inflación oficial se usa para indexar salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, contratos de alquiler, cláusulas de actualización de tarifas y muchas sentencias judiciales.

Si el IPC realmente se encuentra desbalanceado, puede subestimar la verdadera pérdida de poder adquisitivo y dejar cortos los aumentos de haberes o pensiones. Además, rompe con la confianza en las estadísticas oficiales, ya que el mercado y los actores privados suelen empezar a apoyarse en mediciones alternativas para seguir la evolución de los precios.

El FMI proyecta que la inflación en Argentina cerrará 2026 alrededor del 25% anual, mientras el Gobierno habla de un orden de magnitud notablemente más bajo (de 10,1% en el presupuesto 2026). Esa diferencia de expectativas refleja justamente la desconfianza sobre cómo se mide la inflación y refuerza la presión del FMI para que el INDEC se modernice y se vuelva más creíble.

El FMI quiere eliminar las ventajas impositivas de Tierra del Fuego

La reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional le sugiere a la Argentina incluye la eliminación de lo que el organismo denomina Excepciones Impositivas de las Zonas Económicas Especiales, dentro de un plan más abarcativo que tiene por intención sumar ingresos al fisco por el equivalente al 3,3% del PBI.

El Régimen Especial de Tierra del Fuego tiene por objetivo favorecer la radicación de industria electrónica. Nació en 1972 en el marco del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y es una de las pocas políticas de Estado que ha venido sobreviviendo desde entonces. 

– Kristalina Gueorguieva, directora gerente​ del Fondo Monetario Internacional desde 2019

No nació con un objetivo económico, sino geopolítico. En la década del 70 la Argentina está en constante tensión con Chile por la delimitación de las fronteras en el sur. De hecho, 7 años después de sancionada la ley, ambos países estuvieron al borde de la guerra por la disputa de las islas Picton, Lennoxn y Nueva, en el canal del Beagle en Tierra del Fuego.

Los militares procuraban asegurar el asentamiento de población argentina en la región para contener un eventual avance de ocupación chileno. El régimen se mantuvo a pesar de que con el paso del tiempo la tensión entre ambos países disminuyó al punto de que en 1998 se terminaron de celebrar los últimos acuerdos fronterizos en Campos de Hielo.

Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional y se convirtió en una provincia más que incluye las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y Antártida. La industria electrónica es una de las principales actividades económicas, junto con el turismo y la pesca de centolla.

De acuerdo con datos del INDEC, cuando nació el régimen la isla tenía una población de 13.527, y en 2022 había crecido a 191.780.

Las empresas industriales radicadas en la zona no pagan IVA, ni Impuesto a las Ganancias, ni pagan derechos de importación para sus insumos, pero ahora compiten con la apertura de la importación de electrónica de extrazona del Mercosur. 

Cuál es el gasto fiscal del régimen

De acuerdo con el documento del FMI, que forma parte del Staff Report de la última revisión, el régimen especial por zona geográfica de la Argentina cuesta 0,4 puntos del PBI.  A eso hay que agregarle otros componentes: las excepciones del IVA representan 1, 2 puntos del PBI y el monotributo, un punto del PBI.

A ello hay que agregar que se propone ampliar la base de tributación del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia hasta un umbral del 20% y “alinear” el monotributo con los aportes del Impuesto que hacen los autónomos. 

En total, el FMI considera que el gasto tributario de la Argentina es grande” y los estima en los 3,5% del PBI. Si se toma un PBI nominal de $847 billones al 31 de diciembre de 2025 y se lo actualiza a fin de 2025 por un crecimiento del 3,5% y una inflación del 25%, el costo del régimen de Tierra del Fuego es de unos $4,38 billones al año. 

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Carlos Lamiral

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