Kicillof sigue discriminando con el Presupuesto 2023 y Juntos se le planta con condiciones

El Gobernador de PBA regatea los presupuestos de las intendencias opositoras y aumenta el de sus pares.
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Comenzó el último mes del 2022 y para el oficialismo bonaerense será más cuesta arriba que lo normal, teniendo en cuenta que todavía no llegaron a un acuerdo con la oposición para la aprobación del Presupuesto 2023. A través de los intendentes, desde Juntos por el Cambio (JxC), habían puesto una serie de condiciones para acompañar el proyecto, pero todavía los puntos de vista están lejos.

Cabe recordar que, durante un encuentro realizado en la capital de la provincia, los jefes comunales de JxC le acercaron los números al Gobierno que pretendían para alzar la mano en el recinto. Como respuesta obtuvieron una contraoferta por parte de Axel Kicillof que no logró satisfacer sus deseos y el pacto entre ambos bandos quedó trunco.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no quiere otorgarle las exigencias presupuestarias a diversos territorios de Juntos en PBA, es por ello que la oposición denuncia "discriminación".
El gobernador bonaerense Axel Kicillof

Entre los requerimientos de los alcaldes amarillos, pretendían el desembolso de casi 82 mil millones de pesos, destinados a obras y a mejorar la seguridad en sus respectivos distritos. La contestación de Kicillof era bastante por debajo del borrador que le habían acercado y ofrecía una suma que rondaba los 34 millones, menos de la mitad.

Sin embargo, la situación parece haber tenido un giro favorable al Frente de Todos (FdT). Resulta que desde el Ejecutivo les acercaron una nueva propuesta que contó con un incremento del orden del 47 por ciento respecto de la anterior y si bien todavía no conformó por completo a la oposición, se supo que el acuerdo estaba mucho más cerca que hace una semana.

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.
El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde

De esta forma, para que las negociaciones lleguen finalmente a buen puerto, esperan que se ajusten algunos detalles en cuanto al desembolso de fondos. Por lo pronto, la oposición también cedió a sus demandas y ahora piden 70 mil millones de pesos, unos 12 mil millones menos que los 82 reclamados en el primer encuentro desarrollado tiempo atrás.

Sin embargo, el punto que todavía sigue poniéndole un freno al acuerdo es el momento en el cual la Provincia girará el dinero a los Municipios. Los intendentes insisten en que el 50 por ciento del total sea bajado durante los primeros tres meses del 2023, para asegurarse un buen colchón que les permita resistir los embates de la escalada inflacionaria que golpea al país.

El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo Julio López.
El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo Julio López

Del último encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete Martín Insaurralde junto el ministro de Economía, Pablo López, la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, y los jefes de bancada del FdT, César Valicenti y Teresa García, los alcaldes se llevaron la contrapropuesta para analizarla puertas adentro.

Esta vez, la oferta puesta sobre la mesa es de 50 mil millones de pesos a repartir entre el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el Fondo de Seguridad, números bastante más elevados a los 32 mil millones que habían elevado en el cónclave celebrado la semana pasada. Y, si bien calmaron las pretensiones opositoras, todavía sigue el tironeo para la aprobación de la Ley de Leyes.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires

De esta forma, ahora la pelota quedó nuevamente en manos de quiénes representaron a la oposición. Ellos fueron los presidentes del bloque de Juntos en Diputados, Maximiliano Abad, y del Senado, Christian Gribaudo, el vicepresidente segundo de la Cámara baja, Adrián Urreli, y los intendentes Julio Garro de La Plata y el radical Roberto Suescún de Rauch.

Por lo pronto, hay un cuarto intermedio hasta el martes, donde volverán a verse las caras para intentar acercar las posturas de unos y otros. Con la confianza depositada en un acuerdo, se espera que en los próximos días se convoque a la sesión en ambas cámaras para tratar el Presupuesto 2023 y la Ley Impositiva, y finalmente lograr la aprobación de ambos proyectos.

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Capitales suizos y argentinos invertirán US$ 560 millones en minería de cobre y prevén generar casi 4.000 empleos

El primer proyecto argentino de cobre en entrar en producción se ubicó en Mendoza. PSJ Cobre Mendocino presentó su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) a la Legislatura provincial y anunció una inversión inicial de US$ 560 millones para el proyecto San Jorge, con inicio de obras previsto para 2026. 

Según su CEO, Fabián Gregorio, la escala de producción prevista podría aportar entre un cuarto y un tercio de las exportaciones mendocinas, estimadas en poco menos de US$ 2.000 millones.

“El envío de la DIA a la Legislatura provincial es un hito importante, condición necesaria, pero no suficiente, para acercarnos a nuestra licencia operativa”, señaló Gregorio en diálogo con Forbes. “Estamos contentos, la verdad estamos con mucha satisfacción por la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental que ha hecho el gobierno y sobre todo que lo ha enviado a la Legislatura provincial para su tratamiento que va a ser, supongo, en forma inminente”.

Gregorio precisó que San Jorge “es un proyecto mediano muy interesante, tiene una escala importante de tratamiento de minerales y pretende producir cuarenta mil toneladas de anuales de cobre fino, asociado con cuarenta mil onzas de hora como subproducto. Esto se va a prolongar inicialmente a lo largo de dieciséis años, pero estimamos que puede tener una vida útil hasta inclusive a los veintisiete años, dependiendo de las condiciones de mercado y geológica, pero es una posibilidad importante”. 

El proyecto se presentó como el primer desarrollo de cobre en producción en el país y se asentó en Uspallata. La propuesta productiva se enfocó en un mineral estratégico y en un esquema de operación que contempló costos anuales definidos y una vida útil extendida, con potencial de ampliación sujeta a condiciones geológicas y de mercado.

El proyecto perteneció a Zonda Metals, de capitales suizos, que se asoció con el Grupo Alberdi, de capitales argentinos, para su desarrollo en Mendoza. “Existía una mirada importante sobre la Argentina, primero por su potencial geológico, por su marco normativo que siempre fue bueno, pero hoy se va consolidando con medidas de promoción como el RIGI y por el contexto macroeconómico que viene ofreciendo el gobierno nacional. Por lo tanto, las expectativas se fueron incrementando claramente en estos últimos años y hoy estamos seguramente en esos bloques de empresa que están creyendo en la Argentina y apostando cada vez más fuerte”.

Consultado por el proceso político reciente, el CEO indicó que “independientemente de la relevancia que puede tener para la macroeconomía local, nos hemos mantenido al margen de eso. Recuerden que estamos en una en una provincia, la forma que se maneja la minería en la Argentina también es muy regionalizada, es muy federal. No digo que haya sido irrelevante, pero no ha estado en nuestra agenda condicionando”.

Respecto de los próximos pasos, Gregorio afirmó: “Estamos trabajando con un equipo intensamente para aplicar al RIGI. En las próximas semanas vamos a tener definiciones y vamos a estar haciendo algún anuncio al respecto. Y cuando esté ratificado por la Legislatura, vamos a acelerar los procesos de factibilización definitiva de la mina, vamos a cerrar la ingeniería detalle y estamos trabajando ya sobre el cierre del financiamiento. Tenemos todas las pretensiones que en algún tramo del 2026 estemos en condiciones de iniciar la construcción de la mina, que va a demandar entre dieciocho a veinticuatro meses”. 

Entrevistado por Radio Post, Gregorio describió: “Es una ejecución de alto impacto y rápida implementación. Para que una mina de este tipo funcione, hay que invertir mucho dinero”. Precisó que son 120 millones de dólares anuales en gastos operativos, y remarcó que el emprendimiento tuvo “una mirada muy enfocada en Mendoza”. 

Sobre la extracción aclaró que “se aplicará un método de flotación, que consiste en moler la roca, tratarla con agua en un circuito cerrado y filtrarla para obtener un concentrado de cobre. Es un proceso limpio, sin filtraciones ni sustancias contaminantes: todos los reactivos son biodegradables”. 

En materia de empleo, Gregorio sostuvo que durante la construcción se generarían unos 3.900 puestos entre directos e indirectos, con alrededor de 600 empleos permanentes en operación: “Por cada trabajador directo, se replican tres más en distintos sectores de Mendoza. En algunos casos, ese número puede ser aún mayor”. 

En plenario de comisiones, la Cámara de Diputados comenzó a analizar la DIA de PSJ Cobre Mendocino, enviada por el Poder Ejecutivo para su ratificación. Por videoconferencia, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, señaló que la discusión legislativa “es una decisión política sobre un informe técnico” y buscó garantizar que los legisladores conocieran “cómo se llegó a la decisión administrativa, el proceso que está reglado y fundado”. Añadió que “este proceso llevó 9 meses y ha tenido la interacción con cada uno de los intersectoriales que han participado, profesionales incluso de otros lugares como Chile y San Juan. No ignoramos la normativa comparada”.

Por su parte, el director de Minería, Jerónimo Shantal, sostuvo que “no tenemos nada que envidiarle a Chile, desde el punto de vista técnico, legislativo, ambiental. Estamos en un nivel muy superior”. Recordó además que “cuando le exigimos a PSJ que incluyera la impermeabilización de depósitos de residuos, desde Chile nos dijeron que ellos no lo exigían. Igual lo exigimos acá”. 

Según los fundamentos de la elevación, el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental garantizó participación ciudadana efectiva mediante consultas públicas, talleres y visitas técnicas. Se convocó y celebró una audiencia pública, se admitieron observaciones por escrito, y se dispuso la compulsa pública de las actuaciones en formato físico y digital. En paralelo, se tramitaron procedimientos de consulta previa a comunidades originarias vinculadas al área de influencia.

INDEC | La mitad de los hogares argentinos usó ahorros o pidió prestado para cubrir gastos

Para cubrir sus gastos, la mitad de los hogares en argentina usa ahorros, pide dinero prestado, vende pertenencias y compras en cuotas o al fiado, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Según el documento “Estrategias de manutención ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?”, en el primer semestre 2025:

37,4% de los hogares recurrieron a gastar lo que tenían ahorrado

16,1% pidió préstamos a familiares/amigos

14,2% pidió préstamos a financieras

50,9% compró en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta

9,3% vendió sus pertenencias

Evolución de las estrategias de los hogares

“El 19,9% de los hogares recurrió al uso de ahorros en 2003, mientras que en 2025 ese valor escaló al 37,4%. Entre las estrategias de financiamiento, los préstamos de bancos y financieras se incrementaron 10,8 puntos porcentuales y el uso de tarjeta de crédito o pago en fiado tuvo un aumento de 28,9 puntos porcentuales entre 2003 y 2025”, señaló el INDEC.

Según el organismo, “para la satisfacción de sus necesidades, y ante la ausencia de nuevos ingresos monetarios –laborales o no laborales– o en especie, los hogares recurren a otras estrategias como complemento. Entre ellas se cuentan las que implican una descapitalización por la venta de pertenencias o el uso de ahorros, los préstamos con entidades bancarias u otros mecanismos informales (familiares, por ejemplo), y la financiación de compras en cuotas o al fiado.

Hoy la mitad de los hogares vive a crédito. El financiamiento dejó de ser una herramienta de progreso para transformarse en un mecanismo cotidiano de supervivencia, donde la deuda reemplaza al ahorro y al aumento real de los ingresos”, señalaron desde el CEPEC.

Situación de acuerdo a distintos estratos de ingreso

En detalle, el 16,1% de los hogares del estrato de ingreso medio recurrió al uso de ahorros o a la venta de pertenencias como estrategia de manutención; mientras que, a medida que desciende el nivel de ingresos se incrementa la toma de préstamos.

En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de ingreso bajo, lo hizo uno de cada tres.

En cuanto a la solicitud de préstamos de los hogares, en el estrato de ingreso alto y medio hay una mayor cantidad que se endeuda con entidades bancarias y financieras. Dentro del estrato de ingreso bajo, predomina el endeudamiento informal con familiares o amigos.

El porcentaje de hogares que utilizó ahorros tuvo un incremento entre 2018 y 2020, cuando alcanzó un valor cercano al 35%. A partir de entonces se mantuvo relativamente estable, hasta el primer semestre de 2024, cuando volvió a registrar una suba y llegó al valor máximo de la serie (40,1%).

El uso de ahorros no presenta grandes diferencias entre estratos de ingreso, salvo entre 2020 y 2021, cuando disminuyó el porcentaje de hogares de mayores ingresos que declaró hacer uso de ahorros.

“También se observa una caída de los ingresos en especie y un incremento de la financiación de los gastos –sea por vías formales, como las tarjetas de crédito, o informales, como el fiado– y de la utilización de ahorros para gastos corrientes”, informó el organismo.

El CEPEC considera que los números del INDEC muestran que “la economía de los hogares está cada vez más tensionada. El modelo actual se apoya en tres pilares interdependientes: trabajo (82%), que ya no garantiza estabilidad; asistencia estatal (14,6%), que crece como sostén estructural; y deuda o uso de ahorros (más del 50%), que completan los ingresos faltantes.

Y concluye: “Los hogares argentinos viven entre el esfuerzo, la ayuda y el endeudamiento, en una economía donde el ingreso real pierde terreno y la estabilidad depende del crédito o del apoyo estatal”.

Uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos

FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) publicó su informe semestral “Composición de precios: carne, pan y leche” y analizó la estructura de valor de la cadena desde la producción hasta el consumidor. El trabajo indicó que uno de cada cuatro pesos del precio final se destinó a impuestos y que, según la cadena, los costos, los tributos y las ganancias presentaron diferentes participaciones.

En carne vacuna, en agosto el kilo promedió $12.141. Sobre ese precio, los costos representaron el 52%, los impuestos el 28% y la ganancia el 20%. Por eslabones, la cría explicó el 26%, el feedlot el 22%, el frigorífico el 3%, la carnicería el 22% y los impuestos el 28%. 

Dentro de la carga tributaria, el 77% correspondió a tributos nacionales, el 17% a provinciales y el 7% a municipales; por tipo, se destacaron IVA (34,4%) y Ganancias (32,0%), seguidos por Ingresos Brutos (13,7%). La cadena absorbió $6.320 por kilo en costos, $3.449 en impuestos y obtuvo $2.472 de resultado. En el eslabón frigorífico, el informe indicó una pérdida de $2 por kilo. Los fletes de punta a punta de la cadena representaron el 1,4% del precio (unos $175 por kilo), y el costo laboral totalizó el 11% (equivalente a $1.345 por kilo). Entre febrero y agosto de 2025, el precio al consumidor subió 19% frente a una inflación de 14,2% y los costos perdieron participación, mientras que impuestos y ganancias la ampliaron.

En pan francés, en agosto el kilo promedió $3.199 (con diferencias regionales: $3.760 en GBA y $2.111 en el NEA). La composición del precio se integró por 60% de costos, 24% de impuestos y 16% de ganancias. Por eslabones, el trigo explicó el 8%, el molino el 4%, la panadería el 64% y los impuestos el 24%. La carga tributaria se distribuyó 79% nacional, 19% provincial y 2% municipal; por tipo, prevalecieron IVA (44,4%), Ganancias (28,4%) e Ingresos Brutos (18,2%)

La cadena afrontó $1.927 por kilo en costos, $760 en impuestos y obtuvo $513 de resultado. La producción de trigo registró un resultado negativo de -$11 por kilo de pan. Los fletes incidieron 1,7% del precio (unos $53,4 por kilo) y la mano de obra totalizó 34% (unos $1.060 por kilo), con mayor peso en panaderías. El informe señaló que el precio del trigo se multiplicó por 12 entre el campo y la panadería. Entre febrero y agosto de 2025, los costos aumentaron por encima del precio del pan, lo que redujo la participación de las ganancias e impuestos en el precio final.

En leche entera en sachet (1 litro), en agosto el precio promedió $1.653. La estructura se compuso de 71% de costos, 26% de impuestos y 3% de ganancias (unos $56 por litro). Por eslabones, el tambo explicó el 28%, la industria el 26%, el comercio el 20% y los impuestos el 26%. La carga impositiva se repartió 79% nacional, 17% provincial y 4% municipal; por tipo, IVA concentró el 67,9% y Ingresos Brutos el 16,3%. La cadena afrontó $1.175 por litro en costos y $422 en impuestos. Los fletes representaron el 6,5% del precio (unos $108 por litro), y la mano de obra totalizó el 18% (unos $299 por litro), con mayor peso en el comercio. 

En el tambo, el precio promedio pagado fue de $474 por litro, los costos estimados ascendieron a $479 y los impuestos a $8, por lo que el resultado fue negativo en $13 por litro. El informe consignó que el precio se multiplicó por 3,5 entre el campo y la góndola y recordó que la leche tributó 21% de IVA, a diferencia de carne y pan, que aplicaron 10,5%.

Respecto de los granos, el maíz explicó el 8% del precio final de la carne bovina y el 4% del de la leche; en el pan francés, el trigo explicó el 9% del precio. Con base en los coeficientes oficiales de conversión y los precios de agosto de 2025, FADA estimó que, en promedio, casi el 90% del precio de estos productos respondió a otros componentes (costos diversos, márgenes e impuestos).

“Uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos”

La economista de FADA Antonella Semadeni explicó la metodología: “Distinguimos entre los costos de producción, los impuestos y las ganancias de cada uno de los eslabones de la cadena”. 

En términos generales y en promedio, el 60% del precio que paga un consumidor son costos de producción, el 15% son las ganancias sumadas de toda la cadena y el 25% son impuestos. Es decir, uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos”.

Para graficarlo, agregó: “Supongamos, vamos a la carnicería, compramos un kilo de carne, bueno, de ese kilo de carne que yo pago, 250 gramos los estoy pagando en concepto de impuestos. Lo mismo en el caso de la leche, yo compro un sachet de leche de un litro, un vaso que me tomo, de los cuatro que me voy a tomar, uno son impuestos. Y lo mismo en el caso del pan, voy a la panadería, compro cuatro pancitos, uno que estoy pagando son impuestos”. 

Al analizar el rol del Estado en la cadena, planteó que “funciona como una especie de eslabón más, que se lleva más que el resto de los eslabones, y no cría el animal, no transporta, no vende, no asume riesgos, no invierte, no madruga, por así decirlo, pero cobra el 25% de cada precio final”.

PYMES EN ROJO | Recesión consolidada, fuerte caída del consumo y amenaza de cierres masivos

El Radar Pyme del tercer trimestre de 2025, elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), reveló que la economía argentina atraviesa una recesión consolidada, con ventas en baja, salarios depreciados y costos en alza. Según el informe, el 40,4% de las pymes reportó malas ventas y seis de cada diez trabajan sin ganancias.

El estudio advierte que “la economía argentina continúa sin señales de recuperación” y que el sector productivo nacional “opera por debajo de su capacidad real”. La utilización promedio del aparato productivo fue de 54,6%, cifra considerada preocupante por la entidad. En la industria, el nivel fue de 54,7%, por debajo del umbral del 60% que se asocia a un uso saludable de la capacidad instalada.

La encuesta, realizada entre más de 1.000 pequeñas y medianas empresas, muestra que el 88% enfrentó aumentos de costos y el 74% debió subir precios, aunque sin poder trasladar completamente la inflación. En el sector industrial, el 45,9% de las firmas registró fuertes caídas en las ventas, lo que confirma el deterioro del mercado interno.

El presidente de ENAC aseguró que “el consumo se derrumba”

El presidente de ENAC, Leo Bilinski, advirtió que “el 13% de los empresarios evalúa cerrar antes de fin de año”, ante un escenario de demanda deprimida y suba constante de costos. “Las familias están endeudadas hasta el 130% de sus ingresos y el consumo se derrumba”, detalló el dirigente.

En el frente laboral, solo el 17,1% de las firmas incorporó personal, mientras que un 19,7% despidió trabajadores. En la industria, los despidos trepan al 28,8%, con un resultado neto de -2,99% en el empleo pyme durante el trimestre.

El financiamiento, lejos de destinarse a inversión, se volvió una herramienta de supervivencia. El 21,3% de las empresas se endeudó para pagar impuestos y el 20,5% para cubrir salarios o aguinaldos.

A su vez, el 59% de las firmas denunció demoras en los pagos de clientes y el 47% más incumplimientos, generando una asfixia de liquidez: las pymes financian a sus compradores a 37 días, pero pagan a proveedores en 30.

Las expectativas hacia el futuro tampoco son alentadoras. El 76% de los empresarios cree que la economía seguirá empeorando y el 65% no planea invertir en el próximo trimestre. Entre los principales obstáculos, destacan la caída del mercado interno (75%), la pérdida de rentabilidad (55%) y la apertura de importaciones (43%), factores que, según ENAC, “amenazan la supervivencia de miles de pymes en todo el país”.



*Fuente: Diario Ámbito Financiero

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