Informe | Hay 55 empleados públicos por cada 100 trabajadores privados
Desde 2012, el empleo público registró un aumento de más de medio millón de trabajadores.
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Así, se pasó de contabilizar 2.712.800 empleos públicos en el año 2012 a alcanzar los 3.213.000 en el año 2020, un crecimiento del 26% en los últimos ocho años; además, actualmente hay 261.000 empleos privados menos que en 2012.
En Argentina hay 55 empleados públicos por cada 100 trabajadores privados, lo que representa un crecimiento del 32% con respecto al 2012, cuando la proporción entre empleos públicos y privados era de 42 cada 100, según un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
El documento elaborado por el IARAF señala que desde el año 2013 hasta 2017 se observó una variación interanual positiva del empleo público, mayor a la variación total de empleo. Sin embargo, con la crisis de 2018 y para el año 2019, el empleo público retomó una tendencia alcista y volvió a mostrar un crecimiento sostenido, sumado a que las demás categorías por fuera del sector público destruían puestos de trabajo.
Cabe señalar que, si bien el crecimiento del empleo público disminuye a partir de 2016, nunca dejó de crecer salvo un corto lapso en el año 2018. Así, se pasó de contabilizar 2.712.800 empleos públicos en el año 2012 a alcanzar los 3.213.000 en el año 2020, equivalente a un crecimiento del 26% de la planta en el lapso de los últimos 8 años y a 665.000 nuevos empleos en la esfera estatal.
El estudio realizado por IARAF, muestra que en ese lapso de tiempo, los asalariados públicos aumentaron su importancia relativa en el empleo registrado total, pasando de un 23,4% en 2012 a representar un 27,3% en abril 2020. Al mismo tiempo, en 2012 los trabajadores privados registrados contabilizaron 6.068.500 trabajadores y fueron equivalentes al 55,7% del empleo registrado total del país.
Las recurrentes crisis de los últimos años hicieron que el grupo de trabajadores registrados pierda participación en el empleo total, hasta llegar a abril 2020 con un total de 5.807.200 trabajadores (261.000 menos que en 2012) y una participación del 49,3% en el total.
Además, ahora se suma la pandemia, cuarentena y la crisis económica que están causando la destrucción de puestos de trabajo en todo el país. A raíz de esto, en el mes de abril el empleo público creció un 0,9% interanual, mientras que todas las demás categorías ocupacionales mostraron una contracción signicativa.
“Es esperable que en un contexto de crisis haya un incremento de trabajadores públicos para reforzar y mejorar las condiciones sanitarias y de seguridad necesarias para hacer frente a la pandemia”, concluye el informe de IARAF.
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El gobierno de Javier Milei puso la mira sobre la mayor caja previsional del país. El Ministerio de Economía analiza utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS para financiar al mercado inmobiliario y reactivar el crédito hipotecario. La medida busca generar empleo rápido, pero vuelve a encender las alarmas sobre el uso del dinero previsional.
El FGS es, en palabras simples, un pozo de dinero, bonos y acciones que administra el Estado. Su función original es actuar como un fondo de reserva para asegurar que el pago de las jubilaciones esté garantizado en el futuro.
La jugada se delineó en reuniones del equipo económico con bancos y desarrolladores inmobiliarios. El propio Luis Caputo les propuso juntarse para armar un fondo inmobiliario común. A cambio, prometió que el Estado duplicará o triplicar ese dinero usando préstamos extranjeros y los fondos de la ANSeS.
En la jerga financiera, el Gobierno habla de “apalancar” el crédito con estos recursos. Esto significa, básicamente, usar una cantidad menor de dinero como base o garantía para conseguir un financiamiento mucho más grande. El plan oficial es que la plata de los jubilados funcione como el motor y el respaldo que los bancos privados exigen para volver a prestar.
El mecanismo técnico detrás del plan se conoce como “securitización”. En palabras simples, consiste en que los bancos agrupen los créditos hipotecarios que ya otorgaron y se los vendan en un “paquete” a ANSES. Así, los bancos recuperan su dinero de inmediato para volver a prestar, eliminando el riesgo de esperar décadas para cobrar, mientras que el Estado Nacional asume la carga de largo plazo y el riesgo.
Esta ingeniería financiera responde a la fuerte presión de las cámaras empresariales y grandes desarrolladores del sector. Con un mercado inmobiliario paralizado, altas tasas de interés y la pérdida de más de 81.000 empleos registrados en la construcción, las corporaciones del ladrillo exigieron un salvavidas estatal. La respuesta oficial fue abrir la misma caja previsional que el kirchnerismo utilizó en el pasado.
La industria argentina paga más impuestos que la de cualquier otro país del mundo, al menos entre las empresas que cumplen con el fisco. Así lo concluye un informe del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) que comparó ocho tributos en treinta economías y dejó al país en el primer puesto del ranking de carga sobre el sector formal, con una presión del 56%.
La distinción metodológica es central. Si se mide la presión fiscal tradicional (lo que el Estado recauda en relación al Producto Bruto Interno) Argentina aparece recién en el puesto 12 entre los treinta países analizados. El salto al primer lugar aparece cuando se descuenta la economía informal y se calcula cuánto soportan únicamente las empresas que operan dentro del sistema. Para eso, el estudio ajustó el PBI de cada país según el peso del empleo fuera del circuito formal, con datos de la Organización Internacional del Trabajo. El resultado deja expuesto que en un país con alta informalidad la carga se concentra sobre menos hombros.
Ese 56% marca un aumento de seis puntos porcentuales frente al informe anterior de la entidad, de 2023, calculado con la misma metodología. La suba se produjo pese a que el Gobierno avanzó en la baja de algunos tributos, entre ellos las retenciones.
El relevamiento comparó a los países del G20 y de Sudamérica, más España, Países Bajos y Suiza, un conjunto que representa el 81% del PBI mundial. Y midió ocho impuestos: Ganancias de Sociedades, IVA, débitos y créditos, impuesto al patrimonio, derechos de exportación, Ingresos Brutos, tasas municipales y sellos.
En cinco de esos ocho tributos Argentina quedó primera. Lidera el impuesto al cheque, donde apenas cuatro países lo aplican y el argentino es el más gravoso. Encabeza el impuesto al patrimonio, porque es el único que grava sobre base bruta, sin descontar deudas, y con un mínimo no imponible bajo. Está al tope en Ingresos Brutos y tasas municipales, un combo que la entidad describe como el más distorsivo del sistema por el efecto cascada sobre toda la cadena de producción. Y encabeza el impuesto de sellos, por la amplitud de contratos alcanzados. A esa lista se sumó este año una novedad: los derechos de exportación, que solo mantienen Argentina y Rusia, con una alícuota local del 8,68% frente al 3,9% ruso.
En los tres tributos restantes el país tampoco queda lejos. En Ganancias de Sociedades es el segundo, con una carga efectiva del 39,5% que combina la alícuota del 35% con el 7% sobre dividendos. Solo lo supera Colombia, tras la reforma de 2022. En IVA figura cuarto, detrás de Brasil, Uruguay e Italia, aunque la UIA aclara que el problema no es tanto la alícuota del 21% como los saldos a favor que las empresas no logran recuperar y que les inmovilizan capital de trabajo.
Con ese diagnóstico sobre la mesa, la central fabril reclamó un pacto fiscal federal industrial para “nivelar la cancha”. Entre las propuestas figuran una alícuota única del 25% para Ganancias, la devolución automática de saldos de IVA, la eliminación progresiva del impuesto al cheque, una reducción de Ingresos Brutos para la industria hasta llegar a cero y la eliminación de las retenciones para las manufacturas y los alimentos elaborados. La entidad también pidió un compromiso de estabilidad fiscal y jurídica por treinta años, con el RIGI como modelo.
El informe llegó en un momento delicado para el sector: la producción industrial permanece un 10% por debajo de los niveles de 2022 y se perdieron cerca de 70.000 puestos de trabajo desde mediados de 2023. La UIA reconoce que el Gobierno mostró intención de bajar la carga, pero calcula que el proceso recién se completaría hacia fines de 2027 y principios de 2028.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó su informe sobre Proveedores No Financieros de Crédito, un segmento que incluye billeteras virtuales, fintech y plataformas de economía digital. En ese informe, el organismo dedicó un apartado específico a la llamada “economía gig” —término en inglés para los trabajos por encargo o “a la demanda”, como el delivery, la cadetería o el transporte de pasajeros—.
El dato central del estudio es la explosión de deudores. La cantidad de repartidores que accedieron a créditos otorgados por las plataformas para las que trabajan creció 177% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y volvió a aumentar otro 122% a lo largo de 2025.
“Las firmas multinacionales utilizan estos esquemas financieros como un mecanismo de presión operativa”, afirmó Belén D’Ambrosio, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SITRAREPA), denunciando que las tasas de interés anuales podrían llegar al 700% anual en 2026.
La flexibilidad horaria es una de las marcas más visibles de la “economía gig”, ya que no existe un horario fijo y, al menos en teoría, el trabajo se realiza cuando cada persona decide pedir algo. A ello se suma un vínculo laboral atípico, en el que la relación no se encuadra en un contrato de empleo tradicional, sino que el trabajador aparece registrado como independiente o monotributista. En paralelo, la digitalización total del dinero ordena cada cobro y cada pago a través de la aplicación, dejando además un rastro financiero propio.
Ese tercer punto es clave. Como todos los movimientos de dinero son digitales, la plataforma acumula datos de comportamiento financiero de cada repartidor, como cuántos pedidos hace, en qué horarios, qué calificaciones recibe. Eso funciona como un scoring alternativo —un puntaje crediticio— para otorgar préstamos a quienes los bancos tradicionales ignorarían por falta de historial formal.
Solo en dos años, el universo de trabajadores endeudados con sus propias apps se multiplicó a una velocidad inusual. A fines de 2025, la deuda promedio por repartidor monotributista se ubicó en $900.000, mientras que para los comercios adheridos a esas mismas plataformas el promedio era siete veces superior.
⚠️ALERTA REPARTIDORES: Esclavitud financieraRappi y Pedidos Ya promueven préstamos a tasas abusivas de más del 700% anual para explotar repartidores por aplicación ¡Mira las placas y lee el comunicado completo! pic.twitter.com/iatwZwPhw4
Pedidos Ya —la empresa más activa en este segmento— confirmó que desde 2022 otorgó 57.000 préstamos por un total de USD$84 millones. El 54% de ese monto fue a comercios, y el resto, a repartidores individuales. Para acceder al crédito, los repartidores deben cumplir con métricas de desempeño dentro de la app, ya fuese antigüedad, tasa de aceptación de pedidos, calificación de usuarios y disponibilidad en horarios de alta demanda.
La mayoría de los préstamos tiene un destino concreto para comprar, reparar o mejorar la bicicleta o la moto con la que el repartidor trabaja. Es decir, el trabajador pide prestado para mantener la herramienta que le permite seguir generando ingresos para pagar el préstamo que sacó para comprar esa herramienta. Un círculo que se retroalimenta e incrementa con el tiempo la deuda.
No es casualidad que los créditos están dirigidos a quienes más horas trabajan y más disponibles están en horarios pico. Desde Pedidos Ya lo presentan como “inclusión financiera” para personas que no califican para un banco tradicional —por falta de recibo de sueldo, historial crediticio o documentación— ahora tienen acceso a préstamos. El argumento tiene algo de real, siendo que un repartidor sin acceso a ningún crédito formal que necesita arreglar su moto, en el pasado solo podía acudir a un prestamista informal con tasas aún más abusivas o pedir fiado en el taller.
El problema está en el precio de ese acceso. Las plataformas responden que sus tasas son “competitivas dentro del segmento de entidades no bancarias”. El BCRA, en su informe, no publicó las tasas individuales de cada empresa y con una tasa anual del 700%, la cuenta se vuelve rápidamente asfixiante. Traducido a términos concretos, si un repartidor toma un préstamo de $900.000, el promedio mencionado, a seis meses, el interés acumulado puede terminar superando con amplitud el capital original.
La economista Lucrecia Simes lo sintetizó al describir que “si un trabajador pide USD$500 para arreglar la moto, paga USD$800 de intereses y termina trabajando más horas para la misma plataforma durante seis meses, eso no es inclusión. Es captura.”
Cabe aclarar que la tasa del 700% es el techo denunciado por el sindicato, no la única tasa. Las plataformas ofrecen distintas condiciones según el perfil del repartidor.
El mecanismo de cobro
Uno de los puntos más relevantes para entender el modelo es que las cuotas no se pagan como en un banco. No llega una factura, no hay fecha de vencimiento que el repartidor tenga que recordar. El dinero se descuenta automáticamente de cada pedido completado.
Cada vez que un repartidor entrega un pedido y cobra una comisión, una parte de esa comisión va directo al pago de la deuda, antes de que el repartidor reciba lo que sobra. La plataforma cobra primero.
Esto explica un dato que, a primera vista, parece paradójico. La tasa de mora de Pedidos Ya entre sus repartidores deudores es del 11.7%, inferior al promedio del sistema bancario para familias (12.7%). ¿Cómo puede ser que trabajadores informales, sin garantías, paguen mejor que el promedio bancario?
La respuesta a ello no es que los repartidores sean más responsables, es que no pueden elegir no pagar. Al no poder interceptar el pago antes de que la plataforma lo descuente, la posibilidad de entrar en mora se reduce drásticamente. La mora del 11.7% no refleja buena salud financiera, demuestra que el sistema de cobro hace casi imposible evitar el descuento.
Los críticos del modelo señalan que debido a esto las jornadas laborales se extienden hasta 12 horas diarias para poder cubrir los costos de la deuda. Las comisiones por pedido oscilan entre $1.500 y $3.000, independientemente del valor de la compra. Con una deuda promedio de $900.000 y tasas elevadas, el repartidor necesita completar un volumen muy alto de pedidos para pagar la cuota y tener algo de ingreso propio.
“El problema no es que la plataforma preste. El problema es que presta a quien trabaja exclusivamente para ella, a tasas que solo pueden pagar trabajando más horas para esa misma plataforma. Es un círculo que se cierra sobre el propio trabajador”, sostuvo sobre el tema la economista Laura Ventura.
Los datos del BCRA confirman esa dinámica. Los que toman estos préstamos son principalmente los repartidores que dependen exclusivamente del delivery como fuente de ingresos. Los que usan las apps como ingreso complementario no los toman, porque tienen alternativas más baratas.
El dato demográfico más preocupante es que el 70% de los deudores de plataformas tiene menos de 40 años. Son trabajadores jóvenes cuya primera experiencia formal de crédito es con la app para la que trabajan. Si esa experiencia termina en mora, extensión de jornada o sensación de trampa, podrían llegar a la adultez con una relación deteriorada con el sistema financiero, justo cuando deberían estar en condiciones de acceder a créditos hipotecarios o productivos.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires bajo la administración del gobernador Axel Kicillof propone avanzar hacia un esquema de retenciones segmentadas al campo, en sintonía ideológica con la Resolución 125 de 2008. Junto con la ya abrumadora diferencia impositiva que enfrenta respecto de otras jurisdicciones.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, dio el paso que generó el mayor revuelo político, durante su participación en la asamblea anual de Agricultores Federados Argentinos (AFA) en Rosario, propuso avanzar hacia un esquema de “derechos de exportación segmentados según escala productiva.”
— La 94ª Asamblea Ordinaria de Delegados de Agricultores Federados Argentinos (AFA) realizada en Rosario
“Las retenciones tienen que estar bien diferenciadas, segmentadas. Un productor más chico tiene que terminar pagando proporcionalmente menos que uno grande”, afirmó Rodríguez, delante de 166 delegados representantes de 30.000 productores asociados.
Esto sería exactamente lo que propuso la Resolución 125 de 2008, aunque aplicado a nivel nacional. Ahora, el kicillofismo lo reactualiza con una lógica similar pero desde el plano provincial, en la que el Estado bonaerense crearía un régimen propio de gravamen a las exportaciones según tamaño del productor.
Para entender el peso político de esta referencia, hay que recordar qué fue la Resolución 125. El 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de Economía de la expresidenta Cristina Kirchner, Martín Lousteau, anunció un esquema de retenciones móviles, donde cuanto más subía el precio de la soja en Chicago, más alta era la alícuota que retenía el Estado, llegando al 49.33% con precios de 600 dólares por tonelada.
— Javier Rodríguez junto a Axel Kicillof
El sector agropecuario lo consideró confiscatorio porque eliminaba la previsibilidad, ya que si los precios subían en el mercado global, el productor no se beneficiaba porque el Estado capturaba esa ganancia extra. La reacción fue inmediata, con 127 días de protestas, cacerolazos, cortes de ruta y lock-outs que paralizaron al país. El conflicto se resolvió en el Senado, cuando el vicepresidente de aquel momento Julio Cobos, desempató con su histórico “mi voto no es positivo”.
Lo que propone el ministro Rodríguez replica la lógica segmentadora que en 2008 promovía la Federación Agraria Argentina, que sería proteger al pequeño productor y cargar más al grande. La diferencia es que ahora se plantea desde una provincia, lo que abre una pregunta jurídica de fondo.
¿Puede una provincia cobrar retenciones?
Las retenciones (derechos de exportación) son, según la Constitución Nacional Argentina, una potestad exclusiva del gobierno federal. Las provincias delegaron en la Nación la regulación del comercio exterior. Esto significa que, técnicamente, una provincia no puede crear un impuesto a las exportaciones con ese nombre.
“Creo firmemente que tenemos que eliminar las retenciones al campo. Son el peor impuesto: se llevan la plata y no vuelve nada. Tenemos rutas nacionales sin arreglar, no hay infraestructura productiva y no vuelve a las localidades donde están los campos ni a los caminos rurales. Si sacamos las retenciones, nuestros productores van a poder invertir, producir más e innovar. Ahí está el verdadero camino para que la Argentina crezca de verdad desde el interior”, destacó en la misma ponencia de forma disruptiva, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.
Sin embargo, lo que sí puede hacer la provincia es —como ya viene haciendo— incrementar el Inmobiliario Rural, los sellos, los ingresos brutos sobre actividades agropecuarias, o diseñar tributos que en la práctica funcionen como un gravamen sobre la producción exportable. La propuesta de Rodríguez podría materializarse como un tributo provincial “disfrazado” de otra figura legal, lo que abriría un frente judicial de enorme magnitud.
El Impuesto Inmobiliario Rural es el tributo provincial que grava la tenencia de tierra con uso agropecuario. En la Provincia de Buenos Aires (PBA), su base de cálculo se actualiza periódicamente y acumula hoy en día incrementos sucesivos que lo llevaron a niveles extraordinarios.
El Inmobiliario Rural: el gran culpable
En 2025, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) denunció que la gestión de Kicillof aplicó un incremento adicional del 25% en la quinta cuota del Inmobiliario Rural, en pleno contexto de inundaciones que dejaban millones de hectáreas bajo el agua. La ley impositiva 2025 ya había contemplado subas del orden del 28 a 34.4% efectivo. Para 2026, si bien no se aumentaron alícuotas formalmente, se prorrogó el revalúo de la tierra rural hasta fin de año, manteniendo una base imponible elevada
Esto provoca una paradoja política notable. Mientras Kicillof le exige al gobierno del presidente Javier Milei que baje las retenciones nacionales en nombre del campo, su propia administración provincial sostiene uno de los Inmobiliarios Rurales más onerosos de la Argentina.
El dato de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) del fin de 2025 ya alertaba que, aunque la baja de retenciones nacionales era bienvenida, el campo todavía entregaba al Estado el 56.3% de su renta agrícola en total.
De ese porcentaje, el 5.7% corresponde a impuestos provinciales, siendo Buenos Aires la provincia que más pesa en ese componente.
Con la propuesta del ministro Rodríguez de avanzar hacia retenciones segmentadas desde PBA, el escenario que temen las entidades rurales es que Milei baje las retenciones nacionales, pero Kicillof captura esa diferencia con nuevos tributos provinciales, dejando al productor bonaerense en el mismo punto de partida —o peor. CARBAP ya viene señalando que la rebaja nacional se “evapora” por el lado provincial y municipal.
Los números que no mienten
La asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) publicó en junio de 2026 su primer Monitoreo Fiscal Subnacional, comparando la carga tributaria efectiva en lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), PBA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
El hallazgo más impactante es el del productor agropecuario. Para una chacra de 200 hectáreas, la carga impositiva anual muestra fuertes diferencias entre provincias. PBA encabeza el ranking con $17.817.950, una cifra que representa el 13.10% de los ingresos anuales. Muy por debajo se ubican Mendoza, con $4.418.491, equivalente al 3.25%, Córdoba, con $1.383.100 y un 1.02%, y Santa Fe, que registra $1.260.000, es decir, el 0.93% de los ingresos anuales.
Esto significa que el mismo campo, con el mismo tamaño y producción, paga hasta 13 veces más en Buenos Aires que en provincias como Santa Fe o Córdoba. El factor que explica esta diferencia no es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) ni los sellos. Es el propio Impuesto Inmobiliario Rural, que en PBA puede representar el 11.54% de los ingresos anuales del establecimiento, transformándolo en un gravamen casi confiscatorio.
Para poner en contexto el informe, también se relevaron otros perfiles de contribuyentes en Buenos Aires. En el caso de una familia, la carga asciende a $2.840.057 al año, lo que representa el 6.57% de los ingresos. En un supermercado, el monto llega a $10.724.346 anuales, equivalente al 3.78%. Para la industria, el tributo es de $10.602.453 por año, con una incidencia del 3.93%. En tanto, para una chacra agrícola, la carga trepa a $17.817.950 anuales, o sea, el 13.10% de los ingresos.
El campo bonaerense paga proporcionalmente el doble que una industria y el triple que un comercio, siendo el sector más expuesto a la volatilidad climática y de precios internacionales.
No obstante, el gobierno nacional anunció en mayo de 2026 bajar las retenciones al trigo y la cebada de 7.5% a 5.5% a partir de junio, y proyectó una reducción gradual de las retenciones a la soja desde enero de 2027 hasta 2028. El Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, llegó a decir que “el objetivo final es eliminar todas las retenciones al final del segundo mandato de Milei.”
CARBAP celebró la baja pero la calificó de insuficiente, reclamando la eliminación total. Al mismo tiempo, advirtió que PBA y sus municipios están neutralizando o superando el beneficio nacional con sus propios incrementos impositivos. Esta tensión entre Nación y PBA es el verdadero eje del conflicto, donde el gobierno federal intenta aliviar la carga sobre el campo, el bonaerense la sostiene o incrementa por su propio carril.
La Canasta de Servicios Públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento del 4,6% durante julio y requiere del 15% de los salarios promedio en la región.
Este avance en el indicador se fundamenta en un mayor nivel de consumo de energía eléctrica y gas natural por estacionalidad, junto con ajustes en los cuadros tarifarios de la mayoría de los rubros, con la única excepción del servicio de provisión de agua.
Dentro de los componentes de la canasta, el gasto en transporte posee un peso del 40% sobre el total y mostró un aumento del 3,7% en comparación con junio.
Los datos corresponden al el Reporte de tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios de UBA-Conicet, que procesó Agencia Noticias Argentinas.
Según este informe, a la cobertura tarifaria actual de subsidios alcanza el 54%. Esto significa que los hogares pagan, en promedio, ese porcentaje de los costos de producción de los servicios, mientras que el Estado se hace cargo del 46% restante” para completar el financiamiento del sistema en la zona metropolitana.
En cuanto a las transferencias estatales, los subsidios reales acumulados hasta el 17 de julio mostraron una suba del 10%.
El desglose por servicios es:
Gas: en julio el cargo fijo sube 2,8% y el variable 3%. A esto se suma el efecto de la estacionalidad en el consumo que se encuentra en el pico del invierno en julio. La combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 5,2%.
Energía eléctrica: al igual que en el gas, se incrementan las cantidades consumidas por el pico de consumo invernal. Esto se combina con aumentos tarifarios del 3% en el cargo fijo y 5,7% en el variable para usuarios sin subsidio. El resultado es un incremento del gasto del 12,5% respecto de junio.
Colectivos: las líneas de la Ciudad aumentan 4,1% (IPC de mayo 2,1% más 2% por regla indexatoria). Las líneas interjurisdiccionales, que habían subido 7,7% en abril y 7,1% en junio tuvieron un aumento del 3,2% en julio. El gasto total de las familias en transporte sube 3,7% respecto del mes anterior.
Agua: confluyen dos factores. Por un lado, un día más de consumo (julio tiene 31 días) y por otro una baja en el componente variable del 7,7%. Con esto, el gasto en este servicio se redujo 4,6% respecto de junio. La reducción en el coeficiente variable responde a un descuento del 10,47% aplicado por el ERAS sobre el coeficiente variable derivado de la fórmula de actualización con el objetivo de no aumentar más del 3% mensual como indica la normativa vigente.
“El aumento del 4,6% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante en julio es la energía eléctrica”, sintetiza el trabajo.
Casi 7 millones de personas quedaron fuera del circuito bancario por registrar atrasos mayores a 90 días en préstamos y tarjetas. Lo que el Gobierno buscó presentar como un problema acotado mutó en una crisis sistémica: de los 30 principales bancos del país, 26 ya muestran su morosidad en alza.
Los datos de la consultora 1816, basados en la Central de Deudores del Banco Central, confirman que la irregularidad de los hogares escaló al 12,7% en mayo. La velocidad del deterioro expone la gravedad del cuadro: en octubre de 2024 la mora era del 2,5%, lo que significa que se multiplicó por cinco en apenas un año y medio.
Esto encadena 19 meses consecutivos de subas, reflejando un descontrol contable que asfixia los balances del sistema financiero. El tendal de deudores expulsados consolidó un desplome sin antecedentes desde la salida de la convertibilidad.
Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
La juventud como principal víctima del ahogo financiero
La segmentación por rango etario expone que el eslabón más joven de la población es el que peor está pagando la crisis. Los datos oficiales revelan que el 40% de los jóvenes de entre 26 y 35 años ya arrastra deudas impagasen bancos o billeteras virtuales, un número que representa de forma consolidada el 31,5% de la masa total de deuda del sistema.
El panorama se vuelve todavía más crítico en la base de la pirámide, correspondiente al segmento de 18 a 25 años. En este sector de menores ingresos y mayor precarización laboral, el índice de morosidad alcanza su pico máximo, registrando un 42,8% de saldo de impago en las cuentas de consumo.
Irregularidad de crédito con bancos y entidades no bancarias, por edad.
El estallido de las finanzas digitales
El colapso es todavía más severo en el ecosistema de las billeteras virtuales y entidades no financieras, donde la morosidad saltó del 10% al 32,2% en un año. Este sector, que representa el 17% del crédito total otorgado a las familias, exhibe carteras de altísimo riesgo por la falta de regulaciones firmes en el otorgamiento.
La crisis en el sector tecnológico no es nueva para Data 24, donde ya informamos el caso extremo de Ualá. En dicha plataforma, el descontrol en la aplicación móvil llevó la mora al 63,67% y provocó un corralito técnico, confirmando la peor ruptura de la cadena de pagos en dos décadas dentro del segmento fintech.
Pierpaolo Barbieri (fundador de Ualá) junto a Javier Milei.
La responsabilidad política
La raíz del endeudamiento responde a una combinación deasfixia y mala praxis política. Con los salarios pulverizados, las familias se vieron obligadas a tomar crédito para financiar gastos corrientes y alimentos. A esto se sumó la estrategia del Gobierno de sostener las tasas de interés del BCRA por las nubes para pisar el dólar, lo que terminó destruyendo la capacidad de pago de los deudores.
Este escenario anula por completo al crédito como motor del consumo para el año electoral entrante, según advierten los analistas. Mientras el Banco Central descarta de forma categórica cualquier tipo de rescate financiero para el sector privado, los funcionarios aseguran que el pico de la mora ya pasó y confían en que el bache se corregirá mediante el impacto del aguinaldo y la licuación de deudas.
El HTC aplicó un llamado de atención a exautoridades de la compañía tras detectar irregularidades. Los trabajadores apuntaron contra funcionarios de la actual conducción por “repartirse el dinero” de manera discrecional.
El tirón vino por la luz, que aumentó 12,5% en el mes, seguida por el gas y el transporte, en una canasta donde los subsidios estatales cubren casi la mitad de la factura.
El derrumbe del poder de compra de los hogares, el fuerte encarecimiento del corte vacuno frente al resto de los alimentos y una porción cada vez mayor de la producción volcada al exterior dejaron menos carne en la mesa argentina.
Les preocupan las “expresiones racistas e islamofóbicas” pero no que un musulmán degenerado pueda casarse con una nena de 13 años o que traten a las mujeres como objetos.
No vamos a permitir que estos enfermos de la cabeza avancen ni un centímetro en nuestro país. https://t.co/DcPPO2ZJM5
