Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street caen hasta 6,6%. Los bonos soberanos no encuentran piso y el riesgo país se ubica en 2659 puntos.
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Tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, la ministra de Economía Silvina Batakisanunció esta mañana un paquete de medidas mediante una conferencia de prensa desde el Palacio de Hacienda.
A pesar de su intento de tranquilizar a los agentes con una señal de contención del gasto del Estado y de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Tesoro, cayeron las acciones y los bonos de la deuda y el riesgo país alcanzó los 2662 puntos por la mañana.
El Merval llegó a operar con una baja de 2,60% y los títulos argentinos en Nueva York, con una caída de hasta 6,6% en los papeles de Mercado Libre; y 3,8% para Cresud, Globant, YPF, Banco Francés y Banco Macro. Mientras que los bonos soberanos en dólares bajan hasta 3,5% y el riesgo país se ubica en 2659 puntos.
Por otro lado, el dólar blue baja seis pesos y opera a $262 para la compra y $267 para la venta. Mientras el dólar oficialsube y se vende a $133,75 y el solidarioalcanza los $220,69 (con el 65% de impuestos incluido).
Esta es la primera respuesta de los mercados tras los anuncios de Batakis, quien buscó llevar tranquilidad con un ajuste en los mecanismos de control del gasto, la ratificación del sendero hacia el equilibrio fiscal y el acuerdo con el FMI.
La ministra aseguró que el precio del dólar “está en un nivel de equilibrio” y que es competitivo. Además, minimizó la dimensión del mercado del dólar paralelo y negó que tenga algún impacto en la formación de precios de bienes y servicios, contrario a lo dicho por el sector privado.
Según los analistas, las medidas están en la línea con lo esperado por el mercado, pero aún quedan dudas respecto a la manera en la que las llevará a cabo, como los límites en los gastos o el congelamiento de contrataciones de empleados públicos.
Asimismo, se esperan los nuevos instrumentos prometidos por la ministra para la compra de bonos del Tesoro en pesos, un sector muy golpeado por los rumores de reperfilamiento o incumplimiento de esas obligaciones. “Ese tipo de versiones son maliciosas y buscan dañar al Estado, pero la deuda en pesos se va cumplir y están todas las herramientas para hacerlo”, señaló Batakis.
El próximo jueves se espera el anuncio oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que marca la pauta de los incrementos en los precios del último mes.
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La Unidad de Información Financiera (UIF) restringió el acceso público a las resoluciones de sanciones antiguas luego de un pedido formal del Banco Hipotecario, entidad presidida por Eduardo Elsztain. La decisión, revelada por elDiarioAR, implicó que desde el lunes pasado dejaran de figurar en el buscador principal los textos completos de multas firmes con más de cinco años de antigüedad, que hasta la semana anterior podían consultarse online sin restricciones.
El cambio no eliminó esos antecedentes del sitio oficial, pero sí les quitó visibilidad. Ahora, las sanciones más viejas quedaron relegadas a un apartado secundario bajo la leyenda “Acceso al registro histórico de sanciones”. Allí solo aparece el listado, sin enlace para abrir cada resolución. Quien quiera conocer el contenido de esos expedientes debe iniciar un trámite formal por la vía de acceso a la información pública.
La modificación tuvo un efecto concreto sobre el propio Hipotecario. Entre las sanciones que dejaron de estar disponibles en forma abierta quedó la multa firme aplicada al banco en 2019, que ya no aparece con el mismo nivel de exposición que tenía hasta hace unos días. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a ese punto: evitar que resoluciones antiguas, fácilmente localizables a través de buscadores de Internet, siguieran generando un daño reputacional ante inversores o actores del sistema financiero internacional.
Desde el Ministerio de Justicia, que controla la UIF, defendieron la medida con un argumento preventivo. Según la explicación citada por citado medio, se decidió “ajustar la información publicada” para evitar futuros planteos vinculados al llamado “derecho al olvido” y eventuales reclamos por daños y perjuicios. La cartera está a cargo de Juan Bautista Mahiques, quien llegó al puesto por impulso de Karina Milei, en medio de la interna oficialista y del avance de causas sensibles para el Gobierno.
En términos jurídicos, la modificación no altera el valor de esas sanciones antiguas. Antes y después del cambio, las multas con más de cinco años de antigüedad seguían funcionando como antecedente para inspecciones del organismo, aunque ya no podían utilizarse para agravar nuevas sanciones. El punto sensible pasa por otro lado: la exposición pública de esos castigos y su impacto sobre la imagen de las entidades alcanzadas.
Ese aspecto no es menor en materia de prevención del lavado. La publicidad de las sanciones también opera como castigo reputacional, un componente especialmente valorado por los estándares internacionales. En países como la Argentina, donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales por lavado casi no aparecen, esa dimensión adquiere todavía más peso.
Por eso el tema se conecta con las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a sus miembros no solo por el diseño formal de sus normas, sino también por la eficacia real de sus mecanismos de control. En ese frente, la Argentina ya arrastra otros puntos de tensión: la elevada rotación en la conducción de la UIF durante la gestión de Javier Milei, con cuatro jefes en poco tiempo, uno de los cuales ni siquiera llegó a asumir, y la postulación de Matías Álvarez, impulsado por Mahiques, que todavía debía atravesar la audiencia pública correspondiente. A eso se suma el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal, que relajó el control antievasión tributaria, pero no el antilavado.
La decisión de restringir el acceso a las resoluciones antiguas no fue adoptada por Álvarez, sino por el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, identificado con la línea de Santiago Caputo, hoy en retroceso dentro de distintos organismos del Estado. Tampoco surgieron objeciones desde el Ministerio de Justicia ni desde el entorno de la Secretaría General de la Presidencia.
El movimiento se produjo, además, en un contexto de cercanía política y personal entre Milei y Elsztain. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato libertario se alojó en el Hotel Libertador, propiedad del empresario. Ese mismo año ambos viajaron juntos a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, referente espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.
Según la investigación de elDiarioAR, no trascendieron negocios estatales directos que hayan favorecido a las empresas de Elsztain durante la administración libertaria. De todos modos, el empresario conserva un peso específico en el mundo financiero y corporativo. A través de firmas como IRSA y Cresud, además, avanzó en inversiones mineras en San Juan y Salta, dentro de un sector beneficiado en términos generales por los cambios sobre la Ley de Glaciares, aunque sin precisiones oficiales sobre el impacto puntual en cada proyecto.
El nuevo esquema de publicación también dejó expuesta una inconsistencia en el criterio aplicado por la UIF. En la sección de sanciones todavía visibles figuran antecedentes de BBVA de 2023, pero también aparecen casos anteriores al supuesto corte de cinco años, como Galicia, cuya sanción es de 2010, y Macro, con una resolución de 2020. En cambio, dentro del archivo histórico y ya sin acceso al detalle quedaron Patagonia con una multa de 2018, Supervielle con una de 2014 y Comafi con una de 2018.
*Con información de elDiarioAR (Alejandro Rebossio)
Durante la Semana Santa, el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), emitió una advertencia pública sobre el agravamiento de una situación “muy complicada” en el país.
“Vivimos un tiempo difícil donde la solidaridad y también la empatía necesaria se imponen”, afirmó el dignatario eclesiástico, en una entrevista radial el pasado Domingo de Pascua.
Colombo subrayó, especialmente, el aumento en la demanda de asistencia alimentaria en Cáritas, la crisis financiera que atraviesan las instituciones para personas con discapacidad por falta de pagos estatales. Además, hizo un reclamo formal al Ministerio de Salud para que el Estado active sus instrumentos de contención social.
Aunque el discurso oficial muestra una reducción de la pobreza estadística, la realidad territorial que registra la red religiosa describe un cuadro de vulnerabilidad persistente y en expansión hacia nuevos sectores sociales.
La estructura de Cáritas Argentina es una de las más extendidas de toda la República. Según datos de 2024, cuenta con 2.254 centros con servicio alimentario (comedores, merenderos y espacios de distribución) que atienden a unas 424.649 personas en todo el territorio nacional.
– Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)
Colombo señaló que en los últimos meses se registró “un crecimiento sostenido en la cantidad de personas que piden ayuda”, especialmente en los grandes centros urbanos. El fenómeno no es nuevo. En 2024, el director de Cáritas en Quilmes, David Benítez, ya señalaba que había un “aumento significativo de la demanda” en los 89 comedores de esa diócesis del sur del conurbano bonaerense.
Lo notable de las declaraciones de Colombo es que “la crisis ya no afecta solo a los sectores históricamente vulnerables”, sino también a segmentos de la clase media como jubilados, trabajadores informales desplazados y familias que no tenían experiencia de pobreza previa. La Iglesia, explicó, detecta esto a través de su capilaridad territorial, entre parroquias, centros comunitarios y voluntarios que trabajan en distintos barrios.
“Tenemos necesidad de que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”, señaló Colombo.
El contexto presupuestario agrava el cuadro. Para 2026, el Programa Políticas Alimentarias, que financia comedores y merenderos, redujo su presupuesto un 15,8%, pasando de $79.700 millones a $67.104 millones, en un escenario de inflación en alimentos del 32,2% anual. Esto genera la paradoja de una red asistencial que recibe más demanda con menos recursos.
Este es el punto más urgente y concreto del pronunciamiento episcopal. Colombo denunció que “hace meses el Estado dejó de pagar los fondos destinados a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad”.
La Iglesia llevó el reclamo al despacho de Lugones
Colombo es arzobispo de Mendoza y desde 2023 preside la CEA, el organismo que reúne a todos los obispos del país y representa institucionalmente a la Iglesia Católica ante el Estado y la sociedad.
La CEA no es solo una autoridad religiosa. Históricamente en Argentina ha funcionado como termómetro social y mediador político en momentos de coyuntura. Sus señalamientos tienen peso porque la Iglesia administra directamente cadenas de asistencia —principalmente a través de Cáritas— que llegan a rincones donde el Estado no siempre está presente.
– La comisión ejecutiva del Episcopado, encabezada por su presidente, el arzobispo Marcelo Colombo
El 1 de abril la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina le envió una carta formal al ministro de Salud, Mario Lugones, para advertirle que numerosas instituciones que asisten a personas con discapacidad atraviesan una situación de extrema gravedad por el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales. En la nota, el Episcopado sostuvo que la crisis ya compromete la alimentación, los medicamentos y el pago de salarios en hogares y centros de atención.
El documento, publicado en el sitio oficial del Episcopado, es explícito sobre la gravedad del cuadro. Sostiene que muchas instituciones “se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales”, lo que compromete “la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.
La nota también recuerda que en mayo de 2025 ya se había advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar”, y concluye con una frase categórica: “La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”.
Colombo además anticipó que en los próximos días habría reuniones entre funcionarios y representantes vinculados a la Iglesia para revisar datos y verificar convenios incumplidos.
Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.
Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.
La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.
Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.
La promesa que nunca llegó
La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevistaen YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.
Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.
Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.
Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.
El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado
La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.
Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberseausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.
Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.
Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.
El triunfo de la genealogía sobre el mérito
El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.
La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.
En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionalesde Villarruel, peropremia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.
Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.
La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.
El escenario político actual asiste al nacimiento de una estructura que pretende romper la polarización con un pragmatismo inusual. Mientras el oficialismo de Javier Milei sostiene su batalla contra la casta, Consolidación Argentina emerge como un movimiento de confluencia donde sectores que hasta ayer eran antagónicos —como el peronismo bonaerense y la Sociedad Rural— coinciden en una misma necesidad: un liderazgo que no profundice la grieta.
La ausencia de Dante Gebel en el Microestadio de Lanús, justificada por su gira en Guatemala, no fue un vacío, sino una herramienta de instalación. Con la figura del líder espiritual como una marca autorizada por primera vez para la disputa electoral, el despliegue del 18 de marzo funcionó como la presentación formal de un operativo de pinzas: el músculo sindical de la CGT y el diseño técnico de Eugenio Casielles para institucionalizar un proyecto nacional que ya cuenta con terminales en las siete regiones del país.
Rock, mística y un estadio desbordado
El Microestadio de Lanús fue el epicentro de una convocatoria que, por volumen y composición, encendió las alarmas del tablero político tradicional. Desde las 19:00 del miércoles 18 de marzo, el recinto operó a capacidad plena, dejando a varias personas fuera del predio por estrictas razones de seguridad.
La previa no tuvo la estética litúrgica habitual, sino la potencia del rock nacional: la banda “Coverheads”, liderada por Fernando “Carucha” Podestá, recorrió el cancionero popular de Pappo, Charly García, Abuelos de la Nada, Guasones y Los Enanitos Verdes, logrando una conexión directa cuando el vocalista bajó al campo para mezclarse con una multitud que coreaba cada estrofa.
El momento en que se proyectó un video de Dante Gebel.
La escenografía en las tribunas y el campo —dividido estratégicamente para la prensa y los asistentes— revelaba la naturaleza del espacio. Entre carteles que rezaban “Dante Gebel Presidente” y banderas de diversas congregaciones religiosas, se destacó un bloque compacto y ruidoso: la “Militancia peronista” de La Matanza, conducida por Horacio Acosta, que junto a un nutrido grupo de hombres del sector sindical, dejó en claro que la estructura de Consolidación Argentina no se agota en lo espiritual.
Tras el cierre musical, la subida de 50 referentes al escenario y la proyección de un video con reflexiones de Gebel marcaron el inicio formal de una jornada que buscó transformar la popularidad de un comunicador en un proyecto de poder real.
El mosaico de Consolidación Argentina
El desfile de expositores en Lanús no fue una sucesión de elogios vacíos, sino un despliegue de sectores que hoy se sienten huérfanos de representación. El bloque sindical golpeó primero con José “el Vasco” Minaberrigaray(SETIA, textiles), quien denunció la pérdida de empleos y una “zanja” económica que devora a los trabajadores.
En la misma línea, Eduardo Cabello (CGT San Juan) disparó contra la gestión de Javier Milei. Cuestionó la polarización con la “casta” mientras a las familias no les alcanza el sueldo para vivir, y sentenció que Gebel será presidente en 2027.
Minaberrigaray durante su discurso.
La diversidad del espacio se hizo visible con Vanina Leto (Aeronavegantes), quien llamó a terminar con la “violencia ideológica” y la grieta. Este mensaje de concordia fue reforzado por Flavia Martínez (fundación “For Children, unidos por la diabetes”), quien agradeció a los “compañeros” y depositó su esperanza en el líder espiritual.
El componente emocional llegó con Julián Ocampo (exparticipante de “Cuestión de peso”), quien entre lágrimas parafraseó a Gebel resaltando la importancia de “lo importante no es hacer todo bien, sino estar disponible”. Por su parte, el respaldo del deporte de élite lo puso Cristian Bosch, validando los valores del conductor tras 25 años de seguimiento personal.
Finalmente, el cierre de este bloque de representación sectorial lo completó Miriam Müller, dirigente de la Sociedad Rural. Su mensaje de unidad nacional terminó de amalgamar los intereses del campo con los de la industria y los movimientos sociales presentes en el microestadio.
El motor productivo y la arquitectura de Casielles
La visión delsector empresarial PyME la aportó Pedro Bergaglio, quien cuestionó con dureza la situación del entramado industrial. Con un mensaje de identidad nacional, agradeció la masiva presencia de jóvenes y dejó una arenga de esperanza para el futuro del país. Por su parte, Mariano Almada (Secretario de Culto de Córdoba) subrayó la construcción federal de Consolidación Argentina.
Momentos previos al comienzo formal del evento.
El plato fuerte de las exposiciones llegó con Eugenio Casielles, legislador porteño y principal armador del espacio. Exfundador de La Libertad Avanza, el actual legislador porteño fue el orador más extenso y aplaudido por todos los asistentes, especialmente cuando afirmó que no estaban allí por protagonismo personal, sino para transformar la sociedad a través de la política.
Durante su discurso, Casielles reveló la transversalidad de la tropa: aseguró que Consolidación Argentina contiene a dirigentes del PRO, peronistas, kirchneristas, empresarios y referentes sociales. Luego, el legislador sentenció: “hay que buscar a los mejores para cambiar al país”, criticando a los políticos que sólo buscan intereses personales.
Casielles cerró con una confesión estratégica: admitió que, aunque trabaja con Gebel hace sólo un año, quedó convencido de inmediato de la necesidad de este armado. Su mensaje final fue un llamado a la acción para las bases: pidió que todos se encarguen de “convencer” al líder espiritual para que acepte formalmente la postulación presidencial.
Casielles y Brey conversando en el escenario.
El respaldo de Caamaño y la estructura federal
El evento también contó con el aval de figuras de peso que, aunque ausentes físicamente, marcaron presencia a través de la pantalla. Presentada por la conductora del evento como una “gran referente nacional”, luego del video de Gebel se proyectó un video grabado por Graciela Caamañodonde, la ex diputada y esposa de Luis Barrionuevo, apeló a la unidad nacional y cerró su intervención citando a Juan Domingo Perón, un gesto que resonó con fuerza en el sector sindical de la platea. A este respaldo se sumó el del exfutbolista y director técnico Walter Erviti, quien también envió un video apoyando la eventual postulación de Dante Gebel.
Para demostrar que el proyecto ya tiene sustento territorial, Horacio Calculli y Nabila Michitte, coordinadores de la mesa promotora de CABA, presentaron con diapositivas la estructura técnica del partido.El despliegue se divide en siete regiones estratégicas: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, PBA, CABA, Cuyo y Patagonia.
Cada una de estas mesas promotoras ya cuenta con coordinadores designados, lo que otorga a la agrupación un carácter federal inmediato. La institucionalización del espacio busca demostrar que el proyecto de Gebel no es sólo una expresión de deseos, sino una maquinaria política que ya empezó a rodar en todo el país.
El cierre de Brey
La culminación del acto estuvo a cargo de Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes y referente de la CGT. Tras destacar el crecimiento de Consolidación Argentina, el dirigente activó la mística final: bajo su indicación, los asistentes levantaron miles de banderas argentinas dispuestas en las sillas desde el inicio de la jornada.
El sindicalista no ocultó la intención política del gesto al pedir que se grabara para enviárselo a Gebel: “levanten las banderas para que Dante vea esto, pídanle que venga y defina su candidatura”, arengó ante la multitud.
Juan Pablo Brey cerrando el acto.
En su discurso, Brey marcó una fuerte distinción nacionalista al pedir confiar en “lo nuestro” frente a sectores que prefieren “lo que viene de afuera”. Reclamó coordinación para terminar con las grietas y pidió acompañar el proyecto para que el país vuelva a creer en sí mismo.
Con el operativo clamor en marcha y la estructura federal presentada, el encuentro de Lanús dejó planteado un nuevo interrogante en el mapa político. La amalgama entre el músculo de la CGT, el armado técnico de Casielles y la popularidad de Gebel mostró, finalmente, sus cartas de cara a 2027.
El mapa laboral argentino sufrió una mutación forzada por la crisis: en los últimos 24 meses, el cierre sostenido de empresas y la contracción de la industria nacional empujaron a una masa crítica de trabajadores hacia la única ventanilla que permanece abierta sin requisitos de ingreso: trabajar con las aplicaciones. No es una elección de libertad, sino un desplazamiento tectónico. Hoy, 1,1 millones de argentinos operan como el último eslabón de una cadena de valor que se alimenta de la falta de alternativas. De ese total, 900.000 se volcaron al transporte de pasajeros y 200.000 al reparto de mercaderías, configurando un récord histórico que expone el vaciamiento del mercado de trabajo tradicional.
La composición de este nuevo ejército de la calle revela la profundidad del daño social. Un 15% de quienes hoy conducen un vehículo o pedalean una bicicleta bajo el sol tucumano o el asfalto porteño poseen títulos universitarios.Son profesionales que el sistema formal ya no puede absorber y que terminan compitiendo por un espacio en un mercado donde la oferta está totalmente saturada. Esta sobrepoblación de prestadores tiene un efecto directo y devastador: la pulverización de la ganancia individual. Cuantos más argentinos caen en las apps por necesidad, menos viajes y repartos quedan disponibles para cada uno, licuando el valor del tiempo de trabajo.
La trampa se cierra con la extensión de la jornada laboral.Para alcanzar un ingreso de $1.300.000 mensuales, un trabajador debe estar conectado y activo entre 10 y 12 horas por día, de lunes a lunes. Este monto, que en los papeles parece una cifra de subsistencia, se desvanece al descontar el mantenimiento de los vehículos, el combustible y el costo de vida en un contexto de inflación que no termina de bajar. El resultado no es progreso, es la administración de la pobreza a través de una pantalla.
Estado de protección o legalización de la precariedad
El Proyecto de Modernización Laboral busca institucionalizar la figura del “prestador independiente”, permitiendo que más de un millón de trabajadores gestionen sus propios aportes sin relación de dependencia. Mientras las empresas defienden esta “flexibilidad”, para el trabajador significa que el dueño de la aplicación no asume ninguna responsabilidad sobre quien genera su ganancia.
La clave de la reforma es el Régimen de Autónomos Digitales, que propone una retención obligatoria del 2% de los ingresos para un fondo de protección social. Aunque busca cubrir seguros de accidentes, la cifra es marginal ante la alta siniestralidad y la inseguridad que hoy costea íntegramente el repartidor. Según declaran los sindicatos, esto no sería modernización, sino un blindaje legal para que las empresas eviten pagar aguinaldos, vacaciones, ART y licencias, consolidando un modelo de subsistencia sin red de contención.
El patrón sistémico de la asfixia
La economía de plataformas se convirtió en la terminal de ahorro forzoso para una clase media desocupada, pero también en una trampa financiera. Al operar mayoritariamente bajo el esquema de monotributo o informalidad, este millón de nuevos trabajadores queda excluido del crédito bancario tradicional. El resultado es un desplazamiento hacia las fintech y billeteras virtuales, donde el costo del dinero es sustancialmente más alto y la mora del pago de créditos ya alcanza niveles críticos del 25%, e incluso el 63% en apps como Ualá, como ya explicamos en esta nota.
El círculo de la deuda se cierra sobre la herramienta de trabajo. Para financiar el mantenimiento del vehículo o cubrir baches de consumo básico, el trabajador de apps recurre a préstamos digitales con tasas usurarias. Esta asfixia financiera es el reflejo de un sistema que no genera empleo, sino subsistencia: el ingreso mensual se diluye entre el pago de cuotas de microcréditos y los gastos operativos, dejando al prestador en un estado de vulnerabilidad permanente ante cualquier imprevisto mecánico o de salud.
La consolidación de Uber, Pedidos Ya y otras aplicaciones no responde a un auge del emprendedurismo, sino a la contracción de la unidad productiva PyME. Lo que el relato oficial intenta vender como “normalización laboral” es, en la práctica, la gestión de la escasez. En la Argentina de 2026, el algoritmo no es un socio, sino el último recurso de un trabajador que ha sido expulsado de la formalidad y que hoy pedalea para no caer definitivamente del mapa social.
El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció el pasado jueves la mayor inversión privada de la historia provincial: la construcción de una planta de industrialización de fibra de pino de alta calidad en el Parque Industrial de Ituzaingó, a cargo de ARPULP S.A., una empresa con accionistas de larga trayectoria en la provincia.
La iniciativa demandará un desembolso de USD 2.000 millones y generará 13.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, con una capacidad de producción proyectada de 800.000 toneladas anuales y una facturación estimada de 900 millones de dólares por año.
“Dimos un primer paso muy importante para el desarrollo de nuestra querida provincia”, celebró Valdés tras reunirse con AlejandraAranda, CEO de mencionada empresa.
– Juan Pablo Valdez, gobernador de Corrientes, y Alejandra Aranda, CEO de Arpulp
La futura planta será la “más grande del planeta” en producción de fibra larga de pino y la más moderna en su categoría, con tecnología de ingeniería sueco-finlandesa. Se enfocará en la elaboración de pasta fluff, una celulosa de fibra larga derivada del pino, insumo crítico para la fabricación de pañales, toallas femeninas y productos para la incontinencia, con aplicaciones también en el sector médico y en el desarrollo de telas no tejidas.
Actualmente gran parte de este insumo se importa del exterior, por lo que el proyecto permitirá sustituir esas compras, “agregar valor a la materia prima local y mejorar la balanza comercial mediante el ingreso de divisas genuinas”, informaron.
El impacto de una inversión que sacude al sector forestal
El Consejo Forestal Industrial Argentino (Confiar) celebró el anuncio y lo definió como “uno de los hitos más relevantes para la foresto-industria argentina en las últimas décadas”. La entidad, que representa a un sector con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales (el 80% concentradas en la Mesopotamia), subrayó el valor estratégico del proyecto.
“La llegada de ARPULP no es solo una inversión. Es una señal. Señal de confianza en el país. Señal de que la foresto-industria puede jugar en las grandes ligas. Señal de que el desarrollo productivo, federal y sostenible es posible. Y, sobre todo, señal de que Argentina puede transformar su potencial en crecimiento real”, declararon desde la entidad.
Confiar también ponderó el efecto multiplicador de la inversión sobre toda la cadena foresto-industrial, que actualmente genera empleo formal para 100.000 personas y exporta aproximadamente USD 550 millones anuales. Según proyecciones de la consultora finlandesa AFRY, el valor de la industria forestal mundial se incrementará en más de 210 billones de dólares entre 2019 y 2035.
Para Valdés, el anuncio es resultado de una política de Estado sostenida en el tiempo. “Esto es posible porque generamos las condiciones para que el sector privado confíe, garantizando seguridad jurídica e infraestructura estratégica mediante nuestros 18 parques industriales y los puertos de Corrientes e Ituzaingó”, enfatizó el gobernador.
A su vez, señaló que “esta es una oportunidad de crecimiento y desarrollo para la provincia, que servirá para crear empleo genuino e impactará en la prosperidad de miles de familias correntinas”.
La radicación en el Parque Industrial de Ituzaingó responde a una planificación de largo plazo que busca aprovechar la infraestructura logística de la provincia, incluida la cercanía con puertos estratégicos.
El cronograma del proyecto tiene metas definidas para los próximos años. Alejandra Aranda precisó que “durante 2026, la prioridad será realizar un estudio ambiental profundo, alineado con los estándares de calidad y seguridad mundiales para esta categoría”. En ese mismo período, se completará también la factibilidad técnica del proyecto. En paralelo, el fondo de inversión Pegasus dará inicio a la búsqueda de financiamiento estratégico de gran escala.
“En esa hoja de ruta, para 2027 estaremos concentrados en la ingeniería básica y de detalle”, agregó la CEO de ARPULP S.A.
Fernando Correa, responsable de la tecnología industrial del proyecto y con amplia trayectoria internacional en la industria forestal, estimó que “si todas las exigencias financieras logran avanzar en término, entre 2028 y 2030 estaremos dedicados a la construcción de la planta modelo, para comenzar a operar a pleno hacia finales de 2030”.
La Justicia homologó en reserva un convenio con el empresario británico y cerró la demanda estatal que buscaba anular la venta de tierras en una zona estratégica de frontera.
Una de las víctimas había sido condenada a 14 años por homicidio y quedó libre en menos de seis. El gobernador chubutense apuntó contra la impunidad y anunció una mesa conjunta entre la Justicia, fiscales y fuerzas de seguridad para avanzar contra las familias Vera y Nieves, señaladas por años de violencia en la ciudad.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
