Gasto público: Fernández habilitó la compra de medialunas por más de $6 millones
Mientras el país se cae a pedazos, desde la Casa Rosada lanzaron una licitación para comprar medialunas, panes de hamburguesas y baguettes para las reuniones del Presidente.
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Desde la Dirección General de Administración (DGA) de la Casa de Gobierno salieron a la compra de más de 6 millones de pesos de productos de panadería, los cuales serán congelados y almacenados para suplir las “necesidades” del presidente Alberto Fernández y sus funcionarios en cada una de las reuniones.
La compra en si, se trata de 7 mil unidades de panes precocidos y congelados, 14 mil panes tipo árabe, 5 mil figazzas, 9.500 panes para hamburguesas, 15 mil medialunas de manteca, 7.500 medialunas de grasa y 11.500 baguettes, que serán destinadas a las reuniones que mantenga el máximo mandatario.
Un dato a tener en cuenta, es que la licitación más baja, fue de $6.434.060. Números que llaman poderosamente la atención en plena crisis económica por la que atraviesa el país, donde muchos lugares tienen faltantes de productos, pero Fernández no tiene problema en gastar más de 6 millones en panificados para sus reuniones.
Fuente: Realpolitik
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El reporte elaborado por Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré para la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que el sector agroindustrial aportó US$ 3.300 millones en derechos de exportación (DEX) durante los primeros seis meses de 2025, un incremento interanual del 25% pese a la reducción temporal de alícuotas y a precios promedio inferiores, sobre todo en el complejo soja.
El salto recaudatorio respondió al mayor volumen declarado: las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) alcanzaron cerca de 53 millones de toneladas, un 60% más que en el mismo período de 2024. En términos diarios, el fisco recibió unos US$ 18 millones.
A un mes de que venza el esquema de rebaja de alícuotas, el estudio proyectó que 2025 cerrará con casi US$ 6.500 millones recaudados, poco más de US$ 1.000 millones por encima de 2024, aunque todavía lejos de los niveles de 2021 y 2022, cuando los precios internacionales se ubicaron mucho más altos.
Los autores explicaron que, a diferencia de años previos, en 2024 y en lo que va de 2025 no se registraron DJVE adelantadas de la campaña nueva. Esa ausencia redujo la recaudación de 2024—parte de lo exportado tributó en 2023—pero elevó la de 2025, dado que la mercadería se vendió y gravó este año.
El complejo soja dominará el aporte anual: US$ 5.140 millones, el 80 % del total. Dentro de esa cadena, los subproductos liderarán con US$ 2.760 millones, seguidos por el aceite de soja con US$ 1.700 millones—rubro que mostró la mayor suba interanual gracias a un mayor flujo exportador—y el poroto con casi US$ 600 millones.
Para estimar las DJVE del ciclo 2025/26 en el segundo semestre, el equipo tomó la distribución registrada en 2024 y no el promedio de las cinco campañas anteriores, con el fin de reflejar el cambio reciente en los patrones de venta al exterior.
En la plaza local, el Merval aumentó +4,3% en pesos a 2.202.667,32 puntos, mientras que se incrementó 4,7% en dólares, a 1.845,01 puntos. Entre los papeles líderes, las subas fueron lideradas por YPF (+6,8%), Transener (+6,0%), Telecom (+6,0%), Transportadora Gas del Norte (+5,9%) y Banco Galicia (+5,3%).
En Wall Street, los ADRs que más subieron fueron los de YPF (+7,7%), Telecom Argentina (+6,8%), Grupo Financiero Galicia (+6,1%), Banco Supervielle (+5,0%) y Edenor (+4,7%).
Por su parte, los bonos en dólares cotizaron en alzas encabezadas por Bonar 2041 (+1,5%), Global 2030 (+1,3%) y Bonar 2038 (+1,3%). En este contexto, el riesgo país se ubicó en 666 puntos básicos, marcando una caída de 3,2% con respecto a la jornada anterior.
Los mercados reaccionaron positivamente a las medidas anunciadas por el Banco Central, que avanzará en la eliminación de puts sobre títulos públicos en manos de bancos y volverá a ofrecer BOPREAL(Serie 4) para cubrir deudas comerciales y dividendos pendientes previos a 2025.
A esto se suma la decisión de dejar de emitir LEFI a partir del 10 de julio y canjear su stock por instrumentos líquidos y negociables como LECAPs. “Esta decisión marca un cambio hacia un sistema monetario más convencional, donde las tasas de interés son determinadas por el mercado en lugar de ser fijadas como instrumento de política”, señalaron desde el CEPEC.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, participó este jueves de una nueva edición del Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”, organizado por el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER). El evento se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y reunió a empresarios, funcionarios y representantes del sector productivo de toda la región.
Durante su intervención, Hein hizo un llamado a consolidar un vínculo fluido y eficaz entre el Estado y el sector privado. “Lo mejor que podemos hacer desde el Estado es escuchar con atención al sector productivo y brindar acompañamiento, para que los empresarios sientan que el Estado no es una máquina de impedir”, afirmó.
El encuentro tuvo como ejes temáticos principales el desarrollo sostenible, el fortalecimiento institucional y los nuevos desafíos del mundo laboral, en un contexto atravesado por la innovación tecnológica y la necesidad de modernización. En ese marco, Hein destacó el papel del empresariado como generador de empleo genuino: “El sector empresario, vinculado con la producción, es el que realiza un aporte genuino en cuanto a fuentes de trabajo y es importante acompañar con acciones concretas como la reducción de impuestos y la eliminación de cargas innecesarias”.
Hein también se refirió a las dificultades del escenario económico actual y la responsabilidad del Estado para generar confianza. “Como siempre lo señala el gobernador Frigerio, aquí nadie se salva solo. Hoy nos toca dirigir los destinos de la provincia en un contexto nacional caracterizado por una situación muy compleja que impacta fuertemente en las arcas financieras de todas las jurisdicciones y tenemos que tener en claro que los empresarios son generadores de trabajo y motores de la actividad económica, por lo que el rol del Estado debe ser siempre el de acompañar y promover los mejores escenarios de competitividad posibles”, subrayó.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la necesidad de brindar previsibilidad normativa y fiscal para facilitar la toma de decisiones de inversión. “La previsibilidad es fundamental, porque los empresarios apuestan siempre a futuro, proyectando los posibles resultados, y los gobiernos no pueden cambiarles las reglas cada cuatro años”, advirtió. Y concluyó: “El sector privado necesita políticos que entiendan lo que es la inversión, el riesgo en la producción, que sean empáticos y acompañen con medidas y herramientas adecuadas”.
El Foro, organizado por el CEER, se ha consolidado como un espacio clave para el diálogo entre el sector público y privado en Entre Ríos, y en esta edición contó también con la participación del gobernador Rogelio Frigerio y del presidente del CEER, Ramiro Reiss, quienes encabezaron la apertura del evento.
Mientras que el Gobierno acelera su plan para que los ahorristas utilicen los dólares del colchón y los vuelquen al sistema, una parte de los que compraron billetes verdes en la salida del cepo no solo no los pusieron a funcionar sino que los devolvieron al colchón.
Según Profit Consultores, los depósitos en dólares desde que se lanzó la Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos (el 22 de mayo) caen US$ 429 millones. En abril, último dato oficial, 1 millón de personas compraron US$ 2.000 millones por el homebanking, inaugurando la era poscepo.
“Si medimos por gobiernos (los periodos ajustan casi perfecto con las épocas de cepo), entre 2016 y 2019 la demanda por atesoramiento promedió US$ 1.806 millones mensuales. La diferencia es que en ese momento las empresas también podían acceder al mercado”, recuerda Econviews, la consultora de Miguel Kiguel.
Además de la compra de billetes en abril, algo que fue a contramano de lo que quiere el Gobierno que suceda (se verá qué pasó en mayo, se cree que habría sido menor), destaca la consultora 1816, se aceleró el gasto en turismo y sigue la salida de divisas por Inversión Extranjera Directa, “con algunas matrices aprovechando el momento para concretar decisiones de salida tomadas hace años (este efecto más que compensa el RIGI)”.
Así, todo dependerá de si funciona o no el plan oficial para que entren más dólares y no sean una puerta giratoria. Muchos economistas, como Lucas Llach o Camilo Tiscornia, creen que el efecto será marginal. O sea, que no habrá un aluvión de gente entrando sus billetes de vuelta al sistema.
“Chapeau para el nuevo régimen informativo con cifras más lógicas. Pero eso no tiene nada que ver con sacar los dólares del colchón. En un país donde, como digo, el canuto no se mancha. ¿Por qué el canuto no se mancha? Porque el canuto es el canuto. ¿Para qué tiene canuto la gente en la Argentina? Por las dudas”, explicó hace una semana Carlos Melconian, uno de los más escuchados por el Círculo Rojo.
“El canuto lo tengo que tener por las dudas. ¿Por las dudas de qué? De este gran quilombo que es la Argentina. Vos no querés estar sin el canuto”, afirmó “Melco” en una charla privada.
El Gobierno anunció la segunda etapa del proyecto para incentivar el uso de los “dólares del colchón” bajo el nombre de “régimen de inocencia fiscal” y estableció nuevos pisos para investigación por evasión y por otro lado detalló el blindaje del régimen simplificado del impuesto a las Ganancias.
“Estas disposiciones, junto con las anunciadas con anterioridad, constituyen el inicio de una reforma integral, que permitirá abandonar el régimen persecutorio en el que vivimos, donde todos son culpables hasta que ARCA demuestre lo contrario, a un régimen de enfoque recaudatorio”, destacaron desde la Casa Rosada. La idea es que esos dólares “remoneticen” la economía ya que no se emiten pesos. La duda es qué pasará si la gente no empieza a sacarlos del colchón. Por ahora, hay más dudas y miedos, que dólares entrando.
El Plan Maestro del Río Salado nació en 1999 como instrumento de gestión integrada para atenuar inundaciones y sequías en una macrocuenca de 17 millones de hectáreas que aporta el 75% del rodeo bovino bonaerense, más del 70 % de los granos provinciales y cerca del 20% de la producción láctea nacional. Un cuarto de siglo después, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que “solo se ha ejecutado la mitad de las obras” y que la inacción estatal ya generó “pérdidas productivas superiores a USD 5.000 millones”.
El proyecto, concebido por la consultora Halcrow & Partners y financiado inicialmente por el Banco Mundial, preveía un horizonte de finalización de 15 años y un presupuesto base de USD 2.000 millones (actualizado a USD 4.000 millones). No obstante, el avance efectivo se estancó en torno al 50% y dejó sin concluir el tramo 4‑2, entre Las Flores y Bragado, así como la etapa 5 (Bragado–Laguna de Junín), carente de recursos asignados. CARBAP subrayó que “el costo de la inacción —más de USD 40.000 millones entre pérdidas evitables y recursos no reinvertidos— exige una respuesta inmediata”.
La entidad recordó que los objetivos originales apuntaban a “reducir el impacto económico de eventos hídricos extremos, optimizar la sustentabilidad productiva de la cuenca y constituir un marco institucional para la administración planificada del recurso hídrico”. Las primeras obras comenzaron en 2003, tras un trienio de estancamiento vinculado a la crisis política y económica, y desde entonces avanzaron de manera discontinuada.
El año 2025 evidenció la vulnerabilidad estructural del sistema. Entre febrero y mayo, tres pulsos pluviométricos extraordinarios anegaron más de dos millones de hectáreas: en febrero‑marzo, las lagunas encadenadas y la subcuenca B3 del arroyo Vallimanca sufrieron pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol; en marzo‑abril, un nuevo episodio afectó al corredor oeste (Carlos Casares, 9 de Julio, Henderson, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Roque Pérez) e impidió la recolección de soja y maíz; en mayo, precipitaciones superiores a 350 mm en el norte y centro bonaerense comprometieron la ventana de siembra de trigo y cebada.
Estas lluvias intensas pusieron de relieve las restricciones hidráulicas derivadas de un dragado inconcluso. Mientras las etapas 1 a 3 del canal principal muestran avances satisfactorios, la demora del tramo 4‑2 actúa como estrangulamiento y provoca desbordes reiterados. A ello se suma la readecuación pendiente de los arroyos Vallimanca y Saladillo, postergada desde hace más de tres décadas. La pendiente mínima y la escasez de drenajes naturales obligan a depender de la evapotranspiración estacional para el descenso de las aguas, con el consiguiente retraso en las labores agrícolas.
De acuerdo con CARBAP, “los productores han aportado al fisco, exclusivamente vía derechos de exportación, más de USD 35.000 millones”, cifra que permitiría financiar holgadamente el presupuesto actualizado del plan. “La paradoja es evidente: la región ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando”, remarcó la organización.
La cuenca del Salado recibe aportes hídricos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por lo que CARBAP consideró que “el financiamiento nacional resulta indispensable” y reclamó “liderazgo federal, asignaciones presupuestarias firmes y una gobernanza hídrica coordinada”.
“El caso del Plan Maestro del Río Salado es paradigmático: no se trata simplemente de una obra pública inconclusa, sino de una región neurálgica para la economía nacional que continúa expuesta a daños evitables, pese a haber generado —mediante su producción agropecuaria— los recursos fiscales suficientes para financiar integralmente su propia solución”, advirtió el comunicado.
En consecuencia, la entidad solicitó “culminar el tramo 4‑2, iniciar la etapa 5, materializar el nodo Bragado con sus canales de alivio y readecuar los arroyos Vallimanca y Saladillo”. Recordó, además, que “no existen argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen seguir dilatando una solución largamente planificada, parcialmente financiada y reclamada insistentemente por los productores”.
CARBAP concluyó: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”. Para la entidad, finalizar el Plan Maestro del Río Salado constituye “una inversión estratégica impostergable” destinada a salvaguardar el capital productivo, mitigar externalidades negativas sobre el ambiente y consolidar el desarrollo sustentable de una de las áreas agropecuarias más relevantes del país.
EL INFORME DE CARBAP: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”
La decisión del gobernador Martín Llaryora de aumentar el impuesto a los Ingresos Brutos en Córdoba generó un efecto dominó en el comercio digital. Mercado Libre confirmó que, a partir del 8 de julio, cobrará tarifas más caras a los vendedores cordobeses para compensar la suba impositiva provincial. En la práctica, la plataforma de Marcos Galerín se transformará en un recaudador indirecto del fisco cordobés. Lo mismo sucederá en Santa Fe y Jujuy: otras provincias con alícuotas elevadas.
La medida fue anunciada en medio de una fuerte presión de las provincias por recaudar más, tras la caída de fondos nacionales. Córdoba subió la alícuota de Ingresos Brutos a servicios digitales y financieros, lo que llevó a Mercado Libre a ajustar automáticamente los cargos para vendedores radicados en la provincia.Según datos oficiales, las comisiones en Córdoba podrían trepar al 17,14 %, mientras en otras provincias bajarán hasta el 11,8 %.
– Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, y el gobernador Juan Schiaretti durante la inauguración de oficinas en Córdoba (2019)
En un comunicado oficial, la plataforma explicó:
“La diferencia en los cargos por provincia responde a la presión fiscal local. Cada gobierno establece las alícuotas de Ingresos Brutos y eso impacta de forma directa en el costo de operar en nuestra plataforma. No existe un cargo adicional de Mercado Libre: solo reflejamos el efecto impositivo provincial”.
Y agregó:
“En Córdoba, Santa Fe y Jujuy se aplican alícuotas más altas, por eso allí los costos para el vendedor terminan siendo mayores”.
Esto no es un fenómeno nuevo. En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro impulsó una suba de Ingresos Brutos a mediados de 2024, su argumento recayó en la necesidad de sostener el gasto público.Allí, la alícuota para plataformas digitales pasó del 5 % al 9 %, lo que generó que la empresa ajustara sus cargos y desatara críticas de comerciantes y pymes locales.
En Jujuy ocurrió algo similar con un incremento de Ingresos Brutos en servicios financieros que impactó sobre toda la cadena de pagos digitales. A partir de ese cambio, Mercado Libre anunció allí también cargos más altos para los vendedores jujeños, lo que despertó protestas de pequeños emprendedores que denunciaron “doble imposición” y falta de alternativas de venta.
En Córdoba, el caso es aún más fuerte porque la provincia, altamente dependiente de la recaudación tributaria, decidió subir la alícuota a servicios digitales cuando la inflación ya golpea al consumo. Los vendedores cordobeses sostienen que esto termina por asfixiar la actividad comercial y afecta principalmente a emprendedores y pymes, que no tienen margen para trasladar el aumento a sus clientes.
EL COMUNICADO DE MARCADO LIBRE
La Cámara de Comercio Electrónico advirtió que Córdoba es uno de los distritos con mayor crecimiento del e-commerce en la última década, pero la suba de costos puede generar una contracción de ventas e incluso empujar a la informalidad.
Analistas tributarios coincidieron en que el impuesto a los Ingresos Brutos es “distorsivo” y encarece el precio final que paga el consumidor, además de desalentar la competitividad. La polémica, entonces, no es solo técnica: se cruza con el modelo de financiamiento provincial y la puja por retener recaudación propia en medio de una fuerte crisis fiscal.
Para Llaryora, la suba se justifica en la necesidad de cubrir servicios básicos, pero para miles de cordobeses que venden online significa un nuevo golpe al bolsillo.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
