FUGA DE CEREBROS | Argentina lidera la lista de países con más cantidad de emigraciones

A contramano de lo que ocurrió en esos mercados, en Latinoamérica la pandemia no frenó la decisión de muchas personas de cambiar de hogar o de país.
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Entre las grandes preocupaciones en los países latinoamericanos es la continua fuga de talentos hacia otros más desarrollados, donde buscan mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo profesional que escasean en la región. 

A contramano de lo que ocurrió en esos mercados, en Latinoamérica la pandemia no frenó la decisión de muchas personas de cambiar de hogar o de país de residencia, por el contrario, las condiciones económicas que en gran parte derivaron del freno a la actividad motivaron a más de uno a emprender el viaje sin retorno. 

Según un estudio del Banco Mundial que publicó La Estrella de Panamá, más de 30 millones de latinoamericanos actualmente reside en países distintos de su país de origen, es decir, un 5,2% de la población. Si se restringe el análisis a los países del Caribe, más del 70% de los profesionales cualificados de esa región emigran en busca de mejores oportunidades. 

El informe, que data de 2020, lista los países de la región con mayor número de emigrantes, y la clasificación se encuentra liderada por Argentina, Venezuela, México, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Chile, Paraguay y Bolivia

La mayor parte de estos talentos emigrantes, en promedio un 90%, busca como destino final los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayores ingresos. 

Según los analistas del Banco Mundial, una de las principales razones por las que el número de fuga de talentos tenderá a aumentar en esta era de pandemia es el nivel de desempleo que la misma crisis sanitaria potenció. 

De acuerdo a las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Latinoamérica y el Caribe marcan un récord histórico de más de 41 millones de desempleados, como consecuencia de la pandemia. Este fenómeno es aún más profundo entre los jóvenes que buscan su primer empleo y las mujeres.  

La OIT también indicó que Chile, Brasil, México y Colombia son los países más afectados de la región. 

MOVILIDAD SOCIAL:

La razón predominante por la que nuestros talentos escogen otros países para emigrar es la posibilidad de movilidad social o las oportunidades que tienen las personas para cambiar su posición y escalar a lo largo de la estructura socioeconómica. 

Movilidad social es el concepto que mide la igualdad de oportunidades de una sociedad, dicho en otras palabras, estima el número de generaciones que le llevaría a una familia que nace pobre, alcanzar un ingreso medio. 

Según el ‘Reporte de movilidad social’ del año 2020 elaborado por el Foro Económico Mundial, el país con mejor índice es Dinamarca, seguido de Noruega y FinlandiaEstados Unidos se encuentra en la posición 27 y España en la número 28. 

En Latinoamérica el país que ofrece mayor movilidad social es Uruguay, que se ubica en la posición 35, seguido de Costa Rica (44), Chile (51), Ecuador (57), México (58), Panamá (63), Colombia (65) y Perú (66). 

Los indicadores que se tienen en cuenta para este ranking de movilidad social son: ingreso y nivel de educación; atención sanitaria, acceso a la tecnología, oportunidades de empleo y salarios justos. 


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El FMI cuestionó al INDEC por medir la inflación con datos de consumo de hace 20 años

El Fondo Monetario Internacional sostiene que la canasta de bienes y servicios que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor está “desactualizada” porque aún se basa en patrones de consumo de hace 15–20 años.

Eso implicaría que la importancia que se le da a rubros como alimentos, energía, servicios, alquileres o transporte no coincide con cómo gasta hoy una familia media.

— La Directora Gerente del FMI es la economista búlgara, Kristalina Georgieva

Por ejemplo, hace dos décadas se gastaba más en alimentos y menos en servicios (educación, salud, telefonía, luz, internet, etc.), y si la canasta no se actualiza, el índice puede subestimar o sobrestimar la verdadera presión sobre el bolsillo. Desde 2016 ya se advirtió que usar una encuesta de 2004/05 para 2025 generaba distorsiones, y el FMI insiste ahora en que el atraso metodológico afecta la confiabilidad del dato.

El informe del FMI indica que una nueva metodología para el IPC ya estaba preparada y debería haberse implementado hace más tiempo, pero su aplicación se retrasó en el medio de un proceso de baja de la inflación. Algunos analistas interpretan que el Ejecutivo quiso evitar que el cambio de metodología mostrara una inflación más alta en el corto plazo.

El rediseño ya fue concluido en términos técnicos bajo el titular del INDEC Pedro Lines, aunque su aplicación sigue postergada por una decisión política. En el Estado prefieren evitar cambios en un año electoral, ante el eventual impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y la discusión salarial.

Encuesta de la consultora Zentrix sobre la percepción pública del IPC del INDEC

Desde enero–febrero de este año, el INDEC ya puso en marcha una metodología nueva. Está basada en la Encuesta Nacional de Gastos 2017/18, con más peso en servicios y vivienda y una canasta más cercana a los hábitos actuales. Aunque esto era algo que el FMI reclamaba, el organismo sigue diciendo que el cambio debería haber sido más rápido y que el marco institucional del INDEC sigue siendo débil.

Más allá del IPC, el FMI señala que otros indicadores económicos argentinos (cuentas nacionales, sector externo, etc.) también tienen problemas por usar metodologías anticuadas o pocas fuentes de información. Por eso plantea una reforma institucional: que el INDEC tenga mayor independencia, claridad legal y protección política para que sus datos no parezcan manipulados por el Gobierno de turno.

En la práctica, eso implicaría una nueva ley del INDEC que garantice autonomía técnica, transparencia en la metodología y acceso a datos, además de fortalecer la capacidad estadística del país. El Fondo ofrece asistencia técnica para esta modernización, pero condiciona también la percepción de confiabilidad de las estadísticas argentinas.

El índice de inflación oficial se usa para indexar salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, contratos de alquiler, cláusulas de actualización de tarifas y muchas sentencias judiciales.

Si el IPC realmente se encuentra desbalanceado, puede subestimar la verdadera pérdida de poder adquisitivo y dejar cortos los aumentos de haberes o pensiones. Además, rompe con la confianza en las estadísticas oficiales, ya que el mercado y los actores privados suelen empezar a apoyarse en mediciones alternativas para seguir la evolución de los precios.

El FMI proyecta que la inflación en Argentina cerrará 2026 alrededor del 25% anual, mientras el Gobierno habla de un orden de magnitud notablemente más bajo (de 10,1% en el presupuesto 2026). Esa diferencia de expectativas refleja justamente la desconfianza sobre cómo se mide la inflación y refuerza la presión del FMI para que el INDEC se modernice y se vuelva más creíble.

El FMI quiere eliminar las ventajas impositivas de Tierra del Fuego

La reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional le sugiere a la Argentina incluye la eliminación de lo que el organismo denomina Excepciones Impositivas de las Zonas Económicas Especiales, dentro de un plan más abarcativo que tiene por intención sumar ingresos al fisco por el equivalente al 3,3% del PBI.

El Régimen Especial de Tierra del Fuego tiene por objetivo favorecer la radicación de industria electrónica. Nació en 1972 en el marco del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y es una de las pocas políticas de Estado que ha venido sobreviviendo desde entonces. 

– Kristalina Gueorguieva, directora gerente​ del Fondo Monetario Internacional desde 2019

No nació con un objetivo económico, sino geopolítico. En la década del 70 la Argentina está en constante tensión con Chile por la delimitación de las fronteras en el sur. De hecho, 7 años después de sancionada la ley, ambos países estuvieron al borde de la guerra por la disputa de las islas Picton, Lennoxn y Nueva, en el canal del Beagle en Tierra del Fuego.

Los militares procuraban asegurar el asentamiento de población argentina en la región para contener un eventual avance de ocupación chileno. El régimen se mantuvo a pesar de que con el paso del tiempo la tensión entre ambos países disminuyó al punto de que en 1998 se terminaron de celebrar los últimos acuerdos fronterizos en Campos de Hielo.

Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional y se convirtió en una provincia más que incluye las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y Antártida. La industria electrónica es una de las principales actividades económicas, junto con el turismo y la pesca de centolla.

De acuerdo con datos del INDEC, cuando nació el régimen la isla tenía una población de 13.527, y en 2022 había crecido a 191.780.

Las empresas industriales radicadas en la zona no pagan IVA, ni Impuesto a las Ganancias, ni pagan derechos de importación para sus insumos, pero ahora compiten con la apertura de la importación de electrónica de extrazona del Mercosur. 

Cuál es el gasto fiscal del régimen

De acuerdo con el documento del FMI, que forma parte del Staff Report de la última revisión, el régimen especial por zona geográfica de la Argentina cuesta 0,4 puntos del PBI.  A eso hay que agregarle otros componentes: las excepciones del IVA representan 1, 2 puntos del PBI y el monotributo, un punto del PBI.

A ello hay que agregar que se propone ampliar la base de tributación del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia hasta un umbral del 20% y “alinear” el monotributo con los aportes del Impuesto que hacen los autónomos. 

En total, el FMI considera que el gasto tributario de la Argentina es grande” y los estima en los 3,5% del PBI. Si se toma un PBI nominal de $847 billones al 31 de diciembre de 2025 y se lo actualiza a fin de 2025 por un crecimiento del 3,5% y una inflación del 25%, el costo del régimen de Tierra del Fuego es de unos $4,38 billones al año. 

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Carlos Lamiral

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