Entre Ríos | Mesa de Enlace volvió a pedir audiencia con Bordet, el campo volvería a las rutas

El sector agrario provincial planteará su preocupación ante la inminente actualización del Impuesto Inmobiliario Rural
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Así lo informó el presidente de Fedeco, Daniel Kindelabuc, quien además anunció que, de no tener respuestas, podrían realizar una movilización durante los primeros días de marzo.

La suba impositiva fue “uno de los temas excluyentes” en la reunión que la Mesa de Enlace provincial mantuvo este lunes, debido a “la cercanía de la determinación del Impuesto Inmobiliario Rural”, explicó Kindebaluc.

Informó que en ese encuentro se resolvió “renovar los pedidos de audiencia” al gobernador “ante la inacción del sector público que no se expide y no convoca”. El dirigente de Fedeco –que además es secretario de Coninagro– recordó que habían convenido “de palabra” que el Inmobiliario Rural “se iba a determinar de común acuerdo”. Sin embargo, hasta el momento no han sido recibidos por las autoridades provinciales, consignó Apf.

Mientras tanto, “los plazos se acortan y los productores están impacientes porque tienen que tomar decisiones en cuanto a continuar con sus arrendamientos, y los propietarios de campos también quieren saber qué impuesto van a tener que pagar para determinar el arrendamiento a cobrar”, señaló Kindebaluc.

Daniel Kindelabuc

“Nunca logramos llegar a esa reunión con Bordet”, lamentó el dirigente rural. Y agregó: No sé cuál es el problema de poder hablar con el Gobernador. Es difícil de explicarlo cuando vemos lo que pasa en las provincias vecinas, como Santa Fe y Córdoba, que tienen reuniones permanentes con sus gobernadores, diagraman las políticas a seguir y discuten las cuestiones impositivas. Y acá no lo podemos lograr”.

Luego consideró que un encuentro con los gobernantes “sería bueno para la provincia, dada la importancia que representa el sector agropecuario en cuestiones económicas y sociales”.

Posibles medidas

Kindebaluc apuntó además: “En las asambleas los productores quieren tomar medidas de acción rápidamente, pero nosotros tratamos de controlar un poco esa cuestión porque primero queremos agotar todas las instancias posibles de negociación y diálogo”.

El titular de Fedeco remarcó: “Las bases nos aprietan para que les brindemos una solución. Lamentablemente ahora ya nos dijeron que si para los primeros días de marzo no hay respuestas, se va a hacer una movilización”.

En ese sentido comentó que “el 11 de marzo es una fecha emblemática porque fue el inicio de la resolución 125 en el 2008”, así que estimó que la medida podría efectuarse “días antes o días posteriores”. “A no ser que logremos tener las reuniones previstas y podamos amortiguar de la mejor manera posible este efecto impositivo tan dañino para los productores entrerrianos”, finalizó.

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Despidos y decenas de proveedores en la ruina: luego de 60 años, Knorr cierra su fábrica en Mendoza

El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.

La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.

Las razones corporativas del cierre

Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.

En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.

El espejo nacional

El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.

Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.

Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólares en concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.

A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.

*Por Augusto Grinner

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