El “taller de masculinidades” que brindó el BCRA para sus empleados, mientras hay una inflación interanual de 116%
Desde el organismo financiero argentino quisieron capacitar a todos sus dependientes con el propósito de “reflexionar sobre los roles de la masculinidad en la actualidad”.
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Mientras la pobreza en la República Argentina ronda casi en un 50%, a causa de una inflación galopante y por la ineptitud de un gobierno que no tiene figura presidencial, el Banco Central sostiene que, para resolver este gran problema, además seguir imprimiendo billetes, “hay que capacitar a sus empleados con un ‘taller de masculinidades’”.
La Subgerencia de Capacitación del ente regulado por Miguel Pesce aseguró que tendrá como objetivo “sensibilizar y capacitar a todos aquellos que sean parte del personal del Banco Central”. Varias de las actividades incluían “prejuicios masculinos”, “factores de riesgos masculinos” y “micromachismos”.
“El miércoles 23 de agosto de 14:30 a 16:30, junto al Licenciado Luis Ángel Avalos, abriremos un espacio de reflexión para conversar sobre ‘El Rol de las masculinidades en la actualidad’“, emitieron en un comunicado que habían lanzado durante la mañana del martes, aunque el propio tuvo relevancia luego de varias críticas que lanzaron en las redes sociales.
“El Banco Central solo repara la emisión descontrolada con un taller de masculinidades. Prioridades son prioridades”, eran unos de los comentarios que se leían en Twitter, luego de las medidas que se tomaron desde el organismo financiero.
Mientras el país sufre niveles de inflación récords en más de 30 años la “Subgerencia de Capacitación” del BCRA convoca a todos sus empleados para que asistan al taller “El rol de las masculinidades en la actualidad”.Merecemos morir inmersos en una hiperinflación atómica. Fin. pic.twitter.com/psAxtzityr
La última vez que el BCRA hizo curso de capacitación similar fue a finales del mes de noviembre del año 2020, llamado de la misma forma, solo que para esa ocasión fue con el aval del Ministerio de la Mujer, en el marco del “Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer”.
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La industria argentina paga más impuestos que la de cualquier otro país del mundo, al menos entre las empresas que cumplen con el fisco. Así lo concluye un informe del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA) que comparó ocho tributos en treinta economías y dejó al país en el primer puesto del ranking de carga sobre el sector formal, con una presión del 56%.
La distinción metodológica es central. Si se mide la presión fiscal tradicional (lo que el Estado recauda en relación al Producto Bruto Interno) Argentina aparece recién en el puesto 12 entre los treinta países analizados. El salto al primer lugar aparece cuando se descuenta la economía informal y se calcula cuánto soportan únicamente las empresas que operan dentro del sistema. Para eso, el estudio ajustó el PBI de cada país según el peso del empleo fuera del circuito formal, con datos de la Organización Internacional del Trabajo. El resultado deja expuesto que en un país con alta informalidad la carga se concentra sobre menos hombros.
Ese 56% marca un aumento de seis puntos porcentuales frente al informe anterior de la entidad, de 2023, calculado con la misma metodología. La suba se produjo pese a que el Gobierno avanzó en la baja de algunos tributos, entre ellos las retenciones.
El relevamiento comparó a los países del G20 y de Sudamérica, más España, Países Bajos y Suiza, un conjunto que representa el 81% del PBI mundial. Y midió ocho impuestos: Ganancias de Sociedades, IVA, débitos y créditos, impuesto al patrimonio, derechos de exportación, Ingresos Brutos, tasas municipales y sellos.
En cinco de esos ocho tributos Argentina quedó primera. Lidera el impuesto al cheque, donde apenas cuatro países lo aplican y el argentino es el más gravoso. Encabeza el impuesto al patrimonio, porque es el único que grava sobre base bruta, sin descontar deudas, y con un mínimo no imponible bajo. Está al tope en Ingresos Brutos y tasas municipales, un combo que la entidad describe como el más distorsivo del sistema por el efecto cascada sobre toda la cadena de producción. Y encabeza el impuesto de sellos, por la amplitud de contratos alcanzados. A esa lista se sumó este año una novedad: los derechos de exportación, que solo mantienen Argentina y Rusia, con una alícuota local del 8,68% frente al 3,9% ruso.
En los tres tributos restantes el país tampoco queda lejos. En Ganancias de Sociedades es el segundo, con una carga efectiva del 39,5% que combina la alícuota del 35% con el 7% sobre dividendos. Solo lo supera Colombia, tras la reforma de 2022. En IVA figura cuarto, detrás de Brasil, Uruguay e Italia, aunque la UIA aclara que el problema no es tanto la alícuota del 21% como los saldos a favor que las empresas no logran recuperar y que les inmovilizan capital de trabajo.
Con ese diagnóstico sobre la mesa, la central fabril reclamó un pacto fiscal federal industrial para “nivelar la cancha”. Entre las propuestas figuran una alícuota única del 25% para Ganancias, la devolución automática de saldos de IVA, la eliminación progresiva del impuesto al cheque, una reducción de Ingresos Brutos para la industria hasta llegar a cero y la eliminación de las retenciones para las manufacturas y los alimentos elaborados. La entidad también pidió un compromiso de estabilidad fiscal y jurídica por treinta años, con el RIGI como modelo.
El informe llegó en un momento delicado para el sector: la producción industrial permanece un 10% por debajo de los niveles de 2022 y se perdieron cerca de 70.000 puestos de trabajo desde mediados de 2023. La UIA reconoce que el Gobierno mostró intención de bajar la carga, pero calcula que el proceso recién se completaría hacia fines de 2027 y principios de 2028.
El megaproyecto minero de cobre más grande de la historia del país, vendido como motor de empleo local, debuta con desindustrialización y entrega. La adjudicación del campamento Batidero en San Juan a un consorcio estatal chino expone la desvirtuación del RIGI.
Se trata de la construcción de una verdadera ciudad modular en la cordillera, diseñada para albergar entre 3.500 y 13.000 personas según las distintas etapas del proyecto. Una obra de esta magnitud, que demandará un despliegue colosal de infraestructura y servicios habitacionales, representaba la oportunidad perfecta para dinamizar de punta a punta a la cadena de valor metalúrgica y constructiva local; sin embargo, la decisión política prefirió cerrarle la puerta al trabajo argentino.
En campaña, Javier Milei juró no hacer pactos con China porque “son comunistas”. Hoy, no sólo archivó su discurso, sino que ejecuta una pirueta regulatoria que pisotea al productor nacional para beneficiar a Pekín.
No se trata de oponerse a un régimen de incentivos fiscales para atraer inversiones, sino de denunciar su uso político y perjudicial como herramienta de competencia desleal.
Javier Milei junto a Xi Jinping, presidente chino.
La cancha inclinada del Estado
La licitación del campamento para el Proyecto Vicuña (operado por BHP y Lundin) desnudó la letra chica de la aplicación del régimen. El consorcio chino (PowerChina y Beijing Chengdong) ofertó 52 millones de dólares frente a los 70 millones de la argentina Modular Homes. El oficialismo usó políticamente esa diferencia de 18 millones para justificar la importación, alegando una falsa “falta de competitividad” local para encubrir el perjuicio a la industria argentina.
Sin embargo, la auditoría internacional de la consultora Fluor (gerente técnica de la obra) desarmó el relato oficial: dictaminó de forma explícita que la propuesta argentina era técnicamente superior y ofrecía mayores estándares de calidad y seguridad. No faltó idoneidad; el producto local fue el recomendado por los expertos independientes, demostrando que el RIGI aquí se tuerce para discriminar al fabricante nacional. Bajo esta lógica, el oficialismo convalida pagar menos por un producto de menor calidad y seguridad, ignorando que el ahorro inicial se transforma en un peligro latente cuando las condiciones de alta montaña exigen máxima resistencia estructural.
La brecha de precios no es una falla de mercado, sino una desigualdad artificial creada por el Estado. La PyME argentina fabrica con el pie en la cabeza: una presión fiscal interna que infla sus costos un 85% (IVA acumulado, ingresos brutos y cargas sociales). En vez de equilibrar la cancha para que el RIGI funcione de manera sana, el gobierno exime al importador extranjero de derechos aduaneros y tasas, otorgándole una ventaja del 30%. El gobierno aplica así un subsidio inverso perjudicial: ahoga al local y libera al gigante asiático.
La matemática del desprecio y el costo marginal
El ahorro de US$18 millones que el consorcio transnacional BHP-Lundin celebra como un triunfo de eficiencia representa apenas un 0,1% de la inversión total proyectada de US$18.000 millones para el Distrito Vicuña. Por este porcentaje insignificante para el volumen de la obra, el uso político del RIGI convalida un daño social inmenso, demostrando que la rentabilidad extrema de la operadora pesa más que el desarrollo del país que aloja el recurso natural.
La destrucción del empleo se mide en una proporción directa de 10 a 1. Al optar por la importación desde China, el impacto laboral local en la alta montaña queda confinado a apenas 50 operarios destinados a tareas básicas de descarga, movimiento de suelos y ensamble, mediante la empresa santafesina RAFA S.A. En contraste, adjudicar la obra a la industria nacionalsignificaba dar empleo fabril calificado de forma directa a 500 trabajadores argentinos y dinamizar de inmediato a una cadena de más de 50 PyMEs proveedoras locales.
Este desplazamiento es una decisión política perjudicial que pretende instalar el falso mito de que las empresas locales carecen de escala para desafíos de gran magnitud. La realidad desmiente el relato: la industria modular argentina ya ha demostrado capacidad operativa y velocidad logística ante las máximas exigencias de infraestructura masiva del país en plazos de tiempo que parecían imposibles, dejando un antecedente histórico ineludible que sepulta cualquier argumento oficial sobre la supuesta incapacidad técnica nacional.
Javier Milei junto a los principales ejecutivos de Vicuña Corp.
El hito argentino que la ideología oficial decide ignorar
El antecedente fáctico que desarticula la justificación gubernamental es la hazaña industrial de la firma nacional Ecosan S.A. durante la cuarentena de 2020. Ante la peor crisis sanitaria reciente, la industria modular argentina construyó, equipó e inauguró 11 hospitales modulares de emergencia médica en un plazo récord de entre 20 y 30 días. La obra civil totalizó 11.900 metros cuadrados cubiertos fabricados y montados en tiempo récord con mano de obra e ingeniería local.
La logística argentina demostró un despliegue plenamente federal, sumando 836 camas críticas al sistema de salud. Cada módulo hospitalario fue entregado con sectores de terapia intensiva de alta complejidad y áreas de internación distribuidas en tiempo simultáneo desde Chaco, Rosario, Córdoba y Mar del Plata, hasta siete localidades estratégicas del Gran Buenos Aires.
Este logro de la ingeniería local no sólo salvó vidas, sino que recibió el sello de calidad internacional al ser galardonado en los Estados Unidos con el prestigioso World of Modular Award 2023 por el Modular Building Institute. El premio internacional demuestra que la exclusión de los productores nacionales en el Proyecto Vicuña no responde a una falta de tecnología o de capacidad operativa, sino a un diseño normativo perjudicial que decide ignorar el “saber hacer” argentino para beneficiar un acuerdo político con Pekín.
Uno de los hospitales modulares de Ecosan S.A.
El quiebre del pacto fiscal y la medalla política
Cualquier régimen de incentivos fiscales bien aplicado funciona bajo un pacto de contraprestación:el Estado resigna recaudación presente a cambio de que la inversión privada genere puestos de trabajo y traccione a los proveedores locales, recuperando esos fondos de manera indirecta. Al pervertirse el uso del RIGI en este caso, el pacto se rompe. Las exenciones impositivas otorgadas en San Juan no vuelven a la sociedad en forma de empleo calificado, sino que terminan subsidiando indirectamente la masa salarial y la ocupación de los obreros industriales en las fábricas de Pekín.
La entrega de recursos es totaly expone una contradicción flagrante con el financiamiento público. Mientras el organismo regulador sanjuanino (EPRE) advierte que la minera saturará el sistema eléctrico regional hipotecando el futuro de la industria y la agricultura local, el gobierno cedió de forma directa la capacidad de transporte de la línea de alta tensión de 500 kV al consorcio extranjero. Se trata de una infraestructura clave que no surgió de capitales transnacionales, sino que fue financiada íntegramente por los ciudadanos argentinos a través de sus facturas de luz durante un cuarto de siglo. El Estado le regala la red eléctrica a la minera mientras deja afuera de la cadena de valor a los trabajadores que la pagaron.
La diputada mileísta Juliana Santillán junto a Wang Wei (embajador chino).
Este caso testigo en el campamento Batidero enciende las alarmas sobre un inminente efecto dominó, ya que el Distrito Vicuña contempla una inversión global de 18 mil millones de dólares donde todavía resta licitar una inmensa cantidad de obras de conectividad, logística, redes de media tensión y sistemas de conducción de fluidos. Al convalidarse políticamente que se puede ignorar la recomendación de una auditoría internacional para priorizar la importación asiática por un ahorro marginal, el precedente queda fijado. Si no se modifica la aplicación del RIGI para defender la participación local, las PyMEs argentinas asistirán consecutivamente a la apertura de sobres de futuras licitaciones millonarias que ya están perdidas de antemano en los escritorios de China.
“Citizen Vigilante” es un thriller de acción de 2026 dirigido por el cineasta alemán Uwe Boll y protagonizado por Armie Hammer, que fue efectivamente bloqueado en Alemania —no por decreto gubernamental, sino porque la junta de clasificación cinematográfica FSK se negó a otorgarle cualquier calificación de edad— lo que, en la práctica, equivale a una prohibición comercial total.
“El sistema de clasificación se negó a darnos una calificación [en Alemania], así que ahora solo se puede ver si se trae un Blu-ray de Austria o Suiza”, afirmó Boll al medio Daily Telegraph.
El film sigue a Michael Sanders, un exmilitar estadounidense que vive en una ciudad europea innominada. Tras presenciar la impunidad con que quedan en libertad autores de delitos graves —en particular una violación grupal a una menor de 14 años cuyos agresores son liberados por su condición de refugiados— decide tomarse la justicia por su cuenta. Su campaña de violenta venganza no solo apunta a los criminales, sino también a jueces y funcionarios corruptos que, según la narrativa del film, los protegen.
La película se describe a sí misma como una versión del siglo XXI de Death Wish (El Justiciero de la Ciudad, 1974), el clásico film de vigilantismo protagonizado por la mítica estrella Charles Bronson. Sus críticos la llaman directamente “una fantasía de poder políticamente cargada”.
— Michael Sanders, interpretado por el actor Armie Hammer
La trama en sí no es pura ficción. El film se inspiró en casos reales documentados en Hamburgo. En 2016, cuatro jóvenes de entre 14 y 21 años violaron en grupo a una chica de 14 años y la dejaron semidesnuda e inconsciente en el frío. Tres de los cuatro menores recibieron condenas en suspenso (sin prisión efectiva). El escándalo fue enorme, con decenas de miles de alemanes firmaron una petición exigiendo cárcel para los agresores, y los fiscales apelaron las sentencias.
“Es como si viviéramos en un entorno político completamente absurdo y descabellado, sobre todo en Europa, donde la gente ha perdido totalmente el rumbo. Hay una enorme diferencia entre el llamado ‘discurso de odio’ y apuñalar a alguien en el cuello. Pero los hechos ya no importan”, sostuvo Boll.
— Fotografía del tribunal regional de Hamburgo durante el juicio por la violación grupal, mostrando a los abogados y acusados con los rostros pixelados para proteger su identidad en 2016
Un caso análogo ocurrió en 2023, cuando nueve hombres con diversas nacionalidades de origen extranjero (Libia, Kuwait, Irán, Egipto, Polonia) fueron condenados por la violación grupal de una joven de 15 años en un parque de Hamburgo, y solo uno recibió prisión efectiva (dos años y nueve meses), el resto obtuvo condenas en suspenso.
La decisión de bloquear la película no fue de un ministerio ni del gobierno como tal, sino que recayó en la FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft), el organismo de clasificación de películas alemán, fundado en 1949. Cuando la FSK se niega a dar cualquier calificación de edad a una película, el efecto práctico es que no puede ser exhibida en cines, vendida en formato físico ni distribuida por plataformas de streaming dentro de Alemania.
La FSK fundamentó su decisión en tres argumentos centrales. Por un lado, advirtió que la película glorifica la violencia vigilante al presentar los asesinatos del protagonista como actos heroicos y justificados, una representación que entra en tensión con la jurisprudencia alemana, contraria a la exaltación de este tipo de conductas. Además, consideró que el largometraje podía rozar el límite del delito de incitación al odio, previsto en el artículo 130 del Código Penal alemán, ya que expone a los inmigrantes casi exclusivamente como criminales dentro de un contexto político real. A esto se suma la legislación de protección a la juventud, que habilita a la autoridad a negar una calificación cuando una obra glorifica la violencia extrema o pone en riesgo la paz pública.
“Fue una decisión de censura deliberada. Contraté a un abogado para presentar una queja, pero perdimos por seis votos contra dos, ya que me dijeron que la película incitaba a la violencia contra los inmigrantes”, destacó Boll reconociendo que apeló judicialmente la decisión de que la película incitaba a la violencia contra migrantes.
Al bloquearse en Alemania, la película estrenó en EE.UU. y Canadá el 19 de junio de 2026 vía distribución limitada y Amazon Prime. Pero lo que la catapultó fue la censura misma. El 25 de junio de 2026, el director subió la película completa a su cuenta en X (Twitter) y el magnate tecnológico Elon Musk la reposteó, con lo que en pocas horas acumuló 9.5 millones de vistas. El film estuvo disponible gratis durante 48 horas.
Muchos usuarios de X calificaron esto como “el mayor efecto Streisand de la historia”. El efecto Streisand es el fenómeno por el cual intentar suprimir información genera exactamente el efecto contrario, multiplicando su difusión. La prohibición convirtió a una película de bajo presupuesto con distribución marginal en uno de los eventos culturales más debatidos de junio de 2026.
El “peor director vivo”
Uwe Boll (Wermelskirchen, 1965) es un director alemán radicado en Canadá, famoso por adaptar videojuegos al cine con resultados casi siempre desastrosos. Ganó el Razzie al peor director y a la peor carrera cinematográfica en 2008. Con 40 películas en su haber, varios de sus títulos figuran entre los peores calificados en IMDb. Sin embargo, una segunda etapa más ambiciosa incluye películas como Rampage (2009) —en la que un joven comete una masacre— o Assault on Wall Street (2013), ambas con protagonistas violentos que se rebelan contra sistemas percibidos como corruptos. Citizen Vigilante sigue ese patrón.
El actor estadounidense Armie Hammer, conocido por Call Me By Your Name (2017), vio su carrera destruida en 2021 cuando se filtraron supuestos mensajes privados con fantasías de canibalismo y mutilación, seguidos de acusaciones de violación por parte de varias mujeres. Tras investigación policial, no se presentaron cargos. Hammer pasó cinco años fuera del foco, admitió públicamente que su comportamiento “no era saludable” aunque negó los delitos más graves, y recibió la oferta de Boll como su vía de regreso. La ironía no pasó desapercibida para nadie, ya que es un hombre acusado de agresión sexual protagonizando una película sobre la justicia por mano propia frente a agresores sexuales.
“No lo acusaron de nada, no hubo ninguna demanda. Era solo un tipo famoso que andaba por ahí haciendo tonterías. Es guapo, carismático y podría ser James Bond. De hecho, sería perfecto para el papel”, subrayó Boll sobre Hammer.
Los datos de Rotten Tomatoes muestran una fuerte polarización en torno al film. Entre la crítica especializada, las dos reseñas registradas son demoledoras. Para algunos la película es “tan asombrosamente mala que casi parece que Boll está saboteando deliberadamente a Hammer”, mientras que otros la califican de “peligrosa” y la presentan como una suerte de manual para quienes creen que los inmigrantes son responsables de todos los males. En contraste, la respuesta del público es mucho más favorable, con más de 100 valoraciones de usuarios y un 92% de aprobación en el Popcornmeter de Rotten Tomatoes.
Las ventas minoristas en Córdoba cayeron un 18% interanual durante junio, con fuertes retrocesos en los comercios del centro y los principales shoppings de la ciudad. En los barrios, el consumo de alimentos continúa sin mostrar signos de recuperación y las familias restringen cada vez más sus compras. Ante la pérdida del poder adquisitivo, crece el recurso del fiado como alternativa para acceder a productos de primera necesidad.
La Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) mide mensualmente lo que ocurre en los grandes corredores comerciales, galerías y shoppings de la capital. Los datos de junio son duros, en comparación con junio de 2025, y junto con la rentabilidad de los comercios que se contrajo 20% en el mismo período. Frente al mes anterior, mayo, tampoco hubo alivio. Las unidades vendidas bajaron otro 5% y las ganancias se redujeron 9%.
El único indicador que “subió” fue el ticket promedio, que pasó de $124.000 a $150.895 entre mayo y junio. Pero esa suba no es una buena noticia, ya que solo refleja que los pocos productos que se compran son más caros (efecto inflación y financiamiento), no que la gente compre más.
La tendencia viene profundizándose desde marzo. En ese mes las ventas cayeron 10%; en abril el desplome llegó al 23%; en mayo fue del 21% y en junio se ubicó en 18%. La rentabilidad sigue un recorrido similar, pasando de -15% interanual en marzo a -24% en abril, -22% en mayo y -20% en junio. Solo el 11% de los comerciantes dijo haber cumplido sus expectativas de ventas en junio —una cifra que apenas mejora respecto al crítico 5% de abril.
Para dimensionar la gravedad, el índice de ventas minoristas pyme de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró a nivel nacional una caída de apenas 0.5% interanual en junio. El -18% de Córdoba Capital es, en ese contexto, un dato alarmante que supera ampliamente la tendencia nacional.
Si el panorama en el centro comercial es malo, en los almacenes de barrio es todavía más preocupante porque ahí se mide lo más básico: la compra de comida.
Según el Centro de Almaceneros de Córdoba (CAC), las ventas en comercios barriales de alimentos retrocedieron 8.6% interanual durante junio. Esto ocurre incluso en un contexto de inflación de alimentos que cayó al 1.7% mensual, el menor incremento desde julio de 2025. Es decir que, aunque los alimentos aumentan menos, la gente compra menos alimentos. La razón es simple, puesto que no tiene el dinero para comprarlos.
“Las familias ya no pueden hacer compras grandes en supermercados. Vienen al almacén todos los días, pero compran lo justo para pasar la jornada”, afirmó Germán Romero, director general del CAC.
El sistema del fiado —esa práctica de anotar la deuda en el cuadernito del almacén para pagar después— volvió a ganar terreno con una fuerza que no se veía desde hace años. Según datos del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), durante junio el 89% de los hogares debió financiar la compra de alimentos, en un escenario en el que el 39.3% recurrió al fiado en almacenes de barrio, el 38.4% utilizó tarjetas de crédito, el 11.2% pidió dinero prestado a terceros y apenas el 10.1% pudo abastecerse sin acudir a algún tipo de financiamiento.
Esto significa que prácticamente 9 de cada 10 familias no tiene dinero disponible para comprar comida al momento de comprarla. La alimentación se convirtió en un bien financiado, igual que un electrodoméstico o un auto.
— La evolución de la inflación en el año 2026 según el IETSE
La encuesta de hogares del IETSE de junio revela, a su vez, una situación de vulnerabilidad extrema. El 56.6% de los hogares no logró cubrir adecuadamente la Canasta Básica Alimentaria, mientras que el 53.2% debió reducir la cantidad de comidas diarias. Asimismo, el 32.4% atravesó situaciones de hambre sin poder resolverlas, el 21.8% se quedó sin alimentos en algún momento del mes y el 21.6% tuvo que pedir alimentos o dinero a familiares para poder alimentarse. A esto se suma que un 11.4% de los hogares afirmó haberse alimentado una sola vez al día durante algún período, reflejando el fuerte deterioro de las condiciones de vida.
Estas proporciones son coincidentes con los que la misma entidad venía registrando desde principios de año. En febrero, el Centro de Almaceneros ya señalaba que el 57% de las familias no lograba cubrir la Canasta Básica Alimentaria y describía el escenario como de “inseguridad alimentaria poblacional”.
El fiado no es solo un problema de las familias, sino que también destruye financieramente a los pequeños comerciantes. Los almaceneros venden sin recibir dinero con la expectativa de que el cliente eventualmente pague. Pero cuando los ingresos de las familias no se recuperan, ese pago nunca llega.
De acuerdo con el relevamiento, la morosidad en las ventas fiadas ya alcanza el 28%, mientras que la incobrabilidad (deudas que directamente no se cobrarán nunca) llega al 17.7%. Esto significa que casi 1 de cada 5 pesos de deuda fiada es irrecuperable. Para un almacén de barrio, que opera con márgenes muy bajos y capital de trabajo escaso, absorber esa pérdida puede significar el cierre del negocio.
El sector ya venía golpeado, cuando a fines de 2025, el Centro de Almaceneros registraba una caída interanual del 21.2% en el volumen de ventas de los comercios de proximidad, con un desplome de 34.3% solo en diciembre.
Una recuperación fragmentada y desigual
Los datos de Córdoba no son un fenómeno aislado. A nivel nacional, el consumo privado registró una recuperación muy desigual. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que el PIB creció 2.3% interanual en el primer trimestre de 2026 y que el consumo privado alcanzó niveles récord en las estadísticas oficiales. Pero estos promedios esconden disparidades brutales. Las ventas en supermercados cayeron 3.7% interanual y en mayoristas 5%, mientras que los shoppings crecieron 12.6%. Es la economía de dos velocidades, donde quien tiene crédito e ingresos formales altos consume y el resto se retrae.
El gobierno del presidente Javier Milei presenta la desinflación como su principal logro. Y los números lo confirman, con su medida económica logró que en junio de 2026 el IETSE del Centro de Almaceneros de Córdoba registrara una inflación mensual de apenas 1.87%, la más baja en once meses. Esto ocurrió principalmente porque la carne vacuna —uno de los productos de mayor peso en la canasta familiar— prácticamente no tuvo aumentos durante el mes.
Sin embargo, que los precios suban menos no significa que las familias tengan más dinero. La paradoja es exactamente esa. Los precios se desaceleran, pero el poder adquisitivo de los salarios viene cayendo sistemáticamente desde hace meses. En los primeros dos meses de 2026, los salarios registrados perdieron 2% de poder adquisitivo y encadenaron seis meses consecutivos de caídas reales. Desde que asumió Milei, el salario mínimo real acumuló una pérdida de casi 38%, situándose en niveles inferiores a los de la crisis del 2001.
La lógica económica del gobierno Milei apuesta a un mecanismo de transmisión que funciona para bajar la inflación, recuperar el salario real y así reactivar el consumo. Pero ese proceso enfrenta dos problemas estructurales en la Argentina de 2026. Por un lado, la recomposición salarial avanza con lentitud. Aunque en abril de 2026 el salario medio real del empleo privado registrado creció 1.3% mensual, los trabajadores todavía arrastran varios meses de pérdida de poder adquisitivo. La situación es todavía más delicada en el sector informal y entre los empleados públicos, en especial los nacionales, que desde noviembre de 2023 acumulan una caída real del 18.35% en su capacidad de compra.
Por otro lado, los gastos fijos absorben cada vez una porción mayor del ingreso. Las tarifas de servicios públicos, como la luz, el gas y el transporte, aumentaron muy por encima de los salarios durante el plan de ajuste. Una medición de la consultora Focus Market indicó que la proporción del ingreso destinada a servicios pasó del 56.4% al 87.3% entre 2025 y 2026, lo que deja mucho menos margen para el consumo de alimentos y otros bienes básicos.
La desinflación en Córdoba es real, pero llega primero a las góndolas que al bolsillo. Los precios suben menos, pero los ingresos de millones de familias todavía no se recuperaron lo suficiente como para aprovechar esa mejora.
Casi 7 millones de personas quedaron fuera del circuito bancario por registrar atrasos mayores a 90 días en préstamos y tarjetas. Lo que el Gobierno buscó presentar como un problema acotado mutó en una crisis sistémica: de los 30 principales bancos del país, 26 ya muestran su morosidad en alza.
Los datos de la consultora 1816, basados en la Central de Deudores del Banco Central, confirman que la irregularidad de los hogares escaló al 12,7% en mayo. La velocidad del deterioro expone la gravedad del cuadro: en octubre de 2024 la mora era del 2,5%, lo que significa que se multiplicó por cinco en apenas un año y medio.
Esto encadena 19 meses consecutivos de subas, reflejando un descontrol contable que asfixia los balances del sistema financiero. El tendal de deudores expulsados consolidó un desplome sin antecedentes desde la salida de la convertibilidad.
Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
La juventud como principal víctima del ahogo financiero
La segmentación por rango etario expone que el eslabón más joven de la población es el que peor está pagando la crisis. Los datos oficiales revelan que el 40% de los jóvenes de entre 26 y 35 años ya arrastra deudas impagasen bancos o billeteras virtuales, un número que representa de forma consolidada el 31,5% de la masa total de deuda del sistema.
El panorama se vuelve todavía más crítico en la base de la pirámide, correspondiente al segmento de 18 a 25 años. En este sector de menores ingresos y mayor precarización laboral, el índice de morosidad alcanza su pico máximo, registrando un 42,8% de saldo de impago en las cuentas de consumo.
Irregularidad de crédito con bancos y entidades no bancarias, por edad.
El estallido de las finanzas digitales
El colapso es todavía más severo en el ecosistema de las billeteras virtuales y entidades no financieras, donde la morosidad saltó del 10% al 32,2% en un año. Este sector, que representa el 17% del crédito total otorgado a las familias, exhibe carteras de altísimo riesgo por la falta de regulaciones firmes en el otorgamiento.
La crisis en el sector tecnológico no es nueva para Data 24, donde ya informamos el caso extremo de Ualá. En dicha plataforma, el descontrol en la aplicación móvil llevó la mora al 63,67% y provocó un corralito técnico, confirmando la peor ruptura de la cadena de pagos en dos décadas dentro del segmento fintech.
Pierpaolo Barbieri (fundador de Ualá) junto a Javier Milei.
La responsabilidad política
La raíz del endeudamiento responde a una combinación deasfixia y mala praxis política. Con los salarios pulverizados, las familias se vieron obligadas a tomar crédito para financiar gastos corrientes y alimentos. A esto se sumó la estrategia del Gobierno de sostener las tasas de interés del BCRA por las nubes para pisar el dólar, lo que terminó destruyendo la capacidad de pago de los deudores.
Este escenario anula por completo al crédito como motor del consumo para el año electoral entrante, según advierten los analistas. Mientras el Banco Central descarta de forma categórica cualquier tipo de rescate financiero para el sector privado, los funcionarios aseguran que el pico de la mora ya pasó y confían en que el bache se corregirá mediante el impacto del aguinaldo y la licuación de deudas.
El gobierno de Javier Milei puso la mira sobre la mayor caja previsional del país. El Ministerio de Economía analiza utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS para financiar al mercado inmobiliario y reactivar el crédito hipotecario. La medida busca generar empleo rápido, pero vuelve a encender las alarmas sobre el uso del dinero previsional.
El FGS es, en palabras simples, un pozo de dinero, bonos y acciones que administra el Estado. Su función original es actuar como un fondo de reserva para asegurar que el pago de las jubilaciones esté garantizado en el futuro.
La jugada se delineó en reuniones del equipo económico con bancos y desarrolladores inmobiliarios. El propio Luis Caputo les propuso juntarse para armar un fondo inmobiliario común. A cambio, prometió que el Estado duplicará o triplicar ese dinero usando préstamos extranjeros y los fondos de la ANSeS.
En la jerga financiera, el Gobierno habla de “apalancar” el crédito con estos recursos. Esto significa, básicamente, usar una cantidad menor de dinero como base o garantía para conseguir un financiamiento mucho más grande. El plan oficial es que la plata de los jubilados funcione como el motor y el respaldo que los bancos privados exigen para volver a prestar.
El mecanismo técnico detrás del plan se conoce como “securitización”. En palabras simples, consiste en que los bancos agrupen los créditos hipotecarios que ya otorgaron y se los vendan en un “paquete” a ANSES. Así, los bancos recuperan su dinero de inmediato para volver a prestar, eliminando el riesgo de esperar décadas para cobrar, mientras que el Estado Nacional asume la carga de largo plazo y el riesgo.
Esta ingeniería financiera responde a la fuerte presión de las cámaras empresariales y grandes desarrolladores del sector. Con un mercado inmobiliario paralizado, altas tasas de interés y la pérdida de más de 81.000 empleos registrados en la construcción, las corporaciones del ladrillo exigieron un salvavidas estatal. La respuesta oficial fue abrir la misma caja previsional que el kirchnerismo utilizó en el pasado.
El Ministerio de Economía analiza utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS para financiar créditos hipotecarios. La gestión mileísta busca usar los ahorros previsionales como colchón de liquidez y respaldo para los bancos privados.
Los alarmantes informes técnicos presentados por el gremio ante el Congreso exponen un sistema al límite por la falta de inversión en mantenimiento y seguridad vial. El crítico escenario motivó el reciente y extenso encuentro entre la vicepresidente y el dirigente sindical.
Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.
Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc
