El Presupuesto 2023 contempla un incremento de más del 100% para planes sociales
En pleno año electoral, el Gobierno apunta nuevamente al "plan platita" destinando fondos abismales a programas sociales.
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El Presupuesto 2023 ya fue presentado por el ministro Sergio Massa y está a la espera del debate en Diputados: El oficialismo ya está con la campaña electoral sobre los hombros y es por ello que, el año que viene destinarán un billón de pesos en planes sociales, según especificó el presupuesto presentado por el ministro de Economía ante el Congreso de la Nación. Las dos áreas que más se beneficiarán serán: Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias.
Pero, ¿Potenciar Trabajo no buscaba reducir sus fondos hace unas semanas? Sí, según el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, era necesario declarar el programa Potenciar Trabajo como “incompatible” con otros beneficios sociales para poder así, reducir beneficiarios. No obstante, el decreto fue cancelado por el mismo Zabaleta quien sucumbió ante la presión de algunos movimientos sociales.
Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, administrará una jugosa caja de casi $600.000 millones
De esta forma, el programa Potenciar Trabajo recibirá un aumento del 117,2% respecto a lo presupuesto en este 2022, 57 puntos por encima de la inflación del 60% que el Frente de Todos proyectó para todo el año que viene. Estos incrementos no solo van en contra de las medidas que quiso promover el ministro Zabaleta, sino también de Massa, quien hasta hace dos semanas generó polémica por reducir los fondos a sectores muy sensibles como Discapacidad.
Ahora, Emilio Pérsico, secretario de Economía Social administrará una jugosa caja de casi $600.000 millones, lo que se traduce en un aumento del 160%. En menor medida, pero en segundo lugar, Políticas Alimentarias -liderado por Laura Alonso, dirigente de La Cámpora- recibirá una suba del 78%.
Políticas Alimentarias -manejado por Laura Alonso- recibirá recursos por $442.756 millones. Un 78% más que lo que se le brindó en este 2022
Es importante destacar que, estos dos programas además de ser manejados por importantes cabecillas del PJ, ambos representan el 90% de todos los recursos destinados al Ministerio de Desarrollo Social, por lo que se convierten en programas clave para este 2023.
AUMENTOS PARA LA CÁMPORA
Políticas Alimentarias es el segundo programa más importante de Desarrollo Social, y de sus recursos sale la inversión estatal destinada a asistir a 2,4 millones de personas que poseen la Tarjeta Alimentar, con montos que actualmente se ubican entre $9.000 y $18.000 por mes. Estos valores varían dependiendo la cantidad de hijos que tengan los titulares de la tarjeta y su cobro es compatible con otros planes sociales tales como, Potenciar Trabajo y la AUH.
Como bien mencionamos, la distribución de la Tarjeta Alimentar y el manejo de los fondos presupuestarios los conduce directamente una funcionaria militante de La Cámpora, Laura Alonso, bajo el cargo de secretaria de Inclusión Social. Si bien este programa obtiene mucho menos fondos que Potenciar Trabajo, ahora en este 2023, Políticas Alimentarias recibirá recursos por $442.756 millones. Un 78% más que lo que se le brindó en este 2022.
EMILIO PÉRSICO Y UNA CAJA RÉCORD EN FONDOS
El líder piquetero del Movimiento Evita conduce Potenciar Trabajo, programa que ha sido el foco de conflicto con las organizaciones sociales izquierdistas durante todo el año ya que, exigen la ampliación de cupos del programa. Esta petición que fue denegada sistemáticamente durante todo el 2022 por parte de Desarrollo Social, ya que, actualmente más de 1.3 millones de personas lo perciben.
No obstante, aún con este clima de pseudo restricciones y recortes, sus fondos siguen al alza. A principios de la semana pasada, cuando a través de un Boletín Oficial se oficializó un “reorganizamiento” del Presupuesto 2022, se le giraron $38.000 millones extras a dicho programa, finalizando el año con $322.602 millones, muy por encima de los $227.100 millones que se habían estimado en enero. Finalmente, este 2023 Pérsico gozará de una caja de $590.982 millones, un 160% mayor que lo percibido en este 2022.
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Con una carta dirigida al Presidente y una tesis incómoda para cualquier gobierno, el legislador Eugenio Casielles volvió a poner en el aire este domingo Proyecto C. El regreso del ciclo giró alrededor de un fenómeno que atraviesa a casi todas las gestiones: la obsecuencia que rodea a los líderes una vez que llegan al poder y la pérdida de criterio que suele venir con ella.
El estreno llevó por título “El rey está desnudo”, una referencia directa al viejo cuento del emperador al que nadie se animaba a decirle la verdad. La elección no fue casual y marcó el tono de una emisión que, con distintos invitados, volvió una y otra vez sobre la misma pregunta: qué le pasa a quien manda cuando a su alrededor solo quedan voces que asienten.
En la sección Carta al presidente, Casielles le habló de frente a Javier Milei y condensó su planteo en una sola frase: “El problema no es equivocarse: es obligar a todos a aplaudir”. La crítica, sin embargo, no se quedó en la Casa Rosada. El legislador repartió responsabilidades y alcanzó también al kirchnerismo, al que le atribuyó su cuota de culpa en el “fanatismo” que domina la escena política.
¿Qué pasa cuando nadie se anima a decirle al poder lo que no quiere escuchar? En el tercer capítulo de PROYECTO C, “El rey está desnudo”, ponemos el foco en la obsecuencia: los que aplauden todo, los que callan para conservar su lugar y los que confunden lealtad con obediencia.
Para darle sustento al debate, el programa sumó la mirada de Daniela Gasparini, licenciada en Psicología, quien analizó cómo el poder transforma a las personas que lo ejercen y de qué manera la adulación termina por erosionar cualquier forma de liderazgo.
Más tarde, la Mesa Picante reunió a Natalia Volosin, doctora en Derecho y periodista, y a Tatiana Scorciapino, periodista de C5N. En ese tramo, la conversación giró hacia la figura de Karina Milei y su influencia en las decisiones del Gobierno. Casielles fue tajante al describir el destino de quienes se animaron a desafiar a la hermana del Presidente, y no se excluyó de la lista: “Los que fueron contra ella perdieron todos, incluyéndome”.
La crisis económica actual afecta seriamente el acceso a medicamentos. Diversos informes alertan que los pacientes postergan tratamientos (especialmente no urgentes), buscan opciones más baratas, e incluso abandonan terapias crónicas.
Una parte de los pacientes ya no puede comprarlo en la cantidad, la marca o en el momento indicados. Según Vania Ilchuk, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones en diálogo con LT17 Radio Provincia de Misiones, señaló que bajaron las ventas, se compra solo lo urgente, quienes tienen obra social buscan marcas con menor coste y algunas personas endeudadas están abandonando incluso tratamientos crónicos.
“Estamos en una situación complicada que nos atraviesa a todos. En nuestro sector han caído mucho las ventas, los medios de pago también han cambiado, y hay muchos intentos desregulatorios a nivel nacional que hacen mella con mucha circulación por fuera de las farmacias”, afirmó Ilchuk.
A nivel nacional el escenario es similar, con la pobreza alcanzando a más del 30% de la población, el desempleo rondando el 8%, y la inflación –aunque volvió a niveles moderados en 2024– sigue disminuyendo ingresos. Esto se refleja en una fuerte caída del consumo de medicamentos, ya que en 2025 se vendieron millones de unidades menos que en 2023.
En este contexto, los farmacéuticos misioneros han denunciado demoras en pagos de PAMI y aumentos continuos de costos operativos, amenazando con interrumpir la provisión de medicamentos a jubilados. Las consecuencias en salud pública incluyen riesgo de agravamiento de enfermedades crónicas, más consultas de urgencia y mayores costos futuros.
“Antes, la gente se armaba su botiquín o una bolsa de reserva de medicamentos, pero ahora solamente se compra lo que necesita en el momento. Se está dejando de lado todo lo que no sea de urgencia”, sostuvo Ilchuk, haciendo hincapié en que los medicamentos están compitiendo directamente con otros gastos indispensables, como alimentos, servicios, transporte y vivienda, por lo que algunas compras vinculadas a la salud comienzan a postergarse o reducirse.
— Vania Ilchuk, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Misiones
Argentina vendría teniendo una seguidilla de años de inflación muy alta y ajuste económico. De acuerdo a fuentes oficiales, la pobreza nacional fue del 32.3% en el primer semestre de 2026 y el desempleo trepó a 7.9% en el segundo trimestre. Estos indicadores son peores en regiones del Noreste argentino como Misiones, una provincia de 1.3 millones de habitantes tradicionalmente con altos niveles de pobreza e informalidad laboral.
La combinación de alta inflación de años anteriores y ajustes a subsidios ha dejado a muchos hogares con menor poder adquisitivo. Por ejemplo, el gobierno de turno del presidente Javier Milei aplicó recortes salariales y quitó subsidios a servicios básicos, mientras que liberalizó el comercio de importaciones. Todo esto castiga especialmente a los jubilados, trabajadores informales y pacientes crónicos de bajos recursos.
En Misiones, se observa una situación similar. La provincia, gobernada por Hugo Mario Passalacqua desde 2023, tiene un PIB de unos U$S17.000 millones aproximados solo en 2018, y dependería en parte de programas sociales nacionales (como el PAMI). Los pronósticos de organismos independientes hablan de que la pobreza podría rondar el 35% a fin de 2026. Aunque no hay estadísticas públicas provinciales actualizadas de consumo farmacéutico, los datos nacionales sirven de referencia.
— La sede del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Misiones, ubicado en Posadas
En 2025 las farmacias de todo el país vendieron 5.4 millones de unidades de medicamento menos que en 2023. Esa caída (8.2% menos en el tercer trimestre de 2025 respecto a igual período de 2023) indica que la demanda se retrae ante la pérdida de ingresos.
Argentina tiene un sistema de salud fragmentado, con obras sociales sindicales, el PAMI (para jubilados), prepagas privadas, y un sistema público gratuito. Se estima que decenas de millones de argentinos cuentan con cobertura de alguna obra social o prepaga, pero esa cobertura está debilitándose.
El ministro de Salud de Buenos Aires, el Dr. Fernán González Bernaldo de Quirós reportó que unos 1.2 millones de personas perdieron su obra social o prepaga en 2024 y pasaron al sistema público. En Misiones, además de PAMI (que cubre jubilados nacionales) existe el IPS/Salud Pública Provincial para empleados públicos y las prepagas locales muy restringidas. En general, las obras sociales cubren un porcentaje (a veces el 100%) de ciertos medicamentos, pero pueden aplicar coseguro (co-pago) sobre otros. En PAMI, por ejemplo, muchos medicamentos crónicos tienen cobertura total (sin coseguro) o coseguros reducidos, pero eso varía según cada tratamiento.
Impacto en Farmacias
“Hay muchos clientes que están con muchas deudas y van dejando sus tratamientos que, en algunos casos, son de patología crónica, porque no pueden comprar los medicamentos que necesitan”, subrayó Ilchuk, añadiendo que “mucha gente está con las tarjetas colapsadas por sus gastos generales”.
Las farmacias misionesas vienen alertando sobre un deterioro grave de la cadena de suministro de medicamentos. Un comunicado oficial del Colegio de Farmacéuticos de Misiones ya había señalado su “hartazgo” ante los pagos incumplidos por PAMI. Desde 2025 los establecimientos afrontan aumentos constantes de costos operativos (insumos, alquileres, servicios, remuneraciones) y no reciben a tiempo la compensación de medicamentos entregados a jubilados. Como describen algunos gremiales, la inflación acumulada y los incrementos reiterados en los precios de los medicamentos “están asfixiando la cadena de financiamiento del sector”.
Cuando alimentos, vivienda, transporte, servicios y deudas absorben una proporción mayor del presupuesto, el hogar elimina primero cosméticos, productos de cuidado personal, medicamentos de reserva y otras compras postergables; después compra solamente la dosis inmediata, busca una presentación más barata o paga con crédito; en los casos más graves, espacia dosis o suspende el tratamiento.
El problema no comenzó con esta declaración. En agosto de 2025, el Colegio ya informaba una retracción interanual superior al 20%, compras de dosis mínimas y búsqueda de genéricos. Durante 2026, otras referencias del sector situaron la caída local de ventas aproximadamente entre 20% y 25%, aunque esos porcentajes son estimaciones sectoriales y no una estadística oficial exhaustiva de todas las farmacias misioneras.
El coseguro es la parte del precio que queda a cargo del paciente después de aplicar la cobertura de la obra social o prepaga. Es decir, una cobertura nominal del 40% no garantiza que el usuario pague exactamente el 60% de cualquier marca, ya que suele intervenir un precio de referencia, el vademécum y las condiciones particulares del plan, por eso una marca con descuento puede terminar costando más que otra alternativa equivalente.
Buscar una opción más económica no es, por sí mismo, una mala decisión sanitaria. La normativa argentina establece la prescripción por nombre genérico y permite que, a pedido del consumidor, el farmacéutico sustituya la marca sugerida por otra de menor precio que mantenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y cantidad similar de unidades.
La diferencia clave es entre sustitución segura y ajuste improvisado. Cambiar de marca con asesoramiento farmacéutico puede mantener el tratamiento y reducir el gasto. Ahora reducir la dosis, alternar días, partir comprimidos sin indicación, mezclar productos o suspender el medicamento modifica el tratamiento y puede hacerlo ineficaz o peligroso.
El dato económico regional ayuda a entender por qué una reducción moderada de ingresos puede afectar rápidamente la compra de remedios. En el primer semestre de 2026, el INDEC estimó que el 41.5% de las personas de los aglomerados urbanos del Nordeste estaban bajo la línea de pobreza, frente al 32.3% del total de los 31 aglomerados relevados.
Eso no prueba por sí solo que una persona pobre abandone medicamentos, ni permite medir cuántos misioneros lo hicieron. Sí muestra que en el NEA hay una proporción elevada de hogares con ingresos insuficientes para cubrir la canasta básica total, lo cual vuelve verosímil que alimentos, servicios y medicamentos compitan dentro de presupuestos muy restringidos.
Las farmacias enfrentan un problema distinto pero conectado, siendo que entregan medicamentos con cobertura, pagan a las droguerías para reponerlos y cobran de obras sociales o convenios semanas más tarde. Ilchuk explicó que plazos que estaban entre 45 y 60 días volvieron a ubicarse entre 60 y 90 días, con una brecha financiera que solo aumenta los costos fijos y dificulta sostener stock.
¿Por qué preocupa lo crónico?
Una enfermedad crónica —como hipertensión, diabetes, epilepsia, asma o ciertos trastornos de salud mental— necesita continuidad durante meses o años. Como el beneficio del medicamento suele consistir en mantener estable al paciente y prevenir una complicación futura, la falta de dinero puede inducir una falsa sensación de que “se puede esperar” cuando todavía no existen síntomas intensos.
— Informe del INDEC sobre los indicadores seleccionados de la industria farmacéutica en Argentina para el segundo trimestre de 2026
La Organización Mundial de la Salud advierte que la baja adherencia impide obtener el beneficio completo de los medicamentos, empeora la calidad de vida y puede llevar a intervenciones más costosas, como consultas de urgencia e internaciones. Por eso, el ahorro inmediato de no comprar una caja puede convertirse después en un costo sanitario, familiar y público mucho mayor.
El efecto tampoco es igual para todos. Están más expuestos los adultos mayores, las personas con varias enfermedades simultáneas, quienes toman numerosos medicamentos, los hogares sin cobertura de obra social y quienes viven lejos de centros urbanos, porque acumulan gasto farmacéutico, consultas y transporte.
A esto se suma el debilitamiento de vías públicas de acceso. El programa Remediar tiene como función distribuir medicamentos esenciales directamente a centros de salud, pero un análisis del IECS señaló una fuerte reducción nacional de tratamientos dispensados entre 2022 y 2025 y ubicó a Misiones entre las jurisdicciones particularmente afectadas.
Así aparecen dos crisis simultáneas. Del lado de la demanda, el paciente compra menos porque no puede pagar. Mientras que del lado de la oferta, la farmacia vende menos y cobra tarde, pero debe reponer mercadería y sostener salarios, alquileres e impuestos. Si esa cadena se deteriora, una dificultad económica individual puede transformarse en menor disponibilidad o menor capacidad de atención del sistema local.
La búsqueda desesperada de precios bajos también puede empujar medicamentos hacia redes sociales, kioscos, supermercados o intercambios entre particulares. El Colegio misionero advirtió que esos circuitos impiden garantizar origen, conservación, vencimiento y trazabilidad, y recordó que la regulación provincial mantiene la venta de medicamentos dentro de farmacias habilitadas.
Patricia Bullrich llegó al 62° Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, con dos reclamos para el Gobierno que integra. Pidió que los cambios de tres años de gestión se verifiquen “en cada familia” y resumió la urgencia con una fórmula repetida a propósito: “Velocidad, velocidad en los cambios”. Además, cuestionó que la Casa Rosada llevara al Congreso la Ley de Tierras mientras el capítulo correspondiente del DNU 70/2023 seguía en la Justicia.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado fue la figura oficialista de mayor peso del encuentro, con Javier Milei y buena parte de su gabinete en París.
En la conferencia de prensa previa a su exposición, explicó que el objetivo es que las reformas muestren rápidamente un horizonte para las empresas y terminen por reflejarse en “una economía familiar mucho más amable”. También describió una economía a dos ritmos: “No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído y, por otro lado, algunas economías del país, como pueden ser los hidrocarburos, la pesca, el agro y la minería, en porcentajes de crecimiento muy elevados. Tenemos que compatibilizar”.
Parte del problema, dice, está en el costo argentino, con un comercio que soporta una carga impositiva tres veces más alta que la de Chile o Brasil. Sobre la advertencia de J.P. Morgan por una posible recesión, fue cauta y dijo que todavía no están los números para evaluarla.
El reproche por la Ley de Tierras tuvo dos escenarios. En un acto por los 30 años de la Constitución porteña en la Facultad de Derecho de la UBA, calificó de “apresurado” el envío de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía ese capítulo. “Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras y recién después enviar esa ley, porque si no vamos contra nuestros propios actos”, admitió. Como el fallo llegó después de que la ley no pudiera votarse, reconoció que la oposición podría voltear el DNU.
Ya en IDEA, sumó un argumento técnico. Si mientras un decreto atraviesa la Justicia se discute una ley que no se aprueba, el Gobierno termina “tapando su propio instrumento legal”. “¿Para qué vas a mandar una ley si todavía estás en la Justicia con la constitucionalidad o no de ese capítulo de la Ley de Tierras?”, se preguntó, antes de reivindicar “el principio de la continuidad de los actos”.
El martes pasado, la Corte Suprema revocó un fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras y repuso el artículo 154 del DNU, que eliminó las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aclararon después que solo resolvieron una cuestión procesal, la legitimación de una asociación para obtener una cautelar, sin pronunciarse sobre la validez del régimen. Bullrich se apoyó en esa aclaración para sostener su postura.
La Ley de Tierras se sumó a otros contrapuntos recientes. La senadora criticó los recortes en Discapacidad del Presupuesto 2027, rechazó impulsar el juicio político contra las juezas Marta Pascual y Laura Beatriz De Marinis por el régimen penal juvenil y marcó diferencias por el manejo del caso de Manuel Adorni, por el freno al pliego de una jueza y por su exclusión de debates de la reforma política.
Consultada por esas posiciones, rechazó leerlas como un choque con el Presidente. “No lo miraría en contradicción con, sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico, en que me paro”, sostuvo, y aseguró que busca representar las preocupaciones de empresas, trabajadores, estudiantes, pymes y comercios.
— El Presidente fue recibido por Emmanuel Macron (Francia) en el Palacio del Elíseo
En un panel moderado por Martín Galdeano, director de IDEA, propuso extender a toda la economía la estabilidad de 30 años del RIGI y premiar o castigar a provincias y municipios según bajen o no sus tributos. También apuntó al sistema previsional, con seis millones de trabajadores formales que sostienen a 20 millones de beneficiarios. “El sistema no va más”, sentenció, y planteó dejar de cobrar impuestos al trabajo para combinar una base financiada con impuestos generales y un ahorro que podría canalizarse por convenios colectivos.
La pregunta que circulaba entre los empresarios apuntaba a 2027. Bullrich recordó que acaba de ser elegida senadora por seis años y evitó proyectarse: “No sé. No es lo que me preocupa. Creo que lo importante son las ideas”. Remarcó que el objetivo es “no ir para atrás”, aclaró que las alianzas “aún están en veremos” y deslizó: “Ojalá que sea todo, ojalá que sean todos los argentinos”. Los empresarios, que la esperaban en un almuerzo reservado en el Costa Galana, querían saber si se perfila como candidata propia o como compañera de fórmula de Milei.
Según un informe elaborado a partir de datos del INDEC, la tasa de informalidad pasó del 41.4% a fines de 2023 al 45% en el segundo trimestre de 2026. En ese segundo trimestre, el 45% de las personas ocupadas en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tenía un empleo informal, y alrededor de 6.1 millones sobre 13.6 millones de ocupados.
El aumento interanual fue estadísticamente significativo, con una tasa que había sido 43.2% en el segundo trimestre de 2025. La informalidad laboral alcanza al 45% de los trabajadores en Argentina y supera el 80% entre los cuentapropistas de varias ciudades del norte del país.
No obstante, el porcentaje superior al 80% no describe a todos los trabajadores del norte ni al norte en su conjunto. Se refiere exclusivamente a los trabajadores por cuenta propia de determinados aglomerados urbanos. Por ejemplo, Formosa registró 87.9%; Gran Tucumán–Tafí Viejo, 87.6%; Santiago del Estero–La Banda, 87.5%; Gran Resistencia, 84%; y Gran San Juan, 83%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el mismo indicador para cuentapropistas fue del 32.8%.
— La evolución de la tasa de informalidad laboral en Argentina (en porcentaje) basada en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), analizada en informes del IIEP UBA-CONICET y del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario
Entre los trabajadores asalariados, el índice se ubicó en el 37.9%, mientras que entre quienes trabajan por cuenta propia trepó al 65.8% en el mismo período. Hay otra coincidencia que puede confundir, ya que en el segundo trimestre de 2026, la tasa de empleo también fue 45%. Pero mide otra cosa, siendo qué proporción de la población total estaba ocupada. La tasa de informalidad, en cambio, indica qué proporción de quienes ya tenían trabajo lo hacía informalmente.
“Informal” no significa solamente cobrar en efectivo ni necesariamente realizar una actividad ilegal. Significa que el puesto o la actividad se desarrolla “en negro” y al margen de alguna de las normas laborales, tributarias o previsionales que deberían cubrirla.
La metodología para medir la informalidad laboral varía según la categoría ocupacional. En el caso de los asalariados, se considera que un trabajador es informal cuando su empleador no le realiza los descuentos correspondientes a la seguridad social, una situación que, en términos cotidianos, caracteriza al empleo no registrado.
Para los cuentapropistas y patrones, la informalidad se determina a partir del grado de formalización de su actividad. De acuerdo a la combinación de respuestas de la EPH, se los clasifica como informales cuando no están inscriptos para realizar aportes, no pueden emitir facturas o no llevan registros fiscales.
Por su parte, los trabajadores familiares que no perciben una remuneración fija son considerados informales en todos los casos.
Por eso, “cuentapropista” e “informal” no son sinónimos. Un profesional que factura y hace aportes es un cuentapropista formal, mientras que una persona que vive de changas, vende sin inscripción o presta servicios sin facturar puede ser cuentapropista informal. Del mismo modo, un asalariado puede tener horario y jefe, pero seguir siendo informal si la relación no está registrada.
¿Qué cambió desde 2023?
La comparación que ubica la informalidad en 41.4% a fines de 2023 y en 45% en 2026 equivale a una suba de 3.6 puntos porcentuales. No significa que haya aumentado en términos relativos, sino alrededor de 8.7% respecto del nivel inicial. La serie larga exige una aclaración. El INDEC comenzó a medir oficialmente la informalidad para todo el universo de ocupados desde el cuarto trimestre de 2024, cuando el Observatorio de la UNR reconstruyó hacia atrás una serie comparable para asalariados, cuentapropistas, patrones y trabajadores familiares.
El deterioro reciente se explica sobre todo por el empleo independiente. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 hubo 348.000 trabajadores informales adicionales en los aglomerados relevados, unos 316.000 fueron cuentapropistas, 31.000 patrones y apenas unos 1.000 asalariados. Es decir, el aumento de la informalidad cuentapropista explicó el 91% del incremento interanual total.
Al mismo tiempo, cambió la composición del empleo. Entre fines de 2023 y el segundo trimestre de 2026, los asalariados bajaron de 73.7% a 70.5% de los ocupados, mientras los cuentapropistas subieron de 22.6% a 25.5%. Esto produce un efecto composición, donde aunque la informalidad asalariada se moviera poco, el promedio general aumenta si crece el peso de una categoría —el cuentapropismo— cuya informalidad es mucho mayor.
Esto no prueba que todo nuevo cuentapropista haya sido un asalariado formal despedido ni permite atribuir automáticamente el fenómeno a una sola política. La EPH muestra simultáneamente cuántos trabajadores hay en cada categoría, pero no basta por sí sola para reconstruir todos los recorridos individuales ni separar completamente causalidad macroeconómica, decisiones empresariales, regulaciones y estrategias familiares.
— La evolución de la formalidad laboral en Argentina (2017–2025/2026), dividida en dos series según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC
No obstante, la brecha territorial no se reduce a una supuesta menor “cultura de cumplimiento”. Responde en gran parte a la heterogeneidad productiva, en que algunos territorios concentran empresas grandes, actividades de alta productividad, empleo público y servicios profesionales, puesto que otros dependen más de microunidades, comercio de baja escala, changas, construcción, servicio doméstico y autoempleo de subsistencia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica que existiría un mayor riesgo de informalidad en NOA y NEA, asociado con perfiles productivos, estructura empresarial, educación y características de los mercados laborales territoriales.
El tamaño de la unidad productiva es decisivo. En el primer trimestre de 2026, la informalidad era de aproximadamente 68% en establecimientos de hasta cinco trabajadores, pero de 13% en los de más de 40. Además, más de tres cuartas partes del empleo informal se concentraba en los establecimientos más pequeños. Las economías regionales con muchas microempresas y pocos empleadores grandes tienen, por lo tanto, menos “puertas de entrada” al empleo registrado.
También opera el nivel educativo, aunque no como culpa individual sino como mecanismo de segmentación. En el primer trimestre de 2026, la informalidad alcanzaba 67.3% entre quienes tenían hasta secundario incompleto, 44.5% entre quienes tenían secundario completo o universidad incompleta y 17.2% entre universitarios completos. Cuando un territorio reúne menor oferta de empleos calificados, empresas pequeñas y actividades de baja productividad, esas desventajas tienden a reforzarse entre sí.
La desigualdad aparece incluso dentro de una misma área metropolitana. En el primer trimestre de 2026, la informalidad total fue 26% en CABA y 47.5% en los partidos del Gran Buenos Aires. Entre los cuentapropistas del conurbano llegó a 70.2%. Esto muestra que la explicación no es simplemente “capital versus interior”, sino una estructura económica y social fragmentada dentro de cada región.
Sectores más expuestos
El servicio doméstico registró 77.4% de informalidad y la construcción 76.2% en el primer trimestre de 2026. Detrás aparecían gastronomía y alojamiento, con 63.9%, y comercio con 54.7%.
Servicio doméstico y construcción también revelan una división de sexos. Entre personas con hasta secundario incompleto, alrededor de 34.1% de las mujeres trabajaba en casas particulares y aproximadamente 27% de los varones lo hacía en construcción. Si se excluyera el servicio doméstico, la informalidad femenina bajaría de 45.9% a 40.6%; si se excluyera la construcción, la masculina descendería de 42.8% a 36.7%.
Para un asalariado, la informalidad suele implicar ausencia o debilitamiento de aportes jubilatorios, cobertura de riesgos del trabajo, licencias pagas, aguinaldo, vacaciones, indemnización y capacidad efectiva para reclamar derechos. Para un independiente, puede significar no aportar, no facturar y quedar fuera de circuitos de crédito, contratos o cobertura previsional. No todas las personas informales pierden exactamente las mismas protecciones, pero comparten una inserción más expuesta a interrupciones e ingresos inestables.
La brecha no es solo jurídica. Controlando por educación, edad, sexo, región, rama, categoría ocupacional y tamaño del establecimiento, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) estimó para los asalariados informales una penalidad de ingresos cercana al 34% en el primer trimestre de 2026, frente a 100 unidades de ingreso de un formal comparable, un informal recibía aproximadamente 66.
La informalidad y la pobreza están estrechamente asociadas, aunque una no equivale automáticamente a la otra. En el primer trimestre de 2026, 21% del total de trabajadores vivía en hogares pobres; la proporción era 35% entre informales y 10% entre formales. A su vez, 8.2% de los informales vivía en hogares cuyos ingresos no llegaban a la mitad de la canasta básica total.
Los datos de aglomerados pequeños deben leerse con cautela porque provienen de muestras y poseen márgenes de error mayores. El INDEC señala que diferencias pequeñas pueden no ser estadísticamente significativas y publica coeficientes de variación e intervalos de confianza; por ello, un ordenamiento exacto entre ciudades no siempre implica que sus situaciones sean realmente distintas.
El 45% no indica simplemente que “faltan inspecciones”. Revela que casi la mitad del empleo urbano se genera en relaciones o unidades que no logran —o eligen no— cumplir plenamente las normas, dentro de una economía muy desigual en productividad, escala empresarial, educación y oportunidades territoriales. La fiscalización importa, pero por sí sola no crea empresas productivas ni puestos formales donde casi no existen.
Una estrategia integral requeriría combinar simplificación tributaria y registral para unidades pequeñas, incentivos bien diseñados para formalizar, inspección focalizada en relaciones asalariadas encubiertas, protección social que no desaparezca ante transiciones laborales, formación y certificación de competencias, acceso al crédito y políticas de desarrollo productivo territorial. Si solo se abarata la contratación sin modificar la estructura productiva, puede no aparecer suficiente empleo formal y por sí solo se sanciona sin ofrecer una vía viable de transición, parte de la actividad de subsistencia puede desaparecer o esconderse más.
Una empresa vinculada a un exfuncionario de Daniel Scioli acaba de quedarse con un contrato por $690 millones para mantener los espacios verdes de Casa Rosada y la Quinta de Olivos, en una contratación impulsada por la Secretaría General de Presidencia que conduce Karina Milei.
La revelación fue realizada este viernes por el medio Diagonales y volvió a poner bajo la lupa la presencia de empresarios y exfuncionarios ligados al sciolismo en negocios millonarios del actual Gobierno.
El caso tiene como protagonista a Gustavo Vides, presidente de Grub SA, la empresa adjudicataria del servicio de jardinería, y ex director de Compras y Recaudación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible durante la gestión de Daniel Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires.
Como si lo antedicho fuese poco, Vides hoy ocupa un cargo en Trenes Argentinos bajo el Gobierno del presidente Javier Milei mientras el ex gobernador bonaerense ejerce como secretario de Deporte, Ambiente y Turismo.
Es solo uno de los tantos casos que muestran que todos los caminos conducen a Scioli ya que, tal como había revelado Tribuna de Periodistas hace dos semanas, ITS International Travel Services SA, la sociedad detrás de Pezzati Viajes, obtuvo una contratación de más de $70 millones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante una licitación privada que terminó con un único oferente.
En ese caso, el vínculo con el exgobernador bonaerense aparece a través de la familia Pezzati. Nolberto Pezzati, vicepresidente y socio fundador de ITS, es hermano de Eduardo Pezzati, dirigente de Acción Marplatense que en 2007 fue designado por Scioli al frente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, organismo que condujo hasta su fallecimiento en 2012.
A ese antecedente se suma ahora otro dato que también fue revelado por Tribuna de Periodistas relacionado con la empresa Provedent SRL, creada por Gustavo Ferrari, quien fue Asesor General de Gobierno durante la gestión bonaerense de Scioli, quien volvió a recibir un contrato del Estado nacional.
La nueva adjudicación alcanzó los $671,8 millones y elevó a casi $1.800 millones el monto acumulado por la firma en tres grandes contrataciones realizadas durante la gestión de Milei de la mano de Manuel Adorni, Adrián Ravier y Karina Milei.
Pero la cuestión no quedó allí, ya que el según los documentos a los que accedió Tribuna de Periodistas, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) adjudicó a ITS International Travel Services SA un nuevo contrato por $305.536.000 para brindar el servicio integral de traslados aéreos, terrestres y alojamiento en tránsito durante el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Es decir que ITS volvió a recibir un contrato millonario a pesar de acreditar conexiones con un secretario del Gobierno de Milei, al igual que viene pasando con Ferrari y con Vides. En todo caso, todos los caminos conducen a Scioli.
*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas (Nicolás Sanz)
El fin de las retenciones podría abrir casi 860.000 puestos de trabajo en las cadenas agroindustriales en una década. En un país con 1,6 millones de desocupados, esa cifra alcanzaría para emplear a uno de cada dos. La estimación aparece en el informe “Empleo en las cadenas agroindustriales 2025”, que difundió la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). Se trata de un centro de estudios del sector agropecuario con sede en Río Cuarto, Córdoba. El trabajo lo firmaron sus economistas Nicolle Pisani Claro, jefa del área, y Fiorella Savarino.
La proyección salió del escenario que FADA había trazado en otro documento propio, “Cuatro claves para crecer y generar medio millón de empleos”. Sin el impuesto, el productor cobraría más por su cosecha. Eso sumaría un 15% de superficie cultivada, porque tierras que hoy no son rentables pasarían a serlo. También elevaría un 37% los rendimientos, gracias a una mayor inversión en tecnología, fertilización, semillas y maquinaria. La producción de granos pasaría de 135 millones de toneladas a 205,4 millones, un salto del 52%. El punto de partida es el promedio de las últimas cinco campañas (sin contar la de la sequía).
Ese volumen extra empujaría el empleo por dos vías. Los cereales y las oleaginosas aportarían 430.262 puestos. Otros 413.541 llegarían por el dinamismo de las carnes y los biocombustibles: parte del maíz se convertiría en alimento para cerdos, aves y vacunos o en bioetanol, y la soja iría al biodiesel. En total, FADA contó 857.881 empleos entre producción primaria, industria, comercialización y transporte, a razón de 85.788 por año.
El propio informe aclaró que el número marca un potencial y no un efecto inmediato. La respuesta productiva sería gradual, en sintonía con la reducción escalonada de alícuotas que lleva adelante el Gobierno, y llegaría a su techo recién en diez años. Como referencia, FADA recordó que entre 2020 y 2025 las cadenas crearon 480.000 empleos, unos 80.000 por año. Ese crecimiento lo empujaron la carne vacuna, la soja, el trigo, el girasol y la lechería.
La eliminación de las retenciones fue una de las banderas de Javier Milei ante el campo. En mayo de 2023, de cara a las PASO, su asesor Guillermo Mac Loughlin planteó: “Las queremos eliminar desde el día 1”.La promesa podía leerse en las propuestas electorales presentadas por La Libertad Avanza ante la Cámara Nacional Electoral. El recorrido resultó más ‘sinuoso‘. En enero de 2025, el Gobierno bajó en forma temporal las alícuotas de los principales cultivos y las eliminó de manera permanente para las economías regionales. La soja pasó entonces del 33% al 26%. Al vencer el plazo, a fines de junio, el poroto volvió al 33% y el maíz al 12%.
El capítulo más llamativo llegó en septiembre. El Decreto 682/2025 fijó retenciones cero hasta el 31 de octubre o hasta que las ventas al exterior registradas sumaran US$ 7.000 millones. El cupo se agotó en tres días y la soja regresó al 26%. En diciembre, la alícuota bajó al 24%. En junio de 2026, el Decreto 423/2026 recortó la de trigo y cebada del 7,5% al 5,5%. Para la soja fijó un descenso desde enero de 2027, hasta el 21% en diciembre de ese año y el 15% en diciembre de 2028. Milei atò la continuidad del cronograma a un segundo mandato: dijo que seguirá hasta 2028 “si nosotros reelegimos”. En julio, en la Exposición Rural de Palermo, calificó al tributo como “una aberración que nunca debió haber existido”. Rechazó, sin embargo, eliminarlo para sacar rédito electoral y sostuvo que el crecimiento de la energía y la minería financiará la quita.
El informe de FADA también repasó ese vaivén. En 2025 se eliminaron las retenciones a los cueros, a las economías regionales y a los productos industrializados. La baja para las carnes se volvió permanente, y la de los granos, que había empezado como temporal, pasó a serlo a fin de año. Aun así, el impuesto siguió pesando en la caja: en el primer semestre de 2026, las cadenas agroindustriales pagaron US$ 2.407 millones en derechos de exportación. El 91% provino de los complejos granarios, el 5% de los cárnicos, el 3% de las economías regionales y el 1% de otros productos.
Hoy el empleo ligado al agro ya tiene un peso enorme. En 2025, las cadenas agroindustriales generaron 4.332.114 puestos de trabajo, un 1,2% más que en 2024. Eso representa el 22,8% del empleo privado y el 19,1% del total si se suma el sector público. Al frente del ranking se ubicó la cadena bovina, con 518.939 puestos. La siguieron frutas, verduras, hortalizas y legumbres (462.482), soja (446.254), trigo (440.604) y maíz (258.307). Entre esas cinco reunieron el 49,1% del total.
“Cuando hacemos las compras, es fácil ver los productos, pero no siempre a las personas que hay detrás”, graficó Savarino. El mapa por etapas lo confirma. La producción primaria concentró el 33,5% de los puestos, la comercialización el 27,3%, la industria el 21,4% y el transporte y la logística el 9,2%. Los proveedores de insumos, bienes de capital y servicios profesionales sumaron el 8,6% restante. “Es decir, hay empleo tanto en la siembra y la cosecha como en la fábrica, el depósito, el camión, el supermercado, el estudio contable o la empresa que fabrica una máquina agrícola”, agregó Pisani Claro.
El contexto laboral le da más relieve a la proyección. El empleo total del país llegó en 2025 a 22.730.304 puestos, un 1% más que el año anterior y un récord desde 2016. Ese avance lo explicaron casi por completo los trabajadores independientes, que sumaron 226.727 puestos. En cambio, el empleo privado formal perdió 32.643. Desde 2016, el 83% de los puestos nuevos fue informal o independiente.
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