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Educación será una de la áreas más afectadas por el recorte en el Presupuesto 2023. Mientras que la reducción estipulada para la administración pública nacional es de 6,8 por ciento, para la cartera que preside Jaime Perczyk se prevé un 15,5, más del doble. Sería la segunda premisa económica más baja de los últimos 11 años, detrás del de 2020.
Los datos provienen de un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, cuyos autores son Javier Curcio, Gabriela Catri y Martín Nistal. En el documento se analiza el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y la evolución del gasto en el ministerio durante el período 2013-2023.
El informe lo llevó adelante el Observatorio de Argentinos por la Educación
A pesos constantes de 2022, los fondos del Ministerio de Educación pasarían de 870.044 millones de pesos este año a 735.467 millones para el próximo. Entre las 23 jurisdicciones, Educación es la sexta más recortada, solo superada por Ambiente y Desarrollo (15,8), Transporte (17,3), Salud (19,2), Economía (20,8) y Turismo y Deportes (26).
Educación ya había sufrido un recorte días luego de la asunción de Sergio Massa, cuando el nuevo ministro dispuso reducir en 50 mil millones el presupuesto de la cartera, afectando principalmente a Conectar Igualdad, el programa de entrega de computadoras a estudiantes.
Las mediciones respecto a las jurisdicciones
“El contexto de inestabilidad e incertidumbre económica y social que atraviesa el país, combinado con restricciones fiscales profundas, acentúa la necesidad de priorizar, reforzar y proteger el presupuesto educativo para apuntalar el desarrollo, la reducción de brechas y la ampliación de oportunidades especialmente para los más vulnerables”, se sentenció en el informe.
Y se explicó: “El Gobierno nacional a través de la asignación presupuestaria ejerce un rol de coordinación central para el sistema educativo, que orienta a su vez a las asignaciones que serán dispuestas por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para complementar el financiamiento de la educación”.
Tabla comparativa entre los presupuestos del 2022 y 2023
Si bien aún restan los presupuestos provinciales, el proyecto del Ejecutivo nacional pone en riesgo el cumplimiento de la Ley de Educación sancionada en 2006, que dispone que el gasto educativo debe alcanzar, al menos, el 6 por ciento del PBI.
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La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
La coalición de bonistas provinciales anunció que presentaron un juicio sumario contra La Rioja por la deuda impaga, en un duro comunicado contra el Gobernador Ricardo Quintela. Tiene “un historial atroz de incumplimiento de las obligaciones financieras”, indicaron y resaltaron que es la única provincia que no cumple con sus obligaciones internacionales.
Los tenedores de bonos de la provincia de La Rioja representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP, “solicitaron este jueves un juicio sumario en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York contra la provincia en relación con el incumplimiento en curso de sus Bonos Verdes por US$318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York“, detallaron los tenedores en un comunicado.
“La provincia incumplió una amortización de capital que debía abonarse a los tenedores de los Bonos Verdes en febrero de 2024“. La preocupación radica en que el 24 de agosto vencen más pagos de intereses y capital de los bonos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”, agregaron.
El comunicado de los acreedores indica que “la provincia de La Rioja tiene un historial particularmente flagrante de incumplimiento de sus obligaciones financieras. Fue una de las primeras provincias en caer en default en agosto de 2020″.
En ese momento, los acreedores iniciaron acciones legales contra la provincia y calificaron el default de “oportunista” porque consideraron que el incumplimiento de la provincia en el pago de la deuda se dio a pesar de tener un superávit presupuestario del 11% de los ingresos. “La provincia fue entonces la última en Argentina en llegar a una reestructuración negociada con los bonistas”.
En febrero La Rioja volvió a incumplir pagos reestructurados al no pagar u$s 16 millones de capital adeudado. “El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA” que luego se vendió por u$s 171 millones, argumentaron los tenedores.
La Rioja es la única provincia de Argentina que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. La siguiente tabla muestra la situación actual de todas las provincias argentinas que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2020-21. Aparte de La Rioja, todas las provincias han cumplido con todos los pagos a tiempo y han logrado avances significativos en la amortización del monto principal de las obligaciones pendientes.
EL CASO DE LA RIOJA LE TRAE PROBLEMAS A MILEI Y CAPUTO
Los bonistas argumentaron que la resolución de La Rioja “socava los esfuerzos del Gobierno nacional por cambiar la narrativa del mercado crediticio sobre el país”, en medio de los intentos de Luis Caputo por dar señales que permitan bajar el riesgo país. Y aseguraron que mantendrán los reclamos legales hasta que se cumplan los pagos.
“Sólo cuando tanto el gobierno nacional de Argentina como sus subunidades federales demuestren conjuntamente la determinación de dar vuelta la página de una larga historia de incumplimientos y mala gestión, se podrá reducir el riesgo país a niveles compatibles con el pleno acceso a los mercados y recuperar el apoyo de los mercados financieros al crecimiento y la inversión”, advirtieron los bonistas.
Desde el próximo lunes 2 de septiembre, el Gobierno confirmó que habrá una reducción del Impuesto País del 17,5 por ciento al 7,5.
Ante la novedad, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, reaccionaron en sus redes sociales.
“Importante!”, indicó el funcionario en su cuenta de X sobre el anuncio, y agregó: “Prometimos y cumplimos!”.
En esa línea, también se manifestó Milei. Quien compartió el mensaje de su ministro y sentenció: “La palabra se cumple”.
Al ser consultado sobre si los precios van a subir a raíz de los beneficios en los costos de importación, Caputo dijo que gracias a la reducción del Impuesto PAIS “se va a impulsar una baja”. Y sostuvo: “En septiembre vamos a ver una disminución precios. Nos hemos juntado con muchas cámaras [empresariales] para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado. La confianza es de los dos lados, nosotros con las industrias y las industrias con la gente. Lo importante es que se entienda que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No tiene que ser un tema de especular. La reacción de todos ha sido muy buena”.
“El lunes baja lo que nosotros habíamos subido [al inicio de la gestión], de 7,5% a 17,5%”, comenzó el funcionario de Javier Milei, y justificó la suba inicial: “Lo subimos y dije que iba a ser temporario para ganar poder de negociación en un momento que queríamos pasar la Ley Bases. Estábamos en inferioridad de condiciones. Teníamos que demostrar que podíamos ir al equilibrio fiscal solos. En ese momento esa era la única posibilidad”, indicó en diálogo con Radio Rivadavia.
El gravamen –creado por Martín Guzmán, extendido por Sergio Massa e incrementado por la actual gestión– volverá a los niveles previos al 10 de diciembre. Esto implica que pasará del 17,5% –nivel al que lo subió Caputo– para retornar al 7,5% para todos los bienes y servicios.
El Banco Central reconoció este lunes, a través de un comunicado, que transfirió parte del oro de sus reservas a otras cuentas de su propiedad. Así, si bien no lo explicitó en esos términos, se trató de la primera confirmación oficial por parte de la autoridad monetaria de que los envíos de lingotes del metal precioso al exterior efectivamente existieron. Más allá de eso, el BCRA omitió aportar cualquier información respecto del monto, destino o finalidad de esas operaciones.
La confirmación llega días después de que la propia entidad presidida por Santiago Bausili denegara los pedidos de acceso a la información pública sobre este tema que había realizado el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. Con el mismo espíritu de aquel rechazo a brindar precisiones sobre los movimientos de un activo clave para la estabilidad monetaria y cambiaria, hoy se limitó a resaltar la confidencialidad de esas transferencias del oro. Solo aclaró que terminó con los envíos planificados.
En un escueto comunicado, expresó: “El Banco Central completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas. La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos”. Y afirmó que “desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.
¿CUÁNTO ORO HAY EN LAS RESERVAS?
La autoridad monetaria recalcó que las transferencias “no alteran el volumen total de las reservas en oro” y recordó que se mantienen equivalentes a aproximadamente u$s4.981 millones, tal como publicó en el balance del 23 de agosto pasado.
Hasta acá, la única admisión de los movimientos del oro de las reservas había provenido del ministro Luis Caputo, quien en una entrevista había dicho que se realizaban para obtener “un retorno” financiero que no era posible obtener si el metal precioso permanecía dentro de las bóvedas del BCRA. En cambio, hasta ahora, la entidad que tiene la responsabilidad de administrar las reservas hasta acá no se había pronunciado.
EL ORO, LAS RESERVAS Y EL SECRETISMO
De todas maneras, la política del Central sigue siendo no aportar ninguna precisión sobre estos movimientos. Y en el comunicado cargó contra quienes difundieron la existencia de estas operaciones y quienes buscaron acceder a información al respecto.
“El BCRA expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”, manifestó la entidad. Sin embargo, ahora que confirmó que el terminó con el proceso de transferencias de oro tampoco aportó precisiones.
“La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad”, se limitó a decir.
Con el mismo espíritu secretista, el 15 de agosto, el Central respondió los tres pedidos de acceso a la información pública que había presentado Palazzo durante las semanas previas ante datos extraoficiales a los que había accedido el sindicato que conduce. La respuesta fue denegarle el acceso.
El diputado nacional había solicitado información sobre el destino, los montos transportados, la finalidad de los envíos al exterior, las empresas involucradas en el traslado y en los seguros, entre otras cuestiones. La presunción es que cerca de una cuarta parte del oro de las reservas podría haber salido del país en esos movimientos.
Esta semana, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció la suspensión de la financiación de nuevos proyectos de investigación científica al menos hasta 2025. Esta decisión, comunicada por la titular del organismo, Alicia Caballero, a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generó preocupación e impacto en la comunidad científica.
La suspensión de la financiación de investigaciones afecta directamente a los proyectos conocidos como “PICTs” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en el país.
Desde su creación en los años 90, la investigación científica dependió de un esquema de financiamiento que incluye infraestructura a cargo de las universidades y el Ministerio de Ciencia, salarios y recursos humanos financiados por el CONICET, y los proyectos específicos cubiertos por la Agencia I+D+i. Este último es el organismo responsable de financiar el “hacer” de la ciencia, que abarca desde la compra de equipos y reactivos hasta la organización de encuentros científicos y el apoyo a startups basadas en ciencia.
La decisión de suspender la financiación de nuevos proyectos hasta 2025 incumple, según detallaron, con la ley nacional que establece el financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030. Este incumplimiento no solo representa un recorte de recursos, sino que pone en riesgo la continuidad y la calidad de la investigación científica, y amenaza con provocar un éxodo de talentos.
La preocupación de la comunidad científica
La medida fue recibida con preocupación y sorpresa en los círculos académicos y científicos. Alejandro Vila, un reconocido investigador del CONICET y miembro de la Academia Americana de Microbiología, expresó que “cancelar la investigación científica provocaría un daño irreversible” y comparó la situación actual con la crisis de los años 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo su tristemente célebre comentario de que los científicos debían “lavar los platos”. Según Vila, la suspensión de proyectos significaría “la destrucción de años de trabajo” y pondría a la ciencia argentina en una situación crítica.
El Dr. Alejandro Vila, reconocido a nivel mundial. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y actualmente es director científico de la incubadora de la UNR
El investigador señaló además que la investigación ya venía avanzando “a paso de tortuga”, debido a la falta de actualización de los presupuestos desde el kirchnerismo, en 2021: “Los pesos que nos otorgaron en 2020/2021 representaban unos 20 mil dólares, y hoy los cambiamos por 2.000 dólares, cuando todos los insumos están dolarizados“, explicó el científico, subrayando la imposibilidad de adquirir nuevos equipos o incluso reparar los existentes.
Bottasso dedicó su vida a la investigación y la docencia de grado y posgrado en la Universidad y en otras instituciones de nuestro país y del mundo. Actualmente, se desempeña como Investigador Superior de UNR y CONICET
Por su parte, Oscar Botyasso, doctor en medicina e investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y del CONICET Rosario, se mostró igualmente consternado por la medida, afirmando que “uno se pellizca y no lo puede creer”. Botasso recordó que la Agencia I+D+i financió la ciencia de forma ininterrumpida desde 1998, y expresó su esperanza de que “el Gobierno recapacite porque los montos para el Estado tampoco son tan altos”.
“Sos un benefactor social”, elogió el presidente Javier Milei a Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, quien hizo de anfitrión en la visita del mandatario a la sede de Saavedra.
El predio fue el escenario por segunda vez de una cumbre entre un jefe de Estado y el empresario argentino más importante. El primero fue durante su inauguración, en 2019, una celebración por los 20 años de la firma en la que estuvo presente Mauricio Macri.
Es inevitable encontrar simbologías. En el predio que solía ser de una empresa “tradicional” (la fábrica de lamparitas de Philips), sigue creciendo una firma de “lo nuevo”.
Pero también ocurrió algo no tan común: un presidente corriéndose del lugar de benefactor y entregando ese rol a una compañía que anunció inversiones millonarias y miles de empleos. Algo que 5 años atrás, generó un inside joke que poca gracia debe hacerle al CEO: “Viva Galperón”.
LAS INCREÍBLES CRIFRAS DE MERCADO LIBRE:
El gran anuncio del unicornio estuvo relacionado con la ampliación del su centro de distribución en la zona del Mercado Central, en el partido de La Matanza, que cuenta con tecnología de clase mundial. En los próximos meses, el unicornio invertirá u$s75 millones para ampliarlo:
57.000 metros cuadrados (equivalente a nueve estadios, según la firma)
2.300 nuevos empleos
El plan tiene un timing perfecto. En primer lugar, las cifras de ampliación superan al supermercado más grande del país que Coto abrirá en Mar del Plata a fin de año: con 30.000 metros cuadrados y 700 trabajadores.
Además, el comercio electrónico crece pese a todo: según la cámara del sector (CACE), 18% de las ventas minoristas pertenecen al ecommerce, tres puntos porcentuales más que hace un año.
En cuarto lugar, la participación del marketplace es sensiblemente menor que la de su billetera virtual, una rareza que no coincide con sus otras plazas de importancia:
Brasil sigue al tope de la tabla con u$s2.786 millones, entre su negocio de comercio electrońico (u$s1.701 millones) y financiero (u$s1.085 millones)
México: u$s1.201 millones, repartidos entre ecommerce (u$s799 millones) y fintech (u$s402 millones)
Argentina: u$s863 millones, con mayor participación de la billetera (u$s556 millones) que del marketplace (u$307 millones)
Las cifras hacen presumir que ampliando su capacidad de procesamiento de paquetes en 200.000 productos diarios en el AMBA puede lograr que ambas puntas se acerquen. Pero también le marcan la cancha en suelo natal a varios gigantes de la venta online que se asomen en el país.
LOS COMPETIDORES DE MERCADO LIBRE:
Existe un mito que asegura que el marketplace de Amazon no entró a Argentina por una política activa de los últimos gobiernos para proteger al unicornio.“Competimos contra ellos en Brasil y México y les ganamos en ambos países”, suele defenderse Galperin. Las cifras lo acompañan.
Pero en el sector ecommerce aseguran que el gigante global no tiene al país en el radar por un error “no forzado”. “No viene por el mismo motivo por el que se fueron Falabella o Dafiti: el dólar. Bezos no va a entrar en un lugar del que no puede salir”, dispara un emprendedor del ecommerce que tropezó veces con la misma piedra.
En efecto, Amazon no hubiese podido girar divisas al exterior, importar productos ni contar con un stock confiable como sucedió con Dafiti, que muchas veces tenía quiebres de stock de zapatillas ante fábricas que no podían traer insumos de afuera.
La misma maraña regulatoria del mercado cambiario hace que, por ejemplo, empresas de servicios digitales como Netlfix o Amazon Prime Video ni piensen en abrir una oficina en Argentina y utilicen pasarelas de pago locales, en su mayoría, Dlocal o PayU.
La política de apertura de Milei, con fuertes señales a los importadores ni bien asumió, puede renovar las intenciones de Amazonpara un pie en el país, como el depósito que tiene en Chile para tener una suerte de “reserva” de productos más vendidos.
Lo mismo se habla de Shein, el “Zara online” chino que, según se rumorea, planea aumentar su presencia en suelo albiceleste con alguna ubicación portuaria que agilice la entrega de prendas de fast-fashion.
El “rayo libertario” del Gobierno también aceleró el “operativo retorno” de Falabella en Mendoza, un rumor que suena cada vez más fuerte. Esa vuelta puede tener su réplica en el mercado online, con Linio, su propio marketplace que nunca terminó de despegar en la Argentina.
Pero el anuncio del unicornio puede anticipar otra posibilidad en sintonía con una mayor apertura de las importaciones: que habilite el comercio crossborder con EEUU (como ya lo hace en Brasil y México) o bien entre países de la región.
El Gobierno ya dio varios pasos en la agilización de la Aduana. El último de ellos, la certificación de calidad para ciertos productos, que según Federico Sturzenegger sólo servían para engrosar gastos públicos al enviar inspectores “a la fábrica de Lego en Suecia“.
Sin embargo, en el sector logístico advierten que el gran problema hoy es que “todo paga impuestos”. En Brasil, por ejemplo, se eximen las compras menores a 500 dólares. Pero el enfrentamiento entre Brasil y Elon Musk, más la buena sintonía del magnate con el libertario y la gira al Silicon Valley de Milei, pueden lograr que Argentina suba su perfil.
Queda por ver si este plan del unicornio forma parte de otro mayor, que signifique un mayor diseño y prueba de servicios del conocimiento. Según el propio Galperin, en los últimos años se trasladaron varios de estos empleos a otros países del vecindario.
De cambiar la tendencia, la compañía más valiosa de la región podrá sacarle todo el jugo a la combinación de talento argentino e ingenio criollo, base de gran parte de su expansión y relevancia en la región.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
