El Gobierno privatizará 8.600 km de rutas y proyecta un ahorro de USD 5.600 millones

El plan de privatización incluirá la concesión de rutas en 13 provincias, actualmente gestionadas por la empresa estatal Corredores Viales S.A., que acumula un déficit de USD 30 millones. La licitación se llevará a cabo en dos etapas entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

El Gobierno de Javier Milei anunció, el pasado 10 de octubre, la privatización de 8.600 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 13 provincias, a través de un proceso de licitación internacional que se realizará en dos etapas. Según planteó el Ejecutivo, la medida busca reducir el déficit fiscal y mejorar la gestión, operación y mantenimiento de las rutas, que actualmente están a cargo de la empresa estatal Corredores Viales S.A., la cual registra un déficit de 30 millones de dólares.

Corredores Viales S.A. administra algunos de los principales tramos viales del país, incluyendo rutas clave en provincias como Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, y accesos importantes como la Autopista Riccheri, que conecta con la Ciudad de Buenos Aires. La empresa estatal, creada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, fue señalada por no cumplir con los estándares mínimos de mantenimiento y operación, según datos del Gobierno. Debido a esta situación, las deudas operativas fueron cubiertas con fondos del Tesoro Nacional, desvirtuando el objetivo del sistema de peajes, que debía ser financieramente autónomo.

El proceso de privatización se estructurará en dos fases. La primera etapa, que comenzará en diciembre de 2024, involucrará la licitación de dos tramos del Corredor 18, actualmente bajo concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuya concesión expira en abril de 2025. Estos tramos incluyen rutas como la RN 12 y RN 14, vitales para el corredor del Mercosur, conectando el litoral argentino con Brasil y Uruguay. La segunda fase, en febrero de 2025, abarcará otros 5.513 kilómetros de rutas gestionadas por Corredores Viales S.A., incluyendo tramos no concesionados previamente, como la RN 33 en Santa Fe y la RN 18 en Entre Ríos.

El Gobierno asegura que esta medida permitirá un ahorro estimado de 5.600 millones de dólares en un período de 20 años. Las empresas que ganen las concesiones solo podrán comenzar a cobrar peajes una vez que las rutas estén en condiciones óptimas de transitabilidad.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que el proceso está diseñado para aumentar la transparencia y atraer tanto a empresas nacionales como internacionales, al señalar que este esquema “promueve una mayor competencia y confianza en el sector privado”.

El anuncio de la privatización coincide con un nuevo aumento en los peajes que entró en vigencia el sábado 12 de octubre. Esta suba afecta a las rutas nacionales y a los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como la Autopista Riccheri y el Acceso Oeste. El incremento se suma a los ajustes previos que se aplicaron a lo largo de 2024, en respuesta a la inflación y al índice de salarios, según lo dispuesto por Vialidad Nacional.

El esquema de ajustes tarifarios responde a la necesidad de evitar atrasos en el mantenimiento de los corredores viales, y forma parte de un plan de incrementos hasta fin de año. La medida ha generado críticas en algunos sectores empresariales, que expresan escepticismo debido a la inestabilidad económica actual y las dificultades que podrían surgir en el proceso de privatización. Un empresario del sector vial afirmó que “en este contexto macroeconómico, es muy difícil cerrar cualquier acuerdo financiero, sobre todo por el riesgo país y el control de cambios”.

Entre las rutas involucradas en este proceso destaca el Corredor del Mercosur, actualmente operado por CRUSA. Este tramo es crucial para el comercio internacional de Argentina con Brasil y Uruguay, y atraviesa provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. La empresa CRUSA ha expresado su deseo de renegociar su contrato, aunque el Estado ya lanzó la convocatoria para licitar el corredor. CRUSA también se enfrenta a una disputa legal con el Estado por incumplimientos contractuales, lo que ha complicado su situación financiera.

En paralelo, un consorcio privado compuesto por empresas como Luis Losi S.A., Rovella Carranza S.A., y JCR S.A. mostró interés en hacerse con la concesión de la Ruta del Mercosur. Este grupo ha propuesto una inversión de 650 millones de dólares para mejorar y mantener los 618 kilómetros que conectan Zárate (Buenos Aires) con Paso de los Libres (Corrientes).

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

Tras instalarse en Europa, una novedosa manzana de pulpa roja desembarca en la Argentina de la mano de la firma Moño Azul

No es el resultado de un desarrollo de laboratorio reciente, sino de la ocurrencia de un grupo de productores franceses que hace 20 años mezclaron manzanas de pulpa roja con variedades de alta calidad. Así nació una variedad de manzana bautizada Kissabel, que en la primavera de 2016 tuvo su primera campaña comercial en Europa y aquí recién está dando sus primeros pasos.

La firma a cargo de su desarrollo local es Moño Azul, una empresa frutícola de amplia trayectoria que forma parte del Grupo Prima y que tiene la licencia exclusiva en el país. En 2024 inició con sus primeras pruebas comerciales -con su desembarco en el Mercado Central- y ahora, aseguran, esperan una buena temporada.

Puede ser roja o amarilla por fuera, pero lo importante está dentro. Esta variedad de pulpa roja o rosada se caracteriza por tener un sabor entre dulce y ácido, ser muy jugosa y crujiente y albergar un alto contenido de vitamina A, C, calcio, magnesio, vitamina E, fósforo, cobre, vitamina K y boro.

Pero en Argentina la Kissabel aún no puebla las góndolas a gran escala, sino que aún su producción comercial es limitada porque se trabaja en las pruebas comerciales. Con una producción limitada en chacras propias, la licenciataria local evalúa su adopción local y su potencial exportación.

La situación, de hecho, es muy similar a lo que ocurre en otros países del hemisferio sur, como Chile, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda, donde se espera un avance tras los buenos resultados obtenidos en Europa, donde destacan la calidad, el volumen y el “interés creciente” por parte de los consumidores.

En particular, durante la campaña 2025 en el Viejo Continente la producción escaló un 25% con buenos precios, alta calidad y una buena adopción entre los consumidores.

Así como en Argentina la firma a cargo de su promoción es Moño Azul, en cada país productor hay un socio que integra el programa. Según lo expresado por Red Apple Germany, en Alemania hubo una cosecha récord con altos estándares de calidad. En Francia, Mesfruits y Blue Whale también mostraron el pulgar hacia arriba.

Por su parte, en Suiza, la firma Fenaco consolidó la comercialización mediante alianzas en gastronomía e industria, y en Italia aseguran que el 2025 fue un gran año.

“Con esta base, avanzamos hacia la temporada del hemisferio sur, donde continúan las fases comerciales iniciales y los ensayos, junto a socios estratégicos que fortalecen el desarrollo de Kissabel a nivel global”, expresó Emmanuel de Lapparent, responsable del programa Ifored, el consorcio que impulsa esta variedad de manzanas, tras ser consultado por el sitio Portal Frutícola.

Mientras en Argentina se trabaja en la multiplicación en el único vivero autorizado, “Los Álamos de Rosauer”, en tierras chilenas ya hay indicios de producción comercial y desde Unifrutti, la empresa que tiene allí la licencia, aseguran que el objetivo es enviar lo más rápidamente posible su producción a Brasil.

Por su parte, Australia cuenta hoy con uno de los proyectos más avanzados, y la estrategia de posicionamiento comercial incluye degustaciones, activaciones en puntos de venta, alianzas con restaurantes y campañas digitales. “Nuestro objetivo es posicionar a Kissabel como la manzana ‘foodie’ por excelencia”, explicó Michelle Hau, directora de marketing de Montague Farms, en diálogo con el medio especializado.

*Fuente: Bichos de Campo

Histórica protesta de las Fuerzas de Seguridad por los bajos sueldos: “es una migaja” el bono de $40.000 y denuncian espionaje interno

La concentración frente al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, comenzó pasadas las 11:00 hs con una columna de 300 personas que, en menos de una hora, se duplicó hasta alcanzar los 700 asistentes.

La convocatoria logró una unidad inédita al congregar a efectivos y retirados de las cinco fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), elevando el conflicto a una crisis de seguridad nacional.

La prensa fotografiando a algunos de los asistentes con carteles.

A pesar de que el edificio fue blindado con vallas preventivas, la jornada transcurrió íntegramente sobre la vereda, bajo la supervisión de un comisario seccional de la Policía de la Ciudad que confirmó la legalidad y el carácter pacífico de la marcha. El “abrazo simbólico” se transformó rápidamente en un foco de resistencia contra el desfasaje económico que asfixia a la familia policial.

La magnitud del conflicto quedó reflejada en una cobertura mediática masiva que incluyó móviles en vivo de Telefé, El Destape, Crónica, C5N, Canal 26, TN y A24, con la presencia de la reconocida periodista Mercedes Ninci.

La prensa fotografiando a dos de los oradores, frente al Edificio Centinela.

Sin embargo, el dato político más crudo fue la ausencia casi total de efectivos. Los familiares y retirados presentes denunciaron que el personal operativo fue obligado a quedarse en las sombras por un miedo real a represalias institucionales, bajo la sospecha de que agentes de inteligencia se infiltraron en la manifestación para identificar y marcar a cualquier integrante de la fuerza que alzara la voz.

Esta atmósfera de persecución coincide con la estrategia del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, desde donde se intentó minimizar la jornada calificándola como una movilización compuesta sólo por “retirados”, ignorando el quiebre interno de los agentes en actividad.

La movilización tuvo su punto de máximo interés desde el momento en que los asistentes entonaron el Himno Nacional, dando luego paso a una serie de cuatro oradores que hablaron a quienes asistieron y a la prensa.

Miguel Montiel junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.

La humillación del uniforme frente a la góndola

El cabo Miguel Montiel, de la Policía Federal Argentina —quien cobró notoriedad por encadenarse recientemente a Casa Rosada—, fue el único efectivo que rompió el cerco de silencio al presentarse uniformado y tomar la palabra como orador. Explicó que sabe que es probable que quieran sancionarlo por asistir a la manifestación y hablar, pero destacó que la situación es de emergencia.

Con nueve años de servicio más su formación, Montiel expuso la cifra que despoja de toda épica al discurso oficial: un sueldo de $800.000 pesos. Esta cifra es la consecuencia directa del último acuerdo salarial del 8% otorgado por el Gobierno, un porcentaje que quedó pulverizado frente a la inflación y que profundizó la brecha con otros sectores productivos.

Entrevista exclusiva para Data 24 de Miguel Montiel, cabo de la PFA.

La comparación con el sector privado vuelve el dato un agravio institucional. Mientras un efectivo con casi una década de antigüedad y riesgo de vida percibe esa cifra, un empleado de comercio inicialun joven de 18 años recién egresado de la secundaria que vende ropa en un local— percibe un básico de $1.170.000.

Esta brecha del 45% refleja la degradación de una fuerza que, según denunciaron los presentes, hoy se ve obligada a realizar “changas” de transporte o seguridad informal para que sus familias no caigan bajo la línea de indigencia.

Manifestantes ante el Edificio Centinela. En el centro: Passamonti, Montiel y Danann.

Voces de la familia policial y el compromiso exigido

El carácter de la movilización fue ratificado por Manuel Berro, retirado de Gendarmería Nacional y referente del “Frente Patriótico Patoruzú”, quien enfatizó que no se trataba de un acto político ni partidario, sino de una respuesta de supervivencia. Además, asistió Analía Zabala, referente de la Asociación de Suboficiales Argentinos y viuda de un oficial fallecido.

Entrevista exclusiva para Data 24 de Emmanuel Danann.

Acompañado por agrupaciones como el “Movimiento Fuerzas Argentinas Unidas” y “Azules Siempre”, Berro invitó a Emmanuel Danann (cuyo nombre real es Manuel Gorostiaga, descendiente del prócer del S. XIX) a tomar la palabra para visibilizar el pliego de condiciones que las cúpulas oficiales callan.

Danann, quien aclaró que su presencia buscaba apoyar y no apropiarse del reclamo, leyó los puntos centrales: salarios de indigencia y el abandono absoluto de las obras sociales, que ha dejado a miles de familias sin coberturas básicas.

Danann y Berro junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.

Durante su intervención, Danann interpeló directamente al Poder Ejecutivo al recordar que el mandato de cambio votado por los argentinos incluía la promesa de reivindicar a quienes cuidan a la ciudadanía. En un pedido explícito a Javier Milei, exigió el compromiso de no aplicar sanciones ni persecuciones contra los efectivos que, de diversas formas, apoyaron la visibilización de este estado de emergencia.

Otro de los que hicieron acto de presencia fue Andrés Passamonti, expresidente de la UCeDe de CABA, actual presidente de Alternativa Republicana, y antiguo Director Ejecutivo de la Dirección de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires.

El cierre del bloque de oradores, marcado suceder durante el 2 de Abril, cerró con la reivindicación de la gesta de Malvinas y la defensa de la Patria, reafirmando que el reclamo trasciende cualquier bandera política.

Entrevista exclusiva para Data 24 de Andrés Passamonti, presidente de Alternativa Republicana.

Bonos de miseria y oportunismo al cierre

El estallido no es un hecho aislado, sino el pico de un malestar que viene escalando desde la falta de respuestas a la equiparación salarial que ya se había manifestado meses atrás. La respuesta oficial, materializada en el Decreto 216/2026, fue recibida con indignación. El bono de $40.000 otorgado por el Gobierno fue calificado por Berro como “el vuelto de los banquetes de los políticos”, una cifra insignificante frente a una canasta básica que ya roza los $1.400.000.

Ante el riesgo de sanciones que pesa sobre los efectivos en actividad, fueron las familias quienes actuaron como escudo; figuras como Victoria Laura Sueldo, esposa de Facundo Romero, prefecto y referente de un reclamo por hostigamiento, falta de tratamiento y expulsión, asistieron a la protesta para visibilizar el colapso de la obra social y la falta de cobertura en tratamientos críticos.

Entrevista exclusiva para Data 24 de Victoria Laura Sueldo, esposa del prefecto expulsado por Frederic.

Hacia las 12:20 hs, cuando más de la mitad de los asistentes ya se había retirado, se registró la presencia de Sabrina Frederic. La exministra de Seguridad de la gestión de Alberto Fernández apareció en escena con un marcado perfil bajo y sin realizar declaraciones públicas.

Su llegada tardía no alteró el espíritu del acto, que concluyó con la advertencia de que la emergencia de las fuerzas federales no se resuelve con parches económicos, sino con la reivindicación real de quienes hoy eligen el silencio para no perder su fuente de trabajo.

*Por Augusto Grinner

RÍO URUGUAY | Frigerio advirtió que irá a la Justicia internacional si avanza la planta de combustibles sintéticos frente a Colón

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si avanza la instalación de una planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, sobre el río Uruguay.

Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones” dijo durante una reunión de trabajo que encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.

La empresa estadounidense HIF Global buscó instalar frente a la costa entrerriana una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables, en el marco de una inversión prevista como la mayor de la historia de Uruguay

– La planta HIF Paysandú se desarrollará en cuatro etapas. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de US$ 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año

Frigerio reforzó su rechazo al proyecto al compararlo con un antecedente: En el video que acompañó la publicación, añadió que Argentina no podía repetir aquel “tremendo mal paso”. La referencia apuntó al conflicto que se produjo por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos (Uruguay), luego en manos de UPM (empresa finlandesa UPM-Kymmene), que enfrentó a los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner y derivó en la reacción de vecinos de Gualeguaychú, que mantuvieron cerrado el puente fronterizo. Aunque desde Entre Ríos remarcaron que el contexto actual es distinto al de los años 2000, las autoridades provinciales buscaron evitar un episodio de características similares.

Durante el encuentro en Colón, el mandatario entrerriano repasó las gestiones realizadas ante autoridades uruguayas. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición“.

También remarcó que, a diferencia de lo ocurrido en el conflicto por Botnia, las gestiones comenzaron antes de que la obra se pusiera en marcha. “No fueron cuando la obra estaba en marcha, estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo“. Y agregó: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”.

Frigerio sostuvo además que se trató de un tema que excedió a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”. Recordó también que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática. Reiteró allí la posición oficial.

Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encontró en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, ahora incluyó a Colón dentro de su área de análisis.

El intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su involucramiento. También valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y sostuvo que el objetivo común fue “defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud“. En ese sentido, agregó que “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay“.

– Noviembre de 2006. Un grupo de vecinos de Gualeguaychú interrumpió el paso internacional que une a esa ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en protesta por la instalación de dos plantas productoras de pasta de celulosa en la margen uruguaya del río

El jefe comunal pidió además que se concretara la Mesa de Cancilleres prometida para este mes, reclamó que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto” y, en particular, planteó que la Casa Rosadatenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto de “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando“.

Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar“, reclamó Walser. 

En noviembre, en una reunión de la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores argentino Pablo Quirno, el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el propio Frigerio, el funcionario argentino sostuvo que el país no se opondría a la inversión. “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a la inversión“, afirmó Quirno, al señalar que ambos países “necesitan inversión para crecer“. 

No obstante, desde la delegación argentina pidieron que se “extremaran los recaudos” para evitar “efectos perjudiciales sobre las actividades preexistentes de las poblaciones ribereñas” que trabajan sobre el río Uruguay. También plantearon inquietudes por la localización de la planta y por la posible “contaminación visual” que podría generar, aspectos que Uruguay incorporó en la fase de análisis del proyecto.

Días atrás, el 13 de este mes, HIF Global presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente uruguayo la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-combustibles en Paysandú, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), uno de los últimos permisos pendientes para habilitar la construcción.

Para el desarrollo de la ingeniería y del EsIA, la empresa ajustó el diseño de la planta con el objetivo de “optimizar su integración ambiental y territorial“. Según se informó, redujo la superficie de la planta en un 35%, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y aumentó en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanzó las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

El turismo suma dos años de caída y llega a los feriados con reservas casi nulas

El rubro turístico argentino enfrenta en marzo de 2026 un momento que, según los propios empresarios, se compara directamente con los peores meses de la pandemia. A días de dos fines de semana extra largos casi consecutivos de Semana Santa —del 21 al 24 de marzo y del 2 al 5 de abril—, las reservas en los principales destinos del país se encuentran en niveles históricamente bajos, generando una alarma inédita en la “industria sin chimenea”.

“Los números que manejamos para el fin de semana largo de marzo deben ser de los más bajos de la historia. Prácticamente no hay reservas y lo preocupante es que para Semana Santa se espera algo parecido”, subrayó un importante empresario marplatense a la Agencia Noticias Argentinas.

El panorama es devastador si se lo lee en perspectiva. La temporada de verano 2025/2026 ya cerró como la peor imagen, siendo que Mar del Plata recibió 3.141.427 turistas entre diciembre y febrero, con una caída interanual del 3.7% equivalente a 122.000 personas menos. La ocupación hotelera promedio de la temporada fue del 50.7%, con enero marcando el peor registro en al menos dos décadas (excluyendo 2021), con una caída del 7.1%.

Esto es muy distinto de lo que se veía en años anteriores, cuando estos fines de semana largos generaban ocupaciones del 80% o más en hoteles, cabañas y apartamentos, y movilizaban grandes flujos de gente y dinero.

“Todos los sectores tienen problemas de presupuesto. Cualquier programa que ayude a estimular políticas de promoción está condicionado por la caída de la recaudación”, afirmó Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), apuntando a que la salida más probable en lo inmediato pasa por alianzas privadas entre hoteles, bancos y operadores para armar paquetes combinados.

A esto se suma que el área acumula una caída de 50 puntos en dos años. Las reservas en prácticamente todos los grandes centros turísticos del país están en niveles sumamente bajos, 30 puntos en 2024 y 20 puntos en 2025, conforme a las declaraciones de Szkrohal. El propio dirigente advirtió que uno de cada dos establecimientos cierra antes de cumplir cinco años de actividad.

Un relevamiento muestra una marcada sobreoferta de alojamientos, con diferencias leves entre regiones pero un mismo patrón general, donde abundan las plazas vacantes.

En cambio, en Villa Carlos Paz y en las Cataratas del Iguazú la tendencia se invierte. La demanda prevista para Semana Santa es mayor que la de marzo, pero plataformas como Airbnb aún reportan más de mil plazas disponibles en esos destinos.

A nivel nacional, la situación es llamativa. En noviembre de 2025 la ocupación promedio fue apenas del 37,4% de las plazas ofrecidas, según el informe.

Las causas

La crisis que atraviesa el sector turístico no responde a un fenómeno coyuntural ni a factores estacionales como el clima. Distintos indicadores muestran que se trata de una situación estructural en la que confluyen varios elementos económicos y del mercado.

Uno de los principales es la pérdida del poder adquisitivo. Desde 2023, la actividad gastronómica registra una caída cercana al 30%, mientras que los jubilados —un segmento que históricamente contribuía a sostener la temporada baja— prácticamente dejaron de viajar debido a que sus ingresos ya no alcanzan para afrontar esos gastos.

A este escenario se suma una marcada salida de turistas hacia el exterior. Durante 2025, cerca de 12 millones de argentinos viajaron fuera del país, lo que representa un aumento del 43.1% en comparación con el año anterior. En sentido contrario, el ingreso de visitantes extranjeros se redujo un 19.7%, lo que refleja una pérdida de competitividad del turismo local.

El desequilibrio también se evidencia en la balanza turística. En 2025 el déficit superó los 4.054 millones de dólares, casi el doble del registrado en 2024. La brecha cambiaria influye en esta dinámica, ya que encarece los destinos nacionales para los propios argentinos y, al mismo tiempo, vuelve más accesibles las opciones en el exterior.

Por último, el sector formal enfrenta una creciente competencia de la oferta informal. Mientras los establecimientos habilitados cuentan con unas 45.000 camas en temporada alta, la oferta extrahotelera alcanza alrededor de 370.000 plazas que operan con menores regulaciones y cargas impositivas. Esta diferencia profundiza la presión sobre hoteles y alojamientos tradicionales.

El empresariado ya tocó las puertas del poder político. Szkrohal se reunió el pasado 26 de febrero con el gobernador Axel Kicillof en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, donde entregó un informe de crisis y reclamó reducción de Ingresos Brutos, baja del IVA para la actividad, alivio en impuestos inmobiliarios y la creación de una mesa de trabajo para combatir la estacionalidad.

La Iglesia denunció que los comedores no dan abasto y que la crisis llegó a sectores que nunca habían pedido ayuda

Durante la Semana Santa, el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), emitió una advertencia pública sobre el agravamiento de una situación “muy complicada” en el país.

“Vivimos un tiempo difícil donde la solidaridad y también la empatía necesaria se imponen”, afirmó el dignatario eclesiástico, en una entrevista radial el pasado Domingo de Pascua.

Colombo subrayó, especialmente, el aumento en la demanda de asistencia alimentaria en Cáritas, la crisis financiera que atraviesan las instituciones para personas con discapacidad por falta de pagos estatales. Además, hizo un reclamo formal al Ministerio de Salud para que el Estado active sus instrumentos de contención social.

Aunque el discurso oficial muestra una reducción de la pobreza estadística, la realidad territorial que registra la red religiosa describe un cuadro de vulnerabilidad persistente y en expansión hacia nuevos sectores sociales.

La estructura de Cáritas Argentina es una de las más extendidas de toda la República. Según datos de 2024, cuenta con 2.254 centros con servicio alimentario (comedores, merenderos y espacios de distribución) que atienden a unas 424.649 personas en todo el territorio nacional.

– Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)

Colombo señaló que en los últimos meses se registró “un crecimiento sostenido en la cantidad de personas que piden ayuda”, especialmente en los grandes centros urbanos. El fenómeno no es nuevo. En 2024, el director de Cáritas en Quilmes, David Benítez, ya señalaba que había un “aumento significativo de la demanda” en los 89 comedores de esa diócesis del sur del conurbano bonaerense.

Lo notable de las declaraciones de Colombo es que “la crisis ya no afecta solo a los sectores históricamente vulnerables”, sino también a segmentos de la clase media como jubilados, trabajadores informales desplazados y familias que no tenían experiencia de pobreza previa. La Iglesia, explicó, detecta esto a través de su capilaridad territorial, entre parroquias, centros comunitarios y voluntarios que trabajan en distintos barrios.

“Tenemos necesidad de que se pongan en funcionamiento todos los mecanismos del Estado para resolver cuanto antes esta temática”, señaló Colombo.

El contexto presupuestario agrava el cuadro. Para 2026, el Programa Políticas Alimentarias, que financia comedores y merenderos, redujo su presupuesto un 15,8%, pasando de $79.700 millones a $67.104 millones, en un escenario de inflación en alimentos del 32,2% anual. Esto genera la paradoja de una red asistencial que recibe más demanda con menos recursos.

Este es el punto más urgente y concreto del pronunciamiento episcopal. Colombo denunció que “hace meses el Estado dejó de pagar los fondos destinados a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad”.

La Iglesia llevó el reclamo al despacho de Lugones

Colombo es arzobispo de Mendoza y desde 2023 preside la CEA, el organismo que reúne a todos los obispos del país y representa institucionalmente a la Iglesia Católica ante el Estado y la sociedad.

La CEA no es solo una autoridad religiosa. Históricamente en Argentina ha funcionado como termómetro social y mediador político en momentos de coyuntura. Sus señalamientos tienen peso porque la Iglesia administra directamente cadenas de asistencia —principalmente a través de Cáritas— que llegan a rincones donde el Estado no siempre está presente.

– La comisión ejecutiva del Episcopado, encabezada por su presidente, el arzobispo Marcelo Colombo

El 1 de abril la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina le envió una carta formal al ministro de Salud, Mario Lugones, para advertirle que numerosas instituciones que asisten a personas con discapacidad atraviesan una situación de extrema gravedad por el retraso y la insuficiencia de los aportes estatales. En la nota, el Episcopado sostuvo que la crisis ya compromete la alimentación, los medicamentos y el pago de salarios en hogares y centros de atención.

El documento, publicado en el sitio oficial del Episcopado, es explícito sobre la gravedad del cuadro. Sostiene que muchas instituciones “se encuentran hoy en una crisis económica de extrema gravedad, debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales”, lo que compromete “la alimentación, los medicamentos y el pago de los salarios de quienes dedican su vida al cuidado de las personas con discapacidad”.

carta_al_dr._mario_lugones._010426-1

La nota también recuerda que en mayo de 2025 ya se había advertido que “las personas con discapacidad no pueden esperar”, y concluye con una frase categórica: “La discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”.

Colombo además anticipó que en los próximos días habría reuniones entre funcionarios y representantes vinculados a la Iglesia para revisar datos y verificar convenios incumplidos.

Caputo y Jalil anunciaron una inversión privada de USD 530 millones en Catamarca para ampliar la producción de litio

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la ampliación del proyecto de litio Fénix en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, operado por Rio Tinto, luego de que la iniciativa recibió la aprobación del Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La inversión prevista alcanzó los USD 530 millones.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también se refirió a la medida en su cuenta de X, donde sostuvo que la ampliación del proyecto consolidó a la provincia como un actor clave en el desarrollo del litio y la vinculó con la generación de crecimiento y oportunidades reales.

totocaputo on X (formerly Twitter): “IMPORTANTE: Ampliación del proyecto RIGI FÉNIX en Catamarca El Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto de litio FÉNIX, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. El proyecto cuenta con una inversión de USD 530… / X”

IMPORTANTE: Ampliación del proyecto RIGI FÉNIX en Catamarca El Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto de litio FÉNIX, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. El proyecto cuenta con una inversión de USD 530…

En la misma publicación, agregó: “Esto se traduce en trabajo concreto para nuestra gente: más de 1.100 empleos en la construcción y más de 500 en la operación. Así seguimos consolidando a Catamarca como un actor clave en el desarrollo del litio, generando crecimiento y oportunidades reales”.

En términos productivos la ampliación prevé 9.500 toneladas anuales de capacidad de producción de litio. Ese incremento se tradujo en una proyección de USD 165 millones anuales en exportaciones, un dato relevante para la provincia dentro del esquema minero nacional y para la generación de divisas asociadas al sector.

El anuncio también detalló el impacto laboral esperado. De acuerdo con los datos informados el proyecto generó 1.143 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y 504 empleos en la fase de operación. Esa combinación entre inversión, expansión productiva y demanda de trabajo ubicó a la ampliación de Fénix como un desarrollo de peso dentro de la actividad minera catamarqueña.

El proyecto se localizó en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, uno de los enclaves más importantes del litio argentino. La magnitud del desembolso y el aumento de la capacidad productiva reforzaron la centralidad de la provincia dentro de una actividad que en los últimos años ganó escala en la estructura exportadora del país.

– La minería representa el 8,1% del empleo privado en Catamarca

La aprobación se produjo en el marco del RIGI, el régimen impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos, entre ellos la minería. La ampliación del proyecto Fénix quedó incorporada al conjunto de iniciativas promovidas para canalizar capital privado hacia actividades extractivas con perfil exportador.

En ese mismo contexto, se señaló que las inversiones vinculadas al RIGI superaron los USD 26.000 millones. También se consignó que las exportaciones mineras registraron niveles récord durante el primer trimestre de 2026, en línea con un ciclo de mayor dinamismo para la actividad.

HUMOR por Argüelles​

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2025

Subscribe Now