El Gobierno privatizará 8.600 km de rutas y proyecta un ahorro de USD 5.600 millones
El plan de privatización incluirá la concesión de rutas en 13 provincias, actualmente gestionadas por la empresa estatal Corredores Viales S.A., que acumula un déficit de USD 30 millones. La licitación se llevará a cabo en dos etapas entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.
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El Gobierno de Javier Milei anunció, el pasado 10 de octubre, la privatización de 8.600 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 13 provincias, a través de un proceso de licitación internacional que se realizará en dos etapas. Según planteó el Ejecutivo, la medida busca reducir el déficit fiscal y mejorar la gestión, operación y mantenimiento de las rutas, que actualmente están a cargo de la empresa estatal Corredores Viales S.A., la cual registra un déficit de 30 millones de dólares.
Corredores Viales S.A. administra algunos de los principales tramos viales del país, incluyendo rutas clave en provincias como Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, y accesos importantes como la Autopista Riccheri, que conecta con la Ciudad de Buenos Aires. La empresa estatal, creada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, fue señalada por no cumplir con los estándares mínimos de mantenimiento y operación, según datos del Gobierno. Debido a esta situación, las deudas operativas fueron cubiertas con fondos del Tesoro Nacional, desvirtuando el objetivo del sistema de peajes, que debía ser financieramente autónomo.
El proceso de privatización se estructurará en dos fases. La primera etapa, que comenzará en diciembre de 2024, involucrará la licitación de dos tramos del Corredor 18, actualmente bajo concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuya concesión expira en abril de 2025. Estos tramos incluyen rutas como la RN 12 y RN 14, vitales para el corredor del Mercosur, conectando el litoral argentino con Brasil y Uruguay. La segunda fase, en febrero de 2025, abarcará otros 5.513 kilómetros de rutas gestionadas por Corredores Viales S.A., incluyendo tramos no concesionados previamente, como la RN 33 en Santa Fe y la RN 18 en Entre Ríos.
El Gobierno asegura que esta medida permitirá un ahorro estimado de 5.600 millones de dólares en un período de 20 años. Las empresas que ganen las concesiones solo podrán comenzar a cobrar peajes una vez que las rutas estén en condiciones óptimas de transitabilidad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que el proceso está diseñado para aumentar la transparencia y atraer tanto a empresas nacionales como internacionales, al señalar que este esquema “promueve una mayor competencia y confianza en el sector privado”.
El anuncio de la privatización coincide con un nuevo aumento en los peajes que entró en vigencia el sábado 12 de octubre. Esta suba afecta a las rutas nacionales y a los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como la Autopista Riccheri y el Acceso Oeste. El incremento se suma a los ajustes previos que se aplicaron a lo largo de 2024, en respuesta a la inflación y al índice de salarios, según lo dispuesto por Vialidad Nacional.
El esquema de ajustes tarifarios responde a la necesidad de evitar atrasos en el mantenimiento de los corredores viales, y forma parte de un plan de incrementos hasta fin de año. La medida ha generado críticas en algunos sectores empresariales, que expresan escepticismo debido a la inestabilidad económica actual y las dificultades que podrían surgir en el proceso de privatización. Un empresario del sector vial afirmó que “en este contexto macroeconómico, es muy difícil cerrar cualquier acuerdo financiero, sobre todo por el riesgo país y el control de cambios”.
Entre las rutas involucradas en este proceso destaca el Corredor del Mercosur, actualmente operado por CRUSA. Este tramo es crucial para el comercio internacional de Argentina con Brasil y Uruguay, y atraviesa provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. La empresa CRUSA ha expresado su deseo de renegociar su contrato, aunque el Estado ya lanzó la convocatoria para licitar el corredor. CRUSA también se enfrenta a una disputa legal con el Estado por incumplimientos contractuales, lo que ha complicado su situación financiera.
En paralelo, un consorcio privado compuesto por empresas como Luis Losi S.A., Rovella Carranza S.A., y JCR S.A. mostró interés en hacerse con la concesión de la Ruta del Mercosur. Este grupo ha propuesto una inversión de 650 millones de dólares para mejorar y mantener los 618 kilómetros que conectan Zárate (Buenos Aires) con Paso de los Libres (Corrientes).
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El diagnóstico del economista Federico Pastrana describe un fenómeno que los datos de CP Consultora confirman. Las plataformas digitales funcionaron como válvula de escape frente al desempleo formal, pero esa red de seguridad informal que históricamente contenía el desempleo (Uber, Rappi, Pedidos Ya, etc) se ha saturado y ya no puede cumplir ese rol.
“La destrucción de puestos formales se está acelerando. Un proceso de reconversión productiva, que no produce empleo formal, es una economía que está estancada o cayendo”, afirmó Pastrana, durante una entrevista en el medio radial Radio 10.
El informe del Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (CETyD), publicado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en julio de 2025, advierte explícitamente que este tipo de empleo “no alcanza ni podría alcanzar a contener toda la búsqueda de ocupación” y “amortigua solo transitoriamente el aumento de la desocupación”. La paradoja es que, a medida que más trabajadores expulsados del sector formal se vuelcan a las plataformas, la rentabilidad por viaje o pedido cae para todos.
El caso de Comodoro Rivadavia es ilustrativo, ya que ahí los trabajadores despedidos de la industria petrolera compraron autos para conducir Uber o Didi, pero la saturación de choferes en una ciudad cuya demanda también cae derivó en “menos viajes por menos dinero”, según testimonios de conductores con años de experiencia en el sistema. El mismo fenómeno se replica en todo el país.
La destrucción de empleo formal es sostenida y va más allá de los siete meses mencionados en el artículo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron cerca de 150.000 empleos privados registrados. Solo en 2025, el empleo asalariado total cayó 1% interanual, lo que equivale a 106.200 puestos menos, con el sector privado concentrando 88.800 de esas bajas.
Los sectores más golpeados fueron la industria, que acumuló casi 40.000 empleos perdidos en 2025 y registró su mayor caída en el segundo semestre, y el comercio, que desde mayo de ese año resignó 22.600 puestos. También la minería, que venía impulsando el PIB, destruyó empleo durante la segunda mitad del año, al igual que la intermediación financiera y el agro.
En paralelo, la tasa de desocupación llegó al 7.9% en el primer trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2021, afectando a cerca de 1.8 millones de personas. Para el cuarto trimestre de 2025, el dato subió al 7.5% desde el 6.6% del tercer trimestre.
El dato más revelador es que el empleo registrado total cerró 2025 “sin cambios” en términos netos, pero ese número esconde una transformación profunda. El trabajo independiente creció 3.8%, sumando 104.800 trabajadores, principalmente monotributistas, compensando casi en su totalidad las bajas del sector asalariado. Es decir, los puestos de trabajo de mayor calidad (con aportes jubilatorios completos, aguinaldo y estabilidad) están siendo reemplazados por formas más precarias.
Según el CETyD de la UNSAM, el pluriempleo pasó del 8% en 2013 al 12% en 2024. Una investigación conjunta de ocho universidades nacionales encontró que el 75% de los trabajadores de plataformas los usa como segundo empleo y que la mayoría lo hace “por necesidad”, no por elección. Los ingresos laborales en general se encuentran casi 25% por debajo de los niveles de 2017.
La reforma laboral como respaldo institucional a la precarización
En diciembre de 2025, el gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso el Proyecto de Modernización Laboral, que por primera vez creó la figura del “prestador independiente de plataformas tecnológicas”, excluido expresamente del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto significa que conductores y repartidores no acceden a indemnizaciones, vacaciones, aguinaldo ni licencias médicas. Tal como indica la investigación del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), más de un millón de personas obtienen ingresos de estas plataformas en Argentina, aunque solo una minoría las usa como fuente laboral principal.
Cuando una persona pierde su trabajo formal (con recibo de sueldo, aportes jubilatorios, obra social), normalmente enfrenta dos opciones. Una es registrarse como desocupado o buscar alguna actividad informal que le genere ingresos mientras tanto. La segunda opción se llama “empleo de refugio”, que no se trataría de un trabajo ideal, pero evita caer en el desempleo abierto.
Durante años, las plataformas digitales funcionaron como el refugio moderno y masivo para esos trabajadores. Alguien que perdía su empleo podía registrarse como conductor o repartidor en días, sin requisitos formales, y comenzar a generar ingresos. Esto amortiguaba el impacto social del ajuste económico y mantenía artificialmente baja la tasa de desocupación.
El mecanismo parecía funcionar en 2024, cuando el ajuste macroeconómico de la gestión de Milei comenzó a erosionar el empleo formal, aunque la tasa de desempleo no escaló tanto como se podría haber esperado, precisamente porque muchos trabajadores encontraron refugio en el cuentapropismo y las plataformas.
Pero ese sistema tiene un límite físico. Si hay demasiados conductores para la misma cantidad de pasajeros, o demasiados repartidores para los mismos pedidos, el ingreso de cada uno cae. Y eso es exactamente lo que ocurrió. En base al analista económico Pastrana, la oferta de trabajadores en las plataformas creció tanto que los ingresos reales por viaje o pedido bajaron considerablemente, precarizando el llamado “salario de reserva” —es decir, el mínimo ingreso que un trabajador acepta antes de preferir directamente no trabajar.
Un dato que ilustra la magnitud, es que en diciembre de 2025, un repartidor necesitaba completar 454 pedidos en promedio para alcanzar el costo de la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro personas, según el “índice APP” de la Fundación Encuentro. Cuando el esfuerzo requerido es tan descomunal, el trabajo informal deja de ser un refugio atractivo y se convierte en una trampa de precariedad.
Paralelamente, el empleo asalariado privado registrado —la estadística más confiable y rigurosa del mercado laboral— acumularía siete meses consecutivos de caídas entre mayo y noviembre de 2025. En total, durante 2025 se perdieron más de 106.000 puestos asalariados (-1% interanual), con el sector privado explicando la mayor parte: -88.800 empleos. Si se amplía el horizonte, desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2025 se destruyeron muchos más puestos de trabajo.
Los sectores más golpeados son la industria manufacturera (casi 40.000 empleos perdidos en 2025) y comercio (22.600 puestos desde mayo). Inclusive sectores que se consideraban “ganadores” del nuevo modelo económico —agro, minería e intermediación financiera— comenzaron a destruir empleo en el segundo semestre de 2025.
La trampa del monotributo como válvula de escape
Como se mencionó anteriormente, para compensar la caída del empleo asalariado, el trabajo independiente (principalmente monotributo) creció un 3.8%, sumando 104.800 trabajadores. Esto ocultó la gravedad del problema en las estadísticas globales, porque el total de trabajadores registrados se mantuvo casi igual, pero cambió su composición hacia formas más precarias, sin cobertura médica completa, sin indemnización, sin aportes estables a la jubilación.
Este fenómeno explica por qué la tasa de desocupación del INDEC —que cerró 2025 en 7.5%, contra 6.4% en 2024— no refleja completamente la crisis. Una parte de los desempleados “reales” está encubierta en la informalidad. De hecho, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, con cuatro de cada diez trabajadores fuera del marco legal.
Pastrana establece una comparación con la década de 1990, que también tuvo un proceso fuerte de destrucción de empleo formal. La diferencia clave es el contexto, dado que en los 90´s había crecimiento económico (aunque desigual), lo que generaba capacidad de reabsorción laboral en otros sectores. Hoy, la economía argentina muestra estancamiento. El consumo interno cayó 1.4% interanual en diciembre de 2025, el crédito está paralizado y crece la morosidad. El gasto público cayó a su nivel más bajo en una década (entre 14.4 y 14.5% del PBI), con un recorte de 5.1 puntos porcentuales del PBI respecto a 2023.
Sin motores de demanda —ni consumo, ni gasto público, ni crédito— no hay sectores donde los trabajadores desplazados puedan reinventarse.
El programa económico liberal apostó a que la baja de la inflación —que llegó al 31.5% interanual en diciembre de 2025— recompondría gradualmente el poder adquisitivo y reactivaría el consumo. Pero Pastrana señala una tensión, si el consumo y el gasto público permanecen estancados, “las exportaciones e inversiones deberían crecer a tasas extraordinarias” para mover el PIB.De acuerdo a sus cálculos, una suba del 8% en esos sectores apenas se traduciría en un avance del 1.5% en el PIB total.
Los organismos internacionales son más optimistas. El FMI, el BID y el Banco Mundial proyectan un crecimiento del 3.8% al 4% para Argentina en 2026, atribuido principalmente a la normalización cambiaria, la continuidad del equilibrio fiscal y cierta recuperación de sectores exportadores. Pero más aún en esa estimación, el impacto en el empleo formal llegaría con rezago, y los trabajadores más vulnerables serían los últimos en sentir dicha mejora.
Para que el mercado laboral se estabilice, la baja de inflación debería ser suficientemente rápida y profunda como para recomponer salarios reales, estimular el consumo y generar incentivos genuinos de inversión que creen empleo formal. Sin ese círculo virtuoso, el desempleo seguirá escalando en los próximos trimestres.
El malestar social alcanzó en febrero su peor registro desde que comenzó la serie, hace casi dos años, según el último Índice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital Seúl. El indicador cayó por tercer mes consecutivo y se ubicó en -14 puntos, seis por debajo de enero.
El resultado perforó el piso de -13 puntos que se había registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses más bajos de la medición. Según una de las comparaciones incluidas en el informe, el índice quedó además 11 puntos por debajo de noviembre del año pasado.
De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondió a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificación de los problemas que ya venían siendo detectados. La economía y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganó peso y alcanzó en febrero el nivel más alto de menciones espontáneas de toda la serie.
El estudio también registró un deterioro en las expectativas. Cayó la esperanza respecto del futuro del país y empeoraron las perspectivas económicas, tanto personales como colectivas. Volvió a instalarse la percepción de que “lo peor no necesariamente quedó atrás, sino que aún podría estar por venir”.
La medición de Casa Tres condensó variables como la evaluación del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del país. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el máximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.
El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente más altos entre los jóvenes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconómico. En esos grupos, la conformidad con la gestión resultó superior a la irascibilidad social.
La medición se conoció pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanción de la reforma laboral, y planteó que los logros macroeconómicos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanía que empezó a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el análisis sostuvo que la sociedad pasó de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.
El trabajo también señaló que el oficialismo conservó un núcleo duro de apoyo. Parte de ese respaldo, indicó el análisis, se sostuvo en el “temor al pasado”, identificado como el riesgo de un retorno del kirchnerismo, más que en el entusiasmo con el presente económico. Ese factor operó como un elemento de cohesión para un tercio de la base electoral oficialista.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la ampliación del proyecto de litio Fénix en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, operado por Rio Tinto, luego de que la iniciativa recibió la aprobación del Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La inversión prevista alcanzó los USD 530 millones.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, también se refirió a la medida en su cuenta de X, donde sostuvo que la ampliación del proyecto consolidó a la provincia como un actor clave en el desarrollo del litio y la vinculó con la generación de crecimiento y oportunidades reales.
IMPORTANTE: Ampliación del proyecto RIGI FÉNIX en Catamarca El Comité Evaluador del RIGI aprobó la ampliación del proyecto de litio FÉNIX, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca. El proyecto cuenta con una inversión de USD 530…
En la misma publicación, agregó: “Esto se traduce en trabajo concreto para nuestra gente: más de 1.100 empleos en la construcción y más de 500 en la operación. Así seguimos consolidando a Catamarca como un actor clave en el desarrollo del litio, generando crecimiento y oportunidades reales”.
En términos productivos la ampliación prevé 9.500 toneladas anuales de capacidad de producción de litio. Ese incremento se tradujo en una proyección de USD 165 millones anuales en exportaciones, un dato relevante para la provincia dentro del esquema minero nacional y para la generación de divisas asociadas al sector.
El anuncio también detalló el impacto laboral esperado. De acuerdo con los datos informados el proyecto generó 1.143 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y 504 empleos en la fase de operación. Esa combinación entre inversión, expansión productiva y demanda de trabajo ubicó a la ampliación de Fénix como un desarrollo de peso dentro de la actividad minera catamarqueña.
El proyecto se localizó en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, uno de los enclaves más importantes del litio argentino. La magnitud del desembolso y el aumento de la capacidad productiva reforzaron la centralidad de la provincia dentro de una actividad que en los últimos años ganó escala en la estructura exportadora del país.
– La minería representa el 8,1% del empleo privado en Catamarca
La aprobación se produjo en el marco del RIGI, el régimen impulsado por el Gobierno nacional para atraer inversiones de gran escala en sectores considerados estratégicos, entre ellos la minería. La ampliación del proyecto Fénix quedó incorporada al conjunto de iniciativas promovidas para canalizar capital privado hacia actividades extractivas con perfil exportador.
En ese mismo contexto, se señaló que las inversiones vinculadas al RIGI superaron los USD 26.000 millones. También se consignó que las exportaciones mineras registraron niveles récord durante el primer trimestre de 2026, en línea con un ciclo de mayor dinamismo para la actividad.
El escenario político actual asiste al nacimiento de una estructura que pretende romper la polarización con un pragmatismo inusual. Mientras el oficialismo de Javier Milei sostiene su batalla contra la casta, Consolidación Argentina emerge como un movimiento de confluencia donde sectores que hasta ayer eran antagónicos —como el peronismo bonaerense y la Sociedad Rural— coinciden en una misma necesidad: un liderazgo que no profundice la grieta.
La ausencia de Dante Gebel en el Microestadio de Lanús, justificada por su gira en Guatemala, no fue un vacío, sino una herramienta de instalación. Con la figura del líder espiritual como una marca autorizada por primera vez para la disputa electoral, el despliegue del 18 de marzo funcionó como la presentación formal de un operativo de pinzas: el músculo sindical de la CGT y el diseño técnico de Eugenio Casielles para institucionalizar un proyecto nacional que ya cuenta con terminales en las siete regiones del país.
Rock, mística y un estadio desbordado
El Microestadio de Lanús fue el epicentro de una convocatoria que, por volumen y composición, encendió las alarmas del tablero político tradicional. Desde las 19:00 del miércoles 18 de marzo, el recinto operó a capacidad plena, dejando a varias personas fuera del predio por estrictas razones de seguridad.
La previa no tuvo la estética litúrgica habitual, sino la potencia del rock nacional: la banda “Coverheads”, liderada por Fernando “Carucha” Podestá, recorrió el cancionero popular de Pappo, Charly García, Abuelos de la Nada, Guasones y Los Enanitos Verdes, logrando una conexión directa cuando el vocalista bajó al campo para mezclarse con una multitud que coreaba cada estrofa.
El momento en que se proyectó un video de Dante Gebel.
La escenografía en las tribunas y el campo —dividido estratégicamente para la prensa y los asistentes— revelaba la naturaleza del espacio. Entre carteles que rezaban “Dante Gebel Presidente” y banderas de diversas congregaciones religiosas, se destacó un bloque compacto y ruidoso: la “Militancia peronista” de La Matanza, conducida por Horacio Acosta, que junto a un nutrido grupo de hombres del sector sindical, dejó en claro que la estructura de Consolidación Argentina no se agota en lo espiritual.
Tras el cierre musical, la subida de 50 referentes al escenario y la proyección de un video con reflexiones de Gebel marcaron el inicio formal de una jornada que buscó transformar la popularidad de un comunicador en un proyecto de poder real.
El mosaico de Consolidación Argentina
El desfile de expositores en Lanús no fue una sucesión de elogios vacíos, sino un despliegue de sectores que hoy se sienten huérfanos de representación. El bloque sindical golpeó primero con José “el Vasco” Minaberrigaray(SETIA, textiles), quien denunció la pérdida de empleos y una “zanja” económica que devora a los trabajadores.
En la misma línea, Eduardo Cabello (CGT San Juan) disparó contra la gestión de Javier Milei. Cuestionó la polarización con la “casta” mientras a las familias no les alcanza el sueldo para vivir, y sentenció que Gebel será presidente en 2027.
Minaberrigaray durante su discurso.
La diversidad del espacio se hizo visible con Vanina Leto (Aeronavegantes), quien llamó a terminar con la “violencia ideológica” y la grieta. Este mensaje de concordia fue reforzado por Flavia Martínez (fundación “For Children, unidos por la diabetes”), quien agradeció a los “compañeros” y depositó su esperanza en el líder espiritual.
El componente emocional llegó con Julián Ocampo (exparticipante de “Cuestión de peso”), quien entre lágrimas parafraseó a Gebel resaltando la importancia de “lo importante no es hacer todo bien, sino estar disponible”. Por su parte, el respaldo del deporte de élite lo puso Cristian Bosch, validando los valores del conductor tras 25 años de seguimiento personal.
Finalmente, el cierre de este bloque de representación sectorial lo completó Miriam Müller, dirigente de la Sociedad Rural. Su mensaje de unidad nacional terminó de amalgamar los intereses del campo con los de la industria y los movimientos sociales presentes en el microestadio.
Momentos previos al comienzo formal del evento.
El motor productivo y la arquitectura de Casielles
La visión delsector empresarial PyME la aportó Pedro Bergaglio, quien cuestionó con dureza la situación del entramado industrial. Con un mensaje de identidad nacional, agradeció la masiva presencia de jóvenes y dejó una arenga de esperanza para el futuro del país. Por su parte, Mariano Almada (Secretario de Culto de Córdoba) subrayó la construcción federal de Consolidación Argentina.
El plato fuerte de las exposiciones llegó con Eugenio Casielles, legislador porteño y principal armador del espacio. Exfundador de La Libertad Avanza, el actual legislador porteño fue el orador más extenso y aplaudido por todos los asistentes, especialmente cuando afirmó que no estaban allí por protagonismo personal, sino para transformar la sociedad a través de la política.
Durante su discurso, Casielles reveló la transversalidad de la tropa: aseguró que Consolidación Argentina contiene a dirigentes del PRO, peronistas, kirchneristas, empresarios y referentes sociales. Luego, el legislador sentenció: “hay que buscar a los mejores para cambiar al país”, criticando a los políticos que sólo buscan intereses personales.
Casielles cerró con una confesión estratégica: admitió que, aunque trabaja con Gebel hace sólo un año, quedó convencido de inmediato de la necesidad de este armado. Su mensaje final fue un llamado a la acción para las bases: pidió que todos se encarguen de “convencer” al líder espiritual para que acepte formalmente la postulación presidencial.
Casielles y Brey conversando en el escenario.
El respaldo de Caamaño y la estructura federal
El evento también contó con el aval de figuras de peso que, aunque ausentes físicamente, marcaron presencia a través de la pantalla. Presentada por la conductora del evento como una “gran referente nacional”, luego del video de Gebel se proyectó un video grabado por Graciela Caamañodonde, la ex diputada y esposa de Luis Barrionuevo, apeló a la unidad nacional y cerró su intervención citando a Juan Domingo Perón, un gesto que resonó con fuerza en el sector sindical de la platea. A este respaldo se sumó el del exfutbolista y director técnico Walter Erviti, quien también envió un video apoyando la eventual postulación de Dante Gebel.
Para demostrar que el proyecto ya tiene sustento territorial, Horacio Calculli y Nabila Michitte, coordinadores de la mesa promotora de CABA, presentaron con diapositivas la estructura técnica del partido.El despliegue se divide en siete regiones estratégicas: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, PBA, CABA, Cuyo y Patagonia.
Cada una de estas mesas promotoras ya cuenta con coordinadores designados, lo que otorga a la agrupación un carácter federal inmediato. La institucionalización del espacio busca demostrar que el proyecto de Gebel no es sólo una expresión de deseos, sino una maquinaria política que ya empezó a rodar en todo el país.
El cierre de Brey
La culminación del acto estuvo a cargo de Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes y referente de la CGT. Tras destacar el crecimiento de Consolidación Argentina, el dirigente activó la mística final: bajo su indicación, los asistentes levantaron miles de banderas argentinas dispuestas en las sillas desde el inicio de la jornada.
El sindicalista no ocultó la intención política del gesto al pedir que se grabara para enviárselo a Gebel: “levanten las banderas para que Dante vea esto, pídanle que venga y defina su candidatura”, arengó ante la multitud.
Juan Pablo Brey cerrando el acto.
En su discurso, Brey marcó una fuerte distinción nacionalista al pedir confiar en “lo nuestro” frente a sectores que prefieren “lo que viene de afuera”. Reclamó coordinación para terminar con las grietas y pidió acompañar el proyecto para que el país vuelva a creer en sí mismo.
Con el operativo clamor en marcha y la estructura federal presentada, el encuentro de Lanús dejó planteado un nuevo interrogante en el mapa político. La amalgama entre el músculo de la CGT, el armado técnico de Casielles y la popularidad de Gebel mostró, finalmente, sus cartas de cara a 2027.
La concentración frente al Edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional, comenzó pasadas las 11:00 hs con una columna de 300 personas que, en menos de una hora, se duplicó hasta alcanzar los 700 asistentes.
La convocatoria logró una unidad inédita al congregar a efectivos y retirados de las cinco fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), elevando el conflicto a una crisis de seguridad nacional.
La prensa fotografiando a algunos de los asistentes con carteles.
A pesar de que el edificio fue blindado con vallas preventivas, la jornada transcurrió íntegramente sobre la vereda, bajo la supervisión de un comisario seccional de la Policía de la Ciudad que confirmó la legalidad y el carácter pacífico de la marcha. El “abrazo simbólico” se transformó rápidamente en un foco de resistencia contra el desfasaje económico que asfixia a la familia policial.
La magnitud del conflicto quedó reflejada en una cobertura mediática masiva que incluyó móviles en vivo de Telefé, El Destape, Crónica, C5N, Canal 26, TN y A24, con la presencia de la reconocida periodista Mercedes Ninci.
La prensa fotografiando a dos de los oradores, frente al Edificio Centinela.
Sin embargo, el dato político más crudo fue la ausencia casi total de efectivos. Los familiares y retirados presentes denunciaron que el personal operativo fue obligado a quedarse en las sombras por un miedo real a represalias institucionales, bajo la sospecha de que agentes de inteligencia se infiltraronen la manifestación para identificar y marcar a cualquier integrante de la fuerza que alzara la voz.
Esta atmósfera de persecución coincide con la estrategia del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, desde donde se intentó minimizar la jornada calificándola como una movilización compuesta sólo por “retirados”, ignorando el quiebre interno de los agentes en actividad.
La movilización tuvo su punto de máximo interés desde el momento en que los asistentes entonaron el Himno Nacional, dando luego paso a una serie de cuatro oradores que hablaron a quienes asistieron y a la prensa.
Miguel Montiel junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.
La humillación del uniforme frente a la góndola
El cabo Miguel Montiel, de la Policía Federal Argentina —quien cobró notoriedad por encadenarse recientemente a Casa Rosada—, fue el único efectivo que rompió el cerco de silencio al presentarse uniformado y tomar la palabra como orador. Explicó que sabe que es probable que quieran sancionarlo por asistir a la manifestación y hablar, pero destacó que la situación es de emergencia.
Con nueve años de servicio más su formación, Montiel expuso la cifra que despoja de toda épica al discurso oficial:un sueldo de $800.000 pesos. Esta cifra es la consecuencia directa del último acuerdo salarial del 8% otorgado por el Gobierno, un porcentaje que quedó pulverizado frente a la inflación y que profundizó la brecha con otros sectores productivos.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Miguel Montiel, cabo de la PFA.
La comparación con el sector privado vuelve el dato un agravio institucional. Mientras un efectivo con casi una década de antigüedad y riesgo de vida percibe esa cifra, un empleado de comercio inicial —un joven de 18 años recién egresado de la secundaria que vende ropa en un local— percibe un básico de $1.170.000.
Esta brecha del 45% refleja la degradación de una fuerza que, según denunciaron los presentes, hoy se ve obligada a realizar “changas” de transporte o seguridad informal para que sus familias no caigan bajo la línea de indigencia.
Manifestantes ante el Edificio Centinela. En el centro: Passamonti, Montiel y Danann.
Voces de la familia policial y el compromiso exigido
El carácter de la movilización fue ratificado por Manuel Berro, retirado de Gendarmería Nacional y referente del “Frente Patriótico Patoruzú”, quien enfatizó que no se trataba de un acto político ni partidario, sino de una respuesta de supervivencia. Además, asistió Analía Zabala, referente de la Asociación de Suboficiales Argentinos y viuda de un oficial fallecido.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Emmanuel Danann.
Acompañado por agrupaciones como el “Movimiento Fuerzas Argentinas Unidas” y “Azules Siempre”, Berro invitó a Emmanuel Danann(cuyo nombre real es Manuel Gorostiaga, descendiente del prócer del S. XIX)a tomar la palabrapara visibilizar el pliego de condiciones que las cúpulas oficiales callan.
Danann, quien aclaró que su presencia buscaba apoyar y no apropiarse del reclamo, leyó los puntos centrales: salarios de indigencia y el abandono absoluto de las obras sociales, que ha dejado a miles de familias sin coberturas básicas.
Danann y Berro junto a manifestantes, ante el Edificio Centinela.
Durante su intervención, Danann interpeló directamente al Poder Ejecutivo al recordar que el mandato de cambiovotado por los argentinos incluía la promesa de reivindicar a quienes cuidan a la ciudadanía. En un pedido explícito a Javier Milei, exigió el compromiso de no aplicar sanciones ni persecuciones contra los efectivos que, de diversas formas, apoyaron la visibilización de este estado de emergencia.
Otro de los que hicieron acto de presencia fue Andrés Passamonti, expresidente de la UCeDe de CABA, actual presidente de Alternativa Republicana, y antiguo Director Ejecutivo de la Dirección de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires.
El cierre del bloque de oradores, marcado suceder durante el 2 de Abril, cerró con la reivindicación de la gesta de Malvinas y la defensa de la Patria, reafirmando que el reclamo trasciende cualquier bandera política.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Andrés Passamonti, presidente de Alternativa Republicana.
Bonos de miseria y oportunismo al cierre
El estallido no es un hecho aislado, sino el pico de un malestar que viene escalando desde la falta de respuestas a la equiparación salarial que ya se había manifestado meses atrás. La respuesta oficial, materializada en el Decreto 216/2026, fue recibida con indignación. El bono de $40.000 otorgado por el Gobierno fue calificado por Berro como “el vuelto de los banquetes de los políticos”, una cifra insignificante frente a una canasta básica que ya roza los $1.400.000.
Ante el riesgo de sanciones que pesa sobre los efectivos en actividad, fueron las familias quienes actuaron como escudo; figuras como Victoria Laura Sueldo, esposa de Facundo Romero, prefecto y referente de un reclamo por hostigamiento, falta de tratamiento y expulsión, asistieron a la protesta para visibilizar el colapso de la obra social y la falta de cobertura en tratamientos críticos.
Entrevista exclusiva para Data 24 de Victoria Laura Sueldo, esposa del prefecto expulsado por Frederic.
Hacia las 12:20 hs, cuando más de la mitad de los asistentes ya se había retirado, se registró la presencia de Sabrina Frederic. La exministra de Seguridad de la gestión de Alberto Fernández apareció en escena con un marcado perfil bajo y sin realizar declaraciones públicas.
Su llegada tardía no alteró el espíritu del acto, que concluyó con la advertencia de que la emergencia de las fuerzas federales no se resuelve con parches económicos, sino con la reivindicación real de quienes hoy eligen el silencio para no perder su fuente de trabajo.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ratificó que la provincia recurrirá a la Justicia internacional si avanza la instalación de una planta de combustibles sintéticos de HIF Global en Paysandú, frente a la ciudad entrerriana de Colón, sobre el río Uruguay.
“Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones” dijo durante una reunión de trabajo que encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores.
La empresa estadounidense HIF Global buscó instalar frente a la costa entrerriana una fábrica de combustibles sintéticos en base a metanol generado a partir de energías renovables, en el marco de una inversión prevista como la mayor de la historia de Uruguay.
– La planta HIF Paysandú se desarrollará en cuatro etapas. En su totalidad, el proyecto requerirá una inversión de US$ 5.385 millones y produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año
Frigerio reforzó su rechazo al proyecto al compararlo con un antecedente: En el video que acompañó la publicación, añadió que Argentina no podía repetir aquel “tremendo mal paso”. La referencia apuntó al conflicto que se produjo por la instalación de la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos (Uruguay), luego en manos de UPM (empresa finlandesa UPM-Kymmene), que enfrentó a los gobiernos de Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner y derivó en la reacción de vecinos de Gualeguaychú, que mantuvieron cerrado el puente fronterizo. Aunque desde Entre Ríos remarcaron que el contexto actual es distinto al de los años 2000, las autoridades provinciales buscaron evitar un episodio de características similares.
Durante el encuentro en Colón, el mandatario entrerriano repasó las gestiones realizadas ante autoridades uruguayas. “Tuve cuatro reuniones con el presidente de Uruguay y con los ministros más importantes involucrados en esta temática, tres en Uruguay y una en Argentina. En dos de ellas estuvimos acompañados por el canciller argentino y el embajador en Uruguay, manifestando claramente cuál es nuestra posición“.
También remarcó que, a diferencia de lo ocurrido en el conflicto por Botnia, las gestiones comenzaron antes de que la obra se pusiera en marcha. “No fueron cuando la obra estaba en marcha, estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo“. Y agregó: “Si tenemos que ir a La Haya, vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir”.
Frigerio sostuvo además que se trató de un tema que excedió a la provincia. “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”. Recordó también que durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial dedicó un apartado especial a esta problemática. Reiteró allí la posición oficial.
Junto a las diputadas nacionales Alicia Fregonese y Blanca Osuna, señaló que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encontró en elaboración y que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, ahora incluyó a Colón dentro de su área de análisis.
El intendente de Colón, José Luis Walser, agradeció al gobernador por su presencia y destacó su involucramiento. También valoró la participación de representantes de distintos sectores de la comunidad y sostuvo que el objetivo común fue “defender no solo el desarrollo de Colón, sino también el de la microrregión y de gran parte de nuestra provincia, ante un proyecto que amenaza nuestro desarrollo, nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, nuestro río y nuestra salud“. En ese sentido, agregó que “venimos trabajando para lograr que este proyecto no se localice en ese lugar, que la refinería no se instale sobre el río Uruguay“.
– Noviembre de 2006. Un grupo de vecinos de Gualeguaychú interrumpió el paso internacional que une a esa ciudad con la localidad uruguaya de Fray Bentos, en protesta por la instalación de dos plantas productoras de pasta de celulosa en la margen uruguaya del río
El jefe comunal pidió además que se concretara la Mesa de Cancilleres prometida para este mes, reclamó que los gobiernos nacionales de ambos países “tomen cartas en el asunto” y, en particular, planteó que la Casa Rosada “tenga una postura más firme” y haga respetar lo comprometido en Cancillería respecto de “mantener informados a los gobiernos nacionales, regionales y locales de las acciones que se vayan desarrollando“.
“Uruguay viene, sistemáticamente, realizando acciones o dando pasos en pos de la instalación de esta refinería de manera inconsulta con la Argentina, y nosotros, como país, lo tenemos que marcar“, reclamó Walser.
En noviembre, en una reunión de la que participaron el secretario de Relaciones Exteriores argentino Pablo Quirno, el canciller uruguayo Mario Lubetkin y el propio Frigerio, el funcionario argentino sostuvo que el país no se opondría a la inversión. “Si hay algo a lo que Argentina no se va a oponer nunca es a la inversión“, afirmó Quirno, al señalar que ambos países “necesitan inversión para crecer“.
No obstante, desde la delegación argentina pidieron que se “extremaran los recaudos” para evitar “efectos perjudiciales sobre las actividades preexistentes de las poblaciones ribereñas” que trabajan sobre el río Uruguay. También plantearon inquietudes por la localización de la planta y por la posible “contaminación visual” que podría generar, aspectos que Uruguay incorporó en la fase de análisis del proyecto.
Días atrás, el 13 de este mes, HIF Global presentó ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente uruguayo la Solicitud de Autorización Ambiental Previa de su proyecto de e-combustibles en Paysandú, junto con el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), uno de los últimos permisos pendientes para habilitar la construcción.
Para el desarrollo de la ingeniería y del EsIA, la empresa ajustó el diseño de la planta con el objetivo de “optimizar su integración ambiental y territorial“. Según se informó, redujo la superficie de la planta en un 35%, disminuyó la altura de las antorchas de seguridad y aumentó en un 70% el área de servidumbre ecológica, que alcanzó las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Los dichos del ministro de Defensa chocaron con la interpretación que considera ilegal el hundimiento del crucero, ocurrido a 231 millas marinas de la zona de exclusión. “Estaban en combate”, dijo Presti.
Con billones bajo su gestión, utilizó su poder accionarial para impulsar cambios en gobernanza, clima y diversidad en compañías de todo el mundo para que adoptarán su modelo.
La licitación fue tramitada por la Secretaría de Energía y Ambiente, no por Educación. Además se descartó la oferta más barata, lo que abrió interrogantes sobre los criterios técnicos aplicados y el costo por alumno.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
