El Gobierno lucha contra una “oligarquía ganadera” que no existe

El 70% de los trabajadores es minifundista. Los productores señalan que el concepto de "oligarquía ganadera" es "un relato más entre todos los relatos del Gobierno".
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Desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) señalaron el grave impacto de la prórroga del cierre de las exportaciones. “Lo único que quiere (la casta política) es mantener el tema en la agenda periodística”, señaló el titular de mencionada institución, Miguel Schiariti.

En este sentido, especificó que “Buscan plantear mediáticamente la batalla contra la oligarquía ganadera, sin tener en cuenta que el 70% de los productores ganaderos son minifundistas. Es un relato más entre todos los relatos del Gobierno”.

Tras la medida política, los productores bonaerenses y pampeanos lanzaron un contundente comunicado. Estos trabajadores están nucleados bajo la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), y consideraron que la medida es “incomprensible” y que “provoca que pierdan todos los actores de la cadena cárnica, consumidores, e inclusive el país en su conjunto debido a la disminución de ingresos por exportaciones y por la pérdida de confianza internacional ante los cambios permanentes en las condiciones comerciales”.

Mediante un comunicado, enumeraron las contras de la medida:

  • Pierden los trabajadores de toda la cadena de carne vacuna: los trabajadores de la industria frigorífica, tal como detallo el Sec. Gral. de FESITCAR Gabriel Vallejos en el pasado Consejo Abierto de CARBAP, pierden ya que hay múltiples reportes de suspensiones, reducciones horarias, adelantos de vacaciones y parada de frigoríficos. Ello redunda en pérdidas de ingresos que ronda el 40 % del salario real y de fuentes de trabajo para este sector. También pierden los trabajadores de la cadena bovina que se dedican a la genética, a la cría, a la invernada, al feed lot, al transporte de ganado, a la comercialización, poniendo en riesgo fuentes de trabajo genuino que en la Argentina hoy escasea.
  • Pierden los productores ganaderos: los productores pierden por el impacto en los valores de la hacienda; los consignatarios pierden por el menor volumen de comercialización; los frigoríficos pierden por menor producción y mayores costos.
  • Pierde el consumidor: porque las restricciones hacen caer la producción, y con menor producción los precios de la carne aumentarán. Y a eso hay que sumarle el menor poder adquisitivo de los argentinos por la caída del salario real, con lo cual el consumo de la carne vacuna caerá.
  • Pierde el país en su conjunto: porque por las restricciones se pierden exportaciones por 100 millones de dólares por mes, divisas que Argentina necesita para su movimiento económico. Lo cual ralentiza la economía, sobre todo del interior del país, ya que las restricciones generan menor producción, es decir menor recaudación, menor inversión, menor empleo y menor actividad económica. Pierde el país como proveedor confiable de carne vacuna en el mercado mundial.

“Preocupa la imposibilidad de los funcionarios, encabezados por el mismo presidente de la Nación Dr Alberto Fernández, de revisar y levantar las restricciones, lo cual vuelve a hundir al sector en una instancia de imprevisibilidad, desconfianza, desazón y suspensión y/o migración de inversiones a otros países y actividades. Para una actividad de planificación de largo plazo como es la ganadería, las medidas electoralistas y alejadas de las necesidades reales del país atentan contra su futuro. Perdemos todos, pierde la Argentina”, finalizaron

*Con información de Agrofy News


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El FMI quiere eliminar las ventajas impositivas de Tierra del Fuego

La reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional le sugiere a la Argentina incluye la eliminación de lo que el organismo denomina Excepciones Impositivas de las Zonas Económicas Especiales, dentro de un plan más abarcativo que tiene por intención sumar ingresos al fisco por el equivalente al 3,3% del PBI.

El Régimen Especial de Tierra del Fuego tiene por objetivo favorecer la radicación de industria electrónica. Nació en 1972 en el marco del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y es una de las pocas políticas de Estado que ha venido sobreviviendo desde entonces. 

– Kristalina Gueorguieva, directora gerente​ del Fondo Monetario Internacional desde 2019

No nació con un objetivo económico, sino geopolítico. En la década del 70 la Argentina está en constante tensión con Chile por la delimitación de las fronteras en el sur. De hecho, 7 años después de sancionada la ley, ambos países estuvieron al borde de la guerra por la disputa de las islas Picton, Lennoxn y Nueva, en el canal del Beagle en Tierra del Fuego.

Los militares procuraban asegurar el asentamiento de población argentina en la región para contener un eventual avance de ocupación chileno. El régimen se mantuvo a pesar de que con el paso del tiempo la tensión entre ambos países disminuyó al punto de que en 1998 se terminaron de celebrar los últimos acuerdos fronterizos en Campos de Hielo.

Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional y se convirtió en una provincia más que incluye las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y Antártida. La industria electrónica es una de las principales actividades económicas, junto con el turismo y la pesca de centolla.

De acuerdo con datos del INDEC, cuando nació el régimen la isla tenía una población de 13.527, y en 2022 había crecido a 191.780.

Las empresas industriales radicadas en la zona no pagan IVA, ni Impuesto a las Ganancias, ni pagan derechos de importación para sus insumos, pero ahora compiten con la apertura de la importación de electrónica de extrazona del Mercosur. 

Cuál es el gasto fiscal del régimen

De acuerdo con el documento del FMI, que forma parte del Staff Report de la última revisión, el régimen especial por zona geográfica de la Argentina cuesta 0,4 puntos del PBI.  A eso hay que agregarle otros componentes: las excepciones del IVA representan 1, 2 puntos del PBI y el monotributo, un punto del PBI.

A ello hay que agregar que se propone ampliar la base de tributación del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia hasta un umbral del 20% y “alinear” el monotributo con los aportes del Impuesto que hacen los autónomos. 

En total, el FMI considera que el gasto tributario de la Argentina es grande” y los estima en los 3,5% del PBI. Si se toma un PBI nominal de $847 billones al 31 de diciembre de 2025 y se lo actualiza a fin de 2025 por un crecimiento del 3,5% y una inflación del 25%, el costo del régimen de Tierra del Fuego es de unos $4,38 billones al año. 

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Carlos Lamiral

El FMI cuestionó al INDEC por medir la inflación con datos de consumo de hace 20 años

El Fondo Monetario Internacional sostiene que la canasta de bienes y servicios que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor está “desactualizada” porque aún se basa en patrones de consumo de hace 15–20 años.

Eso implicaría que la importancia que se le da a rubros como alimentos, energía, servicios, alquileres o transporte no coincide con cómo gasta hoy una familia media.

— La Directora Gerente del FMI es la economista búlgara, Kristalina Georgieva

Por ejemplo, hace dos décadas se gastaba más en alimentos y menos en servicios (educación, salud, telefonía, luz, internet, etc.), y si la canasta no se actualiza, el índice puede subestimar o sobrestimar la verdadera presión sobre el bolsillo. Desde 2016 ya se advirtió que usar una encuesta de 2004/05 para 2025 generaba distorsiones, y el FMI insiste ahora en que el atraso metodológico afecta la confiabilidad del dato.

El informe del FMI indica que una nueva metodología para el IPC ya estaba preparada y debería haberse implementado hace más tiempo, pero su aplicación se retrasó en el medio de un proceso de baja de la inflación. Algunos analistas interpretan que el Ejecutivo quiso evitar que el cambio de metodología mostrara una inflación más alta en el corto plazo.

El rediseño ya fue concluido en términos técnicos bajo el titular del INDEC Pedro Lines, aunque su aplicación sigue postergada por una decisión política. En el Estado prefieren evitar cambios en un año electoral, ante el eventual impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y la discusión salarial.

Encuesta de la consultora Zentrix sobre la percepción pública del IPC del INDEC

Desde enero–febrero de este año, el INDEC ya puso en marcha una metodología nueva. Está basada en la Encuesta Nacional de Gastos 2017/18, con más peso en servicios y vivienda y una canasta más cercana a los hábitos actuales. Aunque esto era algo que el FMI reclamaba, el organismo sigue diciendo que el cambio debería haber sido más rápido y que el marco institucional del INDEC sigue siendo débil.

Más allá del IPC, el FMI señala que otros indicadores económicos argentinos (cuentas nacionales, sector externo, etc.) también tienen problemas por usar metodologías anticuadas o pocas fuentes de información. Por eso plantea una reforma institucional: que el INDEC tenga mayor independencia, claridad legal y protección política para que sus datos no parezcan manipulados por el Gobierno de turno.

En la práctica, eso implicaría una nueva ley del INDEC que garantice autonomía técnica, transparencia en la metodología y acceso a datos, además de fortalecer la capacidad estadística del país. El Fondo ofrece asistencia técnica para esta modernización, pero condiciona también la percepción de confiabilidad de las estadísticas argentinas.

El índice de inflación oficial se usa para indexar salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, contratos de alquiler, cláusulas de actualización de tarifas y muchas sentencias judiciales.

Si el IPC realmente se encuentra desbalanceado, puede subestimar la verdadera pérdida de poder adquisitivo y dejar cortos los aumentos de haberes o pensiones. Además, rompe con la confianza en las estadísticas oficiales, ya que el mercado y los actores privados suelen empezar a apoyarse en mediciones alternativas para seguir la evolución de los precios.

El FMI proyecta que la inflación en Argentina cerrará 2026 alrededor del 25% anual, mientras el Gobierno habla de un orden de magnitud notablemente más bajo (de 10,1% en el presupuesto 2026). Esa diferencia de expectativas refleja justamente la desconfianza sobre cómo se mide la inflación y refuerza la presión del FMI para que el INDEC se modernice y se vuelva más creíble.

HUMOR por Argüelles​

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