El Gobierno lucha contra una “oligarquía ganadera” que no existe

El 70% de los trabajadores es minifundista. Los productores señalan que el concepto de "oligarquía ganadera" es "un relato más entre todos los relatos del Gobierno".
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Desde la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) señalaron el grave impacto de la prórroga del cierre de las exportaciones. “Lo único que quiere (la casta política) es mantener el tema en la agenda periodística”, señaló el titular de mencionada institución, Miguel Schiariti.

En este sentido, especificó que “Buscan plantear mediáticamente la batalla contra la oligarquía ganadera, sin tener en cuenta que el 70% de los productores ganaderos son minifundistas. Es un relato más entre todos los relatos del Gobierno”.

Tras la medida política, los productores bonaerenses y pampeanos lanzaron un contundente comunicado. Estos trabajadores están nucleados bajo la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), y consideraron que la medida es “incomprensible” y que “provoca que pierdan todos los actores de la cadena cárnica, consumidores, e inclusive el país en su conjunto debido a la disminución de ingresos por exportaciones y por la pérdida de confianza internacional ante los cambios permanentes en las condiciones comerciales”.

Mediante un comunicado, enumeraron las contras de la medida:

  • Pierden los trabajadores de toda la cadena de carne vacuna: los trabajadores de la industria frigorífica, tal como detallo el Sec. Gral. de FESITCAR Gabriel Vallejos en el pasado Consejo Abierto de CARBAP, pierden ya que hay múltiples reportes de suspensiones, reducciones horarias, adelantos de vacaciones y parada de frigoríficos. Ello redunda en pérdidas de ingresos que ronda el 40 % del salario real y de fuentes de trabajo para este sector. También pierden los trabajadores de la cadena bovina que se dedican a la genética, a la cría, a la invernada, al feed lot, al transporte de ganado, a la comercialización, poniendo en riesgo fuentes de trabajo genuino que en la Argentina hoy escasea.
  • Pierden los productores ganaderos: los productores pierden por el impacto en los valores de la hacienda; los consignatarios pierden por el menor volumen de comercialización; los frigoríficos pierden por menor producción y mayores costos.
  • Pierde el consumidor: porque las restricciones hacen caer la producción, y con menor producción los precios de la carne aumentarán. Y a eso hay que sumarle el menor poder adquisitivo de los argentinos por la caída del salario real, con lo cual el consumo de la carne vacuna caerá.
  • Pierde el país en su conjunto: porque por las restricciones se pierden exportaciones por 100 millones de dólares por mes, divisas que Argentina necesita para su movimiento económico. Lo cual ralentiza la economía, sobre todo del interior del país, ya que las restricciones generan menor producción, es decir menor recaudación, menor inversión, menor empleo y menor actividad económica. Pierde el país como proveedor confiable de carne vacuna en el mercado mundial.

“Preocupa la imposibilidad de los funcionarios, encabezados por el mismo presidente de la Nación Dr Alberto Fernández, de revisar y levantar las restricciones, lo cual vuelve a hundir al sector en una instancia de imprevisibilidad, desconfianza, desazón y suspensión y/o migración de inversiones a otros países y actividades. Para una actividad de planificación de largo plazo como es la ganadería, las medidas electoralistas y alejadas de las necesidades reales del país atentan contra su futuro. Perdemos todos, pierde la Argentina”, finalizaron

*Con información de Agrofy News


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Despidos y decenas de proveedores en la ruina: luego de 60 años, Knorr cierra su fábrica en Mendoza

El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.

La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.

Las razones corporativas del cierre

Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.

En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.

El espejo nacional

El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.

Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.

Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólares en concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.

A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.

*Por Augusto Grinner

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