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La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expidió un comunicado en su página oficial en el cual se calcula cuánto le quitará el Gobierno al campo en concepto de impuestos tras la nueva suba de los combustibles (el cuarto aumento en menos de dos meses y medio).
El Estado extraería unos $9.000 millones extra en impuesto. “Este nuevo incremento que se manifiesta con $6,40 por cada litro cargado en el tanque representa $19.200 millones extra para el sector productivo (si anualizamos su incidencia). Solo tomando este último aumento, el campo aportará anualmente unos adicionales $9.000 millones en concepto de impuestos”.
Mencionada entidad expresó, a través de su Departamento Económico, que la conversión de la abultada cifra a maíz representa “poco más de un millón de toneladas de la presente cosecha y la presión tributaria de ese aumento unas 508.000 toneladas del mismo”.
Además, explicaron que “las subas de precios recurrentes, la actualización obligatoria trimestral por IPC del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y el impuesto al dióxido de carbono, aumentan la presión fiscal recaudada con cada carga y es que, en algunos casos, el 47% de lo pagado en la factura de combustible son impuestos“.
“En un escenario de sequía, con una cosecha que no será la esperada, lejos de menguar, la voracidad fiscal del Estado no parece tener límites, esto es un escalón más de incremento a la cuasi confiscatoria presión tributaria que se ejerce sobre todos los sectores productivos de la Argentina”, finalizaron.
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El Gobierno anunció este martes una nueva baja de aranceles a la importación para 27 bienes de capital que pagaban entre 20 % y 35 %. El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó la medida en su cuenta de X y afirmó: “Continuamos reduciendo aranceles”.
Entre los productos alcanzados incluyó ascensores, ventiladores industriales, máquinas de corte láser, plegadoras y prensas para la industria metalúrgica; depuradores de gases y equipos de limpieza de cañerías para la actividad petrolera; maquinaria para fabricar helados, hornos de panadería, polipastos eléctricos, bombas centrífugas y máquinas de cortar pelo y esquilar.
Con esta decisión, la gestión redujo tributos a 1.081 rubros desde diciembre. Paralelamente, el Ejecutivo publicó el decreto que disminuyó del 16% al 8% la tasa de importación de celulares y recortó los impuestos internos a televisores y consolas de videojuegos del 19 % al 9,5 %. A partir del 15 de enero de 2026 estos equipos quedarán exentos de la alícuota aduanera. También llevó de 9% a 0% los impuestos internos para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego.
Fuentes de la Rosada sostuvieron que los cambios “mejorarán las condiciones de oferta de los bienes de la medida, reducirán los precios de mercado y facilitarán, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.
Caputo también prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 la rebaja de retenciones para la cosecha fina (trigo y cebada), que continuó tributando 9,5% tras haber bajado desde el 12% en enero. La soja, el maíz, el girasol, el sorgo y sus subproductos volverán a tributar los derechos plenos a partir del 1 de julio, cuando se restablecerán las alícuotas vigentes a comienzos de año. El ministro recordó que las exportaciones de estos granos y derivados rondan los US$ 4.000 millones anuales, cerca del 5% de las ventas externas del país.
La Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) respaldó la medida: “Es el camino correcto”, señaló, y consideró “deseable que hagan lo mismo con los granos de la cosecha gruesa” para potenciar la producción y las exportaciones.
El Gobierno derogó el Decreto 71.178 de 1935, que desde hacía casi un siglo regulaba la tipificación, el empacado y la fiscalización de las hortalizas destinadas a la exportación. La decisión quedó plasmada en los decretos 312/2025 y 318/25, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y se publicó ayer en el Boletín Oficial.
Según los considerandos oficiales, la norma derogada “generaba restricciones que hoy resultan anacrónicas” y “se traducía en un obstáculo para la eficiencia en los intercambios y en la gestión estatal”. A partir de ahora, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se limitará a la “policía sanitaria”, mientras que la calidad y el proceso productivo quedarán en manos del mercado.
“Seguimos avanzando en la transformación más profunda de @SenasaAR en décadas”, posteó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario recordó que, con los años, al organismo “se le fue dando el rol de supervisar tres cosas: la calidad de los productos, el proceso productivo y actuar como policía sanitaria”. Y añadió: “Para un gobierno libertario como el que propugna nuestro presidente @JMilei, tanto la calidad como el proceso productivo son dimensiones que valida y evalúa el mercado. Nada tiene que hacer el Estado metiéndose en eso”.
El ministro destacó que el paso previo fue el Decreto 312/25, que “despejó el camino” para una serie de resoluciones —entre ellas la 328/2025— que “barrieron con la locura de un funcionario queriendo dictaminar qué se debe producir” y suprimieron “la habilitación de plantas de empaque” y “todas las disposiciones de calidad y de envasado”.
Sturzenegger relató que la reforma nació del reclamo de un productor mendocino de ajo: “Para autorizarle la exportación le medían el tamaño de las cabezas, prohibiéndole las que eran pequeñas”. Esa experiencia, dijo, evidenció el “absurdo” de una regulación que “gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo”.
El Ejecutivo sostuvo que la eliminación de requisitos “no afectará el estado de salubridad” de los productos, garantía que continuará a cargo del Senasa. “Literalmente dejamos de molestar al productor”, subrayó el ministro, y prometió avanzar “progresivamente y sin pausa” sobre otras normativas del complejo agroalimentario.
Entre los exportadores hortícolas la medida generó entusiasmo por la reducción de “trabas absurdas” y la aceleración de plazos. No obstante, algunas voces advirtieron que la falta de controles sobre los procesos podría dificultar la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales. Con la desregulación, el Gobierno buscó modernizar un marco legal que persistía “desde la era del telégrafo”.
La Jornada Nacional del Agro (Jonagro), organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, reunió a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) para exponer sus estrategias de apoyo al sector productivo. Ante productores y autoridades —entre ellos el presidente de CRA, Carlos Castagnani, y el secretario nacional de Agricultura, Sergio Iraeta—, Frigerio calificó de prioritario “dialogar y pensar en una Argentina a largo plazo, más allá de la coyuntura electoral”.
El mandatario entrerriano recordó que, tras un pedido directo en una exposición rural, destinó el 100 % del impuesto inmobiliario rural a caminos: “Arranqué en una exposición rural y planteé una política que era destinar el 50 % del impuesto inmobiliario rural a los caminos rurales. Un productor me dijo: ‘¿Y por qué no el 100 %?’. Bueno, este año vamos a destinar el 100 %”. Añadió que la provincia eliminó trámites: “Eliminamos la guía, hoy tenemos un documento único de tránsito que agiliza muchísimo los procesos y respeta el tiempo del productor”.
Frigerio afirmó que en 18 meses de gestión mantuvo “más reuniones con los representantes del campo que en los últimos 20 años” y detalló las rebajas impositivas: “Nunca estuvo en la cabeza de los gobernantes aumentar los impuestos. Y de hecho los bajamos. Quitamos a más sectores el tributo de ingresos brutos, un pésimo impuesto. Aumentamos el impuesto inmobiliario por debajo de la inflación, es decir, lo bajamos en términos reales, lo mismo que las patentes”. Recordó que los ingresos provinciales cayeron 23 % en términos reales en 2024 y, aun así, “Hicimos un esfuerzo increíble para que por lo menos una vez el peso de la crisis no recaiga sobre la espalda de los productores”.
Al abordar problemas sanitarios, señaló el “drama compartido con Corrientes, como es el tema de la garrapata” y anunció financiamiento conjunto con el CFI para construir baños de inmersión bovina: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo en la provincia para conseguir financiamiento junto con el CFI, para generar créditos para poder construir los baños indispensables para enfrentar esta problemática”.
En materia nacional, insistió en la eliminación de los derechos de exportación: “Nos hemos puesto al frente varios gobernadores de la lucha contra las malditas retenciones. Esperemos que el gobierno entienda que en este camino y en esta política que han manifestado de darle alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción, no puede haber otra prioridad que bajar las retenciones”. Subrayó que la discusión debe darse sin quebrar el superávit: “El Gobierno está dando la pelea contra el déficit, y eso por lo menos da para un voto de confianza”.
Frigerio remarcó la urgencia de un pacto fiscal federal: “Hoy las provincias son responsables de la salud, la educación, la seguridad, la Justicia y crecientemente la infraestructura. Es necesario sentarnos con el Gobierno y acordar cómo se distribuyen los recursos”. Cerró su intervención convocando a un acuerdo de futuro: “Tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos en una mesa y consensuar un camino, un rumbo de largo plazo”.
En Jonagro, los gobernadores coincidieron en fortalecer el agro con reglas claras y previsibilidad, destacaron la relevancia de la competitividad provincial y defendieron la reducción de la carga tributaria como vía para apuntalar la producción y el empleo.
Kicillof abandonó por completo a los bonaerenses, lo mal que tiene que estar para hacer punterismo político electoral en medio de una catástrofe como la de estos días. https://t.co/lBFBR5foLr
