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La Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expidió un comunicado en su página oficial en el cual se calcula cuánto le quitará el Gobierno al campo en concepto de impuestos tras la nueva suba de los combustibles (el cuarto aumento en menos de dos meses y medio).
El Estado extraería unos $9.000 millones extra en impuesto. “Este nuevo incremento que se manifiesta con $6,40 por cada litro cargado en el tanque representa $19.200 millones extra para el sector productivo (si anualizamos su incidencia). Solo tomando este último aumento, el campo aportará anualmente unos adicionales $9.000 millones en concepto de impuestos”.
Mencionada entidad expresó, a través de su Departamento Económico, que la conversión de la abultada cifra a maíz representa “poco más de un millón de toneladas de la presente cosecha y la presión tributaria de ese aumento unas 508.000 toneladas del mismo”.
Además, explicaron que “las subas de precios recurrentes, la actualización obligatoria trimestral por IPC del Impuesto a los Combustibles Líquidos, y el impuesto al dióxido de carbono, aumentan la presión fiscal recaudada con cada carga y es que, en algunos casos, el 47% de lo pagado en la factura de combustible son impuestos“.
“En un escenario de sequía, con una cosecha que no será la esperada, lejos de menguar, la voracidad fiscal del Estado no parece tener límites, esto es un escalón más de incremento a la cuasi confiscatoria presión tributaria que se ejerce sobre todos los sectores productivos de la Argentina”, finalizaron.
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció una reducción en la tasa de la política monetaria, pasando de un 40% a un 35% de Tasa Nominal Anual (TNA). Este ajuste, además, también se aplicó a la tasa de interés de los pases activos, reduciéndola de un 45% a un 40% de TNA. Según detalló la entidad, estos ajustes buscan estabilizar los precios y ajustar el costo del financiamiento.
Siguiendo el contexto actual de liquidez y la baja en la expectativa de inflación, reflejados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), es que los directivos del Banco Central decidieron tomar esta medida que no se llevaba a cabo desde mayo de este año. Según la estimación realizada por la Fundación Libertad y Progreso, el índice de inflación de octubre estaría en un 2,7%, con una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto a septiembre (3,5%).
Con esta política, la Tasa Efectiva Mensual (TEM) se ubica en 2,92% y la Tasa Efectiva Anual (TEA) en 41,19%. Además, los plazos fijos se ven afectados con esta nueva norma, a pesar de que el BCRA desreguló las tasas mínimas, permitiendo una competencia entre los bancos para captar ahorristas ofreciendo diversas tasas. El promedio de las tasas de plazo fijo se encuentra en 37,45% TNA, algunos bancos ofreciendo hasta un 42%, lo que significa un rendimiento mensual positivo para los ahorristas, ya que supera la inflación estimada.
Otro beneficio de la reducción de las tasas de la política monetaria es que abarata costos de financiamiento en pesos, lo que promueve el crédito en el sector privado, y por lo tanto, más inversión y mayor actividad económica. Mayores posibilidades de financiamiento con una inflación que tiende a la baja promueve un escenario positivo de cara a los próximos meses.
El Gobierno de Javier Milei anunció, el pasado 10 de octubre, la privatización de 8.600 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 13 provincias, a través de un proceso de licitación internacional que se realizará en dos etapas. Según planteó el Ejecutivo, la medida busca reducir el déficit fiscal y mejorar la gestión, operación y mantenimiento de las rutas, que actualmente están a cargo de la empresa estatal Corredores Viales S.A., la cual registra un déficit de 30 millones de dólares.
Corredores Viales S.A. administra algunos de los principales tramos viales del país, incluyendo rutas clave en provincias como Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, y accesos importantes como la Autopista Riccheri, que conecta con la Ciudad de Buenos Aires. La empresa estatal, creada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, fue señalada por no cumplir con los estándares mínimos de mantenimiento y operación, según datos del Gobierno. Debido a esta situación, las deudas operativas fueron cubiertas con fondos del Tesoro Nacional, desvirtuando el objetivo del sistema de peajes, que debía ser financieramente autónomo.
El proceso de privatización se estructurará en dos fases. La primera etapa, que comenzará en diciembre de 2024, involucrará la licitación de dos tramos del Corredor 18, actualmente bajo concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuya concesión expira en abril de 2025. Estos tramos incluyen rutas como la RN 12 y RN 14, vitales para el corredor del Mercosur, conectando el litoral argentino con Brasil y Uruguay. La segunda fase, en febrero de 2025, abarcará otros 5.513 kilómetros de rutas gestionadas por Corredores Viales S.A., incluyendo tramos no concesionados previamente, como la RN 33 en Santa Fe y la RN 18 en Entre Ríos.
El Gobierno asegura que esta medida permitirá un ahorro estimado de 5.600 millones de dólares en un período de 20 años. Las empresas que ganen las concesiones solo podrán comenzar a cobrar peajes una vez que las rutas estén en condiciones óptimas de transitabilidad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que el proceso está diseñado para aumentar la transparencia y atraer tanto a empresas nacionales como internacionales, al señalar que este esquema “promueve una mayor competencia y confianza en el sector privado”.
El anuncio de la privatización coincide con un nuevo aumento en los peajes que entró en vigencia el sábado 12 de octubre. Esta suba afecta a las rutas nacionales y a los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como la Autopista Riccheri y el Acceso Oeste. El incremento se suma a los ajustes previos que se aplicaron a lo largo de 2024, en respuesta a la inflación y al índice de salarios, según lo dispuesto por Vialidad Nacional.
El esquema de ajustes tarifarios responde a la necesidad de evitar atrasos en el mantenimiento de los corredores viales, y forma parte de un plan de incrementos hasta fin de año. La medida ha generado críticas en algunos sectores empresariales, que expresan escepticismo debido a la inestabilidad económica actual y las dificultades que podrían surgir en el proceso de privatización. Un empresario del sector vial afirmó que “en este contexto macroeconómico, es muy difícil cerrar cualquier acuerdo financiero, sobre todo por el riesgo país y el control de cambios”.
Entre las rutas involucradas en este proceso destaca el Corredor del Mercosur, actualmente operado por CRUSA. Este tramo es crucial para el comercio internacional de Argentina con Brasil y Uruguay, y atraviesa provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. La empresa CRUSA ha expresado su deseo de renegociar su contrato, aunque el Estado ya lanzó la convocatoria para licitar el corredor. CRUSA también se enfrenta a una disputa legal con el Estado por incumplimientos contractuales, lo que ha complicado su situación financiera.
En paralelo, un consorcio privado compuesto por empresas como Luis Losi S.A., Rovella Carranza S.A., y JCR S.A. mostró interés en hacerse con la concesión de la Ruta del Mercosur. Este grupo ha propuesto una inversión de 650 millones de dólares para mejorar y mantener los 618 kilómetros que conectan Zárate (Buenos Aires) con Paso de los Libres (Corrientes).
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.