El Gobierno dilapida fondos públicos en un concurso musical
Se hará efectivo el cumplimiento del "cupo femenino y trans" y será de carácter obligatorio destinar al menos un 30% de los premios a los grupos liderados por mujeres y un 1% para los artistas travestis, transexuales y transgénero.
10 Years Experiences
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El Centro Cultural Kirchner inició la convocatoria para el concurso de música “suban” que cerrará su inscripción a jóvenes mayores de 18 años el 24 de julio. La idea del mismo, es promover la industria musical nacional y popular, e incentivará la inscripción y promoción otorgando $120.000,00 a 30 participantes que serán evaluados por cinco jurados.
De esta forma, el valor del concurso asciende a $3.600.000,00 sin tener en cuenta los pagos que recibirán los jurados, dado que no es especificado en informe presentado por Nación, pero si detallan que los fondos destinados a este concurso serán extraídos del presupuesto del ministerio de Cultura.
“Las distintas expresiones musicales emergentes y alternativas de todo el país están atravesadas por diversas realidades sociales y culturales que se consolidan en el sello distintivo de cada una de ellas. Es por ello, que se convoca a participar a los/as artistas, bandas y/o grupos musicales de todo el país que representen en sus repertorios y composiciones nuevas miradas tanto musicales como narrativas; con un fuerte sentido federal, diverso e inclusivo”, expresan desde de Cultura”.
Crear un usuario y validar la cuenta en el REGISTRO FEDERAL DE CULTURA del Ministerio de Cultura de la Nación, en el sitio somos.cultura.gob.ar
Presentarse como solista o integrar un grupo musical de máximo 6 personas
Presentar una canción de cualquier género que haya sido subida a la plataforma de música Spotify y/o Bandcamp
Y está destinado únicamente a ciudadanos argentinos que presenten su DNI o, en su defecto, constancia del documento en trámite.
En cuanto a los participantes, se hará efectivo el cumplimiento del “cupo femenino y trans” y será de carácter obligatorio destinar al menos un 30% de los premios a los grupos liderados por mujeres y un 1% para los artistas travestis, transexuales y transgénero, según argumenta el artículo 8.
Finalmente, luego de la evaluación de los jurados, los 30 ganadores serán notificados y serán premiados con económicamente con $120.000,00 y además, “participarán de la programación en el CENTRO CULTURAL KIRCHNER como un espacio de promoción, difusión y comunicación”.
Los concursos recientes
Desde Nación se lanzan concursos con la intención de incentivar diversas áreas aunque siempre con un claro enfoque en Cultura y Diversidades. Tal es así el caso de los últimos concursos lanzados este último mes, como por ejemplo: El concurso por el Día del Futbolista que constó en la creación de esculturas de Diego Armando Maradona. En este evento argumentaron que debía homenajearse a Maradona por ese icónico gol (contra Inglaterra) y también a la figura del futbolista por estar “comprometido con las causas populares y la cultura de nuestro país”. En este caso solo se seleccionó a un ganador y se le otorgará la suma de $350.000,00.
También, desde el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades se promovió un concurso de canciones para “erradicar la violencia de género”. En esta oportunidad las obras ganadoras fueron 25 y cada una recibió un premio de $30.000,00.
Algunos de los fragmentos de las canciones ganadoras decían:
“Cuerpos que rompan los espejos que están en la mente, (desobedientes, valientes), cuerpos que salgan a tomar por asalto las tapas, (las calles, los talles, las playas), cuerpos reales que destronen los ideales, (esos que alimentan los males) y esta cumbia sabrosa es para cuerpos que gozan.”
“Por qué aferrarse al asiento si tus pies quieren bailar, si tu voz quiere cantar y que se la lleve el viento“.
“Soy la machona, flor de los cardos, hembra de nadie, mujer de tango“.
“En las coplas ya se escucha, la caja empieza a sonar, somos las voces de muchas que no pudieron callar“.
El discurso de la “nueva política” y la superioridad moral de La Libertad Avanza enfrenta su hora más oscura en la provincia de Buenos Aires. El foco de la tormenta se posa sobre Sebastián Acuña, quien fuera designado para liderar la rama juvenil del partido en territorio bonaerense. Lejos de representar una renovación, Acuña arrastra un prontuario de militancia en el peronismo que la cúpula partidaria decidió ignorar al momento de otorgarle la lapicera.
Acuña admitiendo ser “orgullosamente peronista”
Sin embargo, lo más grave no es su genealogía política, sino las graves acusaciones que pesan sobre su integridad. Según registros y testimonios, Acuña estaría involucrado en una serie de episodios de presuntos acoso que incluirían el envío de mensajes inapropiados a menores de edad. La acusación adquiere una dimensión institucional sistémica al trascender que el dirigente habría utilizado su posición de poder para ofrecer cargos públicos y lugares privilegiados en la estructura partidaria a cambio de favores sexuales.
Estas denuncias exponen una matriz de comportamiento que la militancia mileísta solía denunciar en las filas del kirchnerismo. El caso de Acuña no parece ser un hecho aislado de conducta privada, sino la consecuencia directa de un armado territorial que, en su afán por llenar casilleros, terminó por importar las peores prácticas de la denominada “casta” peronista.
Tuit de la designación de Acuña como coordinador de la juventud de LLA en PBA
Violencia armada y pasado barrabrava en PBA
El entramado territorial en el conurbano bonaerense, específicamente en la estratégica Tercera Sección Electoral, expone una de las contradicciones más crudas de la estructura liderada por Sebastián Pareja. El coordinador de esta zona, Fabricio Martínez, no es un cuadro formado en las ideas de la libertad, sino un personaje cuya trayectoria está ligada al kirchnerismo y a la militancia de choque de Guillermo Moreno, caracterizada por métodos de acción directa que hoy conviven con la retórica oficialista.
Cuando el coordinador de LLA, Fabricio Martínez, militaba a Guillermo Moreno.
Martínez, identificado como mano derecha de Pareja y asiduo acompañante de altas figuras del Ejecutivo en actos públicos, carga con un historial que desafía cualquier filtro de idoneidad. En 2022, su vehículo personal fue blanco de un ataque de 35 disparos, un episodio vinculado a las internas del submundo político bonaerense. Lejos de ser un hecho aislado, en 2023 protagonizó otro incidente de gravedad al efectuar disparos desde el interior de un colectivo.
Con un pasado vinculado a las barrabravas y sin registrar actividad laboral formal desde el año 2007, su ascenso a la coordinación de una sección electoral clave demuestra que, para el armado bonaerense, el prontuario y la capacidad de despliegue territorial pesan más que la propuesta.
Sebastián Pareja y Fabricio Martínez juntos, en un acto de LLA.
Esta lógica de reclutamiento se extiende a figuras con representación en el Congreso, como es el caso de la diputada nacional Andrea Vera. Hija de Ramón “Nene” Vera, suinscripción en el PJ bonaerense comandado por Máximo Kirchner no fue impedimento para ocupar una banca nacional en nombre de la libertad.
El esquema se completa con personajes como Agustín Álvarez, quien realizó un salto sin escalas desde la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois a la coordinación de la agrupación del “Nene” Vera. El patrón es innegable: en la Tercera Sección, el cambio no es una cuestión de ideas, sino de reciclar fuerzas de choque y militancia del kirchnerismo y el peronismo ortodoxo.
Álvarez con GraboisÁlvarez con Vera
El caso de Tigre es, quizás, el más obsceno. Diversas investigaciones y el comportamiento legislativo posterior confirmaron que el armado local de LLA fue una concesión directa a Malena Galmarini y Sergio Massa. No fue una coincidencia: en las PASO y las Generales de 2023, la boleta de Milei fue cuidada en el conurbano por fiscales del kirchnerismo, bajo la orden de garantizar que el libertario creciera lo suficiente como para dañar a Juntos por el Cambio.
Galmarini y Massa
Esta simbiosis electoral explica por qué, tras el triunfo, la estructura de LLA en distritos como Pilar y San Martín se transformó en un apéndice del oficialismo K. En Pilar, los concejales libertarios votaron a favor del “impuestazo” del intendente Federico De Achával, mientras que en San Martín el bloque mileísta se mostró funcional a la gestión del kirchnerista Fernando Moreira, sucesor de Katopodis.
Esta realidaddesarticulala narrativa que la militancia de redes. La fábula de que “los kukas en el partido son culpa exclusiva de Sebastián Pareja” se cae por su propio peso: Pareja sólo opera en la provincia de Buenos Aires, pero el patrón de reciclaje de cuadros peronistas, comunistas y massistas se repite de forma federal —desde Formosa hasta el Gabinete nacional con Daniel Scioli—. El silencio absoluto de la militancia tuitera ante el rol de Karina Milei, jefa directa de Pareja y armadora nacional, evidencia un blindaje selectivo. El engaño a la militancia rasa fue total: mientras ellos fiscalizaban con esperanza, la cúpula firmaba listas donde la “casta” se aseguraba la continuidad bajo el ala del león.
Sebastián Pareja con Sebastián Acuña, el coordinador de la juventud de LLA
El mapa del reciclaje
La supuesta limpieza de la política argentina se transformó en un operativo de reciclaje a gran escala. A continuación, el detalle de algunos delos nombres dekirchneristas y comunistas que la militancia de redes intenta ocultar, pero que hoy manejan las cajas y las bancas de La Libertad Avanza:
· Santiago Viola(nacional): Apoderado del partido y Viceministro de Justicia. Fue el abogado defensor de la familia de Lázaro Báez en la Causa Vialidad. Su salto de defender al cajero del kirchnerismo a manejar la Justicia nacional es la contradicción ética más grave del Gobierno.
· Daniel Scioli(nacional): Ex vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador de Buenos Airescon CFK, candidato presidencial del kirchnerismo en 2015 y funcionario de Alberto Fernández hasta fines de 2023. Tras décadas de ser el emblema del sistema, hoy ocupa un lugar de privilegio en el Gabinete libertario como Secretario de Turismo y Ambiente.
Alberto Fernández, Daniel Scioli y Nicolás Maduro.
·José “Pepe” Scioli(nacional): Fue el armador político y jefe de campaña de Daniel Scioli durante sus años en el Frente para la Victoria, presidiendo la Fundación DAR, el “think tank” que diseñaba las políticas públicas del kirchnerismo de cara a 2015. Actualmente, opera como un operador en las sombras dentro de la estructura libertaria, coordinando vínculos políticos que el oficialismo prefiere no publicitar.
· Nicolás Scioli(nacional): Fue vicepresidente del Grupo Provincia durante la gestión de su hermano en Buenos Aires y funcionario de carrera del sciolismo kirchnerista. En la actualidad, ha dejado la función pública directa para convertirse en un armador territorial de LLA en la Zona Norte (especialmente en Tigre), donde incluso ha inaugurado locales partidarios junto a Daniel Scioli, promoviendo el “cambio” bajo el sello de Milei en distritos clave.
· Leila Gianni (nacional / PBA): Hasta noviembre de 2023 apoyaba abiertamente a Sergio Massa; en apenas semanas, pasó de la militancia kirchnerista a ser la cara mediática de Capital Humano y ahora representante legislativa del mileísmo en La Matanza.
Leila Gianni militando a Néstor y Cristina, hoy referente y concejal de LLA en La Matanza.
· Gerardo Werthein (nacional): Excanciller. Fue un aliado estratégico del kirchnerismo: en 2011 apoyó públicamente la reelección de Cristina Kirchner y su holding creció bajo el amparo de las concesiones estatalesdurante la gestión K.
Tuit de Werthein apoyando a Cristina Fernández en el “vamos por todo” del 54%, en 2011.
· Guillermo Francos (nacional): Se desempeñó como representante de la Argentina ante el BID durante la gestión deAlberto Fernández, cargo al que renunció para sumarse al equipo de Javier Milei. Tras haber ocupado la Jefatura de Gabinete de Ministros, actualmente ejerce como Asesor Ejecutivo del Gobierno Nacional, manteniendo su rol de estratega y articulador político en la mesa chica de la Presidencia.
Francos junto a Eduardo “Wado” de Pedro, fundador de La Cámpora
· Yanina Martínez(nacional): Ex subsecretaria de Turismo. Fue el máximo exponente de la continuidad albertista dentro de La Libertad Avanza, ocupando el mismo cargo que tuvo durante toda la gestión de Alberto Fernández hasta su eyección del Gobierno en enero de 2025.
Martínez caminando abrazada a Alberto Fernández
· Pilar Ramírez (CABA): Legisladora porteña, presidente de LLA de CABA y figura de máxima confianza de Karina Milei. Fuefuncionaria del gobierno de Alberto Fernández hasta mediados de 2022 y, apenas meses después, ya revistaba en las filas de LLA. Se le señala por su cercanía histórica con el entorno de Julio De Vido y Mariano Recalde, habiendo sido funcionaria kirchnerista entre 2008 y 2016 en Aerolíneas Argentinas.
Mariano Recalde (fundador de LLA), Alessandra Minnicelli (esposa de Julio De Vido) y Pilar Ramírez (presidente de LLA de CABA)
· Andrea Freguia(CABA): Legisladora porteña de LLA. Su currículum político la ubica como ex asesora y jefa de despacho de la exsenadora nacional kirchneristaMaría Laura Leguizamón, confirmando que la “casta” legislativa solo cambió de despacho.
· Ramón “Nene” Vera(PBA): Diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Histórico dirigente del kirchnerismo bonaerense, incluso candidato, que hoy funge como uno de los pilares del armado oficialista en el conurbano.
Vera en su candidatura a intendente K, 2019
· Andrea Vera(PBA): Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires e hija de Ramón Vera. Su origen político está directamente ligado al PJ bonaerense de Máximo Kirchner, partido al que estuvo afiliada hasta poco antes de “hacerse libertaria”.
Alejandro Carrancio(PBA): Diputado provincial y pieza clave del armado de Sebastián Pareja. Proviene del Frente Renovador de Sergio Massa, donde fue concejal en Mar del Plata. Tras años de articular con el kirchnerismo local, hoy es el encargado de negociar con la política tradicional bonaerense bajo el sello de la “libertad”.
Carrancio muy feliz junto a Sergio Massa
· Lilia Adela Bolukalo Lemoine(PBA): Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y flamante presidente de la Comisión de Juicio Político. Se hicieron públicas sus declaraciones celebrando el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, admitiendo ser socialista, votante de Luis Zamora, elogiando a Myriam Bregman, pidiendo que ganara un presidente socialista, e incluso insultando a Agustín Laje por “ser muy de derecha”.
Lemoine admitiendo ser pro-CFK, socialista, pro-aborto y más
· Pablo Ansaloni(PBA): Diputado Nacional con un extenso recorrido por el sindicalismo y el Partido Fe. Fue diputado del kirchnerismo hasta 2023.
· Manuel Quintar(Jujuy): Diputado Nacional que ingresó a las listas libertarias tras un largo recorrido por el kirchnerismo jujeño, donde fue candidato y también alguiencercano a Milagro Sala.
Quintar junto a Milagro SalaHistoria de Quintar y su candidatura K
· Lisandro Almirón(Corrientes): Diputado Nacional por Corrientes, dirigente con pasado en múltiples armados de la política correntina que, siendo concejal kirchnerista hasta 2023, encontró en el sello de Milei la vía para instalarse en el poder nacional.
Malena Galmarini (esposa de Massa) y AlmirónFlyer de la candidatura K de Almirón
· Atilio y Pablo Basualdo(Formosa): El primero, Diputado Nacional yex intendente kirchnerista; el segundo (su hijo), intendente de Las Lomitas. Ambos provienen del riñón directo de Gildo Insfrán, el gobernador más cuestionado por el propio Milei durante la campaña.
Atilio Basualdo y Gildo InsfránAtilio Basualdo y Gildo InsfránPablo Basualdo y Gildo Insfrán
· Cristian Castellano(Formosa): Ex referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Partido Comunista Revolucionario, perteneciente a Unión por la Patria. Un cuadro de extrema izquierda que encontró refugio en LLA como plataforma de oportunidad, candidateándose como diputado provincial, pero alejándose de LLA en marzo de 2026.
Castellano entrevistado por Canal 7 de FormosaCastellano con la remera de la CCC
· Diego Hartfield (Misiones): Diputado nacional. El extenista se sumó a LLA tras un pasado de militancia kirchnerista: en 2015 fue candidato a concejal suplente por el Frente Renovador de la Concordia, dentro del Frente para la Victoria. Existen registros de él haciendo la “V” con los dedos y criticando duramente a Mauricio Macri por la represión de piquetes, evidenciando un perfil ideológico opuesto al que hoy dice representar.
Diego Hartfield cuando expresaba que “Perón Vuelve”
· Tomás Ise Figueroa(Santiago del Estero):Presidente de LLA en su provincia y excandidato a Senador nacional. Antes de ser el referente libertario local, fue el segundo mayor aportante privado de la campaña deAlberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019 con una cifra que, ajustada por inflación, hoy equivale a casi $83.000.000. Además, fue asesor de Gerardo Zamora y del kirchnerismo durante varios años.
Figueroa aportando $1.778.400 en 2019 a CFK; hoy serían casi $83 millones
· Sonia Limache(PBA): Referente de LLA de Quilmes que, meses antes de ser ungida por LLA, se mostraba en videos y fotos con Mayra Mendoza y Axel Kicillof.
Limache caminando abrazada a Mayra Mendoza
· Sebastián Pareja(PBA): Senador provincial y armador central de LLA en Buenos Aires. Pese a ser el arquitecto del espacio en el distrito, su pasado lo ubica financiando al kirchnerismo: en 2011 fue aportante oficial de la fórmula Cristina Kirchner – Amado Boudou. En aquel entonces aportó $1.000, una cifra que, ajustada por inflación a valores de hoy, representaría aproximadamente $500.000.
El aporte de Pareja a la campaña de Cristina Fernández y Amado Boudou
Este inventario de nombres, que abarca desde la estratégica Buenos Aires hasta los rincones más profundos del interior federal, termina con la mentira del “error de armado”.No es una infiltración accidental ni una falla de Sebastián Pareja, quien sólo tiene jurisdicción en territorio bonaerense.
El hecho de que personajes con estos prontuarios ocupen cargos en el Gabinete nacional y en provincias donde Pareja no tiene poder de decisión, confirma que se trata de un plan de ocupación sistémico. Es una política de reciclaje diseñada y avalada por la conducción nacional de La Libertad Avanza —comandada por la hermanísima, Karina “El Jefe” Milei—, que utilizó la esperanza de la militancia como combustible para devolverle el poder a la misma “casta” que prometió combatir.
La “tábula rasa” como salvoconducto para los mismos de siempre
La Libertad Avanza llegó a las elecciones generales de 2023 con una promesa que resonó en todo el país: “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”. Sin embargo, tras el resultado de octubre, esa máxima fue descartada en favor de una supervivencia política inmediata que aplicó un giro de 180º, pasando a proponer lo opuesto a lo prometido. Para justificar el desembarco masivo de cuadros que hasta horas antes eran enemigos acérrimos (como la Bullrich que Milei llamaba “terrorista asesina de niños”), el oficialismo aplicó —y distorsionó— la expresión de “tábula rasa” (que, en filosofía e historia, no describe un “borrón y cuenta nueva”).
En la práctica, la “tábula rasa” no fue un llamado a la unidad nacional, sino un “indulto” arbitrario para que militantes y ex funcionarios de Alberto y Cristina Fernández, barrabravas, abusadores, comunistas y massistasse pusieran la peluca sin rendir cuentas por su pasado. Se utilizó un concepto filosófico para blanquear lo que, en términos llanos, es un travestismo de la casta hacia la nueva caja estatal.
Bullrich, semanas antes de convertirse en la “Súper Ministra”
La trampa institucional
Para el votante que hoy se siente estafado, la realidad institucional ofrece un panorama desolador. Existe una confusión generalizada sobre el poder de remoción de los cargos electivos: a diferencia de un funcionario designado por decreto —a quien se puede remover con una firma—, a un diputado, senador o concejal no se lo puede “echar” por haber mentido sobre su ideología o por volver a sus raíces peronistas apenas asume.
Una vez que un candidato cruza el umbral de la elección, la banca le pertenece al individuo y no al partido. La cúpula nacional, con Karina Milei a la cabeza, era plenamente consciente de esto: sabían que una vez adentro, el daño al electorado sería irreversible, pero el beneficio para la estructura de poder sería total. El engaño se completó usando el eslogan de la “Argentina distinta” para pavimentar el regreso triunfal de “los mismos de siempre”.
En los primeros días de mayo, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, suspendió por 90 días el programa alimentario MESA, aplicó una suba del 11,6% en las tarifas de colectivos y quedó bajo cuestionamientos por el gasto millonario en pauta oficial.
Mediante la Resolución 842/2026, firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, la provincia suspendió el MESA a partir del 1° de mayo de 2026. La decisión, presentada oficialmente como un “reordenamiento del gasto”, afecta directamente a más de 2 millones de familias bonaerenses.
– El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque
El gobierno provincial argumentó que la medida responde a la “caída de transferencias nacionales” y al aumento sostenido en el precio de los alimentos. También aclaró que el Servicio Alimentario Escolar (SAE) continuará funcionando, es decir, los chicos seguirán comiendo en el colegio, pero las familias ya no recibirán la caja mensual para llevar a casa.
La medida generó una fuerte lluvia de críticas incluso dentro del peronismo. Según varios medios, La Cámpora apuntó contra Kicillof y los intendentes peronistas, especialmente de los distritos más golpeados socialmente, mostraron preocupación abierta. Mario Ishii, intendente de José C. Paz, expresó su preocupación por el “colapso” en su distrito. Un grupo de intendentes marchó incluso al Ministerio de Capital Humano de la Nación en busca de la asistencia de Sandra Pettovello.
“En diciembre de 2024 el gobernador quería comprar Aerolíneas Argentinas; en mayo de 2026 suspende la asistencia alimentaria a más de 2 millones de bonaerenses”, comparó la situación con ironía desde la oposición, el diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical (UCR) Diego Garciarena.
– El cartel que le dejó Pettovello a los intendentes que le reclamaron
En paralelo, el Ministerio de Transporte provincial confirmó que desde el 4 de mayo de 2026 los colectivos urbanos provinciales (líneas numeradas desde el 200) y municipales aplicaron un aumento en el boleto general.
Este porcentaje resultó notoriamente superior al 5.4% que aumentaron los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires el mismo mes. La diferencia se debe a que la provincia sumó un cargo adicional para compensar la suba de más del 23% en el precio de los combustibles.
Hasta una distancia de 3 kilómetros, la tarifa con SUBE nominada sería de $918. Para recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el valor asciende a $1.023. En trayectos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.101, mientras que para distancias de 12 a 27 kilómetros la tarifa será de $1.180. En tanto, los viajes de más de 27 kilómetros tendrán un costo de $1.259.
Para quienes viajan con SUBE sin registrar, los valores se duplican aproximadamente, llegando a más de $2.100 por el tramo mínimo.
La pauta oficial
El elemento polémico de esta discusión es el gasto en publicidad oficial. De acuerdo con un relevamiento periodístico, el Ministerio de Comunicación Pública de la provincia distribuyó $57.565 millones en publicidad oficial durante 2025. Otras fuentes elevan esa cifra a $58.300 millones, con un incremento del 63% real respecto al año anterior.
Los principales medios beneficiados fueron C5N (con $6.970 millones), el Grupo Olmos, Clarín, América y El Destape, entre muchos otros. Esta cifra representa el corazón de la crisis actual, ya que si la provincia dice no tener recursos para sostener el MESA (que costaba entre 28.000 y 30.000 millones mensuales), ¿cómo destinó casi el equivalente a dos meses del programa solo en publicidad a lo largo de 2025?
El MESA nació durante la pandemia de COVID-19, cuando las escuelas cerraron y los comedores escolares dejaron de funcionar. La idea era que si los chicos no podían ir a comer al comedor, que la caja de alimentos llegase a sus casas.
Cuando volvió la presencialidad, el programa no se eliminó sino que se mantuvo como complemento del SAE. En la práctica, consistía en entregar mensualmente una caja o bolsón con alimentos secos a las familias de alumnos en situación de vulnerabilidad que asisten a escuelas públicas bonaerenses. Era, en palabras del propio Kicillof cuando lo lanzó en 2022, “la columna vertebral de la asistencia alimentaria en la provincia”.
Históricamente, el programa costaba el 40% lo financiaba el gobierno nacional, pero desde que asumió el presidente Javier Milei ese aporte se cortó y la provincia debió cubrirlo sola.
La Unidad de Información Financiera (UIF) restringió el acceso público a las resoluciones de sanciones antiguas luego de un pedido formal del Banco Hipotecario, entidad presidida por Eduardo Elsztain. La decisión, revelada por elDiarioAR, implicó que desde el lunes pasado dejaran de figurar en el buscador principal los textos completos de multas firmes con más de cinco años de antigüedad, que hasta la semana anterior podían consultarse online sin restricciones.
El cambio no eliminó esos antecedentes del sitio oficial, pero sí les quitó visibilidad. Ahora, las sanciones más viejas quedaron relegadas a un apartado secundario bajo la leyenda “Acceso al registro histórico de sanciones”. Allí solo aparece el listado, sin enlace para abrir cada resolución. Quien quiera conocer el contenido de esos expedientes debe iniciar un trámite formal por la vía de acceso a la información pública.
La modificación tuvo un efecto concreto sobre el propio Hipotecario. Entre las sanciones que dejaron de estar disponibles en forma abierta quedó la multa firme aplicada al banco en 2019, que ya no aparece con el mismo nivel de exposición que tenía hasta hace unos días. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a ese punto: evitar que resoluciones antiguas, fácilmente localizables a través de buscadores de Internet, siguieran generando un daño reputacional ante inversores o actores del sistema financiero internacional.
Desde el Ministerio de Justicia, que controla la UIF, defendieron la medida con un argumento preventivo. Según la explicación citada por citado medio, se decidió “ajustar la información publicada” para evitar futuros planteos vinculados al llamado “derecho al olvido” y eventuales reclamos por daños y perjuicios. La cartera está a cargo de Juan Bautista Mahiques, quien llegó al puesto por impulso de Karina Milei, en medio de la interna oficialista y del avance de causas sensibles para el Gobierno.
En términos jurídicos, la modificación no altera el valor de esas sanciones antiguas. Antes y después del cambio, las multas con más de cinco años de antigüedad seguían funcionando como antecedente para inspecciones del organismo, aunque ya no podían utilizarse para agravar nuevas sanciones. El punto sensible pasa por otro lado: la exposición pública de esos castigos y su impacto sobre la imagen de las entidades alcanzadas.
Ese aspecto no es menor en materia de prevención del lavado. La publicidad de las sanciones también opera como castigo reputacional, un componente especialmente valorado por los estándares internacionales. En países como la Argentina, donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales por lavado casi no aparecen, esa dimensión adquiere todavía más peso.
Por eso el tema se conecta con las observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a sus miembros no solo por el diseño formal de sus normas, sino también por la eficacia real de sus mecanismos de control. En ese frente, la Argentina ya arrastra otros puntos de tensión: la elevada rotación en la conducción de la UIF durante la gestión de Javier Milei, con cuatro jefes en poco tiempo, uno de los cuales ni siquiera llegó a asumir, y la postulación de Matías Álvarez, impulsado por Mahiques, que todavía debía atravesar la audiencia pública correspondiente. A eso se suma el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal, que relajó el control antievasión tributaria, pero no el antilavado.
La decisión de restringir el acceso a las resoluciones antiguas no fue adoptada por Álvarez, sino por el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, identificado con la línea de Santiago Caputo, hoy en retroceso dentro de distintos organismos del Estado. Tampoco surgieron objeciones desde el Ministerio de Justicia ni desde el entorno de la Secretaría General de la Presidencia.
El movimiento se produjo, además, en un contexto de cercanía política y personal entre Milei y Elsztain. Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato libertario se alojó en el Hotel Libertador, propiedad del empresario. Ese mismo año ambos viajaron juntos a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, referente espiritual del movimiento Jabad Lubavitch.
Según la investigación de elDiarioAR, no trascendieron negocios estatales directos que hayan favorecido a las empresas de Elsztain durante la administración libertaria. De todos modos, el empresario conserva un peso específico en el mundo financiero y corporativo. A través de firmas como IRSA y Cresud, además, avanzó en inversiones mineras en San Juan y Salta, dentro de un sector beneficiado en términos generales por los cambios sobre la Ley de Glaciares, aunque sin precisiones oficiales sobre el impacto puntual en cada proyecto.
El nuevo esquema de publicación también dejó expuesta una inconsistencia en el criterio aplicado por la UIF. En la sección de sanciones todavía visibles figuran antecedentes de BBVA de 2023, pero también aparecen casos anteriores al supuesto corte de cinco años, como Galicia, cuya sanción es de 2010, y Macro, con una resolución de 2020. En cambio, dentro del archivo histórico y ya sin acceso al detalle quedaron Patagonia con una multa de 2018, Supervielle con una de 2014 y Comafi con una de 2018.
*Con información de elDiarioAR (Alejandro Rebossio)
Victoria Villarruel evita por ahora hablar de candidaturas mientras su construcción política empieza a moverse en territorio bonaerense. En el noroeste de la provincia tomó forma un armado que promueve a la vicepresidenta de cara a 2027.
Ya acumula dirigentes que hasta hace poco orbitaban en La Libertad Avanza. Las paredes de Junín, por ejemplo, ya exhiben pintadas con la leyenda “Victoria Villarruel 2027” y el espacio tiene estructura en formación, con conversaciones avanzadas “con más de 50 concejales” y dirigentes libertarios “marginados” del karinismo en toda Buenos Aires.
El artífice visible del armado en la Cuarta Sección Electoral es Norberto Delgado, un dirigente cuya última experiencia política en la región fue junto al camaleónico Florencio Randazzo. “Tengo toda la Cuarta Sección, parte de la Segunda y hoy estamos jugando en primera línea. Soy el referente de Victoria en la Cuarta y en Junín“, afirmó, entrevistado por el diario La Verdad. “La idea es trabajar para que Victoria pueda llegar (al 2027)”, agregó Delgado.
El dato más concreto del avance fue la incorporación de Javier Souto, quien en las elecciones de 2023 fue el candidato a intendente de La Libertad Avanza en Junín y logró ubicarse como tercera fuerza en el distrito. “Hemos tenido reuniones con él y vamos a trabajar para que Victoria tenga el mejor acompañamiento”, confirmó el armador de la Cuarta. La llegada de Souto implica el desembarco de una figura con recorrido electoral reciente dentro del universo libertario, alguien que ya midió fuerzas en las urnas y que ahora se suma a este nuevo espacio.
La incorporación de Souto tuvo una resonancia local inmediata. La concejal juninense BelénVeronelli responde políticamente al dirigente recién sumado y ya venía marcando distancia del armado local referenciado en Sebastián Pareja. Veronelli, durante las últimas elecciones legislativas, denunció el ofrecimiento de cargos a cambio de pautas publicitarias en medios locales, un episodio que dejó heridas abiertas y dividió en el espacio libertario del distrito bonaerense.
– La denuncia de Veronelli, 17 de agosto de 2025
Los silenciosos sucesos son la expresión local de una fractura que se expande por toda la provincia. “Siempre han venido de arriba, después te venden la lista y todos los que trabajamos de buena fe nunca llegamos”, disparó Delgado con precisión quirúrgica. En su entorno reconocen que tanto él como Souto atravesaron situaciones similares, lo que explica, en parte, el nuevo alineamiento.
En otros distritos, el clima es similar. El concejal Saúl Lucero, de Azul, llegó a graficar el malestar con una imagen cruda: “Pasamos a ser leones de circo, obligados a actuar como ellos quieren.”
El armado de Delgado, con todo, no viene sin matices. Desde la Cuarta Sección hay dirigentes con llegada a Villarruel que no descartan una futura incursión electoral bajo su nombre, pero que se despegan del nuevo espacio y advierten que la representatividad territorial es “autoproclamada”. El lanzamiento formal todavía no se produjo: “Se va a hacer después del mundial”.
“Evidentemente se va a armar un frente”, anticipó, y marcó las condiciones del juego: “Victoria está abierta al diálogo con todos, menos con los corruptos o quienes estén a favor de la corrupción.” En cuanto a posibles alianzas, no descartó acercamientos con el PRO o con sectores del peronismo federal. Y sobre los obstáculos por venir, fue directo: “Sabemos que van a venir ataques de todos lados, pero vamos a sostener este camino.”
Hay voces que desmienten conversaciones de ese tenor. Desde el bloque dialoguista de Unión y Libertad, los dirigentes Carlos Kikuchi y Sergio Vargas salieron a desmentir versiones sobre un acercamiento con Villarruel. “No hubo ninguna conversación”, aseguró Kikuchi, y ratificó la construcción de un espacio propio junto a Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.
El armado territorial coincide con un dato que en la política libertaria miran con incomodidad. Un estudio reciente de Zuban Córdoba ubicó a Villarruel con una potencialidad de voto del 31,7%, por encima del 31,4% registrado por Javier Milei. Es la primera vez que la vicepresidenta supera al Presidente en ese indicador.
Quienes conversan con la vice aseguran que no tiene apuro en definir posiciones electorales. “Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca”, deslizó una fuente con acceso a su entorno. Silencio calculado y crecimiento por contraste.
Ese perfil diferenciado se expresa también en gestos que tienen una traducción política inmediata. Villarruel se ausentó de la misa oficial en la Basílica de Luján en homenaje al Papa Francisco para no aparecer en la foto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Era un acto donde estaba lo peor de la casta política”, lanzó ante la prensa a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio.
Otro nombre que orbita en torno a este escenario es el del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien se mostró recientemente junto a Villarruel. La vicepresidenta visitó el distrito el 2 de abril pasado con motivo del acto por Malvinas. Sin embargo, desde el entorno del jefe comunal aclararon al medio La Política Online que Britos no tiene nada que ver con el espacio lanzado en Junín.
El intendente chivilcoyano fue el Plan A de Milei para la candidatura a gobernador en 2023 pero su negativa derivó en que finalmente fuera Carolina Píparo. Ahora, el excomisario mantiene un diálogo abierto con la vicepresidenta. En el distrito admiten que Britos no descarta jugar en 2027 en un armado con Villarruel, con una condición que sus allegados mencionan sin rodeos: esa posibilidad se cae por completo si la vice se acerca a Mauricio Macri.
La lectura política que Delgado hace del escenario nacional es la que, a su criterio, explica por qué el armado tiene combustible. “Este gobierno se desgastó. La gente no llega a fin de mes, no puede pagar un alquiler o los medicamentos. Eso lo vemos los que estamos en la calle”, sostuvo.
*Con información de La Verdad y La Política Online
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) presentó un informe que proyectó el impacto productivo, exportador y fiscal de una eliminación gradual de los derechos de exportación sobre el agro argentino. Según el trabajo de los expertos, el campo podría sumar 2,2 millones de hectáreas sembradas hacia 2036, elevar la producción total a 182,6 millones de toneladas y alcanzar exportaciones por US$50.500 millones anuales.
El estudio, titulado “¿Qué efectos tendría la eliminación de los derechos de exportación sobre la producción, las exportaciones y la recaudación fiscal en Argentina?”, fue publicado el 24 de abril y elaborado por Tomás Rodríguez Zurro, Franco Ramseyer, Emilce Terré y Julio Calzada.
El análisis se basó en el modelo AGMEMOD, una herramienta de proyección adaptada al caso argentino
El informe comparó dos escenarios hasta la campaña 2035/36. El primero mantuvo constantes las condiciones vigentes para la producción, con el esquema actual de derechos de exportación. El segundo evaluó una reducción gradual de retenciones en dos años, hasta su eliminación total a partir de 2028.
Rodríguez Zurro explicó que AGMEMOD es “un modelo de equilibrio parcial para proyectar las principales variables del agro en distintos países”. Se trata de una metodología utilizada por la Comisión Europea para evaluar su política agraria común, que la BCR adaptó a las particularidades de nuestro país. “Pensemos en el doble cultivo, en las cepos o limitaciones cuantitativas a las exportaciones, las retenciones, la brecha cambiaria. Todas esas particularidades los incluimos al modelo para básicamente proyectar a 10 años cómo podría evolucionar la producción argentina bajo distintos escenarios”.
En el escenario constante, el área sembrada crecería de 39,9 millones de hectáreas a 41,1 millones entre 2026 y 2036, mientras que la producción total pasaría de 134,6 millones de toneladas a 165,9 millones. En cambio, con eliminación de derechos de exportación, el área alcanzaría 43,4 millones de hectáreas en 2036, lo que implicaría 2,2 millones de hectáreas adicionales y una mejora del 5,4% frente al escenario base.
En materia exportadora, el complejo agroindustrial exportaría 14,1 millones de toneladas adicionales en 2036 bajo el escenario sin retenciones. El valor anual de las exportaciones pasaría de US$44.100 millones con derechos de exportación constantes a US$50.500 millones sin retenciones, una diferencia de US$6.400 millones.
El análisis fiscal planteó una pérdida inicial para el Estado nacional por la eliminación de los derechos de exportación, pero también proyectó una compensación posterior por dos vías. La primera sería directa, a partir de una mayor base imponible del Impuesto a las Ganancias y del impuesto a los Débitos y Créditos. La segunda sería indirecta, por la expansión de la producción, la inversión y la actividad económica.
El Estado nacional obtendría un resultado neto positivo desde el cuarto año de la eliminación. A partir del ciclo 2029/30, la recaudación nacional total sería superior en el escenario sin retenciones que en el escenario base. Hacia 2036, la Nación recaudaría US$296 millones adicionales frente al esquema con alícuotas constantes.
Rodríguez Zurro explicó que el aumento de la recaudación nacional tendría como uno de sus canales principales el Impuesto a las Ganancias. “Más o menos, para tener un número de referencia en la cabeza, hacia el 2036, si todo continúa igual, o sea, en el escenario base, la recaudación por impuesto a las ganancias rondaría los 3.500 millones de dólares en todos los productos en su conjunto, mientras que ante una eliminación, ganancias aportarían más de 8.000 millones de dólares por el aumento en la base imponible”.
El especialista también mencionó el impacto del impuesto al cheque. Según sostuvo, el productor tendría un ingreso bruto mayor y también costos de explotación más altos por el incentivo a invertir y mejorar rindes, lo que elevaría la recaudación por ese tributo.
El informe incorporó además el efecto sobre las provincias. La BCR sostuvo que resultarían beneficiarias desde el inicio, ya que los derechos de exportación no son coparticipables y su eliminación no les quitaría una fuente directa de ingresos. A la vez, la mayor actividad económica ampliaría la base imponible de Ingresos Brutos y Sellos, además de elevar la recaudación por vía indirecta.
En 2036, las provincias recaudarían US$989 millones adicionales en el escenario de eliminación de derechos de exportación respecto del escenario base. Con la recaudación nacional y provincial consolidada, el punto de quiebre fiscal se alcanzaría en 2028, apenas un año después del inicio de la reforma.
El único año con pérdida neta consolidada sería 2027, cuando la primera reducción de alícuotas generaría un costo de US$153 millones. Desde 2028, año de la eliminación total, la mayor recaudación por Ganancias, Débitos y Créditos, Ingresos Brutos, Sellos y otros tributos derivados de la actividad económica superaría la pérdida por derechos de exportación.
Para 2036, la recaudación consolidada de Nación y provincias superaría al escenario con retenciones constantes en US$1.286 millones anuales.
Rodríguez Zurro señaló que la eliminación de retenciones también tendría efectos sobre la compra de insumos, la contratación de servicios, la renovación de maquinaria, la inversión en construcción, otros negocios y la actividad portuaria.
El informe de la BCR cerró con una definición sobre el costo fiscal de la transición. “El único año con pérdida neta de recaudación consolidada es 2027”, indicó el trabajo, antes de señalar que, hacia el final del período analizado, la recaudación consolidada sería superior en el escenario sin derechos de exportación. “El costo de transición es marginal y temporal, mientras que los beneficios son permanentes, crecientes y se distribuyen entre todos los niveles de gobierno”, concluyó el trabajo de la BCR.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la ciudad de Buenos Aires. La agenda del encuentro incluyó el estado de la infraestructura vial, las finanzas provinciales y la reducción de impuestos distorsivos.
Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia del litoral, con especial atención en las obras ya iniciadas y en aquellas pendientes de finalización. Entre ellas, se destacó la situación de la ruta nacional 18, considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de Entre Ríos.
En materia de finanzas provinciales, ambos funcionarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar los recursos destinados a saldar la deuda de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Entre Ríos. Además, se evaluó la chance de recibir un anticipo de coparticipación tanto para la provincia como para los municipios que lo requieran.
– Frigerio junto al flamante director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina
En el plano fiscal, Frigerio y Caputo coincidieron en la necesidad de avanzar en un acuerdo coordinado entre Nación, Provincia y municipios para eliminar impuestos considerados distorsivos, con el objetivo de aliviar la carga sobre el sector productivo.
La reunión con Caputo se produjo días después de que el gobernador se reuniera con Karina Milei y Diego Santilli, y en el marco de la alianza electoral que, según adelantó Frigerio la semana pasada, se ratificará el año próximo con el gobierno nacional.
Esa misma jornada, el mandatario provincial participó de la cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que bajo el lema “Crecer o crecer” reunió a más de 1.000 dirigentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo y los organismos internacionales.
Sin hablar todavía de candidaturas, la vicepresidenta empieza a ordenar una construcción propia en territorio bonaerense, con base en Junín, conversaciones con concejales y el respaldo de dirigentes que quedaron heridos por el manejo de las listas libertarias.
Un tribunal de Bolivia lo declaró en rebeldía tras su ausencia sin justificativo. La acusación sostiene que durante su presidencia mantuvo una relación con una menor de edad y tuvo una hija con ella en 2016; la Fiscalía acumula más de 170 pruebas y 39 testigos contra el exmandatario.
El referente liberal arremetió contra la gestión de Riquelme tras la eliminación ante Huracán y cuestionó la falta de títulos, el armado del plantel y la conducción institucional del club.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse