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Este lunes el ministro Martín Guzmán anunciará la reactivación de un bono similar al IFE, que será de $18.000 para los trabajadores informales, los monotributistas, y a los jubilados que cobren haberes mínimos se les adjudicará un bono de $12.000.
A diferencia del IFE que se distribuyó en pleno confinamiento estricto, esta vez, alcanzará a muchos menos beneficiarios.
Guzmán, junto con el ministro de Desarrollo Social y el ministro de Trabajo, con el aval directo del Ejecutivo, anunciarán una serie de distintos beneficios para reforzar el tan golpeado bolsillo del trabajador de bajos recursos. Los detalles de las medidas aún se desconocen, sin embargo ya trascendió el monto de los bonos
Tras conocerse la inflación del mes de marzo (6,7%) el gobierno busca apaciguar las aguas con los más afectados, la clase media-baja. Es por ello, que se reunieron junto a gremios y empresarios para acordar un adelantamiento de las negociaciones paritarias de más de 20 sindicatos.
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Hace una semana, el Gobierno habilitó a la AFIP para que le exija a las empresas Rappi y PedidosYA que registren a 300 mil empleados-que actualmente son monotributistas- para obtener las cargas sociales (según la AFIP por valor de $7500 millones).
“Pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a las plataformas digitales de delivery, en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización”, justificó AFIP.
Es decir, el ente gubernamental alega que los repartidores de las empresas de delivery son empleados en relación de dependencia y que al no ser registrados, están escapando a las responsabilidades que les toca como empleador y perjudicando al trabajador al no poder otorgarles ciertos beneficios.
Ante este apriete impositivo, las firmas están analizando irse del país
“La AFIP sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales. Las empresas que administran las apps sostienen que los repartidores son autónomos y monotributistas y por lo tanto cada uno paga sus respectivos aportes“, explicó una fuente que responde a las empresas.
“El número repartidores es cambiante, porque el autónomo puede entrar o salir del sistema cuando lo desee. Pero las empresas lo tienen estimado y, en total, las personas que encuentran una salida laboral mediante las apps de delivery son aproximadamente 300.000”, detalló.
Si las empresas se adaptan a las exigencias de la AFIP, “este modelo desaparece, y por eso que en muchos países no lo reglamentan, como en Francia, España, Italia y otros”, sumó. En tanto, las compañías de delivery apelarán al fuero Contencioso Administrativo Federal y ante el Tribunal Fiscal.
En su declaración, la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) ha señalado que “las dificultades en la adquisición de insumos del extranjero han alcanzado un nivel crítico que está provocando una paralización en las operaciones del sector”.
Este organismo —que representa a más de 65 pequeñas y medianas empresas nacionales— informó que se han visto forzados a suspender la producción de embutidos cocidos, secos y frescos. La situación pone en peligro el empleo de miles de trabajadores en el sector, así como en actividades relacionadas, desde los mataderos hasta los transportistas y distribuidores.
Martín de Gyldenfeldt, gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha)
Caicha ha informado que, en las últimas semanas, el gobierno ha implementado nuevas restricciones para evitar la salida de divisas destinadas al pago de deudas con proveedores extranjeros. “A pesar de que se han otorgado a lo largo del año aprobaciones para los permisos de importación conocidos como Siras, la realidad es que en la actualidad, la posibilidad de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se ha vuelto casi inalcanzable“, señaló Martín de Gyldenfeldt, gerente de la cámara. “La paciencia de los proveedores de insumos básicos importados se está agotando. Muchos de ellos ya no desean abastecernos, y no existen proveedores locales que puedan sustituirlos. En algunos casos, se han tenido que reprogramar los pagos al exterior en más de dos ocasiones, y nadie sabe cuándo se podrán cumplir los compromisos asumidos”, agregó.
La Caicha considera que esta problemática afecta prácticamente a todo el sector privado. Expresan su lamento por la falta de transparencia del gobierno al aprobar importaciones sin contar con las reservas de divisas necesarias.
“En los últimos meses, hemos observado cómo han surgido numerosos eufemismos para evitar reconocer la escasez de dólares. Términos como ‘Inconsistencia 46, 47 o 49’, ‘capacidad económica financiera (CEF) en cero’ y ‘SIRAS sin fecha’ son solo algunos ejemplos de ello. Esperamos que nuestra petición al menos ayude a obtener cierta visibilidad en cuanto a los flujos de pago futuros. Preferimos la verdad a la situación actual, en la que no solo no podemos cumplir con los pagos, sino que el gobierno pone en duda nuestra palabra al tiempo que devalúa nuestra moneda”, concluyó Gyldenfeldt.
“Tomamos nota del anuncio del Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en el que asegura que liberará las SIRAs pendientes para todas las pymes industriales en Argentina. Queremos creer que así será. Sin embargo, la tradicional sucesión de promesas incumplidas por parte de las administraciones gubernamentales, sin importar su orientación política, nos mantiene alerta en nuestra función de representar la producción industrial y advertir sobre los riesgos inminentes a los que nos enfrentamos”, resaltaron.
Un notable grupo de asociaciones rurales convocó a la protesta debido a la falta de suministros. La escasez de combustibles impide que los trabajadores del agro puedan llevar adelante con normalidad sus tareas: Se estima que el campo consume alrededor del 30% del gasoil del país. Los representantes de las organizaciones exigen que el gobierno “arbitre los medios para solucionar esta gravísima situación que afecta a los productores y, en el corto plazo, también a los consumidores de bienes provenientes del sector”.
Al comunicado, emitido por la Federación Agraria Argentina, se le anexan la Asociación Regional de Productores de Areco, la Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto, la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco y la Asociación de Productores Rurales de Arrecife.
“Los genios del desabastecimiento, primero de vacunas (Perdón… ¡Para ellos sí!) Insumos médicos, o artículos de primera necesidad en las ciudades para toda la comunidad ahora se le suma el combustible. La vida económica paralizada, y las máquinas y tractores sin poder trabajar”, sentenciaron.
La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (AIEPBA) informó que unas 200 escuelas privadas —con y sin aporte estatal— de esa provincia enfrentan dificultades financieras críticas, otros 30 establecimientos educativos se mantienen en riesgo de cierre.
Los niveles de morosidad, aseguran, ronda el 25% en promedio. La incertidumbre y la crisis agrava la preocupación de los privados de cara al ciclo electivo 2024. Un considerable número de colegios privados bonaerenses nucleados en AIEPBA —integrada por aproximadamente 10.000 alumnos, 1.100 docentes— señalaron que “lamentablemente venimos advirtiendo esta situación antes de las vacaciones de invierno. Hicimos un relevamiento y marcó que cientos de colegios están con seria dificultades económicas y financieras”. Durante los últimos días, dos colegios del conurbano anunciaron que cerrarán sus puertas el año que viene por éstas razones, afectando, con su medida, a más de 1.000 familias bonaerenses.
Conmoción en la comunidad educativa tras los cierres
Ayer, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires informó un nuevo aumento del 11% que se verá impactado en la cuota de noviembre.
Según los relevamientos de la entidad, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023 la inflación fue del 311%, los incrementos salariales que se dieron en paritarias acumularon 364%, mientras que los aranceles subieron 268%. El último incremento fue autorizado en septiembre y fue de un 5,4% sobre la cuota de agosto y a esto debió sumarse una autorización previa realizada por el gobierno bonaerense del 9% —14% para dos meses con inflación más alta—.
“La actividad privada tiene inconvenientes para obtener insumos. Es la incertidumbre de los últimos días. No saben cómo reponer la mercadería y muchos otros casos no entregan, porque no tienen insumos para fabricar”, señaló el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.
AUDIO: Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción
Además, admitió que el rubro es el que más se ve afectado cuando hay políticas de ajuste y, en opinión de Weiss, seguramente “habrá un ajuste fiscal. No importa quién gobierne”. Sobre el panorama actual, el titular del organismo se mostró preocupado por la dificultad de obtener financiamiento para las obras a causa de la inflación: “El ánimo es puntualmente bueno. Hubo una inversión de infraestructura importante. Es difícil ejecutar obras con esta inflación y un ajuste que parece inevitable”.
La cautelosa liberación de dólares para procesos de importación sigue generando problemas para los importadores argentinos. Ante la falta de pagos que esto genera, los productores de bananas de Bolivia y Paraguay anunciaron que dejarán de enviar la fruta a Argentina hasta que puedan regular la situación.
Esta respuesta por parte de los países vecinos podría generar desabastecimiento de bananas en el país. En total, las empresas nacionales adeudan 10 millones de dólares a los productores paraguayos y otros 12 millones de dólares a los bolivianos.
De acuerdo a lo que explicaron los voceros del conflicto a los medios, la decisión de no vender más banana a la Argentina no se trata únicamente de una medida comercial. En total, aseguran, hay más de 2500 familias afectadas y la cadena de calor está paralizada debido a la falta de pagos.
Por ello, a modo protesta, los productores se acercaron a la embajada argentina en Asunción y regalaron parte de su producción de manera simbólica, para demostrar que es prácticamente lo mismo regalar su producto que venderlo sin cobrar a Argentina. Los afectados exigen el pago de 10 millones de dólares.
Una manifestación similar se vivió en Boliviva, donde los productores denunciaron dificultades para percibir los pagos que viene desde hace varios meses. De hecho, durante una manifestación realizada la semana pasada en la capital del país, los productores afirmaron que no recibieron “ni un solo dólar desde agosto” por parte de los argentinos.
Por ello, ambos países pidieron al ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que libere los dólares y permite a los importadores realizar los pagos correspondientes.
El liberal consiguió la ansiada victoria pese a tener todo el aparato estatal oficialista en su contra. El presidente electo de La Libertad Avanza se impuso por más de 10 puntos y con con más del 55% de los votos.
