El campo y la industria se unen para crear 210.000 empleos y generar más de 100.000 millones de dólares

La cadena agroindustrial y la UIA presentaron un proyecto de reactivación que plantea exportar USD 100 mil millones.
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La coalición de entidades que recientemente conformaron la denominada Cadena Agroindustrial y la Unión Industrial (UIA) confirmaron este jueves que están trabajando de manera conjunta en un proyecto orientado a reactivar la economía post-pandemia.

La iniciativa que ambas instituciones se encuentran redactando se basa principalmente en la generación de puestos de trabajo genuino a partir del aumento de las exportaciones (en 2019 se exportaron productos agroindustriales por 65.000 millones de dólares).

“Tenemos claro que la única salida para que la Argentina pueda crecer es a través del aumento de las exportaciones”, dijo a La Política Online Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y representante, a su vez, de la UIA.

“El plan que estamos trabajando es ambicioso dado que plantea una reactivación económica, federal, inclusiva y sustentable”, comentó Cifarelli. “La agroindustria tiene un papel preponderante en todo lo que a exportaciones se refiere”, agregó.

Uno de los actores claves en esta unión, además de Cifarelli, fue Miguel Acevedo. El titular de la UIA es a su vez presidente de la compañía agroindustrial Aceitera General Deheza (AGD) y fue uno de los que organizó la reunión virtual de este jueves.

Acevedo remarcó la necesidad de reducir la presión impositiva a los sectores productivos como puntapié inicial para el plan de reactivación económica entre la UIA y las más de 40 instituciones que conforman la flamante Cadena Agroindustrial.

Cabe mencionar que las exportaciones de bienes argentinos, integradas mayormente por productos agroindustriales, se encuentran estancadas desde el año 2014. En 2020, claro está, se registrará una caída en los envíos al exterior como consecuencia del Covid-19.

En el encuentro por zoom, Gustavo Idígoras, director ejecutivo de CIARA-CEC, opinó que “los empresarios y los sindicatos son actores claves para recuperar al país con la exportación con valor agregado como condición necesaria para salir de la crisis”.

“La respuesta al desempleo urbano está en la reactivación del agro en el interior”, aseguró Idígoras, para luego mencionar que “el Estado debe brindar condiciones macroeconómicas promocionando el empleo, la producción y las exportaciones”.

En rigor, el plan entre la UIA y la Cadena Agroindustrial tiene bastantes similitudes con el que le presentó esta semana Coninagro al ministro de Agricultura Luis Basterra. En el rubro exportaciones se plantea un aumento a 100.000 millones de dólares por año.

Las estimaciones planteadas en el proyecto indican que el sector cárnico, por ejemplo, podría aumentar sus exportaciones 1.600 millones de dólares, al tiempo que la industria aceitera y la molienda de trigo podrían generar 4.000 millones de dólares extras.

En cuanto al empleo, la iniciativa habla de crear 700.000 puestos de trabajo durante los próximos cinco años. Solo los rubros cereales, oleaginosas y forrajeras podrían contratar unas 110.000 personas, mientras que la carne vacuna generaría 15.000 trabajos más.

Este viernes se realizó una conferencia de prensa en la cual, no solo se presentó el plan “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal”, sino también la coalición de instituciones que conforman la cadena agroindustrial (un conglomerado similar a la UIA pero con representantes del campo).

*Fuente: La Política Online


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El FMI cuestionó al INDEC por medir la inflación con datos de consumo de hace 20 años

El Fondo Monetario Internacional sostiene que la canasta de bienes y servicios que usa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para calcular el Índice de Precios al Consumidor está “desactualizada” porque aún se basa en patrones de consumo de hace 15–20 años.

Eso implicaría que la importancia que se le da a rubros como alimentos, energía, servicios, alquileres o transporte no coincide con cómo gasta hoy una familia media.

— La Directora Gerente del FMI es la economista búlgara, Kristalina Georgieva

Por ejemplo, hace dos décadas se gastaba más en alimentos y menos en servicios (educación, salud, telefonía, luz, internet, etc.), y si la canasta no se actualiza, el índice puede subestimar o sobrestimar la verdadera presión sobre el bolsillo. Desde 2016 ya se advirtió que usar una encuesta de 2004/05 para 2025 generaba distorsiones, y el FMI insiste ahora en que el atraso metodológico afecta la confiabilidad del dato.

El informe del FMI indica que una nueva metodología para el IPC ya estaba preparada y debería haberse implementado hace más tiempo, pero su aplicación se retrasó en el medio de un proceso de baja de la inflación. Algunos analistas interpretan que el Ejecutivo quiso evitar que el cambio de metodología mostrara una inflación más alta en el corto plazo.

El rediseño ya fue concluido en términos técnicos bajo el titular del INDEC Pedro Lines, aunque su aplicación sigue postergada por una decisión política. En el Estado prefieren evitar cambios en un año electoral, ante el eventual impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y la discusión salarial.

Encuesta de la consultora Zentrix sobre la percepción pública del IPC del INDEC

Desde enero–febrero de este año, el INDEC ya puso en marcha una metodología nueva. Está basada en la Encuesta Nacional de Gastos 2017/18, con más peso en servicios y vivienda y una canasta más cercana a los hábitos actuales. Aunque esto era algo que el FMI reclamaba, el organismo sigue diciendo que el cambio debería haber sido más rápido y que el marco institucional del INDEC sigue siendo débil.

Más allá del IPC, el FMI señala que otros indicadores económicos argentinos (cuentas nacionales, sector externo, etc.) también tienen problemas por usar metodologías anticuadas o pocas fuentes de información. Por eso plantea una reforma institucional: que el INDEC tenga mayor independencia, claridad legal y protección política para que sus datos no parezcan manipulados por el Gobierno de turno.

En la práctica, eso implicaría una nueva ley del INDEC que garantice autonomía técnica, transparencia en la metodología y acceso a datos, además de fortalecer la capacidad estadística del país. El Fondo ofrece asistencia técnica para esta modernización, pero condiciona también la percepción de confiabilidad de las estadísticas argentinas.

El índice de inflación oficial se usa para indexar salarios, jubilaciones, asignaciones familiares, contratos de alquiler, cláusulas de actualización de tarifas y muchas sentencias judiciales.

Si el IPC realmente se encuentra desbalanceado, puede subestimar la verdadera pérdida de poder adquisitivo y dejar cortos los aumentos de haberes o pensiones. Además, rompe con la confianza en las estadísticas oficiales, ya que el mercado y los actores privados suelen empezar a apoyarse en mediciones alternativas para seguir la evolución de los precios.

El FMI proyecta que la inflación en Argentina cerrará 2026 alrededor del 25% anual, mientras el Gobierno habla de un orden de magnitud notablemente más bajo (de 10,1% en el presupuesto 2026). Esa diferencia de expectativas refleja justamente la desconfianza sobre cómo se mide la inflación y refuerza la presión del FMI para que el INDEC se modernice y se vuelva más creíble.

El FMI quiere eliminar las ventajas impositivas de Tierra del Fuego

La reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional le sugiere a la Argentina incluye la eliminación de lo que el organismo denomina Excepciones Impositivas de las Zonas Económicas Especiales, dentro de un plan más abarcativo que tiene por intención sumar ingresos al fisco por el equivalente al 3,3% del PBI.

El Régimen Especial de Tierra del Fuego tiene por objetivo favorecer la radicación de industria electrónica. Nació en 1972 en el marco del gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse y es una de las pocas políticas de Estado que ha venido sobreviviendo desde entonces. 

– Kristalina Gueorguieva, directora gerente​ del Fondo Monetario Internacional desde 2019

No nació con un objetivo económico, sino geopolítico. En la década del 70 la Argentina está en constante tensión con Chile por la delimitación de las fronteras en el sur. De hecho, 7 años después de sancionada la ley, ambos países estuvieron al borde de la guerra por la disputa de las islas Picton, Lennoxn y Nueva, en el canal del Beagle en Tierra del Fuego.

Los militares procuraban asegurar el asentamiento de población argentina en la región para contener un eventual avance de ocupación chileno. El régimen se mantuvo a pesar de que con el paso del tiempo la tensión entre ambos países disminuyó al punto de que en 1998 se terminaron de celebrar los últimos acuerdos fronterizos en Campos de Hielo.

Tierra del Fuego dejó de ser territorio nacional y se convirtió en una provincia más que incluye las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y Antártida. La industria electrónica es una de las principales actividades económicas, junto con el turismo y la pesca de centolla.

De acuerdo con datos del INDEC, cuando nació el régimen la isla tenía una población de 13.527, y en 2022 había crecido a 191.780.

Las empresas industriales radicadas en la zona no pagan IVA, ni Impuesto a las Ganancias, ni pagan derechos de importación para sus insumos, pero ahora compiten con la apertura de la importación de electrónica de extrazona del Mercosur. 

Cuál es el gasto fiscal del régimen

De acuerdo con el documento del FMI, que forma parte del Staff Report de la última revisión, el régimen especial por zona geográfica de la Argentina cuesta 0,4 puntos del PBI.  A eso hay que agregarle otros componentes: las excepciones del IVA representan 1, 2 puntos del PBI y el monotributo, un punto del PBI.

A ello hay que agregar que se propone ampliar la base de tributación del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia hasta un umbral del 20% y “alinear” el monotributo con los aportes del Impuesto que hacen los autónomos. 

En total, el FMI considera que el gasto tributario de la Argentina es grande” y los estima en los 3,5% del PBI. Si se toma un PBI nominal de $847 billones al 31 de diciembre de 2025 y se lo actualiza a fin de 2025 por un crecimiento del 3,5% y una inflación del 25%, el costo del régimen de Tierra del Fuego es de unos $4,38 billones al año. 

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Carlos Lamiral

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