El campo y la industria se unen para crear 210.000 empleos y generar más de 100.000 millones de dólares

La cadena agroindustrial y la UIA presentaron un proyecto de reactivación que plantea exportar USD 100 mil millones.
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La coalición de entidades que recientemente conformaron la denominada Cadena Agroindustrial y la Unión Industrial (UIA) confirmaron este jueves que están trabajando de manera conjunta en un proyecto orientado a reactivar la economía post-pandemia.

La iniciativa que ambas instituciones se encuentran redactando se basa principalmente en la generación de puestos de trabajo genuino a partir del aumento de las exportaciones (en 2019 se exportaron productos agroindustriales por 65.000 millones de dólares).

“Tenemos claro que la única salida para que la Argentina pueda crecer es a través del aumento de las exportaciones”, dijo a La Política Online Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y representante, a su vez, de la UIA.

“El plan que estamos trabajando es ambicioso dado que plantea una reactivación económica, federal, inclusiva y sustentable”, comentó Cifarelli. “La agroindustria tiene un papel preponderante en todo lo que a exportaciones se refiere”, agregó.

Uno de los actores claves en esta unión, además de Cifarelli, fue Miguel Acevedo. El titular de la UIA es a su vez presidente de la compañía agroindustrial Aceitera General Deheza (AGD) y fue uno de los que organizó la reunión virtual de este jueves.

Acevedo remarcó la necesidad de reducir la presión impositiva a los sectores productivos como puntapié inicial para el plan de reactivación económica entre la UIA y las más de 40 instituciones que conforman la flamante Cadena Agroindustrial.

Cabe mencionar que las exportaciones de bienes argentinos, integradas mayormente por productos agroindustriales, se encuentran estancadas desde el año 2014. En 2020, claro está, se registrará una caída en los envíos al exterior como consecuencia del Covid-19.

En el encuentro por zoom, Gustavo Idígoras, director ejecutivo de CIARA-CEC, opinó que “los empresarios y los sindicatos son actores claves para recuperar al país con la exportación con valor agregado como condición necesaria para salir de la crisis”.

“La respuesta al desempleo urbano está en la reactivación del agro en el interior”, aseguró Idígoras, para luego mencionar que “el Estado debe brindar condiciones macroeconómicas promocionando el empleo, la producción y las exportaciones”.

En rigor, el plan entre la UIA y la Cadena Agroindustrial tiene bastantes similitudes con el que le presentó esta semana Coninagro al ministro de Agricultura Luis Basterra. En el rubro exportaciones se plantea un aumento a 100.000 millones de dólares por año.

Las estimaciones planteadas en el proyecto indican que el sector cárnico, por ejemplo, podría aumentar sus exportaciones 1.600 millones de dólares, al tiempo que la industria aceitera y la molienda de trigo podrían generar 4.000 millones de dólares extras.

En cuanto al empleo, la iniciativa habla de crear 700.000 puestos de trabajo durante los próximos cinco años. Solo los rubros cereales, oleaginosas y forrajeras podrían contratar unas 110.000 personas, mientras que la carne vacuna generaría 15.000 trabajos más.

Este viernes se realizó una conferencia de prensa en la cual, no solo se presentó el plan “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal”, sino también la coalición de instituciones que conforman la cadena agroindustrial (un conglomerado similar a la UIA pero con representantes del campo).

*Fuente: La Política Online


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Despidos y decenas de proveedores en la ruina: luego de 60 años, Knorr cierra su fábrica en Mendoza

El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.

La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.

Las razones corporativas del cierre

Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.

En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.

El espejo nacional

El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.

Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.

Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólares en concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.

A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.

*Por Augusto Grinner

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