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Las entidades representativas del agro, canalizadas en la Mesa de Enlace, activaron las alarmas tras los diferentes anuncios del Gobierno, prestando especial atención a aquellos relacionados con la exportación de carnes. A su vez, reiteraron el pedido de audiencia con funcionarios del oficialismo.
El disparador del conflicto es un decreto del Gobierno que se asimila a la creación de los ROE del 2008 (Registros de Operaciones de Exportación). “Con la experiencia vivida en el pasado, estamos convencidos de que la reaparición de estos controles redundantes y burocráticos al comercio agropecuario, solo generarán la caída de la producción y el arribo de operaciones encubiertas, tal como sucedió con las producciones de trigo, maíz y carnes”, señalaron.
“No sólo no hubo respuestas de parte de los funcionarios sino que, contradiciendo su compromiso una vez más, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial de hoy la puesta en marcha de una nueva Declaración Jurada de Operaciones de Exportaciones de Carne (DJEC)”, señalan desde las entidades. “Esta medida recuerda a los nefastos ROE, por medio de los cuales se restringían y direccionaban discrecionalmente las exportaciones de bienes de origen agropecuario, y causaron un daño irreparable a la producción. Asimismo, en el día de ayer también se publicó la Resolución 60, que establece una serie de resoluciones y cumplimientos para quienes deseen exportar”, agregaron.
Alberto Fernández prometió dialogar con el sector antes de tomar medidas de alto impacto. Sin embargo, actualmente, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, esquiva la reunión que el campo propone, por ello, las diferentes entidades mostraron preocupación.
En este marco, resaltan las declaraciones de el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotoo, el cual señaló que “el intervencionismo erosiona la confianza. Medidas como éstas irritan por su burocracia y discrecionalidad política”. También, en un tono más claro y confortativo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, mencionó que “es increíble como nuestros funcionarios no aprendan de los errores del pasado y vuelven a cometerlos una y otra vez. Es grave, además, porque muestra que no nos escuchan y que no tienen ninguna voluntad de diálogo. Una medida nefasta por donde se la mire”.
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Desde este último viernes, todos los comercios y prestadores de servicios pueden exhibir sus precios, no solo en pesos, sino también en dólares o en cualquier otra medida extranjera. La Resolución 4/2025 de la Secretaría de Comercio, publicada en el Boletín Oficial, oficializa esta medida, que está alineada con la normativa del Banco Central que permitirá el pago en dólares con tarjetas de débito a partir del 28 de febrero.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la medida a través de sus redes sociales el pasado jueves: “Los precios de bienes y servicios deberán figurar en pesos, indicando también el importe total en dólares u otra moneda, siempre especificando el precio final que debe abonar el consumidor”. Además, la normativa elimina la obligación de destacar más los valores en pesos que en otras divisas, por lo que se establece una paridad visual entre ambas. Esta iniciativa busca responder al creciente contexto de dolarización y aportar mayor transparencia en las transacciones comerciales.
El ministro destacó que la reglamentación “también prevé que los establecimientos comerciales deben indicar el precio por unidad de medida, y que el precio de góndola coincida con el que se cobra en líneas de cajas”.
La medida modifica puntos clave de la resolución 7/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, particularmente en lo referente a la exhibición de precios en moneda extranjera. Específicamente, elimina la obligatoriedad de que los valores en pesos tengan preeminencia visual, y permite que los precios en divisas se muestren con igual relevancia.
El nuevo sistema será obligatorio para bancos, administradoras de tarjetas y empresas adquirentes, que deberán garantizar a los usuarios de tarjetas de débito la posibilidad de pagar en dólares en los comercios que acepten esta modalidad.
Empresas como Fiserv, Mercado Pago, Payway y Getnet ya avanzan en la incorporación de esta funcionalidad para tarjetas Mastercard y Visa. Además, algunas de estas firmas han iniciado negociaciones con grandes cadenas comerciales para la rápida implementación del sistema.
Aunque la medida podría alterar la forma en que se exhiben los precios y se realizan los pagos en el país, analistas consideran que su éxito dependerá de la receptividad de comerciantes y consumidores. La posibilidad de pagar en dólares podría resultar especialmente atractiva en sectores donde los precios ya están dolarizados, como el inmobiliario o el tecnológico. Sin embargo, su adopción podría ser más gradual en otros ámbitos. “Queremos acompañar a los sectores que ya utilizan al dólar como unidad de cuenta, sin desatender el rol fundamental del peso. Esta medida traerá más claridad en las transacciones y ayudará a fomentar la actividad económica”, aseguró Caputo.
La resolución constituye como principio clave que los consumidores deberán acceder siempre al precio final del producto, ya sea de manera presencial como virtual. Además, aclara que las ofertas y descuentos podrán publicarse por separado, sin necesidad de incluirse en la información presentada en el fleje de góndola.
La opción de elegir el pago en pesos o dólares estará disponible antes de que finalice febrero para tarjetas de débito, mientras que la implementación para códigos QR comenzará a regir a partir del 1.° de abril.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, recibió a los referentes de la Mesade Enlace en el Palacio de Hacienda en un encuentro que duró alrededor de una hora. Los dirigentes del campo pidieron la extensión de la baja temporal de los derechos de exportación —principal reclamo del sector—, pero el funcionario sostuvo que, por el momento, no existían las condiciones para prorrogar el beneficio más allá del 30 de junio. A la vez, deslizó que analiza reducir el impuesto al cheque “en la medida que haya superávit fiscal”, según coincidieron en señalar tanto el propio Caputo como fuentes de las entidades agropecuarias.
El Gobierno buscó que los productores “aprovecharan” la ventana de venta de soja con retenciones reducidas. Caputo asistió a la reunión junto con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. Por la Mesa de Enlace estuvieron presentes Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas), Lucas Magnano (Coninagro) y Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina).
“Fue una reuniónprotocolar, nos comprometimos a seguir trabajando juntos, hablamos retenciones y el alivio fiscal que necesita el sector, esta temporalidad de las retenciones, lo pusimos en consideración”, dijo Sarnari a la salida de la reunión. Agregó: “Nos dijo que el impuesto al Cheque es el próximo impuesto en la mira y es un reclamo que venimos haciendo hace tiempo”.
Según Castagnani, el ministro afirmó que “viene bien el plan, mejor de lo esperado” y que bajar impuestos estaba dentro de las proyecciones oficiales, aunque “en ninguno de los dos casos dio fecha”. Añadió que Pazo expuso una serie de cuentas que mostraron una “oportunidad —para comercializar la soja— que antes no había”. En ese sentido, Castagnani sostuvo: “Ahora hay una oportunidad que antes no había”. Sarnari coincidió: “Se trabajaron algunos puntos que de acá en adelante nos hemos comprometido a seguir trabajando juntos, principalmente en cuestiones que necesita el sector. Hablamos de retenciones, y en el alivio fiscal que necesita el sector. Hemos conversado sobre la temporalidad y se ha puesto en consideración”. La Mesa de Enlace también presentó una propuesta general de eliminación de retenciones y pidió a las autoridades “salir al interior productivo” para explicar la medida, detallando la baja de las alícuotas de 33% a 26% para la soja.
El decreto oficializado la semana pasada redujo un 20% los derechos de exportación para la soja, sus derivados, el trigo y el maíz hasta el 30 de junio, con la condición de que las divisas se liquiden 15 días después de presentadas las declaraciones juradas. Desde el Gobierno remarcaron que esta decisión buscó incentivar el adelanto de exportaciones en un contexto de caída de reservas. Tras la reunión, Pino apuntó: “Se habló de cómo se tomó la medida, por qué se tomó. El ministro ratificó que claramente en la medida que el déficit se vaya controlando y tenga permanencia en el tiempo, este tipo de medidas se van a seguir tomando, pero que hay que ir de a poco y ver cómo reacciona la macro”.
A su vez, las autoridades indicaron que precisaban apuntalar la recaudación para sostener el déficit cero, un compromiso sensible en las negociaciones con el Fondo Monetario, donde se discute un crédito por hasta 12.000 millones de dólares. En 2024, la recaudación cayó 5,5% en términos reales, pero en enero subió 5,6% al restituirse el impuesto a las Ganancias, incrementarse las contribuciones sociales y sumarse el alza del impuesto a los Combustibles. Estos cambios, sin embargo, deben compensar el bache de 800.000 millones de pesos que el Estado afronta por la baja temporal de retenciones.
– Sergio Iraeta, Carlos Castagnani, Andrea Sarnari, Luis Caputo, Nicolás Pino, Lucas Magnano y Juan Pazo
La agenda incluyó la posibilidad de avanzar en obras de infraestructura. Según expusieron los dirigentes, Caputo se comprometió a realizar licitaciones de rutas nacionales con posible participación privada. “Van a poder participar todos los que quieran”, indicaron fuentes de una de las entidades rurales. Magnano, de Coninagro, precisó que también se trató el desarrollo de la cuenca del Río Salado y la Hidrovía. Además, los productores plantearon inquietudes sobre el cepo cambiario y sobre el futuro de organismos como el INTA y el Senasa, dado que se habló de 50 entidades nacionales que podrían sufrir fusiones o eliminaciones. “No nos indicaron que estos estuvieran en alguna lista específica; al contrario, solicitamos que, ante cualquier medida o decisión, se nos comunique o se nos informe”, comentó Magnano.
Si bien algunos empresarios señalaron que Pazo había sugerido en reuniones anteriores la posibilidad de hacer “carry trade”, Castagnani aclaró: “Esa es una opinión que emitió el funcionario. Los productores van a vender en la medida que tengan que vender para cumplir sus compromisos”. Por su parte, Sarnari cerró: “No dieron fecha. Las fechas no las van a decir, sino que van a hacerlo en el momento adecuado en que se puedan realizar. Manifestaron optimismo y se han comprometido en que, mientras las señales sean claras y las respuestas buenas, vamos a ir conversando cómo se puede avanzar en que vengan medidas que fomenten el desarrollo productivo”.
El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, comunicó a través de su vocero Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo la reducción y eliminación de los derechos de exportación (DEX) para diversos productos agropecuarios. El anuncio incluyó la rebaja temporal de la soja, que bajó de 33% a 26%; de sus derivados (aceite y harina), de 31% a 24,5%; y de trigo, maíz, cebada y sorgo, de 12% a 9,5%. El girasol disminuyó de 7% a 5,5%. Además, se eliminaron de forma permanente los DEX para economías regionales que aún tributaban entre 2,5% y 5%, como azúcar, algodón, arroz y productos forestales.
La reducción comenzaría la próxima semana y se extendería hasta el lunes 30 de junio. Para acceder a estas alícuotas más bajas, los productores debían liquidar sus ingresos en el mercado de cambios en un plazo de 15 días tras presentar la declaración jurada de ventas de exportación (DJVE), aunque las exportaciones efectivas podrían concretarse más adelante.
La Mesa de Enlace, conformada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que la iniciativa representó “un paso positivo ‘en la dirección correcta’” para el campo. Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de que la quita de retenciones sea definitiva. “Las retenciones son un tributo regresivo y perjudicial que debe ser eliminado de manera definitiva. Este impuesto ha sido históricamente un freno para el desarrollo del sector productivo. No es sostenible pedirle al productor que pague impuestos cuando ni siquiera logra cubrir los costos de producción”, expresaron en un comunicado conjunto.
Las entidades explicaron que venían advirtiendo “sobre una situación crítica para el sector agropecuario, que se agravó significativamente en las últimas semanas” por la baja de los precios internacionales, la sequía que afectó a cultivos de soja y maíz y la alta presión impositiva. Precisaron que el jueves anterior solicitaron públicamente un “alivio fiscal” y alertaron sobre la crisis que atravesaba la actividad. En ese mismo encuentro, acordaron pedir una reunión con el ministro Caputo, quien prometió recibirlos el 6 del mes próximo.
La Comisión de Enlace afirmó que “la eliminación de este impuesto no debe ser sólo una medida transitoria, sino un cambio estructural que garantice las condiciones para fomentar la inversión y el desarrollo genuino”. También recordó que “desde el año 2002, los productores agropecuarios hemos aportado más de 200.000 millones de dólares en retenciones”, y estimó que “ha llegado el momento de que esos recursos se transformen en inversión y trabajo genuino en las provincias que generan riqueza y empleo”.
En cuanto a las economías regionales, las cuatro entidades destacaron que “la eliminación de retenciones para productos de las economías regionales es una medida fundamental para cientos de productores que están asfixiados y necesitaban de este alivio”. Subrayaron, además, que “para potenciar al campo como motor económico del país es fundamental avanzar también en temas estructurales como la mejora de la infraestructura, la conectividad, la seguridad y otros aspectos que permitan consolidar el desarrollo sostenible del sector”.
El llamado oficial quedó formalizado a través de la resolución 74/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada en el Boletín Oficial. La medida del Ejecutivo busca abordar las tarifas aplicadas por los transportistas de energía de alta tensión en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Empresas como Transener, Transba (provincia de Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Distrocuyo, EPEN (Neuquén), Transnea, Transnoa y Transcomahue presentarán sus propuestas y tendrán hasta diez minutos para exponer sus argumentos en busca de incrementos tarifarios y la garantía del servicio. En contraparte, funcionarios, legisladores y representantes de organizaciones de defensa de los consumidores contarán con cinco minutos cada uno para expresar sus posturas.
El encuentro se llevará a cabo el 25 de febrero a partir de las 8:30 de manera virtual. Además, contará con una transmisión en streaming a través de YouTube, según el sitio oficial del organismo (el link de acceso se publicará dos horas antes).
La audiencia estará abierta al público. Cualquier persona física o jurídica, de carácter tanto público como privado, deberán acreditar interés o derecho en el tema. La inscripción debe realizarse previamente en el Registro de Participantes a través de la página web del ENRE. El período de inscripción será del 8 al 22 de febrero.
Antecedentes, recortes y tarifas “focalizadas”
La Revisión Tarifaria Integral (RTI) más reciente fue en 2016, cuando se fijaron las tarifas para el período 2017-2022. Sin embargo, dicho esquema se incumplió producto de la crisis económica de 2018. Ahora, el Gobierno busca definir un nuevo marco tarifario, mientras avanza con la revisión del sector del gas, cuya audiencia pública está programada para el 6 de febrero.
En simultáneo, el Gobierno recortó 38% los subsidios a la energía en 2024. A pesar de esa baja, el Estado todavía cubre más de la mitad del costo de la electricidad. Los datos, aportados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), arrojan que los hogares de ingresos medios (N3) actualmente reciben una bonificación del 59% sobre un bloque de consumo reducido a 250 kWH mensuales, mientras que los de menores ingresos (N2) cuentan con un subsidio del 74% para ese mismo bloque.
En paralelo, la gestión del presidente Javier Milei prevé implementar en mayo una “tarifa focalizada”. La iniciativa contempla cambios en el esquema de subsidios vigente desde 2022, que actualmente se divide en tres niveles: ingresos altos (N1), medios (N3) y bajos (N2). El objetivo de esta reforma sería reforzar la asistencia a los sectores que más lo necesitan.
Los nuevos cuadros tarifarios entrarán en vigencia el 1° de abril y serán publicados el 31 de marzo. De acuerdo con el cronograma del ENRE, Edesur y Edenor tienen plazo hasta el 27 de enero para presentar sus propuestas en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Al día siguiente, el 28 de enero, se oficializará la convocatoria a una audiencia pública, prevista para el 27 de febrero y que se realizará de forma virtual.
A fines del año pasado, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) realizó cambios clave en los requisitos de acceso al programa de medicamentos gratis para los adultos mayores. A pesar de las modificaciones, existen diversos beneficiarios de la obra social que podrán acceder a la ayuda social, aunque no cumplan con todos los requisitos establecidos por la institución.
¿Cuáles son los nuevos requisitos para tener medicamentos PAMI gratis?
Tras los cambios que determinó la obra social, podrán obtener una cobertura del 100%, los afiliados del PAMI que cumplan las siguientes condiciones:
No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo
No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad
Tener ingresos netos menores a 1,5
No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga
No ser propietario de más de 1 inmueble
No contar con activos societarios que demuestren solvencia económica
¿Quiénes pueden tener medicamentos gratis sin cumplir con todos los requisitos?
Los jubilados que posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) a su nombre podrán obtener los medicamentos 100% gratuitos, a pesar de no cumplir con los requisitos. Así también quienes vivan con personas titulares del CUD podrán tener los medicamentos con el 100% de cobertura. Sin embargo, no podrán tener un ingreso mensual total mayor a 3 haberes previsionales mínimos.
¿Qué medicamentos no serán gratuitos en 2025?
Según detalló la institución, los fármacos que no estarán 100% cubiertos son aquellos que no se consideran esenciales para el tratamiento de enfermedades graves o crónicas. Los medicamentos excluidos incluyen:
Antibióticos y antivirales: como el Ácido Acetilsalicílico, Aciclovir, Ciprofloxacina, Claritromicina y Metronidazol.
Analgésicos y antiinflamatorios: como la Betametasona, Dexametasona y Meprednisona.
Medicamentos para el tratamiento de diversas afecciones: como el Benznidazol, Ivermectina, Tramadol, y Metotrexato.
¿Cómo hacer el trámite para tener medicamentos gratis?
El trámite para tener remedios gratis se podrá realizar por medio de la web oficial del PAMI o de forma presencial en las agencias de la obra social. El proceso lo podrá realizar tanto el titular como el apoderado.
Los pasos a seguir son los siguientes:
Ingresar al sitio web oficial de PAMI y elegir la opción “Trámites Web”.
Hacer clic en “Medicamentos sin cargo por subsidio social” y luego en “Iniciar este trámite”.
Completar los datos solicitados: número de afiliado, DNI y número de trámite del último DNI.
Indicar si se es el afiliado titular o un familiar realizando el trámite.
Confirmar se cumple con los requisitos mencionados.
Responder las preguntas indicadas
Finalizar la carga de documentación y obtener el número de caso para consultar el estado del trámite.
YPF firmó hoy un memorándum de entendimiento con las empresas estatales de India Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) para venderles gas natural licuado. El objetivo contempló exportar hasta 10 millones de toneladas al año, equivalentes a 47 millones de metros cúbicos diarios de gas (30% de la producción nacional actual), una vez que la Argentina avanzara con sus proyectos de licuefacción.
El acuerdo incluyó cooperación en litio y otros minerales críticos, y también abarcó la exploración y producción de hidrocarburos, según informó la petrolera estatal. Esta firma concluyó la gira que el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, inició a comienzo de año por Israel, Corea y Japón para promover el gas de Vaca Muerta en nuevos mercados. El ministro de Petróleo y Gas Natural de India, Hardeep Sinh Puri, el secretario de Petróleo y Gas, Pankaj Jain, y directivos de OIL, GAIL y OVL participaron del acto en Nueva Delhi.
“Es una enorme satisfacción poder avanzar con la India en este acuerdo para abastecerlos potencialmente de gas. Estamos convencidos de que el país tiene una oportunidad de convertirse en un exportador de energía y lograr el objetivo buscado por toda la industria de generar ingresos por US$30.000 millones en los próximos 10 años”, dijo el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. “Quiero agradecer el compromiso y la dedicación del embajador argentino en la India (Mariano Caucino) y todo su equipo que desde el primer momento se involucraron y contribuyeron a alcanzar este objetivo”, agregó.
GAIL tiene la operación de más de 16.000 kilómetros de gasoductos y gestiona los contratos de compra de GNL en la India, mientras que OVL y OIL representan la segunda y la tercera petroleras más grandes del país, con más del 15% de la producción total. En la información difundida, YPF destacó que el MOU es una declaración de intenciones y no implicó compromisos de inversión inmediatos.
La petrolera estatal buscó demandantes de gas equivalentes a 47 millones de m³/d para dar viabilidad a su proyecto de GNL y acceder a financiamiento a tasas razonables. En diciembre pasado, YPF anunció una asociación con la angloholandesa Shell, la segunda mayor operadora de GNL del mundo, para la primera fase del proyecto Argentina LNG, que contempló una capacidad de licuefacción de 10 millones de toneladas al año. El plan completo estimó una inversión de US$30.000 millones para construir gasoductos de 580 kilómetros y levantar una terminal de procesamiento en Sierra Grande, provincia de Río Negro.
Al mismo tiempo, Pan American Energy (PAE) contrató un buque de licuefacción junto con la empresa noruega Golar. El buque FLNG Hilli Episeyo, con una capacidad de 2,45 MTPA (aproximadamente 11,5 millones de m³/d), llegará a la Argentina en 2027. Entre las socias del proyecto figuran Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%), YPF (15%), PAE (40%) y Golar (10%). La compañía noruega construyó además otro buque con capacidad de 3,45 MTPA, que podría estar disponible a fines de 2027, lo que permitiría ampliar la exportación a 27 millones de m³/d, equivalente al 20% de la producción nacional actual.
– Hardeep Singh Puri, ministro de Petróleo y Gas Natural de India
En proyecciones de YPF, la Argentina podría exportar el equivalente a US$30.000 millones en 2031 por sus ventas de petróleo y GNL, un monto cercano al valor de las exportaciones de granos (US$23.125 millones en 2024). De ese total, la petrolera estatal previó exportaciones de entre US$10.000 millones y US$12.000 millones. El reciente escenario energético internacional también incluyó una posible aceleración de los proyectos de GNL en Estados Unidos, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, que el gobierno de Joe Biden había pausado por temas ambientales. Según la información oficial, esta situación podría motivar a YPF a agilizar la llegada de buques de licuefacción y postergar la construcción de una planta en tierra, proceso que demandaría un plazo mayor.
Desde la empresa señalaron que habrá que esperar para conocer el impacto de los anuncios de Trump en materia energética. YPF, por su parte, continuó con la iniciativa de “Argentina LNG”, dividida en tres etapas de 10 MTPA cada una. En esa línea, la compañía consideró que uno de los barcos podría destinarse a las demandas de la India y que la ventana de oportunidad ofrecida por la transición energética urgió a acelerar las exportaciones de gas proveniente de Vaca Muerta.
La firma malaya Petronas salió oficialmente del proyecto, mientras que Shell ingresó como productor y comprador (offtaker) del GNL que genere uno de los buques. El otro podría abastecer a la India u otras grandes petroleras. La llegada del primer buque Hilli Episeyo a las costas de Río Negro representó la fase inicial de un plan de expansión que se complementaría con un segundo buque de Golar. También aparecieron perspectivas de colocaciones en Europa, Israel, Japón, Corea del Sur y China.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz
