El gobierno busca impulsar exportaciones e ingresos de divisas y favorecer la creación de empleo calificado mediante el nuevo “dólar tecno”, pero ¿Qué es?
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La medida llevada a cabo por el Ministerio de Economía “dólar soja” recaudó $2.127.180,7 millones, lo que implicó un crecimiento de 117,9% respecto del mismo mes del año pasado. Ahora también parece ser que habrá un nuevo tipo de cambio “dólar tecno” que busca fomentar el ingreso de dólares al Banco Central a través del Mercado Único Libre de Cambio (MULC) e inversiones de millones, como se logró con la medida sojera.
La idea del “dólar tecno” es favorecer la generación de divisas y empleo calificado, mediante inversiones directas en infraestructura, bienes de capital y capital de trabajo, destinadas a la puesta en marcha de nuevos proyectos o ampliación de otros ya existentes que involucren el desarrollo de actividades vinculadas al sector. Detrás de este plan, en palabras del flamante Ministro de Economía, hay un incentivo a “que las empresas puedan, mediante el incremental de divisas, pagar mejores salarios a nuestro talento, para que tengan la posibilidad de poder quedarse acá teniendo salarios competitivos a nivel regional”.
El programa de dólar tecno tiene como finalidad impulsar el capital intelectual y el ingreso de divisas
El Programa de Estímulo a las Exportaciones del Sector Tecnológico prevé la libre disponibilidad del 30% de las divisas por el incremento de las exportaciones por tiempo indefinido. Propone fomentar las inversiones basadas en que las empresas que usen con este fin más de 3 millones de dólares van a estar exceptuadas de liquidar el 20% de las divisas cuando tenga que ver con nuevos negocios, y permite la transferencia a otras empresas del bono de crédito fiscal.
El programa está orientado a empresas de la economía del conocimiento como lo son laboratorios, centros de experimentación, etc. y las empresas tienen tiempo de inscribirse en ente programa para acceder a sus beneficios hasta el 30 de junio del 2023. Veremos cómo reacciona el mercado a un nuevo tipo de cambio que nuevamente ofrece beneficios cortoplacistas a soluciones macroeconómicas complicadas.
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El Banco Central reconoció este lunes, a través de un comunicado, que transfirió parte del oro de sus reservas a otras cuentas de su propiedad. Así, si bien no lo explicitó en esos términos, se trató de la primera confirmación oficial por parte de la autoridad monetaria de que los envíos de lingotes del metal precioso al exterior efectivamente existieron. Más allá de eso, el BCRA omitió aportar cualquier información respecto del monto, destino o finalidad de esas operaciones.
La confirmación llega días después de que la propia entidad presidida por Santiago Bausili denegara los pedidos de acceso a la información pública sobre este tema que había realizado el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. Con el mismo espíritu de aquel rechazo a brindar precisiones sobre los movimientos de un activo clave para la estabilidad monetaria y cambiaria, hoy se limitó a resaltar la confidencialidad de esas transferencias del oro. Solo aclaró que terminó con los envíos planificados.
En un escueto comunicado, expresó: “El Banco Central completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas. La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos”. Y afirmó que “desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.
¿CUÁNTO ORO HAY EN LAS RESERVAS?
La autoridad monetaria recalcó que las transferencias “no alteran el volumen total de las reservas en oro” y recordó que se mantienen equivalentes a aproximadamente u$s4.981 millones, tal como publicó en el balance del 23 de agosto pasado.
Hasta acá, la única admisión de los movimientos del oro de las reservas había provenido del ministro Luis Caputo, quien en una entrevista había dicho que se realizaban para obtener “un retorno” financiero que no era posible obtener si el metal precioso permanecía dentro de las bóvedas del BCRA. En cambio, hasta ahora, la entidad que tiene la responsabilidad de administrar las reservas hasta acá no se había pronunciado.
EL ORO, LAS RESERVAS Y EL SECRETISMO
De todas maneras, la política del Central sigue siendo no aportar ninguna precisión sobre estos movimientos. Y en el comunicado cargó contra quienes difundieron la existencia de estas operaciones y quienes buscaron acceder a información al respecto.
“El BCRA expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”, manifestó la entidad. Sin embargo, ahora que confirmó que el terminó con el proceso de transferencias de oro tampoco aportó precisiones.
“La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad”, se limitó a decir.
Con el mismo espíritu secretista, el 15 de agosto, el Central respondió los tres pedidos de acceso a la información pública que había presentado Palazzo durante las semanas previas ante datos extraoficiales a los que había accedido el sindicato que conduce. La respuesta fue denegarle el acceso.
El diputado nacional había solicitado información sobre el destino, los montos transportados, la finalidad de los envíos al exterior, las empresas involucradas en el traslado y en los seguros, entre otras cuestiones. La presunción es que cerca de una cuarta parte del oro de las reservas podría haber salido del país en esos movimientos.
El Municipio de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, y en un trabajo conjunto con INTA, la Cámara del Kiwi Mar del Plata y SENASA, convocó a la primera reunión de la Mesa Kiwi Mar del Plata. El objetivo central fue abordar temas clave para potenciar la producción de kiwi en la región.
La jornada contó con más de 50 presentes, entre ellos productores y representantes destacados del sector, como biólogos e ingenieros que trabajan en el fortalecimiento del sector agropecuario, con el objetivo de potenciar las habilidades técnicas de los trabajadores y aumentar la productividad.
Se debatieron aspectos como el monitoreo de la mosca de la fruta, para obtener la certificación de baja prevalencia en la zona y garantizar una mayor competitividad. También se abordó el manejo de fitosanitarios, priorizando las buenas prácticas en línea con la normativa vigente, la actualización de los estándares de calidad y la identificación geográfica del kiwi. La reunión se llevó a cabo en el Nodo Tecnológico, destacando la importancia del trabajo conjunto para impulsar la producción local.
El secretario de Desarrollo Local, Fernando Muro, destacó la importancia de estos espacios de trabajo e integración público privada: “Reconocemos el enorme potencial que tiene la sinergia para impulsar el desarrollo local. Queremos mejorar las prácticas productivas, asegurar la competitividad del sector y fomentar el desarrollo intensivo de cultivos estratégicos como el kiwi, la palta y la vid”.
– Fernando Muro
La producción de kiwi en el Partido de General Pueyrredon representa el 65% de la cosecha a nivel nacional. En este sentido la dirección general de asuntos agropecuarios continúa brindando ciclos de capacitaciones. Es el caso del curso de injertos en kiwi, que, tras el trabajo de vinculación con empresas productoras de la fruta, se logró generar nuevas fuentes de empleo. Una vez finalizada la capacitación, las empresas contrataron a quienes participaron en ella.
Pablo Nogués, director general de asuntos agropecuarios, remarcó: “La producción de kiwi en nuestro partido es muy importante, con un enorme potencial de crecimiento en los mercados internos e internacionales. Desde la Secretaría venimos acompañando al sector en todo ese proceso y lo vamos a seguir haciendo”.
La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
El Gobierno informó que en los primeros seis meses de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 130.000 puestos de trabajo en el sector privado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el número de trabajadores registrados cayó de 6.361.300 a 6.236.000, lo que refleja una baja de 136.000 empleos. Este impacto negativo en el empleo se distribuye entre casi todas las modalidades laborales relevadas por la Secretaría de Trabajo.
El informe de SIPA detalla que, en junio de 2024, el empleo privado registrado en empresas presentó una contracción del 0,2% respecto de mayo, acumulando una reducción del 2,2% desde diciembre de 2023. En contraste, el trabajo independiente mostró un leve crecimiento del 0,8%, y el monotributo subió un 1,9%. Sin embargo, los autónomos y monotributistas sociales vieron una disminución del 1,1% y 2,1% respectivamente.
Este lunes el secretario de Trabajo, Julio Cordero, habló de la situación laboral en el país y anticipó un proceso de recuperación: “Los números muestran que, desde hace tres meses, la situación se ha estabilizado. Aunque el índice de desempleo sigue siendo preocupante, hemos logrado frenar la caída del empleo”, sostuvo el funcionario. “Vemos una tendencia a contratar, lo cual nos llena de optimismo de cara al futuro” añadió Cordero.
LAS PROVINCIAS MÁS AFECTADAS POR LA PÉRDIDA DE EMPLEO EN JUNIO:
La Rioja (-1,9%), Formosa (-1,5%), San Juan (-1,0%), San Luis (-0,7%), Misiones (-0,6%) y Jujuy (-0,6%). En cuanto a la remuneración bruta promedio, incluyendo el pago del aguinaldo, se registró un aumento del 251,5% interanual, alcanzando los $1.612.788 en junio de 2024.
A nivel sectorial, las mayores caídas de empleo se dieron en pesca (-2,5%), suministro de electricidad, gas y agua (-0,8%), y construcción (-0,8%), con esta última acumulando una contracción interanual del 21,4%. Otras áreas con descensos incluyeron la industria manufacturera (-0,4%) y el sector de restaurantes y hoteles (-0,3%).
A contramano, algunos sectores presentaron incrementos, como la intermediación financiera (0,3%), la explotación de minas y canteras (0,2%) y los servicios comunitarios, sociales y personales (0,1%). Mientras tanto, el comercio y las reparaciones mantuvieron sus niveles sin cambios significativos.
En la noche del domingo, el mandatario nacional se hizo presente en el Congreso de la Nación para explicar las bases de la llamada “Ley de leyes” (porque a partir de ella es que se pueden elaborar otras leyes). La importancia de este proyecto de ley radica en que el gobierno explica cuánto dinero y en que cosas lo va a gastar durante el año próximo, además de contener en ella las expectativas para los años próximos en materia, por ejemplo, de inflación, valor del dólar, crecimiento del PBI, etc.
Este presupuesto está basado en dos principios “fundamentales e inquebrantables”: superávit fiscal y déficit cero. La primera premisa, en palabras de Milei, “es que el superávit primario tiene que equivaler o exceder obligatoriamente al monto de los intereses de deuda a pagar”, además agregó “nuestra metodología presupuestaria va a lograr tres objetivos inéditos. Va a garantizar el equilibrio fiscal, terminando con el castigo de la deuda y la emisión; va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber el costo de eventuales recesiones; y para los períodos de abundancia como serán los años que vienen, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la baja de impuestos”.
https://youtu.be/-a7c4RdKFwc
Este proyecto de ley establece una regla fiscal, que a partir del próximo año, y en los años subsiguientes, el presupuesto nacional tendrá que ser equilibrado y superavitario, tal como lo dice el artículo primero: “Establécese como regla fiscal, que el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del Ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria con el fin de restablecer el referido equilibrio financiero.”
El Gobierno Nacional, a través de este proyecto de ley, realiza una serie de estimaciones:
Luego de una inflación anual en 2023 que fue del 211,4%, y que para este año se estima en 104,4%, se proyecta para el 2025 una inflación anual de 18,3%, para el 2026 un 11,6% y en 2027 un 7,4% de inflación anual.
En cuanto al dólar oficial, el Gobierno calcula que para fin de año cerrará en $1019,9 y para fines de 2025 estará en $1207.
Se proyecta un crecimiento del 5% del Producto Bruto Interno para el año 2025. En 2026 se proyecta un crecimiento del 6,2% y en 2027 un 6,7%.
El sector agropecuario crecería un 3,5% respecto a este año en 2025, el sector de bienes 5,6%, el sector servicios 4,4%. Las exportaciones de bienes y servicios crecerán un 7,7%, la inversión aumentará un 9,9% y el consumo privado crecerá un 4,5%.
En su discurso, el presidente criticó a la “casta política” porque “necesita del déficit fiscal” para “poder hacer negocios personales”. Aseguró que vetará todos los proyectos de ley que no justifiquen de donde se obtienen los recursos para financiarlos o que directamente atenten contra el equilibrio fiscal. Además, tuvo un cruce con diputados kirchneristas a quienes acusó de “no saber sumar”.
El presidente, frente a la crítica de que su gobierno carecía de gestión, resaltó algunos de los logros de su mandato: evitar la hiperinflación, realizar el ajuste, achicar el estado, eliminar los piquetes, reducir los índices de inseguridad en Rosario. Frente al rol del estado, Milei fue determinante “lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley. Punto. Cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado, o es competencia de los gobiernos sub-nacionales”.
Acerca de los beneficios del superávit fiscal y financiero a largo plazo, justificó diciendo que “el superávit va a hacer que la deuda sea sostenible; la sostenibilidad de la deuda va a bajar el riesgo país y abaratar el costo financiero, contribuyendo al aumento de la inversión y el ahorro; y en consecuencia al crecimiento económico y del salario real. A su vez implicará menor presión fiscal futura sobre los contribuyentes, lo que significará mayor incentivo para invertir.”
Milei se dirigió a los gobernadores de todo el país: “A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes.” Haciendo una clara referencia al ajuste que ya hizo el Estado Nacional, y que las provincias deben realizar también.
Para cerrar el discurso, el presidente citó a Marco Tulio Cicerón, político, filósofo, escritor y orador romano “El presupuesto debe equilibrarse; el tesoro debe ser reaprovisionado; la deuda pública debe ser disminuida; la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado”. Y le envió un mensaje a los kirchneristas: “Esta frase tiene más de 2000 años, ustedes de eso no aprendieron nada.”
