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El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó su optimismo sobre el impacto del plan económico del Gobierno Nacional. “Los dólares van a sobrar”, aseguró en un posteo en X.
En su mensaje, Caputo destacó qué “cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”, y enumeró una serie de mejoras esperadas. En la lista resalta que:
La inflación va a bajar
La economía va a recuperar
Los impuestos van a bajar
Las regulaciones van a colapsar
El crédito privado va a explotar
La demanda de dinero va aumentar
Los pesos van a faltar
Los dólares van a sobrar
El dólar financiero va a converger al dólar oficial
Los salarios van a recuperar
La pobreza va a bajar
TARJETA DE DÉBITO EN DÓLARES
A su vez, Caputo se refirió al anuncio que movilizó al ecosistema de pagos digitales: el lanzamiento de tarjetas vinculadas a cuentas multimoneda.
En este sentido, anticipó que “una de las principales tarjetas está terminando el proceso técnico para lanzar una tarjeta de débito en dólares”, con Visa y Mastercard listas para salir en noviembre con las cuentas bimoneda para los tres tipos de plásticos: crédito, débito y prepaga.
Hasta el momento, la infraestructura de pagos permite dos tipos de operaciones: moneda local en el país (peso contra pesos) y moneda local en el exterior (pesos contra dólares). Sin embargo, las tarjetas avanzaron hacia procesadores que permitan pagos en moneda internacional dentro del país, es decir, dólares contra dólares.
Por último, Caputo subrayó la importancia del blanqueo de capitales, destacando que permitirá a los ciudadanos regularizar fondos y realizar compras sin penalizaciones adicionales. Mencionó que quien blanquee u$s200.000 podrá usar una tarjeta de débito para adquirir un auto de US$50.000 sin multas, a diferencia de si los fondos se retiraran en efectivo.
Según fuentes, el Gobierno busca que el dinero circule dentro del circuito formal, evitando penalidades por retiros en efectivo, para que pueda ingresar al mercado de cambios.
Este enfoque busca facilitar la regularización sin sanciones adicionales para quienes opten por utilizar sus fondos directamente con la tarjeta.
Es importante destacar que la primera etapa del blanqueo vence el próximo 30 de septiembre.
*Fuente: IproUp
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Desde que asumió Milei, el Gobierno pasó la motosierra por el empleo público. Así lo confirmó un informe que analizó los datos de empleo de la administración pública nacional y de las empresas y sociedades del mes de julio pasado comparándolos con el mes de diciembre de 2023. Allí se observó una reducción de 30.936 puestos, equivalente al 9,1% de la dotación base de final del año pasado. La administración central, el Correo Oficial, la ANSES, el CONICET y AYSA lideran las bajas.
El dato revelador surgió de un relevamiento realizado por el economista Nadín Argañaraz, a partir de datos del INDEC, en el que observó los cambios en la cantidad de trabajadores que forman parte del empleo público desde que comenzó la administración libertaria.
Desde el punto de vista de la intensidad de la reducción sobre la dotación de diciembre de 2023, las mayores caídas se centran en Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-58.5%), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (-30.3%), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-29.7%), Agencia Nacional de Discapacidad (-28.2%), Ente Nacional de Comunicaciones (-26.6%) y el Correo Oficial de la República Argentina (-24.2%).
EN LOS ÚLTIMOS CINCO MESES SE PERDIERON 115.000 PUESTOS DE TRABAJO EN EL PAÍS
Durante los primeros cinco meses del Gobierno de Javier Milei se perdieron 115.000 puestos de trabajo registrado, de acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En medio de la crisis económica que sufre el país, casi la totalidad los sectores laborales experimentaron una caída del nivel de empleo. En el sector privado, 1 de cada 100 trabajadores se encuentra suspendido.
Las personas con trabajo registrado pasaron de 13.359.000 en diciembre de 2023 a 13.244.000 en mayo de este año. En la comparación interanual, el total de trabajadores con empleo registrado se redujo un 1,4%. Las caídas se dieron en todos los sectores: personal en casas particulares, trabajo independiente, sector público y sector privado. “Esta caída del empleo asalariado obedece al retroceso mostrado por el sector privado y el personal de casas particulares (-2% y -4,6% respectivamente)”, explicó el informe del SIPA.
En mayo, el trabajo independiente presentó una caída en relación con el mes anterior del 0,1%; mientras que el monotributo social registró un descenso del 1,0% y autónomos, una baja del 1,4%.
Por otro lado, de acuerdo al SIPA, el nivel de empleo privado durante mayo de 2024 tuvo una contracción del 0,1% en relación con abril y acumula, desde diciembre de 2023, una reducción de 2,1%. El informe de la Secretaría de Trabajo señala que en junio el empleo privado registrado volvió a caer y se redujo un 0,2%. Con esta variación, son seis meses consecutivos de caída neta del empleo desde que asumió el Presidente Javier Milei.
A excepción de Comercio, restaurantes y hoteles y Servicios comunales, sociales y personales; todos los sectores experimentaron una contracción en junio. Específicamente el empleo en la industria manufacturera, que mostró una contracción significativa (-0,5%), y registra el quinto mes consecutivo de caída. Por su parte, el sector de la Construcción “continúa presentando la mayor contracción mensual (-0,7%), consolidando también la desaceleración de la caída en relación con los meses anteriores”, señaló en el informe la Secretaria de Trabajo.
Las incorporaciones de personal, medidas a través de la tasa de entrada, se redujeron en junio con relación al mes anterior y respecto al mismo mes de 2023, acentuando la tendencia contractiva observada en meses anteriores.
En esa línea, las desvinculaciones de personal, medidas por la tasa de salida, también mostraron una caída en la comparación con mayo y con el mismo mes del año anterior.
Por último, la demanda laboral tuvo en junio el valor más bajo de la serie, es decir, desde el año 2007. Solo en 2020, con la influencia de la pandemia, se registró un nivel menor para un mes de junio.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.
La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.
Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.
Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.
El gobierno nacional introdujo importantes modificaciones en la normativa que regula la propiedad intelectual en Argentina, adaptándola a las necesidades y realidades del siglo XXI. A través del Decreto 765/2024, el cual actualiza y redefine varios aspectos clave sobre la ejecución pública de obras artísticas, basándose en la Ley N° 11.723, que es la base legal del derecho de autor en el país.
La Ley N° 11.723, sancionada en 1933, establece el régimen legal de la propiedad intelectual en Argentina, protegiendo el derecho de autor sobre diversas expresiones artísticas y culturales. Esta ley asegura que los autores de obras literarias, musicales, dramáticas y cinematográficas, entre otras, tengan el control sobre la utilización de sus creaciones, permitiéndoles autorizar o prohibir la reproducción, distribución y ejecución pública de las mismas.
Sin embargo, con el paso de los años, la evolución de las tecnologías y las nuevas formas de consumir contenido hicieron que algunas de las definiciones y regulaciones de la ley queden obsoletas. Este desajuste entre la normativa vigente y la realidad actual generó la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar una protección efectiva de los derechos de los autores.
Uno de los puntos centrales que plantea la norma es la redefinición del concepto de “ejecución pública”. Hasta ahora, la última modificación significativa en esta área se había realizado en 1945, cuando se ajustó el Decreto N° 41.223/34. No obstante, la definición de ejecución pública en ese momento respondía a una realidad muy distinta a la que enfrentamos hoy en día, donde el acceso a obras artísticas y culturales se democratizó y diversificó considerablemente gracias a las tecnologías digitales.
El objetivo de esta actualización es proporcionar una definición más clara y actualizada del término “ejecución pública” que refleje mejor la realidad del siglo XXI. Esto implica reconocer los nuevos medios a través de los cuales las obras pueden ser compartidas y consumidas por el público, como el streaming en Internet y otras plataformas digitales, así como garantizar que los derechos de los autores sean respetados y adecuadamente compensados.
Modificaciones claves en dos artículos fundamentales del Decreto N° 41.223/34, que reglamenta la Ley N° 11.723.
1- Redefinición de la ejecución pública
El nuevo artículo 33 establece que la ejecución pública se refiere a cualquier representación de una obra en un espacio de acceso público, dirigida a una pluralidad de personas, independientemente de los fines que persiga dicha representación. Esta definición amplia incluye tanto las ejecuciones realizadas en vivo por artistas, como aquellas que se realizan a través de medios mecánicos, electrónicos o digitales, como es el caso de las transmisiones por radio, televisión, altavoces e Internet.
Lo que resulta novedoso es la exclusión explícita de las representaciones o ejecuciones que se realicen en ámbitos privados. Es decir, si una obra es interpretada en un lugar de acceso restringido y no está abierta al público general, no se considerará una ejecución pública bajo esta normativa. Esto busca aclarar situaciones donde, por ejemplo, una obra es compartida en reuniones familiares o eventos privados.
2 – Derechos de los autores en la era digital
El artículo 35 también fue revisado para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas. Según esta modificación, las obras musicales, cinematográficas y los fonogramas no pueden ser objeto de ejecución pública sin la autorización expresa de los titulares de los derechos. Esta autorización puede ser gestionada directamente por los autores o a través de sociedades de gestión colectiva que los representen.
Además, se establece que cualquier persona que obtenga un beneficio económico, ya sea directo o indirecto, a través de la ejecución pública de una obra, debe proporcionar una compensación justa a los titulares de los derechos. Esto incluye a quienes utilizan la obra de manera ocasional o permanente en actividades comerciales, como bares, restaurantes, gimnasios y otros establecimientos similares.
Un aspecto importante de este artículo es que no será necesario abonar una compensación cuando las obras se utilicen con fines didácticos en establecimientos educativos o durante conmemoraciones patrióticas en instituciones oficiales. Esta excepción reconoce el valor social y educativo de la difusión cultural, permitiendo un acceso más amplio a las obras artísticas en contextos que no buscan un beneficio económico.
IMPACTO EN EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL
La idea de la actualización es equilibrar el derecho de los autores a ser remunerados por su trabajo con la necesidad de adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución. La clarificación del concepto de ejecución pública y la incorporación de las nuevas formas de consumo digital son pasos significativos hacia una protección más efectiva de la propiedad intelectual.
Para los artistas, músicos, cineastas y otros creadores, esta actualización representa un reconocimiento de la importancia de su trabajo y un esfuerzo por proteger sus derechos en un contexto donde la tecnología cambió las reglas del juego. Sin embargo, también plantea desafíos, especialmente en la implementación y monitoreo de estas normativas en el vasto y dinámico espacio digital.
Por otro lado, para los establecimientos que utilizan obras protegidas, como bares, restaurantes y gimnasios, el decreto subraya la importancia de contar con las licencias adecuadas para la ejecución pública de obras. De no hacerlo, se arriesgan a enfrentar sanciones por el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor.
El rubro de la construcción sigue en caída y ya son 10 meses consecutivos en los que se registra una cantidad de despidos masivos, ya son más de 95.000 personas que perdieron su puesto de trabajo.
Un informe publicado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción remarcó que en el sexto mes del año hubo 348.777 trabajadores registrados en la construcción.
Desde el IERIC comentaron que “la dinámica de junio se mantuvo dentro del sendero de desaceleración del ritmo de caída, mostrando señales de cierta estabilización luego de un periodo de sensible caída en el empleo sectorial”.
En términos interanuales se registró un desplome del 21,2% muy similar a los promedios que se vieron en abril y mayo. Este suceso se registró como el segundo peor mes solo superado en el año 2020 durante la pandemia.
“La cantidad de puestos de trabajo registrados en junio se encuentra entre los registros más bajos de la serie histórica superando solo en 2020 y 2021 cuando sucedió la pandemia del Covid-19“, remarcó la institución.
Debido a todo esto, los salarios también bajaron significativamente y se registró que en el mes de junio el salario promedio era de 1.067.732 pesos con el medio aguinaldo incluido. De este modo la media de la remuneraciones percibidas por los trabajadores presentó una expansión interanual del 246% contra una inflación que era del 271%.
La agenda política de Provincia de Buenos Aires parece no estar avocada a la difícil situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), que está dejando desprotegidos a más de 2 millones de bonaerenses y a lo que el gobernador Axel Kicillof hace oídos sordos: “la problemática se agravó en vez de darle solución a estas personas que están padeciendo la mala gestión del director Homero Giles a través del gobernador“, dijo el concejal de General Pueyrredon, Cristian Beneito.
“Para el gobernador, la solución fue inventar unos policonsultorios, que lo único que hacen es que tengan que alquilar lugares nuevos y poner más personal. Eso es para ñoquis de un movimiento, de un sector, y no para darle solución real a lo que están necesitando los vecinos tanto de Mar del Plata y Batán, como en la provincia de Buenos Aires. Este problema no es solamente que está pasando en Mar del Plata donde tenemos más de 100.000 afiliados a IOMA, los cuales padecen la mala gestión del gobernador. A nivel provincial estamos hablando de 2 millones de bonaerenses. Solamente en La Plata son 600.000 los afectados por el tema IOMA. Es un tema preocupante”, agregó el edil.
Los ejemplos sobran y lo están padeciendo afiliados principalmente pero los profesionales también: “el otro día tuve una reunión con docentes autoconvocados por el tema IOMA, y tienen problemas para hacerse una diálisis hasta, por ejemplo, una internación. En la clínica Belgrano, habían dicho que el convenio ya estaba subsanado y hace 15 días se cayó nuevamente por falta de pago. Estas personas siguen quedando la deriva, te tenés que internar y vale $2 millones diario. Es una locura lo que está pasando y no hay quien le pone la cola al chancho”.
IOMA no es una mancha en un buen sistema de salud, sino que es un muestra más del desinterés del gobernador como pasa con el Interzonal: “el hospital está en estado deplorable porque también hace más de 30 años que no le ponen 1 peso. En los últimos cuatro años del gobierno, lo último que hacen es pintarlo por afuera. Sigue teniendo los mismos problemas de infraestructura que son severos y graves. Desde que no andan los ascensores y tienen que llevar por camillas a los pacientes hasta problemas edilicios de gravedad. Ni hablar de los insumos”.
Homero Giles, presidente del IOMA
Como si eso fuera poco, a los afiliados les siguen descontando dinero todos los meses que el gobernador luego utiliza para lo que quiere: “el problema que tenemos acá es que los afiliados están obligados a estar con IOMA, no pueden elegir otro obra social. El gobernador saca de la caja de IOMA, decide en que lo gasta y luego dice qué partida presupuestaria va para IOMA”, recordó.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
