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Las cuatro cadenas de los principales cultivos (Acsoja, Maizar, Argentrigo y Asagir) advierten que la Resolución 60/2021 que publicó hoy el Gobierno en el Boletín Oficial tiene mucha similitud con las resoluciones que crearon los ROE en el año 2008 (Registros de Operaciones de Exportación): “Con la experiencia vivida en el pasado, estamos convencidos de que la reaparición de estos controles redundantes y burocráticos al comercio agropecuario, solo generarán la caída de la producción y el arribo de operaciones encubiertas, tal como sucedió con las producciones de trigo, maíz y carnes”.
A través de un comunicado, recuerdan que, al iniciar su mandato, el presidente Alberto Fernández denominó al campo como un socio estratégico. Agregando que su gobierno necesitaba que el campo crezca, porque tiene la capacidad de exportar y traer divisas al país. Por eso señalan que estas medidas (como los mayores requisitos para exportar) irán en contra de la producción.
¿Para combatir la inflación?
“Las causas de una constante y creciente inflación en nuestra economía, no se soluciona implantando controles de la producción y acotando la exportación, porque sus orígenes debemos buscarlos en el excesivo gasto público improductivo, en el déficit fiscal y en la elevada emisión de moneda. Es inquietante e injustificado que la acusación recaiga siempre sobre el sector productivo convirtiéndolo en chivo expiatorio de otras prácticas que colaboran a ese proceso y al aumento de precios”, agregan.
Las cadenas agroindustriales añaden que se continúa echando mano a acciones que erosionan gravemente la confianza y retraen fuertemente las inversiones, tanto las de corto plazo, como también en las inversiones de largo plazo: “Nos posiciona en desventaja frente al resto de los competidores en los mercados internacionales”.
“Desde las cadenas vemos con suma preocupación estos anuncios y sostenemos que el camino para salir de la presente crisis es incrementando la producción, generando trabajo, con nuevas inversiones y con la exportación de productos, a un mundo ávido de alimentos”, concluyen.
*Fuente: Agrofy News
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“Sos un benefactor social”, elogió el presidente Javier Milei a Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, quien hizo de anfitrión en la visita del mandatario a la sede de Saavedra.
El predio fue el escenario por segunda vez de una cumbre entre un jefe de Estado y el empresario argentino más importante. El primero fue durante su inauguración, en 2019, una celebración por los 20 años de la firma en la que estuvo presente Mauricio Macri.
Es inevitable encontrar simbologías. En el predio que solía ser de una empresa “tradicional” (la fábrica de lamparitas de Philips), sigue creciendo una firma de “lo nuevo”.
Pero también ocurrió algo no tan común: un presidente corriéndose del lugar de benefactor y entregando ese rol a una compañía que anunció inversiones millonarias y miles de empleos. Algo que 5 años atrás, generó un inside joke que poca gracia debe hacerle al CEO: “Viva Galperón”.
LAS INCREÍBLES CRIFRAS DE MERCADO LIBRE:
El gran anuncio del unicornio estuvo relacionado con la ampliación del su centro de distribución en la zona del Mercado Central, en el partido de La Matanza, que cuenta con tecnología de clase mundial. En los próximos meses, el unicornio invertirá u$s75 millones para ampliarlo:
57.000 metros cuadrados (equivalente a nueve estadios, según la firma)
2.300 nuevos empleos
El plan tiene un timing perfecto. En primer lugar, las cifras de ampliación superan al supermercado más grande del país que Coto abrirá en Mar del Plata a fin de año: con 30.000 metros cuadrados y 700 trabajadores.
Además, el comercio electrónico crece pese a todo: según la cámara del sector (CACE), 18% de las ventas minoristas pertenecen al ecommerce, tres puntos porcentuales más que hace un año.
En cuarto lugar, la participación del marketplace es sensiblemente menor que la de su billetera virtual, una rareza que no coincide con sus otras plazas de importancia:
Brasil sigue al tope de la tabla con u$s2.786 millones, entre su negocio de comercio electrońico (u$s1.701 millones) y financiero (u$s1.085 millones)
México: u$s1.201 millones, repartidos entre ecommerce (u$s799 millones) y fintech (u$s402 millones)
Argentina: u$s863 millones, con mayor participación de la billetera (u$s556 millones) que del marketplace (u$307 millones)
Las cifras hacen presumir que ampliando su capacidad de procesamiento de paquetes en 200.000 productos diarios en el AMBA puede lograr que ambas puntas se acerquen. Pero también le marcan la cancha en suelo natal a varios gigantes de la venta online que se asomen en el país.
LOS COMPETIDORES DE MERCADO LIBRE:
Existe un mito que asegura que el marketplace de Amazon no entró a Argentina por una política activa de los últimos gobiernos para proteger al unicornio.“Competimos contra ellos en Brasil y México y les ganamos en ambos países”, suele defenderse Galperin. Las cifras lo acompañan.
Pero en el sector ecommerce aseguran que el gigante global no tiene al país en el radar por un error “no forzado”. “No viene por el mismo motivo por el que se fueron Falabella o Dafiti: el dólar. Bezos no va a entrar en un lugar del que no puede salir”, dispara un emprendedor del ecommerce que tropezó veces con la misma piedra.
En efecto, Amazon no hubiese podido girar divisas al exterior, importar productos ni contar con un stock confiable como sucedió con Dafiti, que muchas veces tenía quiebres de stock de zapatillas ante fábricas que no podían traer insumos de afuera.
La misma maraña regulatoria del mercado cambiario hace que, por ejemplo, empresas de servicios digitales como Netlfix o Amazon Prime Video ni piensen en abrir una oficina en Argentina y utilicen pasarelas de pago locales, en su mayoría, Dlocal o PayU.
La política de apertura de Milei, con fuertes señales a los importadores ni bien asumió, puede renovar las intenciones de Amazonpara un pie en el país, como el depósito que tiene en Chile para tener una suerte de “reserva” de productos más vendidos.
Lo mismo se habla de Shein, el “Zara online” chino que, según se rumorea, planea aumentar su presencia en suelo albiceleste con alguna ubicación portuaria que agilice la entrega de prendas de fast-fashion.
El “rayo libertario” del Gobierno también aceleró el “operativo retorno” de Falabella en Mendoza, un rumor que suena cada vez más fuerte. Esa vuelta puede tener su réplica en el mercado online, con Linio, su propio marketplace que nunca terminó de despegar en la Argentina.
Pero el anuncio del unicornio puede anticipar otra posibilidad en sintonía con una mayor apertura de las importaciones: que habilite el comercio crossborder con EEUU (como ya lo hace en Brasil y México) o bien entre países de la región.
El Gobierno ya dio varios pasos en la agilización de la Aduana. El último de ellos, la certificación de calidad para ciertos productos, que según Federico Sturzenegger sólo servían para engrosar gastos públicos al enviar inspectores “a la fábrica de Lego en Suecia“.
Sin embargo, en el sector logístico advierten que el gran problema hoy es que “todo paga impuestos”. En Brasil, por ejemplo, se eximen las compras menores a 500 dólares. Pero el enfrentamiento entre Brasil y Elon Musk, más la buena sintonía del magnate con el libertario y la gira al Silicon Valley de Milei, pueden lograr que Argentina suba su perfil.
Queda por ver si este plan del unicornio forma parte de otro mayor, que signifique un mayor diseño y prueba de servicios del conocimiento. Según el propio Galperin, en los últimos años se trasladaron varios de estos empleos a otros países del vecindario.
De cambiar la tendencia, la compañía más valiosa de la región podrá sacarle todo el jugo a la combinación de talento argentino e ingenio criollo, base de gran parte de su expansión y relevancia en la región.
En un nuevo avance en su política de reducción de impuestos, el Gobierno anunció la eliminación de las retenciones a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias para las ventas realizadas mediante tarjetas de débito, crédito y otros métodos de pago electrónicos. La medida entrará en vigor a partir de septiembre, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado emitido este martes.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que esta es la primera de una serie de medidas que se implementarán en el próximo mes con el objetivo de disminuir el “costo argentino”, una carga impositiva que, según el Gobierno, ha frenado el desarrollo económico del país. “Estamos comprometidos con la eliminación de impuestos que afectan negativamente al sector privado y obstaculizan el crecimiento”, expresó Caputo.
La decisión de eliminar estas retenciones, que hasta ahora afectaban a las transacciones realizadas a través de tarjetas y otros medios electrónicos de pago, fue bien recibida por el sector privado. Según el Ministerio de Economía, la normativa original había establecido un límite de facturación (equivalente a 10 mil unidades UVA) para acceder a este beneficio. Sin embargo, la reglamentación final amplió la exención a todas las empresas, sin importar su nivel de ingresos.
El comunicado oficial subraya que la medida no solo beneficiará al sector privado, sino que también promoverá la formalización de las transacciones y la inclusión financiera, además de reducir los costos de los sistemas de pago. “Esta iniciativa es fundamental para avanzar en los objetivos del Gobierno Nacional de fomentar la actividad económica y la utilización de medios de pago que aporten mayor transparencia y formalidad a la economía”, afirmaron desde el Palacio de Hacienda.
El nuevo régimen será oficializado esta semana con su publicación en el Boletín Oficial. A partir de esa fecha, las retenciones mencionadas quedarán sin efecto para todos los pagos realizados desde el 1° de septiembre de 2024 en adelante. Además, el Gobierno instó a las provincias a adherirse a esta medida, eliminando las retenciones de Ingresos Brutos y otros impuestos locales sobre los pagos alcanzados por la normativa.
El ministro de Economía, Luis Caputo junto a miembros de su equipo de trabajo (de izquierda a derecha) Federico Furiase, Martín Vauthier y Santiago Bausili
La medida más reciente del paquete fiscal se suma a la reducción del impuesto PAIS, prevista también para septiembre. Luego, se espera que el Gobierno avance con la eliminación del impuesto a los débitos y créditos, conocido como “impuesto al cheque”, y con las retenciones a las exportaciones.
Caputo, en un discurso ante empresarios, subrayó la importancia de estas políticas para lograr un superávit fiscal y, con ello, poder continuar reduciendo la carga impositiva. “Nosotros vinimos acá para reducir la inflación y bajar los impuestos. Es decir, hacer lo opuesto a lo que ha hecho Argentina durante los últimos 100 años. Con el tiempo, sus empresas ganarán mayor competitividad y crecerán”, concluyó el ministro.
El Banco Central reconoció este lunes, a través de un comunicado, que transfirió parte del oro de sus reservas a otras cuentas de su propiedad. Así, si bien no lo explicitó en esos términos, se trató de la primera confirmación oficial por parte de la autoridad monetaria de que los envíos de lingotes del metal precioso al exterior efectivamente existieron. Más allá de eso, el BCRA omitió aportar cualquier información respecto del monto, destino o finalidad de esas operaciones.
La confirmación llega días después de que la propia entidad presidida por Santiago Bausili denegara los pedidos de acceso a la información pública sobre este tema que había realizado el diputado nacional y secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo. Con el mismo espíritu de aquel rechazo a brindar precisiones sobre los movimientos de un activo clave para la estabilidad monetaria y cambiaria, hoy se limitó a resaltar la confidencialidad de esas transferencias del oro. Solo aclaró que terminó con los envíos planificados.
En un escueto comunicado, expresó: “El Banco Central completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas. La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos”. Y afirmó que “desde hace más de una década, el BCRA mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior)”.
¿CUÁNTO ORO HAY EN LAS RESERVAS?
La autoridad monetaria recalcó que las transferencias “no alteran el volumen total de las reservas en oro” y recordó que se mantienen equivalentes a aproximadamente u$s4.981 millones, tal como publicó en el balance del 23 de agosto pasado.
Hasta acá, la única admisión de los movimientos del oro de las reservas había provenido del ministro Luis Caputo, quien en una entrevista había dicho que se realizaban para obtener “un retorno” financiero que no era posible obtener si el metal precioso permanecía dentro de las bóvedas del BCRA. En cambio, hasta ahora, la entidad que tiene la responsabilidad de administrar las reservas hasta acá no se había pronunciado.
EL ORO, LAS RESERVAS Y EL SECRETISMO
De todas maneras, la política del Central sigue siendo no aportar ninguna precisión sobre estos movimientos. Y en el comunicado cargó contra quienes difundieron la existencia de estas operaciones y quienes buscaron acceder a información al respecto.
“El BCRA expresa su preocupación por la difusión irresponsable de información, con fines políticos, relacionada con estas operaciones antes de su finalización porque puso en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos”, manifestó la entidad. Sin embargo, ahora que confirmó que el terminó con el proceso de transferencias de oro tampoco aportó precisiones.
“La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad”, se limitó a decir.
Con el mismo espíritu secretista, el 15 de agosto, el Central respondió los tres pedidos de acceso a la información pública que había presentado Palazzo durante las semanas previas ante datos extraoficiales a los que había accedido el sindicato que conduce. La respuesta fue denegarle el acceso.
El diputado nacional había solicitado información sobre el destino, los montos transportados, la finalidad de los envíos al exterior, las empresas involucradas en el traslado y en los seguros, entre otras cuestiones. La presunción es que cerca de una cuarta parte del oro de las reservas podría haber salido del país en esos movimientos.
El Gobierno nacional tomó una medida que impactará de manera significativa en las finanzas de los municipios.Desde este miércoles, las comunasya no podrán incluir tasas o impuestos locales en las facturas de servicios esenciales como la luz y el gas. La resolución 2024-267, que será publicada en el Boletín Oficial, establece que las facturas deberán detallar exclusivamente el precio del servicio contratado, eliminando cargos adicionales que no correspondan al servicio prestado.
La medida fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien afirmó que esta decisión responde a “reiteradas denuncias públicas” sobre el cobro de tasas municipales ocultas en las boletas de servicios esenciales.
La iniciativa surge como respuesta a las crecientes quejas de distintos sectores —entre ellos supermercadistas y comerciantes mayoristas— quienes desde hace meses vienen alertando sobre el aumento desmedido de tasas municipales incluidas en las facturas de servicios públicos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) son algunas de las organizaciones más vocales en sus denuncias.
Armando Farina, vicepresidente de CADAM, explicó que municipios como Lanús y Quilmes han incrementado la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) de manera considerable. El barrio porteño de Lanús, por ejemplo, pasó del 2,36% al 6%, mientras que otras localidades, como Malvinas Argentinas, también aumentaron sus tasas de forma retroactiva. Estas alzas, según Farina, no solo afectan a los comerciantes y también impactan en el precio final que pagan los consumidores.
La preocupación por el impacto económico de estas tasas es compartida por el sector empresarial. Un estudio de CADAM reveló que, en algunos municipios, los impuestos nacionales, provinciales y municipales pueden representar hasta el 49,1% del precio final de un producto de primera necesidad. Este escenario agrava la situación de los comerciantes y consumidores, que ven cómo los costos laborales y productivos se incrementan debido a la presión impositiva local.
En los últimos meses, varias intendencias incrementaron sus tasas como medida compensatoria ante la caída de la recaudación y la merma en las transferencias discrecionales de Nación. El intendente de Lanús, Julián Álvarez, fue uno de los primeros en anunciar un aumento en la TSH, medida que generó una ola de críticas no solo entre los comerciantes afectados, sino también en el ámbito nacional.
En municipios como Hurlingham y Pilar, los intendentes implementaron nuevos impuestos bajo conceptos como "Tasa de Comedores y Merenderos" o "Tasa Vial", que agregan recargos a productos esenciales como el combustible o los envases utilizados en supermercados. Estas decisiones generaron el repudio de los vecinos e incluso acciones legales por parte de la oposición, que considera que dichos gravámenes son inconstitucionales.
EL ANUNCIO DE LUIS CAPUTO
El ministro de Economía expresó su firme rechazo a estos aumentos, clasificándolos de "fines recaudatorios" que obstaculizan el plan económico del presidente Milei: "Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas, lo que genera una mayor presión sobre los precios que pagan los consumidores", aseguró Caputo, quien también señaló, citando a la Corte Suprema, que las tasas municipales deben estar vinculadas a un servicio efectivamente prestado, y su monto debe ser proporcional al costo del servicio.
La medida del Gobierno apunta, además, a contener el impacto que estas subas tienen en el Índice de Precios al Consumidor, dado que las tasas municipales elevan el costo de los servicios y, por ende, el precio de los productos finales.
UN GOLPE AL CURRO DE LOS INTENDENTES K
La prohibición de incluir tasas en las facturas de servicios representa un duro golpe para la recaudación de los municipios, que en muchos casos dependen de estos ingresos para financiar servicios locales.
Desde las intendencias argumentan que estos aumentos son necesarios debido a la caída en la coparticipación y los recortes en las transferencias desde el gobierno central. Sin embargo, la nueva norma del Ministerio de Economía establece un límite claro a estas prácticas, priorizando el alivio fiscal para los consumidores, buscando reducir la presión impositiva en el ámbito local.
Con esta medida, el Gobierno Nacional busca marcar un precedente en la relación entre los municipios y los contribuyentes, evitando que los primeros utilicen las facturas de servicios públicos como vehículo para aumentar sus ingresos. Queda por ver cómo reaccionarán los municipios K ante esta nueva normativa y si optarán por buscar otras formas de incrementar su recaudación o si se adaptarán a las nuevas reglas impuestas desde la Casa Rosada.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
Durante el primer semestre de 2024, las exportaciones agroindustriales mostraron un notable crecimiento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un total de 24 mil millones de dólares. El avance resalta la importancia del sector agroindustrial, que representa el 63% de las exportaciones totales del país.
Según el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), nuestro país continúa ocupando posiciones destacadas en el mercado global. Argentina se posiciona como el mayor exportador mundial de jugo y aceite de limón, así como de aceite de soja. Además, se consolida en el segundo lugar global en la exportación de maní, porotos y yerba mate, y en el tercer lugar en maíz y harina de soja.
En particular, la yerba mate fue punto “brillante” en el informe. Durante el primer semestre de este año, se alcanzó un récord de exportación con más de 20 millones de kilos, lo que representa un aumento del 9,6% en comparación con 2023.
A pesar del crecimiento, el sector agroindustrial enfrenta varios obstáculos que podrían limitar su expansión futura. Nicolle Pisani Claro (Economista Jefe de FADA) destacó que la falta de acuerdos internacionales, la excesiva burocracia administrativa, los derechos de exportación y el atraso cambiario son los principales impedimentos.
Argentina solo cuenta con 8 acuerdos comerciales internacionales, una cifra bajaen comparación con los 40 de la Unión Europea, 32 de Chile, 18 de China y 14 de Estados Unidos. Estos acuerdos son cruciales para reducir barreras comerciales y fomentar el comercio internacional. La falta de acuerdos limita el acceso de los productos argentinos a nuevos mercados, afectando su competitividad.
Otro desafío importante son los derechos de exportación, más conocidas como “retenciones”, que aumentan la carga impositiva sobre el sector. Este impuesto reduce la rentabilidad de las exportaciones y desincentiva la inversión y el empleo en las regiones productoras. Argentina es uno de los pocos países que mantiene este tipo de impuesto, lo que lo convierte en un caso atípico a nivel global.
El atraso cambiario es otro factor crítico: El tipo de cambio oficial no evolucionó al mismo ritmo que la inflación, lo que llevóa una disminución en la competitividad de los productos en el mercado internacional y a un aumento en las importaciones.
El análisis de FADA sugiere que el panorama para el resto del año es mixto. Las perspectivas en términos de demanda internacional son neutras, mientras que la competitividad cambiaria es negativa. Sin embargo, se espera una oferta exportable positiva y precios en descenso. Se proyecta que las exportaciones totales para el año podrían alcanzar entre 45 mil y 50 mil millones de dólares, un aumento significativo en comparación con los 33 mil millones de dólares del año anterior, afectado por la sequía.
