18 mayo, 2025

Casi el 80% de las empresas tendrá problemas para pagar el aguinaldo

Pese a la negativa de los sindicatos, desde la cámara del sector sostienen que deberán cancelarlo en cuotas. Otros sectores también expresaron su preocupación y piden financiamiento.
La crisis económica y el aguinaldo
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La crisis económica y el aguinaldo

Una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) arrojó que el 78,8% de las empresas tendrá problemas para pagar el aguinaldo, poniendo así cifras concretas a una problemática que muchos empresarios deberán afrontar en los próximos días. Es que en algunos casos, tienen contemplado cancelar la primera mitad del Salario Anual Complementario (cuyo plazo legal, en realidad, concluyó ayer) en cuotas, pese al rechazo de los sindicatos. Desde otros sectores, en tanto, piden por más financiamiento para mitigar el impacto de la pandemia en el consumo y la producción.

Según el relevamiento llevado a cabo por la CAC en empresas de diversos tamaños (desde nueve empleados, hasta más de 200), el 29,5% no podrá abonar el medio aguinaldo, mientras que el 49,3% lo hará parcialmente o en cuotas. A raíz de las complicaciones que se suscitaron con la llegada de la pandemia, desde la cámara sostuvieron que plantearon al Gobierno la necesidad de ayuda y que, ante la negativa, contemplaron la posibilidad de cancelarlo en cuotas. “Tuvimos varias reuniones con Armando Cavalieri (secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio), quien nos dijo que era imposible aceptar el pago en cuotas. Nosotros dijimos que entendíamos su posición, pero la realidad es que acepten o no, hay empresas que no lo van a poder pagar de otra manera que no sea cuotificada”, sostuvo a Ámbito Financiero, Mario Grinman, secretario de la CAC, quien agregó: “Vamos a asumir las consecuencias de las cosas que puedan suceder. Pero quizá en este ambiente tan complicado, el sindicato sea un poco más benévolo”.

La crisis económica y el aguinaldo

Grinman destacó que algunos sectores, como los supermercados, están en condiciones de pagar el aguinaldo. “Hay otros, que estuvieron cerrados por poco tiempo, pero que tienen espalda. Pero la mayoría no lo puede pagar. No es que no quiere. Ahora, especialmente en el interior donde hay una relativa normalidad, está trabajando el 85% de los comercios. Pero trabajan a un 50% menos de facturación que el día previo a la cuarentena”, remarcó el secretario de la CAC, quien subrayó: “En cuanto al financiamiento, nadie va a ir a pedir plata. Porque no se la dan a tasa cero, en el mejor caso dan a 24%. ¿Pero quién podría endeudarse a pagar un crédito cuando no está vendiendo?”.

Desde la CAME también estiman que una gran cantidad de empresas tendrá dificultades para pagar el aguinaldo. “Calculamos que las empresas que piden el ATP no van a poder abonarlo. Es el 50% de las pymes del país, unas 300.000. Las más complicadas son las micro empresas, que tienen hasta nueve empleados, seguida por las pequeñas, que tienen hasta 50”, sostuvo a este diario Pedro Cascales, vocero de la entidad, quien agregó: “Le pedimos asistencia al Gobierno, que dijo que no y tampoco tuvimos respuesta del sindicato para poder pagarlo en cuotas. Con lo cual es probable que la mayoría lo termine pagando en cuotas de facto, con acuerdo entre los empleados. Es algo que puede generar conflictividad, porque si un empleado dice que no quiere cobrarlo en cuotas, puede terminar en un juicio. Creemos que en el caso del AMBA y Chaco (los sectores más afectados por el coronavirus), va a ser un problema serio”.

La crisis económica y el aguinaldo

También vislumbran un escenario complejo desde el sector industrial. “Nosotros hicimos una encuesta donde claramente dio que el 51% de las empresas decía que no podía pagarlo y el 22,5% decía que lo iba a pagar en cuotas”, sostuvo Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, quien remarcó: “En ese sentido, lo que pedimos es financiamiento. El problema que tenemos es la cantidad de pymes que están paralizadas por falta de financiamiento; muchas pueden pagar el salario por falta de financiamiento. En algunos casos, reciben el subsidio del ATP, pero las pymes que comenzaron a funcionar lentamente no tienen capital para poder ser sustentables”.

Con ese panorama, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Carla Carrizo (UCR) presentó el lunes un proyecto de ley en el cual propone que empleadores y trabajadores del sector privado estén exceptuados del pago de aportes y contribuciones previstos en el aguinaldo. En su iniciativa la legisladora planteó la suspensión del pago de aportes y contribuciones que integran la CUSS (Contribución Única de la Seguridad Social) y a las obras sociales en el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente a 2020, tanto para empleadores como para trabajadores del sector MiPyME. “Las obligaciones que buscamos suspender implican para empleadores poco más del 25% del salario anual complementario que paga y para los trabajadores una deducción del 17%”, explicó Carrizo.

*Fuente: Ámbito Financiero – Andrés Randazzo


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Frigerio exigió eliminar las retenciones y pidió más rebajas impositivas para el campo

La Jornada Nacional del Agro (Jonagro), organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, reunió a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) para exponer sus estrategias de apoyo al sector productivo. Ante productores y autoridades —entre ellos el presidente de CRA, Carlos Castagnani, y el secretario nacional de Agricultura, Sergio Iraeta—, Frigerio calificó de prioritario “dialogar y pensar en una Argentina a largo plazo, más allá de la coyuntura electoral”.

El mandatario entrerriano recordó que, tras un pedido directo en una exposición rural, destinó el 100 % del impuesto inmobiliario rural a caminos: “Arranqué en una exposición rural y planteé una política que era destinar el 50 % del impuesto inmobiliario rural a los caminos rurales. Un productor me dijo: ‘¿Y por qué no el 100 %?’. Bueno, este año vamos a destinar el 100 %”. Añadió que la provincia eliminó trámites: “Eliminamos la guía, hoy tenemos un documento único de tránsito que agiliza muchísimo los procesos y respeta el tiempo del productor”.

Frigerio afirmó que en 18 meses de gestión mantuvo “más reuniones con los representantes del campo que en los últimos 20 años” y detalló las rebajas impositivas: “Nunca estuvo en la cabeza de los gobernantes aumentar los impuestos. Y de hecho los bajamos. Quitamos a más sectores el tributo de ingresos brutos, un pésimo impuesto. Aumentamos el impuesto inmobiliario por debajo de la inflación, es decir, lo bajamos en términos reales, lo mismo que las patentes”. Recordó que los ingresos provinciales cayeron 23 % en términos reales en 2024 y, aun así, “Hicimos un esfuerzo increíble para que por lo menos una vez el peso de la crisis no recaiga sobre la espalda de los productores”.

Al abordar problemas sanitarios, señaló el “drama compartido con Corrientes, como es el tema de la garrapata” y anunció financiamiento conjunto con el CFI para construir baños de inmersión bovina: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo en la provincia para conseguir financiamiento junto con el CFI, para generar créditos para poder construir los baños indispensables para enfrentar esta problemática”.

En materia nacional, insistió en la eliminación de los derechos de exportación: “Nos hemos puesto al frente varios gobernadores de la lucha contra las malditas retenciones. Esperemos que el gobierno entienda que en este camino y en esta política que han manifestado de darle alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción, no puede haber otra prioridad que bajar las retenciones”. Subrayó que la discusión debe darse sin quebrar el superávit: “El Gobierno está dando la pelea contra el déficit, y eso por lo menos da para un voto de confianza”.

Frigerio remarcó la urgencia de un pacto fiscal federal: “Hoy las provincias son responsables de la salud, la educación, la seguridad, la Justicia y crecientemente la infraestructura. Es necesario sentarnos con el Gobierno y acordar cómo se distribuyen los recursos”. Cerró su intervención convocando a un acuerdo de futuro: “Tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos en una mesa y consensuar un camino, un rumbo de largo plazo”.

En Jonagro, los gobernadores coincidieron en fortalecer el agro con reglas claras y previsibilidad, destacaron la relevancia de la competitividad provincial y defendieron la reducción de la carga tributaria como vía para apuntalar la producción y el empleo.

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Sturzenegger derogó un decreto de 1935 que exigía a productores medir cabezas de ajo

El Gobierno derogó el Decreto 71.178 de 1935, que desde hacía casi un siglo regulaba la tipificación, el empacado y la fiscalización de las hortalizas destinadas a la exportación. La decisión quedó plasmada en los decretos 312/2025 y 318/25, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y se publicó ayer en el Boletín Oficial.

Según los considerandos oficiales, la norma derogada “generaba restricciones que hoy resultan anacrónicas” y “se traducía en un obstáculo para la eficiencia en los intercambios y en la gestión estatal”. A partir de ahora, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se limitará a la “policía sanitaria”, mientras que la calidad y el proceso productivo quedarán en manos del mercado.

“Seguimos avanzando en la transformación más profunda de @SenasaAR en décadas”, posteó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario recordó que, con los años, al organismo “se le fue dando el rol de supervisar tres cosas: la calidad de los productos, el proceso productivo y actuar como policía sanitaria”. Y añadió: “Para un gobierno libertario como el que propugna nuestro presidente @JMilei, tanto la calidad como el proceso productivo son dimensiones que valida y evalúa el mercado. Nada tiene que hacer el Estado metiéndose en eso”.

El ministro destacó que el paso previo fue el Decreto 312/25, que “despejó el camino” para una serie de resoluciones —entre ellas la 328/2025— que “barrieron con la locura de un funcionario queriendo dictaminar qué se debe producir” y suprimieron “la habilitación de plantas de empaque” y “todas las disposiciones de calidad y de envasado”.

Sturzenegger relató que la reforma nació del reclamo de un productor mendocino de ajo: “Para autorizarle la exportación le medían el tamaño de las cabezas, prohibiéndole las que eran pequeñas”. Esa experiencia, dijo, evidenció el “absurdo” de una regulación que “gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo”.

El Ejecutivo sostuvo que la eliminación de requisitos “no afectará el estado de salubridad” de los productos, garantía que continuará a cargo del Senasa. “Literalmente dejamos de molestar al productor”, subrayó el ministro, y prometió avanzar “progresivamente y sin pausa” sobre otras normativas del complejo agroalimentario.

Entre los exportadores hortícolas la medida generó entusiasmo por la reducción de “trabas absurdas” y la aceleración de plazos. No obstante, algunas voces advirtieron que la falta de controles sobre los procesos podría dificultar la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales. Con la desregulación, el Gobierno buscó modernizar un marco legal que persistía “desde la era del telégrafo”.

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