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La empresa de streaming más popular en Argentina confirmó que aumentará sus tarifas a partir del mes de junio, la incrementación será de un 27%. “Esperamos que estés disfrutando todo lo que Netflix tiene para ofrecerte. También queremos informarte que estamos actualizando nuestros precios para traerte más y mejor entretenimiento” informó la empresa a través de un mensaje a sus clientes.
Actualizando el listado de precios de Netflix los precios quedarían en:
Plan Básico: $703,56 final por mes.
Plan Estándar: $1.310,35 final por mes.
Plan Premium: $1.966,36 final por mes.
Actualmente los precios van desde $376 a $939.
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Gran parte de insumos médicos imprescindibles para tratamientos aumentaron un 1.000% durante 2023. El aumento se explica por los altísimos índices inflacionarios y por la suba del dólar. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina señaló que más de 300 centros del país estaban en riesgo de no poder seguir funcionando por esta cuestión. “El futuro es tan incierto como el futuro del país”, sintetizan los expertos.
Por su parte, el doctor Jorge Abdala, presidente de citado organismo, advirtió que, actualmente “las empresas importadoras consiguieron traer todos los materiales necesarios, por lo menos para la diálisis. Si bien para los tratamientos de diálisis se ha normalizado el abastecimiento, el principal inconveniente en este momento es el precio, porque la mayoría de los insumos están valuados en dólares“.
“Hay productos como la heparina, que es vital y sin el cual no se puede hacer diálisis, que subió más de 1.000% en el año. En el resto de los casos, la mayoría de los insumos aumentaron por arriba de 150, 200%“, explicó el titular de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina.
Un panorama similar fue detallado por la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, quienes comunicaron, en septiembre, que el incremento de insumos y atención aumentó entre el 50% y el 400% en el año. También se sumaron con comunicados el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas y la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.
Además de esta preocupación, se suman desafíos adicionales, como la insuficiente compensación de los profesionales de la salud, los retrasos en los pagos por parte de las obras sociales y la notable ausencia del tema de la salud en la agenda electoral.
“Al analizar las plataformas electorales del último período eleccionario aparecían temas como pobreza, trabajo, emergencia habitacional, educación, impuesto a las ganancias, inflación, policía y narcotráfico, entre otros. No aparecía salud. De hecho, a valores constantes, la asignación a salud per cápita en los últimos veinte años se ha ido reduciendo sistemáticamente“, concluyeron.
Un notable grupo de asociaciones rurales convocó a la protesta debido a la falta de suministros. La escasez de combustibles impide que los trabajadores del agro puedan llevar adelante con normalidad sus tareas: Se estima que el campo consume alrededor del 30% del gasoil del país. Los representantes de las organizaciones exigen que el gobierno “arbitre los medios para solucionar esta gravísima situación que afecta a los productores y, en el corto plazo, también a los consumidores de bienes provenientes del sector”.
Al comunicado, emitido por la Federación Agraria Argentina, se le anexan la Asociación Regional de Productores de Areco, la Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto, la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco y la Asociación de Productores Rurales de Arrecife.
“Los genios del desabastecimiento, primero de vacunas (Perdón… ¡Para ellos sí!) Insumos médicos, o artículos de primera necesidad en las ciudades para toda la comunidad ahora se le suma el combustible. La vida económica paralizada, y las máquinas y tractores sin poder trabajar”, sentenciaron.
La reconocida cooperativa láctea debió tirar 100.000 litros de leche la semana pasada que no pudo ser procesada por un bloqueo sindical que limita la capacidad de los trabajos en las plantas. El presidente de Sancor, Abel Sánchez, cruzó al Gobierno, al Banco Nación y a la Asociación de Trabajadores Lecheros de la República Argentina. “Si hubiéramos tenido en la lechería, un dólar pyme, o dólar vaca muerta, o dólar soja, creo que podríamos haber peleado, no digo de llegar a los costos de producción, pero sí pelearlo para que el productor esté un poco más cómodo”, comentó en diálogo con los medios.
“Hoy en las plantas se está trabajando, estamos tratando de reubicar toda la leche. No fueron asambleas, fueron paros. No nos permitieron trabajar los procesos de queso y demás. Y veníamos de un fin de semana largo, en el que había mucha leche acumulada en los silos. A raíz de eso, hubo que tirar parte de esa leche porque ya estaba ácida”, detalló Sánchez.
“Estamos hipotecando la lechería del futuro, matando vacas, seleccionando toda aquella vaca que no tiene futuro o que le falta mucho para volver a producir o la vaca que el año pasado se mataba con 12 litros hoy se mata con 15 o 20 litros”, sostuvo el titular de Sancor. Según la firma, tres millones de litros de leche están en riesgo por el freno a la producción.
El empresario comentó que se venía “trabajando con un fideicomiso que arrancó hace un par de años atrás, con el funcionario Mario Cafiero como presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); nosotros le propusimos ver la forma de invertir fondos dentro de la cooperativa para llevar adelante”.
Tras el fallecimiento de Cafiero el asunto quedó en manos del ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien “no atendía el teléfono” y “en noviembre de 2021 informó que había tres inversores interesados en la restructuración”: José Urbubey, Marcelo Figueiras y Gustavo Scaglione, quienes “iban a armar un fideicomiso con Sancor, prometiendo que el Banco Nación realizaría un préstamo de $60 millones”. Sin embargo, Sánchez manifestó que el Nación nunca aprobó los préstamos y que, mientras tanto, “había presiones del gremio” para que se tomaran “decisiones rápidas”.
La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (AIEPBA) informó que unas 200 escuelas privadas —con y sin aporte estatal— de esa provincia enfrentan dificultades financieras críticas, otros 30 establecimientos educativos se mantienen en riesgo de cierre.
Los niveles de morosidad, aseguran, ronda el 25% en promedio. La incertidumbre y la crisis agrava la preocupación de los privados de cara al ciclo electivo 2024. Un considerable número de colegios privados bonaerenses nucleados en AIEPBA —integrada por aproximadamente 10.000 alumnos, 1.100 docentes— señalaron que “lamentablemente venimos advirtiendo esta situación antes de las vacaciones de invierno. Hicimos un relevamiento y marcó que cientos de colegios están con seria dificultades económicas y financieras”. Durante los últimos días, dos colegios del conurbano anunciaron que cerrarán sus puertas el año que viene por éstas razones, afectando, con su medida, a más de 1.000 familias bonaerenses.
Conmoción en la comunidad educativa tras los cierres
Ayer, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires informó un nuevo aumento del 11% que se verá impactado en la cuota de noviembre.
Según los relevamientos de la entidad, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023 la inflación fue del 311%, los incrementos salariales que se dieron en paritarias acumularon 364%, mientras que los aranceles subieron 268%. El último incremento fue autorizado en septiembre y fue de un 5,4% sobre la cuota de agosto y a esto debió sumarse una autorización previa realizada por el gobierno bonaerense del 9% —14% para dos meses con inflación más alta—.
Hace una semana, el Gobierno habilitó a la AFIP para que le exija a las empresas Rappi y PedidosYA que registren a 300 mil empleados-que actualmente son monotributistas- para obtener las cargas sociales (según la AFIP por valor de $7500 millones).
“Pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a las plataformas digitales de delivery, en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización”, justificó AFIP.
Es decir, el ente gubernamental alega que los repartidores de las empresas de delivery son empleados en relación de dependencia y que al no ser registrados, están escapando a las responsabilidades que les toca como empleador y perjudicando al trabajador al no poder otorgarles ciertos beneficios.
Ante este apriete impositivo, las firmas están analizando irse del país
“La AFIP sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales. Las empresas que administran las apps sostienen que los repartidores son autónomos y monotributistas y por lo tanto cada uno paga sus respectivos aportes“, explicó una fuente que responde a las empresas.
“El número repartidores es cambiante, porque el autónomo puede entrar o salir del sistema cuando lo desee. Pero las empresas lo tienen estimado y, en total, las personas que encuentran una salida laboral mediante las apps de delivery son aproximadamente 300.000”, detalló.
Si las empresas se adaptan a las exigencias de la AFIP, “este modelo desaparece, y por eso que en muchos países no lo reglamentan, como en Francia, España, Italia y otros”, sumó. En tanto, las compañías de delivery apelarán al fuero Contencioso Administrativo Federal y ante el Tribunal Fiscal.
En su declaración, la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha) ha señalado que “las dificultades en la adquisición de insumos del extranjero han alcanzado un nivel crítico que está provocando una paralización en las operaciones del sector”.
Este organismo —que representa a más de 65 pequeñas y medianas empresas nacionales— informó que se han visto forzados a suspender la producción de embutidos cocidos, secos y frescos. La situación pone en peligro el empleo de miles de trabajadores en el sector, así como en actividades relacionadas, desde los mataderos hasta los transportistas y distribuidores.
Martín de Gyldenfeldt, gerente de la Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (Caicha)
Caicha ha informado que, en las últimas semanas, el gobierno ha implementado nuevas restricciones para evitar la salida de divisas destinadas al pago de deudas con proveedores extranjeros. “A pesar de que se han otorgado a lo largo del año aprobaciones para los permisos de importación conocidos como Siras, la realidad es que en la actualidad, la posibilidad de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se ha vuelto casi inalcanzable“, señaló Martín de Gyldenfeldt, gerente de la cámara. “La paciencia de los proveedores de insumos básicos importados se está agotando. Muchos de ellos ya no desean abastecernos, y no existen proveedores locales que puedan sustituirlos. En algunos casos, se han tenido que reprogramar los pagos al exterior en más de dos ocasiones, y nadie sabe cuándo se podrán cumplir los compromisos asumidos”, agregó.
La Caicha considera que esta problemática afecta prácticamente a todo el sector privado. Expresan su lamento por la falta de transparencia del gobierno al aprobar importaciones sin contar con las reservas de divisas necesarias.
“En los últimos meses, hemos observado cómo han surgido numerosos eufemismos para evitar reconocer la escasez de dólares. Términos como ‘Inconsistencia 46, 47 o 49’, ‘capacidad económica financiera (CEF) en cero’ y ‘SIRAS sin fecha’ son solo algunos ejemplos de ello. Esperamos que nuestra petición al menos ayude a obtener cierta visibilidad en cuanto a los flujos de pago futuros. Preferimos la verdad a la situación actual, en la que no solo no podemos cumplir con los pagos, sino que el gobierno pone en duda nuestra palabra al tiempo que devalúa nuestra moneda”, concluyó Gyldenfeldt.
“Tomamos nota del anuncio del Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en el que asegura que liberará las SIRAs pendientes para todas las pymes industriales en Argentina. Queremos creer que así será. Sin embargo, la tradicional sucesión de promesas incumplidas por parte de las administraciones gubernamentales, sin importar su orientación política, nos mantiene alerta en nuestra función de representar la producción industrial y advertir sobre los riesgos inminentes a los que nos enfrentamos”, resaltaron.
El liberal consiguió la ansiada victoria pese a tener todo el aparato estatal oficialista en su contra. El presidente electo de La Libertad Avanza se impuso por más de 10 puntos y con con más del 55% de los votos.
