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El documento que llegó a Infobae (Sebastián Catalano), fechado el 15 de este mes, está dirigido al ministro de Economía, al jefe de Gabinete y al presidente. Lleva la firma de Darío Martínez, secretario de Energía y subalterno de Guzmán (al menos en el organigrama).
A tres meses de comenzar el invierno en Argentina, el país ya no cuenta con recursos para pagar el gas en marzo. Martínez rechazó el recorte por los Techos de Caja para el corriente mes: en lugar de girar $309.802 millones, como se solicitó, le fue enviado $66.015 millones, el 21% de lo pedido.
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Según aseguraron fuentes oficiales, “estos ajustes de caja se vienen dando, pero no de esta manera tan violenta y explícita. Este apretón monetario pone en crisis al sistema antes del invierno y rompe con la cadena de pago y provisión. Es una verdadera crisis sectorial que afecta a todos los frentes del sector energético. Ya están implementando el acuerdo con el FMI, o no se entiende el sentido de todo esto. Es una afectación inmediata: no se puede importar más gasoil y GNL, ni pagar a los generadores”.
“Considérese que los $66.015 millones del techo mencionado, no alcanzaría siquiera para cubrir el pago del Gas que importamos desde Bolivia, el Barco Metanero de GNL que adquirió IEASA para cubrir la falta de Gas que produce temporalmente una parada técnica de una planta de tratamiento planificada, y los 17 barcos de Gas Oíl que contrato CAMMESA para abastecer las Centrales Térmicas y sus depósitos que se encuentran en niveles mínimos, naves todas que ingresaran a puerto durante marzo; dejando absolutamente desfinanciado todo el resto las obligaciones de la Secretaría de Energía”, asegura el documento.
*Con información de Infobae
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El gobierno implementó una nueva estrategia de seguridad fronteriza denominada Plan Guacurarí, dirigida específicamente al combate del crimen organizado en la frontera con Brasil. Esta iniciativa, oficializada mediante la resolución 626/2025 y firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece un comando unificado que coordina múltiples fuerzas federales y provinciales para enfrentar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de dinero.
“Algunos ofician de intermediarios influenciados por los grupos delictivos brasileños”, detalla el documento oficial. “Argentina ya fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma ilegal”, agrega.
La región seleccionada para la implementación comprende un tramo crítico de la frontera argentino-brasileña, específicamente en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen. Esta zona presenta características geográficas particulares que la convierten en un punto estratégico para actividades ilícitas: abarca 25 kilómetros lineales de frontera seca, caracterizada por su difícil acceso y la ausencia de barreras naturales que obstaculicen el tránsito irregular.
La configuración del terreno facilita el establecimiento de pasos clandestinos, mientras que ambos márgenes de la frontera cuentan con avenidas asfaltadas que permiten movimientos rápidos y discretos, una infraestructura que ha sido sistemáticamente aprovechada por organizaciones criminales, afirmando que “se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales” y definiendo el objetivo de “recuperar el control territorial estatal en una zona donde el poder público ha perdido presencia.”
La presencia de estas organizaciones no se limita únicamente al control de rutas de tráfico, sino que incluye el establecimiento de estructuras logísticas, redes de comunicación y sistemas de protección que les permiten mantener operaciones sostenidas en el tiempo.
Las principales estructuras delictivas identificadas incluyen el Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, junto con otros grupos como Bala na Cara y, en menor medida, el Comando Vermelho. Estas organizaciones han establecido conexiones sólidas con bandas locales, creando una estructura delictiva transfronteriza que opera de manera coordinada y sofisticada.
El Plan Guacurarí encuentra su sustento legal en la resolución 626/2025, publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo de 2025, y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, basándose en las competencias establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional para asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo concerniente a la seguridad interior. La resolución también se fundamenta en modificaciones recientes al marco normativo, incluyendo el Decreto N° 58/2025, que cambió la denominación del ministerio a “Ministerio de Seguridad Nacional” para reflejar de manera más precisa su misión en la prevención y lucha contra los delitos federales.
Se contempla una duración inicial de 180 días con posibilidad de prórroga, lo que permite una evaluación periódica de resultados y la adaptación de estrategias, con ayuda de efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, cada una aportando capacidades especializadas según su expertise institucional. La participación de la Policía de Misiones está asegurada a través de enlaces designados por otras estrategias, incluyendo el Plan Güemes y el Plan Roca, que han estado activos en puntos de la provincia de Salta, específicamente en localidades como Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza.
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
En la provincia de Buenos Aires, la palabra “emergencia” se convirtió en una bandera política. El gobernador Axel Kicillof la invoca con frecuencia para justificar medidas restrictivas, postergaciones salariales e incluso nuevos pedidos de endeudamiento. Sin embargo, en paralelo, su gestión no detiene —sino que acelera— un modelo de gasto público desbordado, que incluye la multiplicación de cargos políticos, compras millonarias y un calendario electoral que costará más de 4.000 millones de pesos a los bonaerenses.
El contraste es evidente. Mientras varios municipios bonaerenses se declaran en emergencia financiera por la falta de fondos, y mientras el propio Kicillof debió suspender negociaciones paritarias con docentes y empleados estatales por “falta de recursos”, la maquinaria administrativa no se detiene. El gobernador solicitó recientemente a la Legislatura la creación de 2.249 nuevos cargos públicos, a los que se suman 5 mil horas cátedra adicionales, a pesar de que ya administra una estructura que triplica en personal a la de su antecesora, María Eugenia Vidal.
¿Crisis real o campaña encubierta?
A este crecimiento del gasto, que ya destina casi la mitad del presupuesto provincial al pago de sueldos, se suma un nuevo escándalo: la licitación 211-0087-CDI25 para la impresión y provisión de materiales de la elección desdoblada, por un monto que supera los 4.179 millones de pesos. Dos empresas participaron: Arcángel Maggio SA (la más económica) y Melenzane SA, ambas con propuestas que rozan cifras siderales para una provincia que asegura estar en emergencia.
La licitación se da en el marco de un calendario electoral impulsado por Kicillof y aprobado sin debate ni discursos en la Legislatura, y que parece más diseñado para garantizar la supervivencia política del oficialismo que para resolver los problemas estructurales de la provincia. El 7 de septiembre se celebrarán elecciones, mientras el ajuste a los municipios, la deuda acumulada y la parálisis de aumentos salariales se profundizan.
Una gestión que va a contramano del país
Mientras el gobierno nacional aplica recortes drásticos y elimina cargos en nombre del equilibrio fiscal, Kicillof parece haber elegido el camino contrario: más cargos, más gasto, más deuda. Desde su llegada al poder en 2019, el gobernador creó más de 70.800 cargos nuevos en la administración bonaerense, un promedio de 48 designaciones por día.
Y lejos de frenar, acelera. La Legislatura ya recibió un nuevo paquete económico con pedidos de endeudamiento por más de 1.000 millones de dólares, además de la emisión de letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera. Todo, en una provincia que todavía funciona con el presupuesto prorrogado de 2023.
A la licitación electoral se suman compras millonarias con presupuestos ocultos, como la adquisición de más de 750 computadoras, mil monitores, laptops y pizarras digitales, sin especificar el monto total del gasto. Estimaciones privadas aseguran que la cifra podría superar los 1.000 millones de pesos. A esto se suma la renovación de luminarias por 113 millones, globos y elementos de comunicación institucional por otros 200 millones, mientras los hospitales reclaman insumos y los intendentes denuncian la falta de transferencias básicas.
Una estrategia electoral encubierta
El relanzamiento del espacio político “Movimiento Derecho al Futuro”, las designaciones masivas y la superestructura electoral parecen tener un único objetivo: sostener territorialmente al gobernador y posicionarlo como figura nacional de cara a 2027. En lugar de administración eficiente, Kicillof parece usar el aparato del estado como plataforma política, con los contribuyentes como únicos financistas.
La estrategia del gobernador está cada vez más cuestionada, incluso dentro del propio peronismo. Con una provincia en emergencia, salarios estancados y una estructura estatal cada vez más costosa, la pregunta es inevitable: ¿Cómo se sostendrá este modelo? Y más aún: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una provincia que gasta como si estuviera en bonanza mientras se endeuda como si estuviera en quiebra?
La respuesta llegará pronto. Tal vez no en las urnas, pero sí en los hospitales vacíos, en las escuelas sin mejoras, en los municipios quebrados y en la presión impositiva que no deja de subir. Mientras tanto, Kicillof sigue apostando al “inflador” y no a la motosierra, como si los recursos fueran infinitos. Pero los números no mienten: el costo de esta campaña, lo pagamos todos.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que la próxima semana el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley “de pocos artículos” que habilitará la utilización de dólares fuera del sistema para compras de hasta 50 millones de pesos mensuales.
Francos calificó la medida de “algo revolucionario” al destacar que los fondos podrán destinarse a la cuota inicial de un departamento, a créditos hipotecarios o a la adquisición de maquinaria agrícola. Explicó que la propuesta garantizó que la información patrimonial “no va a ser revisada” y que redujo el período de prescripción de cinco a dos años para proteger a los ahorristas. “Esto va a garantizar que la información que se suministre no va a ser revisada”, aseguró.
– “Presentamos el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos a gobernadores y ministros de distintas provincias”
En una videoconferencia con 17 gobernadores, el Gobierno obtuvo “un interés general de parte de todos de adherirse a este sistema”. Subrayó que los mandatarios provinciales entendieron que la iniciativa “va a generar una movilización de fondos, una actividad fuerte comercial y, en definitiva, ellos van a percibir también los impuestos que genera ese incremento”. El funcionario pidió, no obstante, que las provincias no apliquen Ingresos Brutos sobre los bienes adquiridos para mantener el incentivo.
Francos insistió en que los dólares acumulados “no provinieron de la evasión impositiva, sino de la compra en el mercado paralelo para resguardar ahorros”, y negó que el esquema choque con normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A su juicio, “con información más limitada sobre algunos montos, es mucho más fácil generar control por parte de el Arca”.
Finalmente, el ministro defendió el proyecto como un instrumento de reactivación económica y de regularización voluntaria: “No es que la gente haya sido incumplidora, sino que se vio obligada a buscar la manera de proteger su dinero”.
Según reveló recientemente un informe del diario La Nación, de los 17 candidatos que encabezan las listas para la Legislatura porteña, sólo uno no respondió a la solicitud del medio para presentar y detallar sus proyectos para el distrito: Manuel Adorni, quien conservó su puesto de vocero presidencial mientras encabeza la boleta de La Libertad Avanza, la lista de Javier Milei en la Ciudad.
Esta situación no se trata de un hecho aislado, no estamos ante un caso del mileísmo odiando a La Nación, como promueve recientemente el espacio. Otros medios especializados en verificación de datos, como Chequeado, confirmaron que el equipo de prensa de Adorni tampoco proveyó respuestas detalladas sobre sus propuestas al ser consultados para una nota similar.
Reportes de otros importantes diarios, como es el caso de Clarín, señalaron la ausencia de planes específicos del economista para la Ciudad, contrastando con una campaña que se basó fundamentalmente en criticar al PRO y en polarizar con el kirchnerismo; y en cuanto a la adhesión a consignas, el relato se sostuvo principalmente en el “modelo Milei” y el “ajuste”, sin especificar su aplicación en el ámbito porteño, que es de lo que se esperaría que hablara Adorni en su rol de candidato porteño.
La falta de concreción en temas específicos de la Ciudad, particularmente en materia fiscal, cobra relevancia al recordar antecedentes recientes en la propia Legislatura porteña. El año pasado, mientras los legisladores Ramiro Marra y Eugenio Casielles (cofundadores de La Libertad Avanza), junto al abogado y legislador Yamil Santoro, impulsaban un proyecto de recorte de gasto en el presupuesto de CABA; la legisladora de LLA (y actual presidenta del bloque)ex-camporista Pilar Ramírez y otros miembros fieles al “león” votaron en contra de esa iniciativa, eligiendo prorrogar el presupuesto elaborado por el larretismo, una acción que parece colisionar con el discurso de “motosierra” y “ajuste fiscal” que el espacio promueve a nivel nacional.
El contraste entre la presentación detallada de plataformas por parte de la casi totalidad de los candidatos y la ausencia de las mismas por parte de Adorni, sumado a un enfoque de campaña anclado mayormente en la agenda nacional y en las críticas hacia sus rivales políticos, plantea interrogantes sobre el rol que buscaría cumplir el vocero presidencial en la Legislatura. Los hechos recabados sugieren que la estrategia podría apuntar más a traccionar votos para el espacio en general, que a un compromiso con el debate y la búsqueda de soluciones específicas para los problemas de la Ciudad, lo que alimenta el debate sobre el carácter “testimonial” de su postulación.
El pasado sábado 10 de mayo, se dio en la provincia de Corrientes, el evento de charla-debate sobre “La Batalla Cultura: el rol de la cultura y la comunicación en el nuevo escenario político argentino”, donde estuvieron presentes destacados comunicadores como Manuel Jorge Gorostiaga (más conocido como Emmanuel Danann en redes), Álvaro Zicarelli y Eduardo Prestofelippo (El Presto).
“Si un argentino despierto es peligroso, imagínense 40 millones de argentinos unidos contra una dirigencia política que nos quiere destruir”, destacó El Presto, en su exposición sobre la conciencia ciudadana.
Los tres estuvieron en el Hotel Turismo, más precisamente en el primer piso de la capital correntina en el Salón Camba Cuá donde la gente presente colmó la capacidad del lugar, siendo aproximadamente más de 420 personas las que estuvieron en ese momento, entre jóvenes y adultos de Formosa, Chaco y otros lugares.
“Estar sentado hoy aquí para mí es un privilegio, pero es un doble privilegio estar en una provincia que ha hecho cátedra histórica desde la fundación de este país por pararse de manos a la dictadura y al autoritarismo desde el 1800”, subrayó Zicarelli, quién a lo largo de la tarde noche, coincidió en la necesidad de rescatar el protagonismo provincial.
Los invitados fueron traídos por Juan Enrique Braillard Poccard, presidente del Comité Capital del Partido Popular Correntino (PP), en el marco de la Escuela de Gobierno para “defender las ideas de la libertad y trabajar todos los días por un país mejor contra el progresismo”.
“¿A mí qué carajo me importa lo que sucede en la 9 de julio si yo estoy en Corrientes, en Córdoba o en Entre Ríos? Eso, lamentablemente, es un porteñismo que ha destruido el federalismo”, afirmó El Presto, cuestionando al centralismo porteño.
Por la mañana del mismo día, realizaron una entrevista en el medio L17, en el programa “Jóvenes y No Tanto” (JNT), donde abordaron el rol de los medios y hasta el potencial de regiones como Corrientes de ser “una segunda Dubai”.
“No defendemos personas porque las personas fallan. Nosotros siempre dijimos lo mismo, es con Milei, es con Bullrich, es con Macri y es con todos los que están frente al tirano”, dijo Dannan. “A nosotros se nos prohibió velar a nuestros muertos (en pandemia), mientras estos parásitos usaban la residencia de Olivos y la Casa Rosa para enfiestarse con actrices y modelos”, agrego.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
