Argentina es uno de los países con datos móviles más caros de Sudamérica

Según un relevamiento privado, ocupa el tercer lugar, justo detrás de Colombia y Paraguay. Mientras que la conexión por banda ancha es de las más baratas.
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Según un relevamiento privado, la Argentina se ubica entre los primeros países con la conexión a internet móvil más cara de la región. El valor por cada gigabyte es el tercero más alto del ranking, quedando detrás de Colombia y Paraguay.

La investigación a escala global fue hecha por la empresa de distribución de internet Melita y, según los datos recopilados, un usuario de telefonía móvil argentino paga en promedio un costo de U$S 2,38 ($433 a valor del dólar blue) por cada giga de datos de internet.

Dicho monto fue superado en América del Sur únicamente por Colombia, con U$S 2,8, y Paraguay, con U$S 2,53. Por otro lado, los países con la conexión más barata son Chile (U$S 0,39), Brasil (U$S 0,92), Ecuador (U$S 1,06) y Perú (U$S 1,15).

La Argentina se ubicó como el tercer país con los datos móviles más caros de la región, pero tiene uno de los precios más baratos en banda ancha.

“Los datos se recopilaron desde el 8 de diciembre de 2020 y el 25 de febrero de 2021 y se calculó y comparó el costo promedio de un gigabyte (1 GB) para formar una clasificación autorizada”, detalla el informe.

A nivel global, los datos móviles más baratos los tiene Israel, con un promedio de 5 centavos de dólar por gigabyte de datos; mientras que la conexión móvil más cara del mundo es la de Guinea Ecuatorial (U$S 49,67), seguida por las Islas Malvinas (U$S 44,56), Santa Elena a U$S 39,87 y Malawi con U$S 25,46 por gigabyte.

Dicho informe también menciona la velocidad de banda ancha de cada país, basado en los datos del portal británico Cable.co.uk, y en este aspecto la Argentina tiene uno de los precios más baratos del sur del continente, contrario a lo que sucede con la conexión móvil.

En ese sentido, destacó que la Argentina paga en promedio unos U$S 19,49 mensuales promedio, lo que a valor del dólar blue serían unos $3.550. Le siguen Colombia con U$S 24,63 por mes y Brasil con U$S 24,79 el abono de banda ancha.

Asimismo, en un reporte reciente de la empresa proveedora de servicios de VPN (red privada virtual), Surfshark, en el ranking de “Calidad de Vida Digital”, que considera costos de internet, la calidad de la conexión, la infraestructura y la seguridad electrónica, la Argentina se ubicó en el puesto 48 de 85.

La peor parte es la calidad del Internet. En este aspecto, el país se ubicó en el puesto 69. Mientras que el mejor puesto lo obtuvo al considerar la seguridad de conexión, lo que la llevó a ocupar la ubicación 38°.

Alberto Fernández volvió a hablar sobre su intención de declarar internet como servicio público.

A pesar de ser uno de los precios más baratos de la región, hace dos semanas, Alberto Fernández volvió a hablar sobre la intención del Gobierno de declarar como servicio público los servicios de internet: “Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que internet es un servicio público… ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”.

El año pasado, Alberto declaró por decreto como servicios públicos a la telefonía, internet, y televisión paga, por lo que las compañías se vieron obligadas a consensuar con el gobierno cuándo y cuánto podrían aumentar sus tarifas, lo que tuvo como consecuencia reclamos judiciales que todavía están siendo tramitados y en multas administrativas.


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Despidos y decenas de proveedores en la ruina: luego de 60 años, Knorr cierra su fábrica en Mendoza

El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.

La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.

Las razones corporativas del cierre

Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.

En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.

El espejo nacional

El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.

Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.

Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólares en concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.

A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.

*Por Augusto Grinner

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