Argentina deja de importar gas de Bolivia tras 18 años y podrá exportar a Brasil
Se realizaron dos obras que lo hacen posible. También abastece al Norte. El reversible. El gasoducto del Norte que construyen Techint y Sacde. Llevan el gas de Vaca Muerta justo cuando declina el gas boliviano.
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La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
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El diagnóstico del economista Federico Pastrana describe un fenómeno que los datos de CP Consultora confirman. Las plataformas digitales funcionaron como válvula de escape frente al desempleo formal, pero esa red de seguridad informal que históricamente contenía el desempleo (Uber, Rappi, Pedidos Ya, etc) se ha saturado y ya no puede cumplir ese rol.
“La destrucción de puestos formales se está acelerando. Un proceso de reconversión productiva, que no produce empleo formal, es una economía que está estancada o cayendo”, afirmó Pastrana, durante una entrevista en el medio radial Radio 10.
El informe del Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (CETyD), publicado por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en julio de 2025, advierte explícitamente que este tipo de empleo “no alcanza ni podría alcanzar a contener toda la búsqueda de ocupación” y “amortigua solo transitoriamente el aumento de la desocupación”. La paradoja es que, a medida que más trabajadores expulsados del sector formal se vuelcan a las plataformas, la rentabilidad por viaje o pedido cae para todos.
El caso de Comodoro Rivadavia es ilustrativo, ya que ahí los trabajadores despedidos de la industria petrolera compraron autos para conducir Uber o Didi, pero la saturación de choferes en una ciudad cuya demanda también cae derivó en “menos viajes por menos dinero”, según testimonios de conductores con años de experiencia en el sistema. El mismo fenómeno se replica en todo el país.
La destrucción de empleo formal es sostenida y va más allá de los siete meses mencionados en el artículo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron cerca de 150.000 empleos privados registrados. Solo en 2025, el empleo asalariado total cayó 1% interanual, lo que equivale a 106.200 puestos menos, con el sector privado concentrando 88.800 de esas bajas.
Los sectores más golpeados fueron la industria, que acumuló casi 40.000 empleos perdidos en 2025 y registró su mayor caída en el segundo semestre, y el comercio, que desde mayo de ese año resignó 22.600 puestos. También la minería, que venía impulsando el PIB, destruyó empleo durante la segunda mitad del año, al igual que la intermediación financiera y el agro.
En paralelo, la tasa de desocupación llegó al 7.9% en el primer trimestre de 2025, el nivel más alto desde 2021, afectando a cerca de 1.8 millones de personas. Para el cuarto trimestre de 2025, el dato subió al 7.5% desde el 6.6% del tercer trimestre.
El dato más revelador es que el empleo registrado total cerró 2025 “sin cambios” en términos netos, pero ese número esconde una transformación profunda. El trabajo independiente creció 3.8%, sumando 104.800 trabajadores, principalmente monotributistas, compensando casi en su totalidad las bajas del sector asalariado. Es decir, los puestos de trabajo de mayor calidad (con aportes jubilatorios completos, aguinaldo y estabilidad) están siendo reemplazados por formas más precarias.
Según el CETyD de la UNSAM, el pluriempleo pasó del 8% en 2013 al 12% en 2024. Una investigación conjunta de ocho universidades nacionales encontró que el 75% de los trabajadores de plataformas los usa como segundo empleo y que la mayoría lo hace “por necesidad”, no por elección. Los ingresos laborales en general se encuentran casi 25% por debajo de los niveles de 2017.
La reforma laboral como respaldo institucional a la precarización
En diciembre de 2025, el gobierno del presidente Javier Milei envió al Congreso el Proyecto de Modernización Laboral, que por primera vez creó la figura del “prestador independiente de plataformas tecnológicas”, excluido expresamente del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto significa que conductores y repartidores no acceden a indemnizaciones, vacaciones, aguinaldo ni licencias médicas. Tal como indica la investigación del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), más de un millón de personas obtienen ingresos de estas plataformas en Argentina, aunque solo una minoría las usa como fuente laboral principal.
Cuando una persona pierde su trabajo formal (con recibo de sueldo, aportes jubilatorios, obra social), normalmente enfrenta dos opciones. Una es registrarse como desocupado o buscar alguna actividad informal que le genere ingresos mientras tanto. La segunda opción se llama “empleo de refugio”, que no se trataría de un trabajo ideal, pero evita caer en el desempleo abierto.
Durante años, las plataformas digitales funcionaron como el refugio moderno y masivo para esos trabajadores. Alguien que perdía su empleo podía registrarse como conductor o repartidor en días, sin requisitos formales, y comenzar a generar ingresos. Esto amortiguaba el impacto social del ajuste económico y mantenía artificialmente baja la tasa de desocupación.
El mecanismo parecía funcionar en 2024, cuando el ajuste macroeconómico de la gestión de Milei comenzó a erosionar el empleo formal, aunque la tasa de desempleo no escaló tanto como se podría haber esperado, precisamente porque muchos trabajadores encontraron refugio en el cuentapropismo y las plataformas.
Pero ese sistema tiene un límite físico. Si hay demasiados conductores para la misma cantidad de pasajeros, o demasiados repartidores para los mismos pedidos, el ingreso de cada uno cae. Y eso es exactamente lo que ocurrió. En base al analista económico Pastrana, la oferta de trabajadores en las plataformas creció tanto que los ingresos reales por viaje o pedido bajaron considerablemente, precarizando el llamado “salario de reserva” —es decir, el mínimo ingreso que un trabajador acepta antes de preferir directamente no trabajar.
Un dato que ilustra la magnitud, es que en diciembre de 2025, un repartidor necesitaba completar 454 pedidos en promedio para alcanzar el costo de la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro personas, según el “índice APP” de la Fundación Encuentro. Cuando el esfuerzo requerido es tan descomunal, el trabajo informal deja de ser un refugio atractivo y se convierte en una trampa de precariedad.
Paralelamente, el empleo asalariado privado registrado —la estadística más confiable y rigurosa del mercado laboral— acumularía siete meses consecutivos de caídas entre mayo y noviembre de 2025. En total, durante 2025 se perdieron más de 106.000 puestos asalariados (-1% interanual), con el sector privado explicando la mayor parte: -88.800 empleos. Si se amplía el horizonte, desde septiembre de 2023 hasta diciembre de 2025 se destruyeron muchos más puestos de trabajo.
Los sectores más golpeados son la industria manufacturera (casi 40.000 empleos perdidos en 2025) y comercio (22.600 puestos desde mayo). Inclusive sectores que se consideraban “ganadores” del nuevo modelo económico —agro, minería e intermediación financiera— comenzaron a destruir empleo en el segundo semestre de 2025.
La trampa del monotributo como válvula de escape
Como se mencionó anteriormente, para compensar la caída del empleo asalariado, el trabajo independiente (principalmente monotributo) creció un 3.8%, sumando 104.800 trabajadores. Esto ocultó la gravedad del problema en las estadísticas globales, porque el total de trabajadores registrados se mantuvo casi igual, pero cambió su composición hacia formas más precarias, sin cobertura médica completa, sin indemnización, sin aportes estables a la jubilación.
Este fenómeno explica por qué la tasa de desocupación del INDEC —que cerró 2025 en 7.5%, contra 6.4% en 2024— no refleja completamente la crisis. Una parte de los desempleados “reales” está encubierta en la informalidad. De hecho, la tasa de informalidad laboral alcanzó el 43% en el cuarto trimestre de 2025, con cuatro de cada diez trabajadores fuera del marco legal.
Pastrana establece una comparación con la década de 1990, que también tuvo un proceso fuerte de destrucción de empleo formal. La diferencia clave es el contexto, dado que en los 90´s había crecimiento económico (aunque desigual), lo que generaba capacidad de reabsorción laboral en otros sectores. Hoy, la economía argentina muestra estancamiento. El consumo interno cayó 1.4% interanual en diciembre de 2025, el crédito está paralizado y crece la morosidad. El gasto público cayó a su nivel más bajo en una década (entre 14.4 y 14.5% del PBI), con un recorte de 5.1 puntos porcentuales del PBI respecto a 2023.
Sin motores de demanda —ni consumo, ni gasto público, ni crédito— no hay sectores donde los trabajadores desplazados puedan reinventarse.
El programa económico liberal apostó a que la baja de la inflación —que llegó al 31.5% interanual en diciembre de 2025— recompondría gradualmente el poder adquisitivo y reactivaría el consumo. Pero Pastrana señala una tensión, si el consumo y el gasto público permanecen estancados, “las exportaciones e inversiones deberían crecer a tasas extraordinarias” para mover el PIB.De acuerdo a sus cálculos, una suba del 8% en esos sectores apenas se traduciría en un avance del 1.5% en el PIB total.
Los organismos internacionales son más optimistas. El FMI, el BID y el Banco Mundial proyectan un crecimiento del 3.8% al 4% para Argentina en 2026, atribuido principalmente a la normalización cambiaria, la continuidad del equilibrio fiscal y cierta recuperación de sectores exportadores. Pero más aún en esa estimación, el impacto en el empleo formal llegaría con rezago, y los trabajadores más vulnerables serían los últimos en sentir dicha mejora.
Para que el mercado laboral se estabilice, la baja de inflación debería ser suficientemente rápida y profunda como para recomponer salarios reales, estimular el consumo y generar incentivos genuinos de inversión que creen empleo formal. Sin ese círculo virtuoso, el desempleo seguirá escalando en los próximos trimestres.
El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años.
Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.
Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.
Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.
Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.
A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.
El escenario político actual asiste al nacimiento de una estructura que pretende romper la polarización con un pragmatismo inusual. Mientras el oficialismo de Javier Milei sostiene su batalla contra la casta, Consolidación Argentina emerge como un movimiento de confluencia donde sectores que hasta ayer eran antagónicos —como el peronismo bonaerense y la Sociedad Rural— coinciden en una misma necesidad: un liderazgo que no profundice la grieta.
La ausencia de Dante Gebel en el Microestadio de Lanús, justificada por su gira en Guatemala, no fue un vacío, sino una herramienta de instalación. Con la figura del líder espiritual como una marca autorizada por primera vez para la disputa electoral, el despliegue del 18 de marzo funcionó como la presentación formal de un operativo de pinzas: el músculo sindical de la CGT y el diseño técnico de Eugenio Casielles para institucionalizar un proyecto nacional que ya cuenta con terminales en las siete regiones del país.
Rock, mística y un estadio desbordado
El Microestadio de Lanús fue el epicentro de una convocatoria que, por volumen y composición, encendió las alarmas del tablero político tradicional. Desde las 19:00 del miércoles 18 de marzo, el recinto operó a capacidad plena, dejando a varias personas fuera del predio por estrictas razones de seguridad.
La previa no tuvo la estética litúrgica habitual, sino la potencia del rock nacional: la banda “Coverheads”, liderada por Fernando “Carucha” Podestá, recorrió el cancionero popular de Pappo, Charly García, Abuelos de la Nada, Guasones y Los Enanitos Verdes, logrando una conexión directa cuando el vocalista bajó al campo para mezclarse con una multitud que coreaba cada estrofa.
El momento en que se proyectó un video de Dante Gebel.
La escenografía en las tribunas y el campo —dividido estratégicamente para la prensa y los asistentes— revelaba la naturaleza del espacio. Entre carteles que rezaban “Dante Gebel Presidente” y banderas de diversas congregaciones religiosas, se destacó un bloque compacto y ruidoso: la “Militancia peronista” de La Matanza, conducida por Horacio Acosta, que junto a un nutrido grupo de hombres del sector sindical, dejó en claro que la estructura de Consolidación Argentina no se agota en lo espiritual.
Tras el cierre musical, la subida de 50 referentes al escenario y la proyección de un video con reflexiones de Gebel marcaron el inicio formal de una jornada que buscó transformar la popularidad de un comunicador en un proyecto de poder real.
El mosaico de Consolidación Argentina
El desfile de expositores en Lanús no fue una sucesión de elogios vacíos, sino un despliegue de sectores que hoy se sienten huérfanos de representación. El bloque sindical golpeó primero con José “el Vasco” Minaberrigaray(SETIA, textiles), quien denunció la pérdida de empleos y una “zanja” económica que devora a los trabajadores.
En la misma línea, Eduardo Cabello (CGT San Juan) disparó contra la gestión de Javier Milei. Cuestionó la polarización con la “casta” mientras a las familias no les alcanza el sueldo para vivir, y sentenció que Gebel será presidente en 2027.
Minaberrigaray durante su discurso.
La diversidad del espacio se hizo visible con Vanina Leto (Aeronavegantes), quien llamó a terminar con la “violencia ideológica” y la grieta. Este mensaje de concordia fue reforzado por Flavia Martínez (fundación “For Children, unidos por la diabetes”), quien agradeció a los “compañeros” y depositó su esperanza en el líder espiritual.
El componente emocional llegó con Julián Ocampo (exparticipante de “Cuestión de peso”), quien entre lágrimas parafraseó a Gebel resaltando la importancia de “lo importante no es hacer todo bien, sino estar disponible”. Por su parte, el respaldo del deporte de élite lo puso Cristian Bosch, validando los valores del conductor tras 25 años de seguimiento personal.
Finalmente, el cierre de este bloque de representación sectorial lo completó Miriam Müller, dirigente de la Sociedad Rural. Su mensaje de unidad nacional terminó de amalgamar los intereses del campo con los de la industria y los movimientos sociales presentes en el microestadio.
El motor productivo y la arquitectura de Casielles
La visión delsector empresarial PyME la aportó Pedro Bergaglio, quien cuestionó con dureza la situación del entramado industrial. Con un mensaje de identidad nacional, agradeció la masiva presencia de jóvenes y dejó una arenga de esperanza para el futuro del país. Por su parte, Mariano Almada (Secretario de Culto de Córdoba) subrayó la construcción federal de Consolidación Argentina.
Momentos previos al comienzo formal del evento.
El plato fuerte de las exposiciones llegó con Eugenio Casielles, legislador porteño y principal armador del espacio. Exfundador de La Libertad Avanza, el actual legislador porteño fue el orador más extenso y aplaudido por todos los asistentes, especialmente cuando afirmó que no estaban allí por protagonismo personal, sino para transformar la sociedad a través de la política.
Durante su discurso, Casielles reveló la transversalidad de la tropa: aseguró que Consolidación Argentina contiene a dirigentes del PRO, peronistas, kirchneristas, empresarios y referentes sociales. Luego, el legislador sentenció: “hay que buscar a los mejores para cambiar al país”, criticando a los políticos que sólo buscan intereses personales.
Casielles cerró con una confesión estratégica: admitió que, aunque trabaja con Gebel hace sólo un año, quedó convencido de inmediato de la necesidad de este armado. Su mensaje final fue un llamado a la acción para las bases: pidió que todos se encarguen de “convencer” al líder espiritual para que acepte formalmente la postulación presidencial.
Casielles y Brey conversando en el escenario.
El respaldo de Caamaño y la estructura federal
El evento también contó con el aval de figuras de peso que, aunque ausentes físicamente, marcaron presencia a través de la pantalla. Presentada por la conductora del evento como una “gran referente nacional”, luego del video de Gebel se proyectó un video grabado por Graciela Caamañodonde, la ex diputada y esposa de Luis Barrionuevo, apeló a la unidad nacional y cerró su intervención citando a Juan Domingo Perón, un gesto que resonó con fuerza en el sector sindical de la platea. A este respaldo se sumó el del exfutbolista y director técnico Walter Erviti, quien también envió un video apoyando la eventual postulación de Dante Gebel.
Para demostrar que el proyecto ya tiene sustento territorial, Horacio Calculli y Nabila Michitte, coordinadores de la mesa promotora de CABA, presentaron con diapositivas la estructura técnica del partido.El despliegue se divide en siete regiones estratégicas: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, PBA, CABA, Cuyo y Patagonia.
Cada una de estas mesas promotoras ya cuenta con coordinadores designados, lo que otorga a la agrupación un carácter federal inmediato. La institucionalización del espacio busca demostrar que el proyecto de Gebel no es sólo una expresión de deseos, sino una maquinaria política que ya empezó a rodar en todo el país.
El cierre de Brey
La culminación del acto estuvo a cargo de Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes y referente de la CGT. Tras destacar el crecimiento de Consolidación Argentina, el dirigente activó la mística final: bajo su indicación, los asistentes levantaron miles de banderas argentinas dispuestas en las sillas desde el inicio de la jornada.
El sindicalista no ocultó la intención política del gesto al pedir que se grabara para enviárselo a Gebel: “levanten las banderas para que Dante vea esto, pídanle que venga y defina su candidatura”, arengó ante la multitud.
Juan Pablo Brey cerrando el acto.
En su discurso, Brey marcó una fuerte distinción nacionalista al pedir confiar en “lo nuestro” frente a sectores que prefieren “lo que viene de afuera”. Reclamó coordinación para terminar con las grietas y pidió acompañar el proyecto para que el país vuelva a creer en sí mismo.
Con el operativo clamor en marcha y la estructura federal presentada, el encuentro de Lanús dejó planteado un nuevo interrogante en el mapa político. La amalgama entre el músculo de la CGT, el armado técnico de Casielles y la popularidad de Gebel mostró, finalmente, sus cartas de cara a 2027.
Un juicio por usurpación en Bariloche, provincia de Río Negro, derivó en una de las revelaciones más explosivas sobre la extranjerización de tierras en Argentina en años recientes. El empresario santafesino Hugo Alberto Barabucciadmitió ante la Justicia haber comprado casi 20.000 hectáreas en la Patagonia con una “donación” no restituible de USD$2.050.175 del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El caso no solo expone un presunto esquema para eludir la Ley de Tierras vigente, sino que coincide con el debate en el Congreso sobre un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El detonante fue aparentemente sencillo. Barabucci inició una causa judicial contra Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche Lof Cayunao, acusándola de haber usurpado un predio en el paraje Alto Río Chubut, en la zona cordillerana de Río Negro.
El juicio oral se realizó el 7 de abril de 2026 en el Auditorium de Bariloche.
Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando el abogado defensor Juan Martín Palumbo interrogó a Barabucci sobre el origen de los fondos con los que había comprado el campo. En ese momento, el magnate confesó con total naturalidad que había adquirido las tierras en 2017 con vínculos de otro país, lo que, según relataron los presentes, “heló la sala”.
El juicio terminó con la absolución de Cayunao. El juez Marcelo Álvarez Melinger dictó su veredicto de no culpabilidad por falta de pruebas, al no poder acreditarse el delito de usurpación. El tribunal determinó que no hubo un despojo efectivo del predio.
Según las escrituras originales, Barabucci pagó por tres fracciones de campo que suman 19.269 hectáreas en Cerro Carreras, al sureste de Bariloche.El territorio incluye bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos, nacientes de agua dulce y fauna silvestre.
El precio pagado equivale a poco más de USD$100 por hectárea, un valor considerado extraordinariamente bajo para tierras con esos recursos naturales estratégicos. Dado que la Patagonia concentra una parte significativa de las reservas de agua dulce del continente y tiene enorme potencial energético y turístico, los analistas señalan que el precio de la transacción dista mucho del valor de mercado real.
– Hugo Alberto Barabucci
El vendedor fue Marcos Marcelo Mindlin, CEO de Grupo Erge y Pampa Energía, dos de las principales industrias del sector energético argentino. Mindlin había adquirido esas mismas tierras años antes en operaciones que también generaron controversias judiciales en Río Negro.
De acuerdo con la declaración del juicio y las investigaciones posteriores, el dinero habría sido transferido desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hasta una cuenta en JP Morgan Chase de Nueva York, sin pasar por los controles aduaneros, fiscales ni penales exigidos por la legislación argentina. Es decir que los fondos nunca ingresaron al sistema financiero argentino bajo los mecanismos de contralor establecidos por ley.
El pedido de instrucción
Tras la repercusión nacional del asunto en cuestión, la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda (del bloque opositor peronista Vamos con Todos) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la legalidad de la operación.
“Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía”, declaró Odarda, en su presentación.
El pedido solicita estudiar si hubo participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),así como de verificar si se utilizaron personas interpuestas, esclarecer la titularidad real del terreno y averiguar posibles falsos testimonios.
Los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, anunciaron que recurrirán al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para que investiguen si hubo fraude en la adquisición. También solicitaron durante la audiencia que el juicio remita los antecedentes al fiscal para analizar la posible violación de la Ley 26.737.
El territorio en disputa incluye nacientes de cursos de agua esenciales para toda la región, como el Alto Río Chubut nace allí y abastece a poblaciones de toda la provincia de Chubut.
– Soledad Cayunao junto a sus abogados
Tal como señalan estadísticas oficiales actualizadas en agosto de 2025, Argentina tiene una superficie rural de 266.643.212 hectáreas, de las cuales 13.262.725 están en manos extranjeras, equivalente al 4.97% del total nacional. Ninguna provincia supera el límite legal del 15% establecido por la Ley 26.737. Sin embargo, la preocupación de investigadores del CONICET y la UBA es que “la búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos”.
El acontecimiento estalló públicamente el mismo día en que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentaba ante el Senado para defender el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.
En su exposición ante la Cámara Alta, Sturzenegger argumentó que las restricciones a la compra por extranjeros constituyen “una flagrante violación a la Constitución”.
El proyecto propone, entre otras cosas, eliminar los topes de la Ley 26.737 que restringen la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El único límite que se mantendría es para compras de Estados soberanos extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Dicho de otro modo, inversores privados de cualquier país podrían comprar tierra sin restricciones, aunque —paradójicamente— el caso Barabucci involucra precisamente fondos provenientes de EAU.
Fideicomisos y personas involucradas
Uno de los puntos más llamativos del caso es la contradicción en la titularidad formal del predio. Mientras Barabucci se presentó como legítimo propietario, los informes de compra muestran que el campo no está a su nombre, sino vinculado a un fideicomiso con capitales de EAU. Además, pesquisas anteriores publicadas en 2018 identificaron como propietario final a Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri, de Dubai. Aparece la figura de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, cuyo entorno económico ha incrementado su presencia en la Patagonia.
Esta estructura —un ciudadano argentino como titular formal de activos financiados por un Estado extranjero— es precisamente la figura del testaferro o “persona interpuesta”, prohibida expresamente por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) sancionada el 22 de diciembre de 2011 y que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Sus disposiciones centrales, relevantes para este hecho, establecen que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Del mismo modo, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.
La norma jurídica prohíbe la compra de tierras ubicadas a menos de 100 kilómetros del límite internacional, ya sea de manera directa o a través de personas interpuestas. A ello se añade la prohibición de recurrir a testaferros, figura mediante la cual un intermediario argentino actuaría por cuenta de un extranjero. Por último, tampoco pueden venderse a extranjeros tierras que contengan cuerpos de agua dulce.
El predio en cuestión —ubicado a 45 kilómetros de la frontera con Chile, con nacientes del río Chubut, dentro de un Área Natural Protegida— potencialmente viola al menos cuatro de estas restricciones simultáneamente.
La legislación argentina establece zonas de seguridad de frontera precisamente para preservar la soberanía nacional sobre territorios estratégicos. La Patagonia limítrofe con Chile es especialmente sensible por su acceso a recursos hídricos, potencial energético y valor geopolítico. La Comisión Nacional de Fronteras tiene atribuciones específicas para controlar estas adquisiciones.
Este fenómeno de los jubilados que permanecen en actividad no es una rareza ni una elección libre para la mayoría. Es la señal más visible de que el sistema previsional argentino no puede garantizar una vejez digna por sí sola.
Entender este problema requiere mirar a la vez los números concretos, las causas estructurales y lo que el Estado no está resolviendo.
A junio de 2025, había 433.525 jubilados con aportes activos en la Argentina, de acuerdo con los registros oficiales de la Seguridad Social (ANSES). De ese total, 89.531 continuaban en relación de dependencia, 33.596 se desempeñaban en el trabajo doméstico registrado, 87.533 eran trabajadores autónomos y 212.865 se encontraban inscriptos bajo el régimen de monotributo.
Pero ese número no cuenta toda la historia. Si se suman los jubilados que trabajan en la informalidad — sin registrar ningún aporte —, la estimación llega a más de 600.000 personas. El fenómeno creció de forma sostenida.Los jubilados registrados activos pasaron de 176.000 en 2010 a 433.000 en 2025, un salto de más del 140% en 15 años. El grupo que más creció fue el de los monotributistas, que casi se duplicó entre 2015 y 2025, pasando de 122.356 a 212.865.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina el 17,1% de los adultos en edad jubilatoria sigue trabajando, con la mayor concentración en la franja de 60 a 74 años que creció a partir de 2024, rebasando el millón en 2026.
“Si bien los recursos provenientes del sistema previsional representan la principal fuente de recursos monetarios de las personas en edad jubilatoria, hay dos veces más varones con ingresos laborales que mujeres”, destaca el análisis del INDEC.
En octubre de 2025, la jubilación mínima con el bono llegaba apenas a $396.298, escasamente por encima de la línea de pobreza. Mientras tanto, la canasta básica específica para adultos mayores, medida por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, superó los $1.514.074 millones en octubre de 2025. Es decir, la jubilación mínima cubre menos de un tercio de lo que cuesta vivir como adulto mayor.
Para comprenderlo concretamente, solo los medicamentos ($402.880), alimentos ($348.000) y servicios básicos ($123.050) ya superan el doble de lo que cobran los jubilados de la mínima. Quienes además alquilan necesitan sumar otros $294.000 mensuales. Cerca de 3.2 millones de jubilados dependen del bono complementario de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024 sin actualización, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo real año tras año.
¿Por qué se llegó a esto?
Más del 42% de los trabajadores en Argentina son informales y no aportan al sistema previsional. En el Conurbano bonaerense, 4 de cada 10 asalariados trabajan “en negro”. Esto significa que cuando esas personas llegan a la vejez, no tienen aportes suficientes para jubilarse con un haber contributivo pleno. El resultado es que el 68.2% de las jubilaciones actuales se obtuvieron a través de moratorias — o sea, pagando aportes adeudados en cuotas —, lo que refleja décadas de trabajo informal.
El sistema jubilatorio argentino funciona bajo el esquema de reparto, lo que significa que los que trabajan hoy financian con sus aportes las jubilaciones de hoy. Para que eso sea sostenible se necesitan al menos 3 o 4 trabajadores activos por cada jubilado. Pero actualmente Argentina tiene apenas 1.8 aportantes por cada beneficiario, y la tendencia empeora. En el primer semestre de 2025 el sistema perdió más de 100.000 aportantes. Además, el aporte de un monotributista es simbólicamente bajo comparado con el que hace un asalariado formal. Un monotributista necesita una proporción de 27 a 1 para sostener un jubilado, frente a la relación 4 a 1 del trabajo registrado.
Sin embargo, existe un envejecimiento demográfico. En 2015 nacían unas 800.000 personas por año en Argentina, hoy son 400.000. Hay cada vez más adultos mayores y menos jóvenes que entren al mercado laboral para aportar. El “bono demográfico” — el período en que la pirámide de edades era favorable — termina en 2030. Para 2030 se proyecta que habrá 6.5 millones de personas de 65 años o más (15% de la población). En ese escenario, el sistema de reparto puro es insostenible sin reformas.
El deterioro del poder adquisitivo,contando con un haber medio de los jubilados que acumula una caída del 24% en los últimos cuatro años. Desde la asunción del gobierno del presidente Javier Milei, la pérdida de poder adquisitivo fue del 12% adicional. Internacionalmente, el sistema previsional argentino obtuvo en el Índice Global de Pensiones Mercer CFA 2025 una calificación D (45.9 puntos), ubicándose en el puesto 51 de 52 países, solo por encima de India, con especial debilidad en sostenibilidad e integridad.
Lo que el Estado no resuelve
El sistema previsional arrastra tres dificultades de fondo que ninguna movilidad de haberes, por sí sola, puede resolver. Por un lado, no logra formalizar a los trabajadores informales, ya que mientras millones de personas sigan trabajando sin aportar, la base de financiamiento del sistema no crecerá. La economista Fernanda Laiún, lo define a la perfección al decir que “la economía en negro es el principal motor de la precarización laboral y del problema jubilatorio”.
Por otro lado, tampoco garantiza un haber digno al llegar a la vejez, ya que solo el 39.4% de los jubilados actuales cumplió efectivamente con los 30 años de aportes requeridos. El resto accedió mediante moratorias o mecanismos compensatorios, lo que terminó derivando en ingresos todavía más bajos.
A eso se suma la falta de una perspectiva de largo plazo, en un contexto en el que el gasto previsional seguirá en aumento hasta 2060 por el envejecimiento poblacional, según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), y en el que para 2030 el sistema habría perdido su última ventana demográfica favorable. En ese marco, la especialista Andrea Falcone lo resumió con dureza al advertir que, “para quienes tienen menos de 50 años, la jubilación tal como se la conoce ya se terminó.”
Pero no todos los jubilados activos están forzados. Una parte elige continuar porque el trabajo les da identidad, rutina, vínculos y sentido de utilidad. Hay evidencia científica de que seguir activo después de la jubilación puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo. La memoria verbal se deteriora un 38% más rápido después del retiro laboral. Para estos jubilados, el trabajo no es un drama sino una elección que mejora su bienestar. La diferencia crucial, como señalan expertos en psicología del envejecimiento, es si la continuidad laboral es una elección o una condena.
El mapa laboral argentino sufrió una mutación forzada por la crisis: en los últimos 24 meses, el cierre sostenido de empresas y la contracción de la industria nacional empujaron a una masa crítica de trabajadores hacia la única ventanilla que permanece abierta sin requisitos de ingreso: trabajar con las aplicaciones. No es una elección de libertad, sino un desplazamiento tectónico. Hoy, 1,1 millones de argentinos operan como el último eslabón de una cadena de valor que se alimenta de la falta de alternativas. De ese total, 900.000 se volcaron al transporte de pasajeros y 200.000 al reparto de mercaderías, configurando un récord histórico que expone el vaciamiento del mercado de trabajo tradicional.
La composición de este nuevo ejército de la calle revela la profundidad del daño social. Un 15% de quienes hoy conducen un vehículo o pedalean una bicicleta bajo el sol tucumano o el asfalto porteño poseen títulos universitarios.Son profesionales que el sistema formal ya no puede absorber y que terminan compitiendo por un espacio en un mercado donde la oferta está totalmente saturada. Esta sobrepoblación de prestadores tiene un efecto directo y devastador: la pulverización de la ganancia individual. Cuantos más argentinos caen en las apps por necesidad, menos viajes y repartos quedan disponibles para cada uno, licuando el valor del tiempo de trabajo.
La trampa se cierra con la extensión de la jornada laboral.Para alcanzar un ingreso de $1.300.000 mensuales, un trabajador debe estar conectado y activo entre 10 y 12 horas por día, de lunes a lunes. Este monto, que en los papeles parece una cifra de subsistencia, se desvanece al descontar el mantenimiento de los vehículos, el combustible y el costo de vida en un contexto de inflación que no termina de bajar. El resultado no es progreso, es la administración de la pobreza a través de una pantalla.
Estado de protección o legalización de la precariedad
El Proyecto de Modernización Laboral busca institucionalizar la figura del “prestador independiente”, permitiendo que más de un millón de trabajadores gestionen sus propios aportes sin relación de dependencia. Mientras las empresas defienden esta “flexibilidad”, para el trabajador significa que el dueño de la aplicación no asume ninguna responsabilidad sobre quien genera su ganancia.
La clave de la reforma es el Régimen de Autónomos Digitales, que propone una retención obligatoria del 2% de los ingresos para un fondo de protección social. Aunque busca cubrir seguros de accidentes, la cifra es marginal ante la alta siniestralidad y la inseguridad que hoy costea íntegramente el repartidor. Según declaran los sindicatos, esto no sería modernización, sino un blindaje legal para que las empresas eviten pagar aguinaldos, vacaciones, ART y licencias, consolidando un modelo de subsistencia sin red de contención.
El patrón sistémico de la asfixia
La economía de plataformas se convirtió en la terminal de ahorro forzoso para una clase media desocupada, pero también en una trampa financiera. Al operar mayoritariamente bajo el esquema de monotributo o informalidad, este millón de nuevos trabajadores queda excluido del crédito bancario tradicional. El resultado es un desplazamiento hacia las fintech y billeteras virtuales, donde el costo del dinero es sustancialmente más alto y la mora del pago de créditos ya alcanza niveles críticos del 25%, e incluso el 63% en apps como Ualá, como ya explicamos en esta nota.
El círculo de la deuda se cierra sobre la herramienta de trabajo. Para financiar el mantenimiento del vehículo o cubrir baches de consumo básico, el trabajador de apps recurre a préstamos digitales con tasas usurarias. Esta asfixia financiera es el reflejo de un sistema que no genera empleo, sino subsistencia: el ingreso mensual se diluye entre el pago de cuotas de microcréditos y los gastos operativos, dejando al prestador en un estado de vulnerabilidad permanente ante cualquier imprevisto mecánico o de salud.
La consolidación de Uber, Pedidos Ya y otras aplicaciones no responde a un auge del emprendedurismo, sino a la contracción de la unidad productiva PyME. Lo que el relato oficial intenta vender como “normalización laboral” es, en la práctica, la gestión de la escasez. En la Argentina de 2026, el algoritmo no es un socio, sino el último recurso de un trabajador que ha sido expulsado de la formalidad y que hoy pedalea para no caer definitivamente del mapa social.
La gira incluyó una delegación de al menos 20 personas, alojamiento en uno de los hoteles más lujosos de Madrid y gastos de pasajes, viáticos y estadía cubiertos en su mayor parte con recursos públicos.
Un empresario declaró ante la Justicia haber recibido USD 2,05 millones desde Emiratos Árabes para quedarse con un campo ubicado en una zona patagónica bajo protección por su cercanía con la frontera y sus recursos hídricos.
En la segunda audiencia del juicio oral que se sigue en el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Ramón “Tito” López vinculó al exgobernador K a la causa que lo tiene como principal imputado junto a su familia.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
