03 agosto, 2025

Argentina deja de importar gas de Bolivia tras 18 años y podrá exportar a Brasil

Se realizaron dos obras que lo hacen posible. También abastece al Norte. El reversible. El gasoducto del Norte que construyen Techint y Sacde. Llevan el gas de Vaca Muerta justo cuando declina el gas boliviano.
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La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.

En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.

Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).

Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.

El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.

La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.

La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.

Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.

Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.

Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.

Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.

De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.

Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.

Redacción

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Caputo anunció una reducción de aranceles para 27 bienes de capital

El Gobierno nacional publicó el 29 de julio en el Boletín Oficial el Decreto 513/2025 y redujo del 20‑35 % al 12,6 % el derecho de importación para 27 bienes de capital. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó a abaratar los costos de inversión y a impulsar la incorporación de tecnología en sectores industriales estratégicos.

Incluyó máquinas de corte láser, plegadoras y prensas para la metalurgia; depuradores de gases y equipos de limpieza de cañerías para gas y petróleo; ascensores industriales, ventiladores y bombas centrífugas; maquinaria para fabricar helados, hornos de panadería, cortadoras de pelo y esquiladoras, entre otros equipos. También abarcó acumuladores eléctricos de iones de litio interconectados en módulos de hasta 1.500 V, esenciales para sistemas de almacenamiento de energía.

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En 2024 casi 3.000 empresas importaron estos 27 productos, mientras que en el primer trimestre de 2025 lo hicieron casi 2.000. Los bienes de capital representaron alrededor del 20 % de las importaciones totales: más de 14.000 compañías compraron al exterior USD 9.979 millones en 2024 y más de 11.000 adquirieron otros USD 4.862 millones entre enero y abril de este año.

Desde la cartera de Comercio afirmaron que el gobierno de Alberto Fernández “había incrementado arbitrariamente los aranceles por encima del nivel del MERCOSUR (12,6 %) con fines recaudatorios, lo que desalentó las importaciones y generó mercados menos competitivos” y aseguraron que la rebaja permitirá a las empresas “adquirir estas maquinarias y herramientas a un costo más accesible y así mejorar su productividad”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la disposición en la red social X: “Bajar los aranceles a los bienes de capital es de las cosas más importante que podemos hacer para estimular el crecimiento de la economía y de los salarios reales”.

La publicación se conoció después de que plantas como la siderúrgica Acindar y la textil Mauro Sergio suspendieron personal por la caída de la producción, panorama que el Ejecutivo buscó revertir con menores costos de inversión.

Caputo recordó que en abril el Ejecutivo simplificó la importación de bienes de capital usados y sostuvo que “la medida elimina la intervención del Estado que demandó, sólo en 2024, la tramitación de alrededor de 1.500 expedientes”.

La reducción se basó en las facultades del Código Aduanero y en las decisiones del Mercosur que permiten mantener listas nacionales de excepciones hasta diciembre de 2028. El canciller Gerardo Werthein resaltó que “se trata de una decisión de gran relevancia porque introduce flexibilidad, manteniendo un esquema compartido” y agregó que la iniciativa “habilita de ese modo la adaptación de cada país, según sus prioridades, a las nuevas realidades del comercio internacional, sin perder un horizonte común”.

Redacción

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La pobreza infantil disminuyó 14 puntos en seis meses durante 2024 según UNICEF

UNICEF confirmó que la pobreza monetaria infantil descendió 14 puntos porcentuales en solo seis meses —del 67% al 52.7% entre el primer y el segundo semestre de 2024— lo que permitió que unos 1.7 millones de chicos y chicas dejaran de ser pobres. El organismo proyecta 47.8% para el primer semestre de 2025, nivel similar previo a la pandemia.

Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina, advirtió que sin los programas de asistencia directa —como la Asignación Universal por Hijo y otros apoyos estatales— la tasa de indigencia infantil se hubiera elevado en 10 puntos porcentuales. De acuerdo con sus estimaciones, este respaldo económico evitó que más de un millón de niñas y niños cayeran por debajo de la línea de indigencia durante el último año.

Tras tocar fondo en marzo de 2024, los salarios registrados comenzaron a ganarle a la inflación, ya que entre febrero de 2024 y febrero de 2025 el poder de compra subió 18%, y el índice salarial de INDEC trepó 74% interanual a abril de 2025.

La desinflación rápida —IPC mensual de 1.6% en junio de 2025, acumulado anual de 15.1%— robusteció ese rebote. El equilibrio fiscal alcanzado en 2024 y la fuerte baja de la inflación facilitaron la recomposición salarial y el crédito al consumo. El PIB volvió a crecer en 2025 (proyección +5.5%) luego de la recesión 2023-2024. UNICEF estima que sin estas transferencias la indigencia infantil habría sido 10 p.p. más alta durante el segundo semestre de 2024.

Si la inflación anual se mantiene en torno al 30% y los salarios crecen por encima, UNICEF prevé una nueva caída de la pobreza infantil hacia 45% a fin de 2025, siempre que las transferencias no pierdan poder adquisitivo. Uno de los principales riesgos es la desaceleración económica global, subejecución presupuestaria en salud y educación (-21% y -35% reales en el primer cuatrimestre de 2025, respectivamente).

La brusca baja de la pobreza infantil en 2024 combina la recuperación del poder de compra familiar con la red de protección de la AUH y otros programas. El desafío para 2025-2026 es transformar ese alivio coyuntural en progreso sostenible, atacando las desigualdades de la privación no monetarias que todavía condenan a cuatro de cada diez niños argentinos a vivir por debajo de la línea de pobreza.

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“Analizar las características y evolución de estas privaciones no monetarias permite informar las estrategias de política pública destinadas a mejorar el bienestar de niñas y niños en el país”, subrayó al respecto Ramirez Mesec.

UNICEF combina los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC con una canasta básica actualizada y sus propias proyecciones demográficas. Pero no muestra del todo el promedio nacional que esconde factores muy marcados de pobreza infantil en los primeros dos semestres de 2024.

Por ejemplo, los hogares cuyo jefe familiar no completó mínimamente la primaria (80.9%), barrios populares o asentamientos construidos donde estos menores habitan (72.3%), la brecha salarial en hogares monoparentales encabezados por mujeres (60%) y hogares con empleo informal (70%).

Redacción

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Caputo reiteró el objetivo de eliminar las retenciones y anticipó anuncios de Milei para el campo

Luis Caputo llegó pasadas las 11.30 al predio de la 137 Exposición Rural acompañado por el titular de ARCA, Juan Pazo; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y otros funcionarios. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), lo recibió en la entrada y más tarde encabezó una reunión de algo más de treinta minutos con los dirigentes de la Mesa de Enlace: Pino (SRA), Carlos Castagnani (CRA), Andrea Sarnari (FAA) y Lucas Magnano (Coninagro).

Al término del encuentro, el ministro definió la conversación como “Excelente” y reiteró: Siempre dijimos que queremos sacar las retenciones que tanto daño han hecho al campo”. Señaló además que “el campo responde y nosotros tratamos de mostrarle que también les respondemos”. Frente a la expectativa por anuncios sobre derechos de exportación, insistió: “No quiero spoilear nada porque el Presidente va a hacer los anuncios”, en referencia al discurso que Javier Milei pronunciará el sábado al mediodía durante la apertura oficial de la muestra.

Caputo sostuvo que la relación con los productores “nunca estuvo mal” y subrayó la relevancia del intercambio institucional: “Cuando tenés mucho diálogo con un sector, las cosas funcionan más, porque hay buena comunicación de ambos lados”. No obstante, recordó las limitaciones macroeconómicas: Por supuesto que tenemos limitaciones, que son las presupuestarias; el ancla fiscal es lo más importante en este Gobierno”.

El funcionario defendió las señales previas enviadas al agro, como la reducción transitoria de retenciones a la carne aplicada entre enero y junio pasado, y aseguró que “Cada señal que podamos dar ratifica el rumbo que prometimos: terminar con las retenciones. El campo reacciona en consecuencia”. Afirmó que la nueva rebaja, que incluirá a la carne vacuna y a otros productos, “tendrá carácter permanente”.

En materia cambiaria y financiera, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que “el dólar está muy, muy tranquilo” y enfatizó: “Hoy tenés un Banco Central mejor capitalizado que nunca; es la primera vez que Argentina tiene activos que sobre respaldan el nivel de pasivos”. Sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional subrayó: “La relación es en diez puntos. Estamos terminando las negociaciones; están saliendo excelente para el país” y descartó advertencias por el nivel de reservas.

Los dirigentes rurales valoraron el espacio de diálogo, aunque aguardaron definiciones concretas. Castagnani expresó: “Esperemos que el sábado pueda haber algún anuncio”. Magnano reiteró el reclamo de “una quita definitiva de las retenciones que se compensará con una mejor producción”. Sarnari describió la cita como “protocolar” y destacó: “Nos transmitió que el Presidente se fue con toda nuestra agenda en mano”.

Tras la reunión, Caputo recorrió el stand del Ministerio de Economía y compartió un almuerzo en el restaurante Central con Pino, el viceministro José Luis Daza, el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el presidente del BCRA Santiago Bausili, Iraeta y Pazo, mientras la Mesa de Enlace almorzó con la Coviar.

En el cierre de la jornada, el ministro resumió la expectativa general: Es una obsesión nuestra, es una obsesión del Presidente terminar con las retenciones y que el campo pueda tener todo el potencial que se merece”.

Redacción

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La siderúrgica Acindar paralizó su planta en Santa Fe por caída en la demanda del acero

La empresa siderúrgica Acindar, propiedad del grupo internacional ArcelorMittal, paralizó entre el 26 de julio y el 4 de agosto el 80% de la producción en su planta de Villa Constitución (Santa Fe) suspendiendo temporalmente a casi 600 trabajadores, quienes recibirán el 75% de sus salarios durante ese período.

Esta decisión afectó principalmente al sector de acería, con 200 empleados; al Tren Laminador 1, que tiene alrededor de 60 trabajadores; y al área de Reducción Directa, con 40 operarios.

Desde la empresa justificaron la paralización señalando la caída del consumo interno y el fuerte aumento en la importación de acero desde China. Según informaron, en 2024 Acindar operó a apenas el 50% de su capacidad instalada, con una producción anual de solo 600.000 toneladas frente a las 1,2 millones de toneladas alcanzadas en 2023.

Esto responde a la caída de la producción y las ventas. La empresa aplica suspensiones a compañeros y esperamos que esto cambie, porque se vienen tiempos difíciles y pronto pueden llegar los despidos”, expresó Pablo González Piparra, secretario general de la UOM local.

Por su parte, la diputada Florencia Carignano respaldó la posición de los trabajadores a través de redes sociales, señalando que Acindar tiene un excedente mensual de entre 15.000 y 20.000 toneladas de acero, operando con solo un horno. Carignano denunció además la caída del consumo y señaló responsabilidad política en la situación.

Silvio Acosta, integrante de la comisión interna de Acindar de la UOM local, destacó que la empresa argumentó el cierre temporal en la “caída de la producción producto de la falta de obra pública y del ingreso de acero chino”. Además, indicó que Acindar produjo en su mejor momento 1,2 millones de toneladas anuales, pero actualmente produce alrededor de 580.000 toneladas.

No es la primera vez que Acindar toma una medida de este tipo. Desde comienzos del año la empresa tiene vigente un acuerdo de suspensiones, con pago del 75% del salario, complementado por retiros voluntarios. En febrero de este año ya había aplicado suspensiones similares acordadas con la UOM, tras una caída en ventas de entre 35% y 40%. Otras empresas del sector, como AcerBrag y Ferroglobe Argentina, también adoptaron medidas parecidas durante este año debido a la crisis económica y caída en la demanda de acero.

ArcelorMittal evalúa extender estas suspensiones a sus otras cuatro plantas ubicadas en Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que, por ahora, el parate alcanza solo a la planta santafesina y que la medida dependerá de la evolución del mercado interno y externo, adaptándose “a las necesidades operativas de la empresa”.

De acuerdo con la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo cayó un 8,6% en junio respecto de mayo, evidenciando la gravedad del contexto actual del sector siderúrgico nacional.

Redacción

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Mercado Libre abandonó Córdoba tras pagar $770 millones en tasas municipales

Mercado Libre anunció que cerró su oficina de 1.800 m² en el complejo Capitalinas y trasladó a sus 1.260 trabajadores a la modalidad 100% remoto. En su comunicado explicó que abonó $770 millones al mes en tasas municipales, una alícuota consolidada del 2,11% en Córdoba aplicada sobre su actividad financiera y comercial, equivalente al precio de 24 alquileres del inmueble.

“Ante el impacto generado por las tasas municipales en la Ciudad de Córdoba, Mercado Libre decidió implementar la modalidad de trabajo remoto para la totalidad de los empleados que hoy trabajan desde su oficina local”, expresó la compañía, y aseguró que “se mantendrán todos los puestos de trabajo y no habrá cambios en la operación en la localidad”.

El presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, declaró: “Creemos que, cada vez más, los impuestos deben estar al servicio del desarrollo y no convertirse en un obstáculo para quienes apuestan por el crecimiento del país”. Añadió que las tasas cordobesas “obligaron a redefinir dónde localizar nuestras operaciones”.

La empresa comparó la presión fiscal cordobesa con la de otras ciudades: en Rafaela paga aproximadamente el 10 % de lo que abona en Córdoba (alrededor de un décimo), en Santa Fe un tercio, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tributa tasas municipales. Además de CABA y Córdoba, mantiene oficinas en San Luis, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, y tres centros logísticos de última milla en territorio cordobés.

Daniel Gándara, vicepresidente de Tecnología y Producto, aclaró: “No hacemos política. Hacemos negocios y decidimos gastar de la mejor manera posible, con eficiencia”. Confirmó que el equipo tecnológico siguió trabajando desde Córdoba para todo el país y que la compañía planeó incorporar 150 empleados más en la provincia este año.

El 1 de julio Mercado Libre anunció un esquema de comisiones diferenciales según la carga tributaria de cada provincia. Desde mañana, los usuarios cordobeses pagarán entre 12,46% y 17,14% por operaciones en Mercado Libre y Mercado Pago, por encima del promedio nacional, debido al impacto de Ingresos Brutos.

La firma recordó que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, distintas entidades financieras cerraron 180 sucursales por la presión impositiva municipal; dentro de ese total el Banco Nación clausuró 60. También señaló que el Ejecutivo nacional impulsa una reforma tributaria con competencia fiscal entre provincias y la unificación de IVA e Ingresos Brutos.

Durante 2023 Mercado Libre superó los 100 millones de compradores únicos y los 60 millones de usuarios fintech mensuales activos. Facturó US$ 20.777 millones, un 37,5% más que en 2022, y obtuvo una ganancia neta de US$ 1.911 millones. En mayo, Marcos Galperin comunicó que dejará la dirección ejecutiva el 1 de enero de 2026; lo sucederá Ariel Szarfesteijn.

La compañía destacó que la medida en Córdoba no implicó despidos y que evaluó instalar nuevas locaciones en ciudades del interior de la provincia. Asimismo, informó a sus accionistas que analizaba mudar su domicilio societario en Estados Unidos de Delaware a Texas para optimizar su carga fiscal.

Redacción

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Por la presión fiscal de Llaryora | En Córdoba, viajar en colectivo interurbano es más caro que volar a Buenos Aires

En el interior de Córdoba, viajar en colectivo resulta más caro que tomar un vuelo nacional. El pasaje entre la capital de la provincia y Río Cuarto supera los $37.000. En cambio, un vuelo a Buenos Aires ronda los $25.000 con equipaje incluido. 

En los últimos 17 meses, el transporte interurbano cordobés acumuló un aumento superior al 500%, mientras la inflación nacional apenas superó el 140 %. El sistema registró nueve incrementos, con picos que alcanzaron el 97 % en una sola actualización. El boleto escaló a niveles que desafían toda lógica, sin mejoras visibles en frecuencia, infraestructura o calidad.

La presión fiscal de Córdoba figura entre las más altas del país. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que más del 80 % de los ingresos tributarios provinciales provienen de impuestos distorsivos. Se trata de tributos que no respetan la capacidad contributiva, pero castigan el consumo cotidiano.

La estructura del transporte interurbano en Córdoba no presenta competencia efectiva ni mecanismos de control. Las tarifas se autorizan en cadena, sin licitaciones públicas ni auditorías externas. 

Ese circuito impositivo no se traduce en mejoras para el usuario. Por el contrario, una porción significativa de la recaudación se destina al gasto publicitario del gobierno provincial. Entre 2023 y 2025, el presupuesto en pauta oficial superó los $5.000 millones anuales. Esos fondos se distribuyen de forma discrecional, sin criterios técnicos ni rendición pública. Gran parte termina en medios alineados con la gestión.

Algunos medios reciben cifras que superan los $20 millones mensuales. La pauta se convierte en un instrumento de blindaje político. Mientras las tarifas suben sin control, desde el "periodismo partidario" evitan cuestionar el modelo, suavizan las críticas o simplemente guardan silencio. El precio del pasaje subsidia la narrativa oficial.

La situación de Córdoba contrasta con la de otras grandes ciudades. En Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, recorridos similares cuestan entre un 50% y un 70% menos. Esa brecha tarifaria carece de justificación técnica y refleja un esquema de explotación fiscal disfrazado de servicio público.

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Redacción

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