El Gobierno de La Rioja expropió casi 5000 hectáreas a Ramón Díaz
El Gobierno de La Rioja aprobó la expropiación de casi 5000 hectáreas pertenecientes al exjugador, buscando desarrollar proyectos turísticos y mejorar el suministro de agua en la localidad de Patquía.
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La Legislatura de La Rioja aprobó la expropiación de dos terrenos que pertenecen al exjugador y actual entrenador del Corinthians de Brasil, Ramón Díaz, uno de 4400 hectáreas y el otro de 349, adquiridos en el año 2003. Esta medida fue impulsada por el oficialismo riojano que responde al gobernador Ricardo Quintela, y forma parte de una serie de expropiaciones que viene realizando la provincia con el fin de “desarrollar proyectos turísticos, económicos y culturales”.
La presidente de la cámara, Teresita Luna, argumentó esta decisión afirmando que “se atendió el reclamo de los vecinos que exigían la expropiación.” Además, explicó que en el año 2003 esas tierras habían sido vendidas “a un precio simbólico con la promesa de un desarrollo que generaría empleo”, pero que Díaz “no cumplió con esas expectativas”.
Por su parte, el diputado Carlos Machicote explicó que esos terrenos “se utilizarán para suministrar agua potable a los vecinos de Patquía, donde los recursos hídricos son limitados”.
Patquia es una localidad de unos 2000 habitantes que se encuentra a unos 70 km de la capital provincial. Los campos que posee Ramón Díaz contarían con aguas termales, de ahí el potencial turístico de este lugar. El actual entrenador había planteado un proyecto turístico que no llegó a concretarse, de esta manera, el gobierno provincial busca expropiar las tierras para así poder llevar a cabo estas iniciativas.
Este tipo de acciones alertó a la oposición, argumentando que “se avanzan sobre propiedades de valor que luego derivan en proyectos estatales fallidos o en juicios millonarios de privados que luego la provincia debe afrontar”. Incluso se informó que el mismo presidente de la Nación, Javier Milei, se habría comunicado telefónicamente con Ramón Díaz, para expresarle su apoyo, en una causa que probablemente termine en la justicia.
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El legislador porteño Eugenio Casielles presentó, esta semana, tres proyectos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires orientados a mejorar la seguridad. Las iniciativas se centran en tres áreas clave: la actualización del Código Contravencional, la instalación obligatoria de cámaras de seguridad en el transporte público y la implementación de controles de narcotest en los operativos de tránsito.
Uno de los ejes centrales del paquete legislativo es la reforma del Código Contravencional, cuyo objetivo es actualizar las sanciones y extender los plazos de prescripción para ciertos delitos. Casielles argumenta que las sanciones actuales, especialmente las económicas, no reflejan la realidad inflacionaria del país, lo que llevó a que multas por delitos graves sean insignificantes: “Hoy, con muy poco dinero se pueden pagar multas por delitos graves como acosar en la vía pública o disponer de menores de edad pidiendo plata en la calle”, señaló el legislador en sus redes sociales.
El proyecto propone calcular las multas en Unidades Fijas (UF), un valor que se actualiza de acuerdo con la inflación, asegurando que las sanciones no pierdan su efecto disuasorio. Además, el proyecto de Casielles busca extender los plazos de prescripción de la acción y de la sanción a dos años. Actualmente, muchas contravenciones prescriben en plazos más cortos, lo que, según el legislador, deja a numerosos infractores sin castigo adecuado.
Las sanciones propuestas en la reforma incluyen trabajo de utilidad pública, multas ajustadas a la nueva normativa y arresto. Enfocándose en la protección de menores, la propuesta endurece las penas para delitos que involucren a menores, como la inducción a la mendicidad o la distribución de material pornográfico.
Otro de los proyectos presentados establece la obligatoriedad de cámaras de seguridad en todas las unidades de transporte público de la Ciudad (colectivos, subtes y trenes). Según Casielles, la falta de cámaras facilita la comisión de delitos como robos y agresiones. “Estamos cansados de que nos roben a cualquier hora en cualquier centro de trasbordo”, comentó.
Las imágenes captadas por las cámaras tendrán carácter secreto y sólo podrán ser solicitadas por las autoridades policiales, judiciales o administrativas en el marco de investigaciones o prevención de delitos. Las empresas concesionarias de transporte serán responsables de la instalación y mantenimiento de estos dispositivos.
Casielles subrayó que la instalación de cámaras es una medida indispensable para reducir la sensación de inseguridad en los medios de transporte y contribuir al bienestar de los porteños.
Por último, en el ámbito de la seguridad vial, presentó un proyecto que exhorta al Gobierno de la Ciudad a garantizar la incorporación de dispositivos para la detección de estupefacientes en los controles vehiculares. Esta medida busca complementar los actuales controles de alcoholemia y mitigar los riesgos de accidentes causados por conductores bajo los efectos de drogas.
“Hay un accidente cada 28 minutos en la Ciudad y las calles están cada vez más llenas de irresponsables al volante”, destacó Casielles.
El consumo de narcóticos —tanto legales como ilegales— afecta la capacidad de reacción y percepción de los conductores, incrementando el riesgo de accidentes. Casielles relaciona esta situación con lo que denomina “una epidemia de accidentes de tránsito” y considera que la implementación de narcotest no solo castigaría a los infractores, sino que también serviría como una herramienta preventiva y educativa.
“El control de narcóticos es fundamental”, afirmó Casielles, quien ya había impulsado previamente una ley de Alcohol Cero al volante. Si bien la propuesta fue recibida con críticas, el legislador sostiene que es una medida clave para mejorar la seguridad vial.
El Gobierno nacional está evaluando la demolición del edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social, actualmente conocido como Capital Humano, ubicado en la Avenida 9 de Julio. Este inmueble lleva desde 2011 las imágenes gigantes de Eva Perón.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló este sábado que desde el Poder Ejecutivo analizan demoler el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Desarrollo Social, emplazado sobre la avenida 9 de Julio, que tiene la imagen característica de Eva Perón. La noticia se conoce luego del anuncio de Sandra Pettovello de avanzar con un “proceso de reordenamiento” en sus espacios públicos para “garantizar la neutralidad partidaria y evitar la propaganda política”.
“La demolición del edificio que está en medio de la 9 de Julio no es nueva. Hace décadas que la escuchamos hablar. Me acuerdo de cuando yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires por los ‘90 y era un tema que siempre estaba en discusión”, recordó Francos en diálogo con Radio Mitre.
“NO ES CONTRA EL PERONISMO, ES PARA MEJORAR EL TRÁNSITO”
En ese sentido, el funcionario detalló que el “edificio está en muy malas condiciones” y “entorpece el tránsito dentro de una avenida troncal y central”. “Lo que la ministra Sandra Pettovello está analizando es toda la infraestructura que tiene su Ministerio en todos los órdenes. Está analizando la necesidad de tener o no tener ese edificio enorme, que tiene un costo de funcionamiento enorme porque no está en buen estado y ella será la que le proponga al Poder Ejecutivo cómo seguir con ese edificio”, concluyó.
El funcionario libertario explicó que la propuesta responde a un proyecto de apertura del tránsito en la principal arteria de la Ciudad de Buenos Aires. “No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio. No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, por lo que la Ciudad no tiene injerencia”, aseguró.
La crisis de combustible en Bolivia se agudiza mientras cientos de camiones cisterna permanecen detenidos en Argentina, a la espera de cargar combustible barato. Desde el pasado viernes, aproximadamente 100 vehículos de carga se encuentran varados en la Ruta 9 —en el tramo entre Rosario y Buenos Aires— luego de que la refinería Vitco-Zárate suspendiera el abastecimiento por la falta de pago de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según denunciaron los propios transportistas.
A través de un video difundido en redes, los conductores relataron que el gobierno boliviano no realizó los pagos correspondientes, lo que los dejó en una situación desesperante, sin acceso a servicios básicos como agua o baños, y sin poder acercarse a la refinería.“Nosotros, como cisterneros, venimos para llevarnos el combustible y al no pagar el gobierno boliviano, nos botan a nosotros acá a orillas de la ruta”, expresó uno de los transportistas bolivianos.
La refinería emitió una instrucción que les prohíbe terminantemente acercarse al área de carguío, bajo advertencia de multas y posibles sanciones. DATA24.COM.AR se contactó, sin demasiado éxito, con la refinería Vitco: “No estamos autorizados a dar información”, expresó uno de los trabajadores.
Mientras tanto, el país andino enfrenta una escasez generalizada de combustible, agravada en parte por los bloqueos en carreteras que sectores afines al expresidente, Evo Morales, mantienen desde mediados de octubre. Esta situación provocó una disminución en los volúmenes de carburantes, afectando principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto, donde se registran largas filas en las estaciones de servicio.
Lucio Gómez, representante de la Confederación de Choferes de Bolivia, demandó una pronta solución a su gobierno, subrayando que esta escasez compromete el servicio de transporte en Bolivia, especialmente con la cercanía de las fiestas de fin de año. “Se está trabajando a media máquina. Tenemos responsabilidad con nuestro pueblo”, dijo, aludiendo a los compromisos incumplidos por las autoridades de Hidrocarburos.
Sectores de la oposición boliviana y analistas argumentan que la escasez de dólares limitó la capacidad de pago de YPFB a sus proveedores internacionales, generando tensiones y demoras en el suministro de combustibles desde países como Argentina, Paraguay y Perú. Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que la incapacidad de YPFB para cumplir sus obligaciones responde a una crisis de gestión en la estatal, y advirtió que Bolivia podría enfrentar mayores restricciones si Paraguay o Perú también suspenden sus envíos.
Esta versión de la falta de pago de YPFB choca contra las declaraciones del ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Alejandro Gallardo Baldiviezo, quien señaló ayer que “fue un tema de una sanción a la planta de almacenaje de Zárate”.
Para hoy, miércoles 6 de noviembre, el gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Joel Callaú, afirmó que hubo problemas en la importación de diésel porque la Municipalidad de Zárate inició una acción legal.
“Toda esta sanción ya fue subsanada y ya se han cargado 47 cisternas que ya se encuentran en tránsito hacia Bolivia”, explicó.
El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba en uso de licencia, Martín Rodrigo Gill, enfrentará un juicio por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo. La jueza de Control de Villa María, MaríaSoledad Dottori, ratificó la elevación a juicio tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Gill, que cuestionaba la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys.
Esta decisión, emitida en una resolución de 104 páginas hoy 8 de noviembre, marca un avance crucial en la causa que sacude a la política cordobesa y al gabinete del gobernador, Martín Llaryora.
Astudillo denunció a Gill en marzo de 2023, alegando un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente de Villa María.
Entre las acusaciones más graves, la víctima afirmó haber sido presionada por Gill para abortar en 2022, asegurando que él la instigó a tomar la decisión argumentando que un embarazo perjudicaría su vida profesional. La denuncia describe, además, dos episodios específicos de agresión ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill la agredió físicamente durante discusiones en su departamento.
LAS AGRESIONES DENUNCIADAS
La jueza Dottori detalló en su fallo los dos episodios que sustentan la acusación contra el ministro de Llaryora. El primer incidente, registrado el 3 de diciembre de 2022, ocurrió en el departamento de Gill en Villa María. Según la denuncia, la discusión comenzó por la ausencia de métodos anticonceptivos en un cajón. En medio del altercado, Gill habría zamarreado a Astudillo, quien sufrió hematomas en el brazo derecho, según el informe forense, que estimó 15 días de curación.
El segundo incidente tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando, durante otra discusión en el departamento de Astudillo, Gill la empujó contra la pared mientras ella reclamaba las llaves del inmueble. El informe médico reveló hematomas en el abdomen, hombro y brazos de Astudillo, con lesiones similares a las reportadas en el episodio previo. La fiscal Companys reunió estas pruebas para fundamentar la acusación y solicitó en marzo de este año la elevación a juicio, argumentando que las evidencias eran suficientes para sustentar la acusación.
Córdoba | Martín Gill, el ministro K de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex pareja
La defensa de Gill, a cargo del abogado Eduardo Luis Rodríguez, intentó frenar el juicio al solicitar la nulidad del proceso. Rodríguez alegó que, tras asumir como ministro en diciembre de 2023, Gill debería haber sido investigado por un juez, no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori desestimó este argumento, afirmando que el proceso judicial comenzó antes de que Gill asumiera su cargo ministerial y, por tanto, no le correspondía ningún privilegio jurisdiccional en esta causa. Además, la magistrada destacó que el propio Gill había aceptado ser interrogado por la fiscal Companys en marzo, sin objetar en aquel momento la autoridad de la fiscalía.
En su resolución, la jueza consideró que “las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado”.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, formalizó una denuncia judicial contra el piquetero K, Juan Grabois, a quien responsabilizó por el bloqueo que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) mantuvo en el acceso al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) de Mar del Plata. La medida de fuerza, que duró una semana, interrumpió el ingreso y salida de vehículos destinados a tareas esenciales y tuvo graves consecuencias para la comunidad. La tensión alcanzó su punto crítico el pasado domingo por la noche, cuando un incendio en Sierra de los Padres no pudo ser atendido oportunamente debido a que el bloqueo impedía la salida de los guardaparques con sus vehículos y herramientas de combate.
En una conferencia de prensa, Montenegro expresó la gravedad de la situación y acusó a Grabois y al MTE de “tener de rehenes” a los vecinos de la ciudad. “Estamos sufriendo los vecinos, no el Gobierno. No es una discusión con el Gobierno, somos rehenes de una situación delictiva, de gente que comete delitos”, declaró el jefe comunal, quien subrayó que no negociará “bajo extorsión”. Montenegro fue enfático al señalar que el piquete representa “un delito” y que afecta la seguridad de los marplatenses, indicando que no se cederá a presiones mientras se mantengan acciones que “ponen en peligro la vida de los vecinos”.
El conflicto entre el municipio y Grabois
El bloqueo en el Emsur fue implementado por la Cooperativa Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM) del MTE y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), quienes demandaban la construcción de un baño y un playón de hormigón en el predio de reciclado ubicado en las calles República del Líbano y Alberti. Pese a la insistencia de los manifestantes, Montenegro sostuvo que no dialogará mientras los vecinos de la ciudad se vean afectados.
La protesta, que incluyó el corte total de los accesos al Emsur, impactó de forma directa en varios servicios municipales, como la recolección de residuos, la fumigación y otras tareas de salubridad pública.
La emergencia por el incendio en Sierra de los Padres
La situación se volvió crítica el domingo por la noche, cuando un incendio forestal en Sierra de los Padres puso en riesgo áreas naturales de la región, incluyendo la Reserva Natural Laguna de los Padres. La imposibilidad de que los guardaparques dispusieran de sus vehículos y equipos de combate para controlar el fuego generó un ambiente de alarma entre las autoridades y los vecinos. Según el director de Gestión Ambiental del Emsur, Marcelo Ragonese, y la bióloga del Departamento de Recursos Naturales, Natalia Martino, el personal tuvo que combatir las llamas “a pie” debido al bloqueo. En un comunicado conjunto, ambos funcionarios advirtieron que la falta de movilidad y equipos exponía a la ciudad a un riesgo extremo de incendio forestal en toda el área natural.
Frente a la urgencia de la situación, el Emsur, representado por su apoderada legal, Laura MuñózMora, presentó un pedido de medida cautelar ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Penal N° 12 de Mar del Plata. La solicitud judicial buscaba obtener una autorización inmediata para garantizar el libre tránsito de los vehículos del Emsur con el fin de “combatir el fuego que desde anoche aqueja a la Laguna de los Padres”, resaltando la imposibilidad de llegar a pie a varios sectores de riesgo.
Tras la denuncia del intendente, el presidente del Emsur, Santiago Bonifatti, intervino en el conflicto comprometiéndose a cumplir con parte de las demandas del MTE. Bonifatti acordó la construcción del baño y el playón de hormigón exigidos por los manifestantes, además de la colocación de dos contenedores de uso exclusivo para los trabajadores del reciclado. Asimismo, el funcionario municipal garantizó que, en caso de necesidad, se proveerán herramientas adicionales antes de finalizar el año para optimizar las condiciones de trabajo en el predio.
Por su parte, la Cooperativa RUM y el MTE destacaron en un comunicado que, tras la promesa de Bonifatti, la medida de fuerza fue levantada. En el documento difundido, los manifestantes enfatizaron que este avance representaba “un logro que genera dignidad en el trabajo diario y la posibilidad de mejorar las condiciones operativas de la planta de reciclado”.
Un antecedente de tensiones políticas y sociales: La injerencia de Grabois en Mar del Plata
El conflicto actual entre el municipio y el MTE no es el primero entre la gestión de Montenegro y el dirigente Juan Grabois. En su declaración, Montenegro hizo referencia a un episodio anterior cuando Grabois lideró la toma de 140 hectáreas de tierras en primera línea frente al mar en la zona de El Marquesado. Según el intendente, “la política está metida en esto” y el conflicto actual se suma a un historial de disputas con el dirigente social, quien ha promovido múltiples ocupaciones y protestas en la ciudad. El intendente reiteró que “donde haya métodos extorsivos de la vieja política, me van a encontrar enfrente”.
Finalmente, y tras una semana de bloqueo y múltiples presentaciones judiciales, el municipio logró el desbloqueo del acceso al Emsur. Sin embargo, Montenegro advirtió que no tolerará futuras acciones de protesta que afecten a la comunidad bajo ninguna circunstancia. “No podemos tener de rehenes a los vecinos”, insistió, reiterando que cualquier instancia de negociación se debe desarrollar en un marco de respeto a la legalidad y sin afectar a terceros.
La Municipalidad de Ushuaia presentó un proyecto ante el concejo deliberante para crear una nueva estructura estatal dedicada al turismo. El Ente Ushuaia Turismo (Enutur), una entidad descentralizada que absorbería a la Secretaría de Turismo municipal, tendría por objetivo promover el “desarrollo turístico sostenible” de la jurisdicción.
La iniciativa, sin embargo, trajo consigo un montón de críticas, ya que aseguran que mayor impuestos le quitaría competitividad al sector, generando una disminución en el número de visitantes. Esta situación pondría en riesgo el trabajo de cientos de personas que son empleadas en este sector.
Desde la Cámara de Turismo de Ushuaia, cuestionaron el proyecto: “implica la desfinanciación y derogación de la ordenanza que indica cómo se financia el Ushuaia Bureau, que es el ente mixto que se dedica a la promoción y desarrollo turístico. Es una herramienta espectacular que nos permite sentarnos y conversar de igual a igual y resolver juntos el norte de la promoción turística de un destino tan importante como lo es Ushuaia. Ha funcionado muy bien a lo largo de los años”, comentó Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia.
De esta manera, la tasa de “Derecho de uso urbano” se aplicaría a todos los turistas y excursionistas mayores de doce años. Se cobrarán 5 Unidades de Valor Fiscal (UVF) a los residentes argentinos y 10 UVF a los extranjeros. El último valor publicado de la Unidad de valor fiscal es de $ 1.127,76, actualizado en enero de 2024. “Para enero de 2025, con una actualización por debajo de la inflación podría llegar a los $2.000″, explicaron desde la Cámara de Turismo.
Asimismo, Cornejo sostuvo que en el proyecto no se especifica la contraprestación que recibirá el turista por pagar una tasa. “Si no se da una contraprestación, no es una tasa, es un impuesto. De hecho, ese es el fundamento por el cual la Ecotasa fue declarada inconstitucional en Bariloche y otros destinos”, argumentó el presidente de la Cámara de Turismo.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
