Disparos en PBA: Karina suma dirigentes con oscuros antecedentes penales a LLA

Un militante de Juan Grabois se sumó como coordinador de una agrupación mileísta, pero el verdadero escándalo es quiénes lo reciben: un barrabrava con causas penales y un pasado que incluye ataques armados como coordinador de la tercera sección electoral bonaerense.
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10 Years Experiences

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*Por Augusto Grinner

El escenario es Tres de Febrero, un municipio del conurbano bonaerense donde las promesas de la “nueva política” chocan de frente con las prácticas más arraigadas de la vieja política. La Libertad Avanza, el partido del Presidente Javier Milei, se encuentra en el ojo de la tormenta por su armado territorial, que no sólo incorpora figuras inesperadas, sino también a personajes con historiales explosivos que desafían el discurso anti-casta del oficialismo.

El caso central gira en torno a Agustín Álvarez, un joven militante de 28 años oriundo de Caseros, que hace una pirueta ideológica asombrosa: de la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois que toma campos y establecimientos, a las filas del mileísmo. Un volantazo político que, por sí solo, ya genera controversia y pone en evidencia la permeabilidad de las estructuras libertarias en el territorio.


Sin embargo, lo verdaderamente llamativo no es tanto el origen político de Álvarez, sino las figuras que lo acogen y la red que se teje a su alrededor. El ingreso de Álvarez se da bajo el ala de Ramón “Nene” Vera, un diputado provincial bonaerense de LLA que, según se denuncia, opera desde las sombras en el distrito, construyendo una red de lealtades que aspira a controlar una porción clave del poder local. Vera es recordado por una causa en la que ha vendido pollos descompuestos a escuelas de Buenos Aires, hace algunos años, aparte de haber sido candidato a intendente de Cristina Fernández de Kirchner.

El gran protagonista de esta trama, y el más controvertido, es Fabricio Martínez. El nuevo coordinador de LLA en la Tercera Sección Electoral —aquella con más votantes— y mano derecha de Sebastián Pareja —armador de LLA en la provincia de Buenos Aires y alfil de Karina Milei—, Martínez es un ex líder de la barra-brava de Laferrere. Su prontuario es interesante: sobrevivió a un intento de asesinato en 2022 con 35 impactos de bala en su auto, fue filmado en 2023 disparando al aire desde un colectivo, y no tiene trabajo registrado ni ingresos justificados desde 2007. Su pasado también incluye el manejo de fuerzas de choque en La Salada y una notoria influencia en el sindicato de la carne de La Matanza. Un cuadrazo coordinando al mileísmo bonaerense.

– Los balazos al VW Vento de Martínez, por entonces jefe de la barra de Laferrere, el día que fue atacado por sicarios y salvó su vida de milagro

La agrupación “La San Martín”, de reciente formación en el conurbano, es el vehículo de estas operaciones. Lo más impactante es que esta agrupación, compuesta por operadores políticos kirchneristas y barras-bravas, cuenta con la aprobación explícita de la propia Karina Milei y Sebastián Pareja. Su objetivo es claro: dar profundidad territorial a LLA, movilizar gente a los actos y, fundamentalmente, obtener control sobre los fondos del Consejo Escolar en Tres de Febrero, un botín millonario que representa una motivación muy de la casta.

Esta estrategia de puertas abiertas a figuras polémicas contrasta drásticamente con el discurso anti-casta de LLA a nivel nacional. Las contradicciones son evidentes y no pasan desapercibidas. La propia juventud libertaria preexistente en Tres de Febrero ha manifestado una indignación significativa ante la llegada de Álvarez y la presencia de personajes como Martínez, cuestionando la pureza ideológica del movimiento.

La situación se complejiza con la purga o lavado de cara que, irónicamente, la propia Karina Milei le exigió a Sebastián Pareja para limpiar la imagen del partido. Sin embargo, esta limpieza parece ser meramente superficial, con reasignaciones de figuras problemáticas en lugar de su real apartamiento. De hecho, poco después de la exigencia de Karina, Pareja se mostró públicamente con Fabricio Martínez para desmentir rumores de su desplazamiento, lo que pone de manifiesto una batalla interna entre la imagen pública y las necesidades de armado territorial.

Las tensiones llegan a la cúspide. Los congresos partidarios de LLA en el conurbano son descritos como “auto-celebraciones sin mucha épica“, con rumores de venta de candidaturas y negociaciones de listas con intendentes del PJ. Incluso, el Presidente Milei tuvo que intervenir directamente en un conflicto en Junín, desplazando a un referente local tras la expulsión de una militante “celestial” por la estructura de Pareja. Todo esto deja una pregunta flotando en el aire: si la “nueva política” de LLA se nutre de figuras controvertidas, utiliza viejas prácticas clientelares y se sumerge en la rosca más tradicional, ¿Cuál es entonces la verdadera diferencia con la casta que tanto critica?

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Amplio repudio a la decisión del Gobierno de subastar el histórico Regimiento de Patricios

El histórico Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, símbolo de la resistencia argentina desde las invasiones inglesas de 1806, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y judicial. El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), decidió subastar el emblemático predio ubicado en Palermo, generando una amplia reacción de la oposición y sectores que defienden el patrimonio histórico nacional.

Frente a esta decisión del Ejecutivo, el senador radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para declarar el terreno del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”. La iniciativa busca “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino” y establece que las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o fines científicos y culturales.

El proyecto fue aprobado por el Senado el jueves 2 de octubre con 56 votos a favor y 4 abstenciones, obteniendo media sanción y pasando ahora a la Cámara de Diputados. La medida también deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno, lo que efectivamente frenaría la subasta si se convierte en ley.

El 29 de agosto de 2025, la AABE emitió la Resolución 39/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, autorizando la subasta pública del terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo. El predio de 42.044 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, tiene un precio base de USD$81.797.752, convirtiendo esta operación en una de las subastas inmobiliarias más importantes de la historia argentina.

La subasta se realizó el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital Subastar. El terreno se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta USD$10.000 según especialistas del sector, aunque el precio base equivale a aproximadamente USD$1.969 por metro cuadrado.

Paralelamente, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo con medida cautelar para detener la subasta. En su presentación judicial, Pichetto argumenta que el predio “forma parte de la memoria y la historia de la Nación” y pidió que se declare la nulidad de la resolución por considerarla “manifiestamente inconstitucional e ilegal”.

“Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria”, afirmó Pichetto, criticando duramente la decisión gubernamental y alertó sobre la “connivencia con el sector inmobiliario de la ciudad”. Pichetto sostiene que la venta fue habilitada “sin intervención del Congreso Nacional”, lo que constituiría una “usurpación de facultades legislativas”.

El Regimiento de Patricios no es una unidad militar cualquiera. Fundado el 15 de septiembre de 1806 en respuesta a la proclamación de Santiago de Liniers tras la primera invasión inglesa, representa el embrión del Ejército Argentino. Su primera batalla fue el 5 de julio de 1807 durante la defensa de Buenos Aires contra las tropas británicas de Whitelocke.

La unidad participó en momentos clave de la historia argentina: las jornadas de la Revolución de Mayo de 1810 bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, las campañas por la independencia, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil, las campañas del Desierto, y más recientemente en la Guerra de Malvinas en 1982.

– Nicolás Pakgojz

El regimiento se instaló en el predio de Palermo en 1913, en los conocidos como “Cuarteles Maldonado”. El complejo actual fue diseñado por el arquitecto Isaac Thorndike y construido entre 1927 y 1932, siendo declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010.

La controversia se intensifica al conocer quiénes están detrás de la operación. El actual titular de la AABE es Nicolás Pakgojz, un economista de 29 años que trabajó en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pakgojz ingresó a la función pública de la mano de Andy Freire, quien antes había sido parte del directorio de IRSA, la empresa del magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, principal contribuyente financiero de La Libertad Avanza (LLA), además de mantener una estrecha relación con Milei. El presidente se hospedó en el Hotel Libertador de propiedad del empresario, quien además le abrió una red de contactos internacionales de negocios.

CRISIS EN LAS FF.AA | Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares renunciaron

En menos de dos años, las Fuerzas Armadas perdieron 18.659 militares, que pidieron la baja desmotivados por el retraso salarial y la falta de estímulos profesionales. Así surge del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados y de las interpretaciones que se hacen puertas adentro de los cuarteles.

El informe del jefe de Gabinete, que responde a las preguntas de los legisladores con datos aportados por el Ministerio de Defensa el mes pasado, revela que a partir del 10 de diciembre de 2023, fecha en que asumió el presidente Javier Milei, dejaron las fuerzas 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios.


La mayor deserción se dio en las filas del Ejército y, especialmente, entre los uniformados que conforman la tropa voluntaria. Las Fuerzas Armadas tienen hoy un plantel de 83.000 militares desplegados en todo el país.

Según el detalle ofrecido por Francos, de los 18.659 efectivos que pidieron la baja, 14.614 pertenecen al Ejército, 2971 a la Fuerza Aérea y 1074 a la Armada. En distintas unidades coinciden en que la cantidad de bajas no es compensada por los egresos de los institutos de formación militar. Ya en julio pasado había salido a la luz que más de 2200 militares y efectivos de seguridad habían pedido la baja en el primer semestre del año, por los bajos salarios.

“No es un problema nuevo, se viene dando hace diez años. Pero no por eso deja de ser alarmante y preocupante”, dijo un general en actividad, que mira los números con preocupación.


En cambio, en sectores cercanos a la conducción de las Fuerzas Armadas relativizaron las cifras. “Es un número excesivo. Además de las bajas debe contabilizar el personal retirado, que no es lo mismo. El retiro comprende a los que cumplen los años de servicio. Desde el punto de vista estadístico no presenta ninguna alarma. El movimiento de soldados es normal. Todos los años hay bajas y altas”, argumentó la fuente castrense, ante una consulta del diario La Nación.

EL RETRASO SALARIAL:

Los militares conservan el reclamo de la equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad, una promesa que lleva ya varios años y, por lo menos, dos gobiernos. En muchos casos, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas pelean por no caer bajo la línea de pobreza, que para una familia tipo, según el Indec, ascendía agosto último a $1.160.780.

Los bajos salarios impactan particularmente en las jerarquías más bajas. Mientras un capitán y un teniente de navío cobran $1.109.913, la remuneración de un teniente primero y de un teniente de fragata llega a $987.202. Un teniente del Ejército y un teniente de corbeta perciben $889.995y un subteniente, un guardiamarina y un alférez –las categorías más bajas entre los oficiales- cobran $806.045.

Entre los suboficiales, un sargento y un cabo principal perciben $853.088, un cabo primero, $765.596 y un cabo segundo, $765.596.

En el interior de las fuerzas entienden que la problemática salarial es decisiva, dado que el estilo de vida de los militares, en general, obliga a tener un solo ingreso familiar, porque con cada cambio de destino su cónyuge suele perder su trabajo. “También existen privaciones relativas a su entorno familiar y de amigos, que muchas veces influye en la decisión de pedir la baja, pese a la vocación”, señaló una fuente castrense.

Incluso, hay voces que sostienen que los suboficiales presentan mejores condiciones relativas que los oficiales que los mandan. “La mayor permanencia en los destinos permite a los suboficiales que su pareja o cónyuge tenga un trabajo más estable y acceso a planes provinciales de vivienda y a emprendimientos. Algunos consideran que tal vez les habría convenido ser suboficial. La diferencia de responsabilidades no está reflejada en las escalas salariales”, señaló una de las fuentes consultadas.

“Hoy la información circula con rapidez y los jóvenes oficiales advierten que en las Fuerzas Armadas de países vecinos, a diferencia de la situación local, proveen el uniforme y las botas. Acá duran seis meses y las fuerzas entrega anualmente un 20% de las necesidades. En las fotos de ejercicios militares se puede ver el nivel de desgaste de los materiales y elementos”, resumen las fuentes consultadas.

Como ejemplo ilustrativo de las restricciones en el equipamiento, muchos militares en el Ejército portan los mismos fusiles FAL que se usaban en Malvinas, un arma con 70 años de vigencia, sin todos los accesorios de tiro y visión de un arma moderna.

“Los morteros pesados, de 120 milímetros, han pasado periodos de cuatro o cinco años sin municiones y unos pocos al año para los morteros de 81 milímetros. La artillería de 105 milímetros recibe unos 40 a 60 proyectiles anuales, lo que alcanza apenas para una sesión de tiro de escuela. Armas antitanque modernas, como el AT4, fueron compradas de a una para cada unidad y hacen solo un disparo al año”, describen en los cuarteles, al señalar que ello impacta en la insatisfacción profesional y la consecuente pérdida de vocación militar.



*Fuente: Diario La Nación

$LIBRA | La comisión investigadora pide que la Justicia obligue a declarar a dos testigos

La comisión investigadora del caso $LIBRA volvió a chocar con la ausencia de testigos clave. Este martes, ni Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, ni María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación de Criptoactivos, se presentaron a la citación del Congreso. Es la segunda vez consecutiva que ambos faltan, lo que encendió la reacción inmediata de la oposición.

Los diputados aprobaron una moción para pedir a la Justicia que intervenga. La resolución, leída por el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, estableció que, “constatándose dos inasistencias consecutivas, resuélvase solicitar al juez de turno arbitrar los medios para que Melik y Zicavo comparezcan, recurriendo al auxilio de la fuerza pública”.

– María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación de Criptoactivos

El planteo abre un escenario inédito: la comisión parlamentaria carece de facultades coercitivas para obligar a los citados a asistir, pero ahora busca trasladar esa presión al Poder Judicial. Si un juez acepta el pedido, podría ordenar la comparecencia forzada de los funcionarios, un hecho de fuerte impacto institucional.

Melik y Zicavo justificaron sus inasistencias con un argumento que tensiona aún más la relación entre poderes. Ambos sostienen que la Cámara de Diputados duplica el objeto de una investigación penal ya en curso y que se está metiendo en las facultades exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

– Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción

La polémica creció porque tampoco se presentó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que había sido convocada para la misma jornada. Su ausencia se explicó por su viaje oficial a Estados Unidos, donde participa de reuniones junto al presidente Javier Milei con Donald Trump y el secretario del Tesoro, Wally Adeyemo.

La comisión fijó una nueva fecha para citar a los ausentes: el martes 30 de septiembre. No hay, sin embargo, certezas de que las convocatorias sean respondidas, lo que amenaza con profundizar el enfrentamiento entre oficialismo y oposición en torno al caso.

– Eduardo Taiano

En paralelo, el fiscal federal Eduardo Taiano volvió a marcar la cancha. Negó a la comisión el acceso directo al expediente judicial de $LIBRA, lo que obligó a derivar el reclamo al procurador general de la Nación, Eduardo Casal. La jugada sumó otro punto de fricción, porque deja a los legisladores sin documentación clave para el avance de la investigación parlamentaria.

La causa $LIBRA investiga el proyecto cripto impulsado públicamente por Javier Milei, que tras un repunte explosivo de cotización terminó desplomándose y dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias. La denuncia de estafa se extiende por todo el país, con más de un centenar de presentaciones judiciales ya radicadas en diferentes fueros.

La oposición insiste en que la comisión debe tener acceso pleno a la información y a los testimonios de funcionarios, mientras que el oficialismo denuncia una maniobra política para desgastar al Gobierno. En ese marco, la Justicia se transforma en árbitro obligado de un conflicto que combina la investigación penal con la pulseada política.

El desenlace dependerá de la respuesta de los jueces. Si aceptan el pedido de la comisión, podrían ordenar la conducción forzada de Melik y Zicavo, un hecho que marcaría un choque directo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Si lo rechazan, la oposición quedará debilitada y la investigación legislativa podría perder peso frente al avance de la causa judicial.

Hugo Moyano echó a cuatro sindicalistas de Camioneros en medio de versiones de fraude

El golpe fue sorpresivo pero calculado: esta semana, Hugo Moyano removió sin aviso al secretario administrativo Claudio Balazic y al secretario tesorero Paulo Villegas. Más tarde sumó al prosecretario administrativo Alejandro Vanati y a otro dirigente aún no identificado públicamente.

Las versiones que circulan en Mar del Plata hablan de una denuncia penal por presunto fraude vinculado al Hotel 15 de Diciembre, propiedad del sindicato. Se investigan cheques firmados por los desplazados, y los denunciantes acusan que habrían fondos malversados.

El expediente judicial habría sido iniciado el 12 de septiembre en la Fiscalía N.º 10 de Mar del Plata, a cargo de Carlos David Bruna. En ese marco, se denunció al administrador del hotel, quien fue expulsado del gremio, aunque su defensa sostiene que no tenía poder de decisión.

– Claudio Balazic

Mientras tanto, el gremio anunció el cierre temporal del hotel para realizar “reformas”. La coincidencia entre el cierre y las purgas internas alimenta especulaciones de que todo forma parte de una limpieza interna dirigida por Moyano o su entorno más cercano.

Desde medios sindicales apuntan a la ascendente figura de Octavio Argüello como beneficiario del vaciado: la idea sería abrir espacio para nuevos allegados y debilitar redes de poder ligadas a Pablo Moyano.

También se menciona la influencia de Liliana Zulet, esposa de Moyano, como cerebro silencioso de la operación. 

El escándalo no se limita a lo gremial. Si los cheques y balances sometidos a investigación revelan irregularidades mayores, podrían salpicar al propio Hugo Moyano como máximo responsable del sindicato. Algunos ya hablan de que puede ser el inicio de una crisis institucional dentro de Camioneros.

A sus 81 años, Moyano no cede terreno. En paralelo a estas movidas internas, presiona para mantener su influencia en la CGT. Su hijo Pablo celebra triunfos ajenos —como el ascenso de su club Deportivo Camioneros— mientras el padre ajusta el poder detrás del telón.

En los últimos tiempos ya habían emergido fisuras: Moyano enfrenta conflictos con Jorge Taboada, su segundo al mando, y rumores de deslealtades internas se filtraron en vísperas de la renovación de autoridades del gremio.

Entre Ríos: Rogelio Frigerio saca lustre al legado desarrollista y propone una ley de infraestructura

Rogelio Frigerio aprovechó un encuentro del Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) para anunciar un proyecto de Ley de Infraestructura Provincial para Entre Ríos. El gobernador habló de “una verdadera política de Estado” para que las obras “no dependan más de la discrecionalidad de un gobierno”.

En la presentación, explicó que se trata de una iniciativa que busca institucionalizar la planificación a largo plazo de la obra pública para que sea producto de una estrategia consensuada entre todos los ámbitos de la política local “para las próximas décadas”.

La iniciativa busca dar un mensaje a dos bandas. Por un lado, para que los gobiernos que se sucedan, aun siendo de distinto palo, tengan una continuidad de objetivos. Por el otro, para dar un marco de tranquilidad al empresariado del sector respecto de los proyectos, de los que además participarán en la elegibilidad de acuerdo a parámetros objetivos.

¿Qué dicen en el gobierno de la Ley de Infraestructura para Entre Ríos?

En la Casa Gris se encargan de subrayar el diálogo entre sectores. El público con el privado, representado por los empresarios, pero también la relación con los obreros de la construcción, que fue vital al comienzo de la gestión cuando suspendieron la obra pública hasta ordenar los pagos pendientes y poder recomenzar.

Por indicación de Frigerio, los funcionarios repiten como un mantra las palabras “orden, transparencia, planificación y diálogo”, y tratan de ejecutarlas. Así, al menos en las formas y embanderándose con la obra pública y la importancia de la infraestructura, se permiten, sin hacer alardes, marcar sutiles diferencias con sus socios electorales de La Libertad Avanza.

Un funcionario que pasa el día en la sede del gobierno explicó que con la Ley de Infraestructura la priorización de obras se hará por capas. Cada una de estas capas se ponderará distinto. La infraestructura en sí será una. La importancia en cuanto a su impacto en las cadenas productivas, otra. La relevancia económica en el turismo es otro ejemplo, al igual que otros ítems. En el ministerio de Obras analizan que con estos criterios objetivos se tomarán decisiones menos arbitrarias.

De qué trata la ley de infraestructura de Rogelio Frigerio

La ley, que está en estado de borrador antes de ser elevada a la Legislatura, propone crear la primera cartera unificada de proyectos de infraestructura provincial. Busca que esa cartera sea elaborada junto con la delegación local de Camarco y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y que ingrese al Banco Federal de Proyectos de ese organismo.

En el frigerismo se entusiasman y claman que será una ley que trascenderá gobiernos y que asegurará “que las obras de hoy no dependan del humor de un funcionario”.

¿Cómo financiar las obras?

La administración explica que gestiona financiamiento ante organismos de crédito multilaterales con avales del gobierno. Dicen que no es solo para aumentar la capacidad de ejecución, sino para impulsar a partir del año que viene un plan de rehabilitación de infraestructura vial.

Cuentan que ya avanzaron con la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el Banco Centroamericano de Inversión y Desarrollo y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por unos 300 millones de dólares. Además de los acuerdos con el CFI.

Relacionado a lo financiero, el gobierno asegura que implementó un nuevo sistema de redeterminación de precios, para lo que tomó aportes del sector de la construcción y avanzó en un esquema en el que los certificados de obra “se pagan en tiempo y forma y sin intereses”.

¿En qué obras están pensando?

110 proyectos están en contemplación en áreas como vialidad y logística; obras portuarias y ferroviarias; de energía; de gestión hídrica y riego; saneamiento y agua potable; y educación y seguridad.

Entre los ejemplos que se destacan en un informe del gobierno entrerriano, se cuentan el Puente Paraná – Santa Fe; la doble vía para el puente que une Victoria con Rosario; el corredor Bioceánico Sur; la ampliación del Aeropuerto de Paraná; la reconfiguración del Puerto Ibicuy; y el Acueducto del Norte Entrerriano. Además, plantas potabilizadoras y la construcción de nuevas unidades penales, escuelas técnicas y playones deportivos inclusivos.


*Fuente: Letra P

Casielles tildó de idiota a Espert y reveló que le pidió su expulsión a Milei en el año 2021

“En el año 2021, le exigimos a Javier Milei y a Karina Milei que lo echara a Espert del espacio por sus vínculos con el narcotráfico” admitió el legislador, además agregó que no compartió más espacio con Espert y que no eran los “valores” que pregonaba el espacio liberal. También sostuvo su desprecio hacia Espert y lo tildó de “idiota”.

Esta declaración apunta a la relación de Espert con el narco empresario Fred Machado, una conexión que, según Casielles, fue informada a la cúpula de LLA mucho antes de que se hiciera pública. En una pregunta sobre el diputado libertario Jose Luis Espert, Casielles

A su vez, frente a la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, el legislador sostuvo que no es suficiente, “Es difícil que el presidente ahora nos diga que Espert es honesto, porque ya sabían de esto. Hasta la misma Patricia Bullrich lo advirtió”.

En medio de la campaña y de los escándalos adjudicados a este gobierno, Eugenio insistió con la necesidad de que los funcionarios den explicaciones. “No puede ser que todo sea una opereta. Esto, lo de libra, lo de las coimas de Karina, están tomando del pelo a los argentinos”.

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