¿Quiénes son los kirchneristas y larretistas que se esconden en la lista de Adorni?

La boleta de LLA exhibe una marcada heterogeneidad de orígenes políticos, incluyendo a kirchneristas y larretistas, ahora devenidos en mileístas, reflejando un patrón de armado que se repite en el espacio.
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*Por Augusto Grinner

¿“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”? Esa consigna quedó obsoleta, ahora el debate dentro del espacio libertario está en “kirchnerismo o libertad”. Pareciera ser que la hermana del Presidente quiere poner el último clavo del ataúd del kirchnerismo absorbiendo a cuanto kirchnerista se pase a sus filas.

El análisis de la nómina de candidatos a la Legislatura porteña de La Libertad Avanza, encabezada por el aún vocero presidencial, Manuel Adorni, y bajo la directa influencia del armado de Karina Milei y la jefa del partido en la Ciudad, la ex-camporista Pilar Ramírez, evidencia que los principales puestos de la lista, con chances de ingresar al parlamento local, están ocupados por figuras con pasados y vínculos en estructuras políticas que el propio espacio suele criticar con vehemencia. Esta conformación, lejos de ser un fenómeno aislado en el distrito porteño, se inscribe en una aparente estrategia de La Libertad Avanza a nivel nacional y con un patrón definido.

Candidatos kirchneristas y larretistas

En los primeros lugares de la boleta porteña se observan nombres con claras conexiones en la política pre-Milei.

La segunda y el tercero en la lista, Solana Pelayo y Nicolás Pakgojz, ambos acomodados por el esposo de Pilar RamírezDarío Wasserman— como directora del Banco Nación y presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, respectivamente. Ambos responden a la ex-camporista Ramírez, quien supo ser amiga del ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, y del senador kirchnerista y ex director de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Ramírez decidió cambiar de amistades, ahora se junta con la secretaria general de presidencia. Lejos quedó aquella época en la que Ramírez presidía la fundación de Mariano Recalde, siendo luego expulsada de la aerolínea de bandera durante el gobierno de Mauricio Macri, deviniendo en un juicio al Estado por parte de esta mujer.

– Mariano Recalde, Alessandra Minnicelli (esposa de Julio De Vido) y Pilar Ramírez (presidente de La Libertad Avanza de CABA).

En el caso de Pakgojz, además, se trata de un retirado funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta durante más de cinco años, y de hecho fue militante del ex jefe de gobierno durante 2023.

Los vínculos con Ramírez y su entorno también son notorios en varios tramos de la lista, como es el caso de la cuarta candidata, Andrea Freguia, la jefa de despacho de Pilar y ex asesora de la retirada Senadora kirchnerista María Laura Leguizamón, por entonces parlamentaria de Cristina Fernández.

– Nicolás Pakgojz junto a Karina Milei y Pilar Ramírez

Antes de seguir en orden numérico, podemos mencionar también al número nueve, Diego Vartabedián, quien actualmente trabaja para Karina Milei con un cargo con 24 palabras de extensión, habiendo sido previamente destinado a Nación Seguros por el esposo de Ramírez. O también llama la atención la número doce, Patricia Holzman, y del número quince, Yamil Minakowski, quienes supieron vivir del contribuyente respectivamente durante siete años y tres años de la gestión larretista. Y si al lector no le alcanza con la jefa de despacho y los amigos de Ramírez, sepan que también tendrán de candidato a Dante Di Carlo, secretario de la legisladora ex-camporista.

El desembarco de figuras con pasados kirchneristas o peronistas en las filas del mileísmo es un patrón que se repite en distintos niveles y distritos del país, evidenciando una fórmula de armado que trasciende ideología. Ejemplos notorios incluyen a Daniel Scioli, ex Vicepresidente y Gobernador kirchnerista, hoy en el gabinete nacional; su hermano Nicolás Scioli, también con trayectoria K; Leila Gianni, ex funcionaria del kirchnerismo y ex La Cámpora, actualmente referente en La Matanza; Sebastián Pareja, armador provincial de LLA con pasado en el kirchnerismo incluso como aportante de campaña; Manuel Quintar, ex candidato jujeño del kirchnerismo y cercano a Milagro Sala; Ramón “Nene” Vera, diputado provincial de LLA en Buenos Aires también ex candidato kirchnerista; y Sonia Limache, actual referente de LLA en Quilmes, anteriormente referente K.

Entre el sexto y el octavo puesto, tenemos bancas que intentan renovar, como es el caso de Lucía Montenegro quien, entre otras cosas, fue noticia en 2022 por haber contratado como asesor a un filo-nazi ex candidato de Alejandro Biondini.

¿Por qué Pilar Ramírez tiene tanto poder?

En el contexto del armado de listas, circula una versión, persistente en ciertos círculos políticos, sobre un supuesto video con cámara oculta que registraría un importante aporte monetario para la campaña de 2023, en el cual, Karina Milei estaría contando dinero en efectivo de un enorme pago realizado por Darío Wasserman. El marido de Pilar Ramírez estaría extorsionando a la hermana del Presidente con algo tan básico. La versión busca explicar el particular ascendente de estas figuras con pasados kirchneristas dentro del espacio, y alimenta las suspicacias sobre las razones detrás de algunas designaciones.

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“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Una nueva contradicción en LLA: votaron a favor del presupuesto por el que expulsaron a Marra

La Libertad Avanza aprobó una ampliación del Presupuesto 2025 que convalida una suba de gastos por $447.443 millones y un aumento de la recaudación tributaria. Este voto de todo el bloque mileísta contradice directamente la postura que llevó a la expulsión de Ramiro Marra, quien a comienzos de 2025 fue apartado del partido por votar a favor de esos mismos “aumentos de impuestos” ajustados por inflación.

Todo comenzó en la maratónica sesión de la Legislatura Porteña de diciembre de 2024, cuando se votó el Presupuesto 2025. Marra y Yamil Santoro condicionaron su apoyo y consiguieron un logro fiscal histórico: una reducción de $330.000 millones en gastos e impuestos.

No obstante, el resultado de la votación fue la expulsión de Marra en enero de 2025, hecho que se enteró mediante redes sociales. El partido, conducido por los hermanos Milei, lo apartó bajo la acusación de haber votado a favor de “subir impuestos”. La realidad, como es sabido, es que la Ley Tarifaria sólo estaba readecuando las escalas de tasas clave (como el ABL y patentes) en función del IPC, un mecanismo que responde a un ajuste por inflación, el mismo que sucede con toda la recaudación tributaria y que, justamente, se trata del tipo de readecuación que cada gobierno nacional hace sobre las tablas de los monotributistas.

Pero ahora el argumento ideológico del mileísmo se pulverizó con la llegada de la Ampliación Presupuestaria 2025, cuyo proyecto se formalizó en septiembre y se votó durante la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025. Este documento autoriza un monumental aumento del gasto de $447.443.000.000 para cubrir partidas distintas partidas (personal, servicios, inversiones, etc.) y, a su vez, legitima la estimación de una mayor recaudación tributaria, generada por ese mismo ajuste por inflación.

A diferencia de lo ocurrido con el Presupuesto original, en la votación de esta ampliación (y en la posterior aprobación del Presupuesto 2026), todo el bloque de La Libertad Avanza —incluida su jefa de bloque, la ex kirchnerista Pilar Ramírez—votaron a favor. Este voto no sólo convalida el mismo “impuestazo” que antes denunciaban, sino que anula aquel recorte de $330.000.000.000 conseguido por Marra y Santoro en diciembre de 2024.

La incoherencia en la acción legislativa podría explicarse en el contexto de la nueva alianza política sellada entre el PRO y La Libertad Avanza. La necesidad de la administración porteña de readecuar el presupuesto por la inflación, sumado al nuevo apoyo del Gobierno Nacional a la gestión de Jorge Macri, obligaron al bloque libertario a cambiar su flexible vara de principios. La rigidez ideológica se suavizó por las necesidades de la caja y la convivencia política.

La evidencia fiscal es concluyente: el argumento de que Marra traicionó los ideales libertarios por un voto confirma la carencia de sustento. La pregunta que resuena es si la militancia mileísta continuará sosteniendo la excusa del voto, o si aceptará que la expulsión de Marra se debió a una simple puja de poder impulsada por Karina Milei, quien, como advirtió su hermano el Presidente, es la persona que pasa a la gente por la guillotina.

Diputada de Grabois quiere crear un impuesto a los “pedos de vacas”

La legisladora provincial de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, militante del movimiento Patria Grande cercano a Juan Grabois, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa estableció un gravamen sobre las emisiones de metano de la ganadería –incluidas las flatulencias y eructos del ganado bovino– para conformar un fondo fiduciario destinado a “compensar” esos gases mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El proyecto no contó con el acompañamiento de otros diputados y, según fuentes legislativas, Klug lo presentó para “despedirse” de la función, ya que su mandato finalizará la próxima semana.

La iniciativa se apoya en la necesidad de “combatir el cambio climático”, haciendo especial hincapié en la reducción de gases de efecto invernadero. La legisladora dijo que Buenos Aires es responsable de un cuarto de las emisiones totales del país, debido a su densa población y su amplio desarrollo productivo.

Pese a este andamiaje discursivo sobre el cuidado del medioambiente, el rechazo del campo fue inmediato. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su repudio frontal a la TAMBA. En un posteo en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”. La entidad agropecuaria subrayó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Una intendente K aplicó un impuestazo del 124% a las guías de hacienda

Los ruralistas remarcaron que Klug no los consultó en ningún tramo de la redacción del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, enfatizó que la propuesta “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.

Kovarsky condensó el impacto que advirtió en una frase que se volvió consigna del rechazo rural: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

Carbap también recordó que ya había advertido sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, al señalar que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”. En la misma línea, sostuvo que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.

Otra entidad de fuste que repudió enérgicamente el impuesto encubierto fue la Confederaciones Rurales Argentinas. Para CRA, la medida propuesta por la diputada de Grabois, lejos de ser una cuestión ambiental, “es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.

La organización que lidera Carlos Castagnani exigió dirigentes comprometidos con el sector productivo, en lugar de impulsar lo que calificaron como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”. Remarcaron que, con propuestas como esta, “queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro”.

Por su parte, en el recinto, quien apuntó directamente al núcleo del proyecto fue Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”, afirmó.

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

SENADO | Bullrich investigará a la AFA de Tapia tras las sanciones a Estudiantes: “Hay muchas irregularidades”

Tras las sanciones impuestas por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) al equipo de Estudiantes luego del polémico “pasillo de honor” de espaldas a Rosario Central, la senadora electa Patricia Bullrich volvió a cuestionar con dureza a la conducción del fútbol argentino y advirtió que analizará la transparencia del organismo desde el Senado.

En diálogo con Radio Mitre, horas antes de asumir su banca, Bullrich aseguró que existen “muchas irregularidades” en la AFA y apuntó directamente contra su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

“El país va hacia el orden, no hacia la discrecionalidad. Y en este camino, la AFA viene marcha atrás, en la discrecionalidad total”, afirmó de manera contundente. “Me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de la asociación”, agregó.

El conflicto estalló por una muestra simbólica de rebelión. En la previa de un partido reciente, el plantel de Estudiantes de La Plata fue obligado por un protocolo de la AFA a realizar un pasillo a Rosario Central, al que la Asociación había reconocido como “campeón” mediante una resolución administrativa —una decisión percibida por muchos como un título de escritorio, motivado ya sea por el liderazgo en la tabla anual o por una validación en asamblea. Los jugadores de Estudiantes, alineados con su presidente Juan Sebastián Verón —histórico crítico de la gestión de Tapia— cumplieron el pasillo pero se plantaron de espaldas frente a los futbolistas de Central, transformando el gesto de cortesía en una protesta visible.

La AFA consideró la acción una ofensa grave y respondió con sanciones ejemplares, suspendiendo a Verón por seis meses, aplicando dos fechas de sanción a los jugadores involucrados y ordenando una multa económica junto a la reducción del aforo de público.

Fueron citados los 11 jugadores que participaron del pasillo y Lucas Alario, quien apareció en las imágenes televisivas advirtiendo a los rivales sobre la acción pese a no haber ingresado. Sin embargo, Estudiantes resolvió que ningún futbolista declarará de manera individual.

Puso la lupa sobre el entorno del titular de la AFA y cuestionó el sistema de conducción interna, argumentando que “está lleno de figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias. ¿Cómo es la democracia interna? ¿Cómo es el sistema de elección? ¿Por qué es una elección indirecta?”.

En relación al episodio que desató el conflicto, Bullrich consideró desproporcionadas las sanciones aplicadas al club platense. “Por ponerse de espaldas, le metieron una sanción como si hubieran asesinado a alguien. Es una cosa increíble”, expresó. Y añadió: “¿Qué poder de sanción tiene alguien que rompe la ley? ¿Cómo puede sancionar a otros quien actúa fuera de la ley?”. Por último, la senadora señaló que la AFA mantiene una relación de dependencia con los clubes: “Los tiene de rehenes. Hay relaciones de dependencia, no relaciones de libertad”, concluyó.

El club platense alega que la normativa que permitía sancionar al club y a los jugadores por un “pasillo incorrecto” no existía antes del partido. Para la defensa de Estudiantes, la AFA habría cargado el Boletín Oficial 6625 (con la nueva regla sancionatoria) al sistema web después de terminado el partido, pero con una fecha anterior, siendo creado y editado el 23 de noviembre a las 19:21.

Estudiantes califica esto como un “delito cibernético” y falsificación de documento público para justificar un castigo retroactivo después del triunfo 1-0 en los cuartos de final del Clausura, y que solo a partir de ese momento quedó accesible para consulta.

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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