Detienen a grupo de jóvenes “Caza Violines” por escraches violentos a abusadores en redes

El colectivo, que se autodenominaba "Caza Violines", operaba en el conurbano con un modus operandi polémico: atraían a sus objetivos mediante perfiles falsos de menores, los confrontaban violentamente y viralizaban los videos.
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Un grupo de jóvenes de entre 17 y 24 años autodenominados “caza violines” fue desarticulado tras identificar y castigar por cuenta propia a numerosos depravados sexuales que operaban a través de internet. Su base principal de operaciones se encontraba en la localidad bonaerense de Pilar, aunque mantenían ramificaciones en distintos puntos del conurbano y en la ciudad de La Plata. 

Entre los detenidos figura un youtuber platense de 20 años de alias “Elquechuga”, Brandon Maldonado, quien habría funcionado como líder y que acumuló notoriedad en redes sociales por sus contenidos previos donde realizaba “bromas pesadas” y se burlaba de trabajadores de comercios o transeúntes como medio de entretenimiento.

“Cuando hice el primer video tuvo mucha repercusión en la gente y a partir de allí, incluso por pedido de distintas personas, seguí con esa idea”, trascendió en sus declaraciones a la justicia.

El grupo estaba conformado por adolescentes que se encontraban a entrenar en un gimnasio de Pilar, lo que sugiere una preparación física que utilizaban durante sus operativos. Un elemento clave en su estructura era la participación de una joven de 20 años que actuaba como “falso señuelo”, haciéndose pasar por menor de 13 años para atraer a los presuntos depredadores. Este componente femenino resultaba fundamental para la credibilidad de sus trampas en línea.

Según declaraciones del youtuber, la inspiración para estas actividades provino de un influencer estadounidense llamado Justin Painter, quien realizaba actividades similares de exposición de presuntos pedófilos en redes sociales. El joven luego admitiría haber iniciado estas prácticas en 2016, copiando el formato y adaptándolo al contexto argentino, continuando con esta actividad debido a la respuesta positiva que recibía de sus fanáticos.

La banda había desarrollado un sofisticado modus operandi que comenzaba con la creación de perfiles falsos en aplicaciones de citas y redes. En estos perfiles, principalmente manejados por la joven que funcionaba de “carnada” o por otros miembros haciéndose pasar por mujeres, simulaban ser niñas para entablar conversaciones con estos adultos. Tras establecer el contacto inicial, las charlas continuaban por WhatsApp, donde recibían contenido explícito por parte de los objetivos y concretaban encuentros presenciales.

“Me pedían fotos, pero varios me mandaban imágenes de sus miembros íntimos, por ejemplo”, subrayó, agregando que luego “seguía hasta que en un momento se acordaba el encuentro y allí se desataba el escrache y yo los increpaba tal como se ve”.

Una vez que la víctima acudía al lugar acordado, generalmente un departamento preparado para la emboscada, los integrantes de la agrupación lo sorprendían, lo retenían contra su voluntad y procedían a ejecutar lo que ellos llamaban “castigos”, cargados de violencia tanto física como psicológica. Las golpizas eran solo el inicio de una serie de degradaciones que incluían prácticas extremadamente humillantes como forzar a las víctimas a ingerir materia fecal. También los obligaban a posicionarse en cuatro patas y cantar frases como “pío-pío, soy violín”, a la vez de que se los filmaba.

Estos encuentros eran cuidadosamente planificados para garantizar tanto la captura como la documentación audiovisual de todo el proceso. La sistematización de sus actividades y la evolución de sus métodos fueron escalando con el tiempo, llegando a incluir vejaciones que sobrepasaban cualquier pretensión de “ajusticiamiento”.

Eventualmente estos hechos atrajeron la atención de las autoridades, quienes iniciaron una investigación judicial por el delito de “privación ilegítima de la libertad”, culminando con la detención de cinco personas enfrentando cargos por lesiones y apología del delito.

El alcance mediático de la banda era considerable, habiendo acumulado aproximadamente un millón y medio de seguidores. Cada “captura” era documentada en video y compartida públicamente, generando viralización, críticas y apoyo de personas que celebraban estas acciones como una forma efectiva de “vigilantes virtuales”.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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