Diputados entrerrianos insisten en regular las apuestas en línea para prevenir la ludopatía
El proyecto prevé controles biométricos, un registro de apostadores y campañas de concientización para abordar integralmente el juego virtual.
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La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados retomó este miércoles el debate sobre la regulación de los juegos de apuestas en línea y la prevención de la ludopatía. Presidida por la diputada Carolina Streitenberger, la reunión marcó el primer encuentro del año para tratar el proyecto de ley que la misma legisladora presentó, así como la iniciativa de su par, CarlosDamasco, destinada a la creación de un Registro Provincial de Apostadores Online.
La titular de la comisión brindó detalles sobre el estado de su propuesta: “Hay varias actualizaciones para hacer al proyecto. Previamente a la reunión, veníamos trabajando en un borrador donde están integradas otras iniciativas, algunas de ellas con media sanción, para la prevención y el abordaje integral de este tema en los establecimientos educativos y en la sociedad en general”.
Al referirse a los puntos centrales de la iniciativa, Streitenberger puntualizó: “Tratamos de ver las normativas que existen en otras provincias y las ya vigentes en Entre Ríos sobre los juegos de apuestas, pero este proyecto implica tener controles biométricos más específicos, que se regule la publicidad, que se lleve un registro y que se trabaje mucho en las campañas de prevención y concientización”. Además, destacó el trabajo colaborativo de los diferentes bloques legislativos, quienes abordaron especialmente la cuestión del financiamiento para la ejecución de la ley.
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La muerte de Tomás, un nene de 5 años, conmocionó a la localidad salteña de La Merced y abrió una investigación judicial que involucró de manera directa al entorno del intendente Javier Wayar. El conductor señalado por el hecho fue Miguel Plaza, identificado como chofer del jefe comunal, quien manejaba una camioneta Ford 4×4 de propiedad del mandatario cuando ocurrió el episodio fatal.
De acuerdo con la información policial brindada, el niño circulaba en una bicicleta que fue embestida por la camioneta la noche del pasado domingo. El niño fue trasladado en un primer momento al hospital local y luego derivado al Materno Infantil de la ciudad de Salta, donde falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.
El oficial Flavio Peloc, responsable del área de prensa de la Policía de Salta, informó que el conductor fue demorado en el lugar y puesto a disposición de la Justicia. También precisó que el test de alcoholemia realizado en el momentodio resultado negativo, aunque se le practicó una extracción de sangre para estudios más específicos.
Peloc explicó además que intervino personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y documentar la escena, aunque el procedimiento se vio parcialmente interrumpido por disturbios generados por vecinos y familiares de la víctima: “El fallecimiento del menor provocó una fuerte reacción en la comunidad. Hubo desórdenes, quema de cubiertas y hasta intentos de agresión contra el supuesto responsable”.
Con el paso de las horas se confirmó otro dato central del caso. La camioneta involucrada era propiedad del intendente Javier Wayar.
Muchas horas después del suceso, Wayar difundió un comunicado en la cuenta de Facebook del Municipio para expresar su pesar. Allí, dijo haber denunciado (se desconoce si antes o después del hecho) el robo del vehículo y dio detalles sobre su chofer. “Quiero informar que he realizado la denuncia correspondiente por la sustracción de la camioneta sin mi conocimiento. La persona involucrada en este hecho es alguien a quien conozco desde hace muchos años. No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional”.
“Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley. Confío plenamente en su accionar. Nadie está por encima de la ley”, sostuvo. Y agregó: “Asimismo, quiero solicitar, con el mayor respeto, que frente a una tragedia de esta magnitud no se utilice el dolor con fines políticos. Este es un momento que nos exige humanidad, respeto y responsabilidad”.
– Familiares de Tomás
Las declaraciones del jefe comunal se conocieron después de varias horas de silencio público, en un contexto de fuerte conmoción social en La Merced.
En paralelo, surgió otro antecedente vinculado al mismo entorno. Según informó el medio local Nuevo Diario, una joven denunció días antes por acoso al chofer particular del intendente. El hecho habría ocurrido en un camino vecinal cuando la mujer se dirigía a llevarle un encargo a su esposo, quien trabajaba en una finca situada detrás del edificio comunal.
Siempre según lo difundido por ese medio, la joven habría sido abordada por el denunciado, conocido en el ámbito local como “Placita”, cuando se encontraba en una Ford Ranger roja que sería propiedad del jefe comunal.
El relato de la mujer sostuvo que el hombre habría incurrido en conductas de acoso que escalaron hasta el intento de obligarla a subir al vehículo.
La mujer logró escapar. Tras ello, se comunicó con el sistema de emergencias y efectivos policiales intervinieron, procediendo a la detención del sospechoso, además de retener el vehículo en el que se desplazaba. La denuncia, según informó ese medio, se radicó en la Comisaría N°105 de La Merced. DATA24.COM.AR intentó comunicarse con la dependencia policial para esclarecer este asunto, pero no obtuvo mayores precisiones: “Por el momento todo lo que está pasando es confidencial”.
La exdiputada nacional Soledad Carrizo quedó posicionada como una de las piezas políticas que La Libertad Avanza eligió para ampliar su estructura en Córdoba. Tras haber cuestionado con dureza a Javier Milei en 2025, la dirigente radical fue designada como vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y pasó a desempeñar un rol central en el esquema de construcción territorial que encabezó Gabriel Bornoroni, con la mira puesta en la disputa por la Gobernación de 2027.
La incorporación de Carrizo al organismo nacional fue oficializada por el decreto 212/2026, que confirmó su llegada en representación del Poder Ejecutivo Nacional dentro de un ente que dependió del Ministerio de Capital Humano y que tuvo injerencia directa en la articulación con cooperativas, mutuales y municipios del interior. Su arribo al directorio se esperaba desde diciembre, cuando concluyó su mandato en la Cámara de Diputados.
En términos políticos, el movimiento consolidó un vínculo que ya se venía aceitando entre Carrizo y el armado libertario cordobés. Bornoroni exhibió su acuerdo con la exdiputada radical y le encomendó una tarea específica: salir a buscar intendentes radicales dispuestos a integrarse al espacio opositor que La Libertad Avanza buscó consolidar hacia 2027, cuando Martín Llaryora pusiera en juego su reelección.
De ese modo, se hizo explícito que Carrizo fue la elegida para conducir la llamada pata radical del armado libertario en la provincia. El objetivo fue tender puentes con jefes comunales boina blanca desencantados con la dinámica interna de la UCR o abiertos a cambiar de rumbo político. Esa movida apuntó, además, a disputar uno de los activos más importantes de Rodrigo de Loredo, que hasta ahora fueron los intendentes radicales sobre los que apoyó su propia proyección a gobernador.
El giro político de Carrizo contrastó con sus propias declaraciones de un año antes. Cuando Milei abrió el período de sesiones ordinarias de 2025, la entonces diputada marcó fuertes cuestionamientos al Presidente. “Las promesas mesiánicas no son el camino”, escribió en sus redes sociales al finalizar el discurso presidencial. También sostuvo: “No tuvo eufemismos en promover la intervención en el Poder Judicial. Redujo la obra pública en un mero negociado cuando sabemos que es un motor de la economía real”.
Sin embargo, con el correr de los meses, Carrizo comenzó a acercarse al oficialismo nacional. Ese viraje se produjo desde una construcción política cuya terminal fue Alfredo Cornejo, un dato que también ayudó a explicar su nuevo posicionamiento dentro del radicalismo y su sintonía con el armado libertario. Desde el tramo final de su banca acompañó casi todas las leyes clave del Gobierno y en octubre respaldó la lista libertaria que encabezó Gonzalo Roca, mano derecha de Bornoroni. Ante los suyos, repitió una definición que buscó explicar ese viraje: “Yo no me hice libertaria, pero aporto mi experiencia a un Gobierno que está cambiando al país”.
Ese reposicionamiento quedó confirmado también en una entrevista que Carrizo concedió a Perfil el 21 de febrero de 2026, donde asumió abiertamente su papel como articuladora radical dentro de una alianza encabezada por La Libertad Avanza. “Me animé a “salir del clóset”: soy una radical que no se oculta para decir que quiere una alianza con LLA, con el PRO, con el Frente Cívico y seguramente más actores”, afirmó.
En esa misma entrevista, explicó que su decisión respondió a una construcción política más amplia y confirmó su trabajo conjunto con Bornoroni y otros referentes del oficialismo. “Gabriel (Bornoroni) me invitó y ya estamos trabajando con otras figuras como Laura (Rodríguez Machado) y Patricia Bullrich. Tenemos campañas al hombro con Laura. Me tildaron de traidora, pero cuando me decían que el candidato radical no movía el amperímetro, entendí que esta es una confluencia lógica”, señaló.
Frente a las acusaciones internas por su acercamiento a Milei, Carrizo rechazó haber traicionado al radicalismo. “No me considero traidora. Muchos radicales hicieron sociedades con anterioridad sin preguntarle al partido. Soy una dirigente con más de 20 años en política y nadie puede dudar de mi radicalismo; nunca transé con el peronismo”. Y agregó: “Hay mucha hipocresía de quienes no quieren hablar sobre la mesa de cuestiones lógicas mientras esconden arreglos con el peronismo”.
Carrizo también definió cuál sería su función concreta dentro del nuevo esquema. “Mi rol es ser nexo con las generaciones nuevas y la articuladora entre los dirigentes del radicalismo que se quieran sumar a la mesa provincial de LLA. Gabriel ve esa posibilidad en mí, de explicar qué queremos de cara al futuro”. En paralelo, remarcó que buscó construir un camino propio dentro de la UCR. “Hace mucho decidí tomar un camino propio y abrirme de Confluencia (mestrismo). Sentía que mi ciclo ahí había culminado”.
La apuesta territorial de Carrizo no quedó limitada al plano partidario. Su desembarco en el INAES le dio una plataforma con volumen propio para intervenir en el interior provincial. En Córdoba funcionaron más de 250 cooperativas de servicios públicos distribuidas en distintos municipios, estructuras con peso político y capacidad de gestión local. En muchos casos, sus presidentes tuvieron tanta influencia como los propios intendentes. Allí se concentró una parte central de la estrategia libertaria.
Con ese giro, la exdiputada que en 2025 condenó el “mesianismo” de Milei pasó a ocupar un lugar dentro del Gobierno nacional y a convertirse en una de las armadoras del proyecto libertario en Córdoba, con la tarea de atraer radicales, disputar territorio y fortalecer la candidatura provincial de Bornoroni.
La narrativa de la escasez que Jorge Milton Capitanich cultivó durante décadas se desmorona ante la frialdad de los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Mientras el exgobernador chaqueño aseguraba públicamente no poseer ni casa ni auto, los registros de la Central de Deudores revelan la existencia de una estructura empresarial de gran escala: Capitanich Agropecuaria SAS.
Esta firma protagoniza un escándalo financiero de proporciones sistémicas: según los datos oficiales consultados por esta redacción, la empresa acumula aproximadamente 180 cheques rechazados por falta de fondos.El monto del incumplimiento es estrepitoso: la deuda asciende a casi 3 mil millones de pesos, dejando un tendal de proveedores y acreedores en el sector agroindustrial del NEA.
Este descalabro no es sólo contable; es un patrón de poder expuesto. La utilización de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) —formato diseñado para la agilidad comercial— terminó convirtiéndose en el vehículo de un colapso que la actual gestión provincial ya utiliza para contrastar la realidad patrimonial de quien, hasta hace poco, manejaba los destinos del Chaco.
El análisis técnico de la Central de Deudores del Banco Central permite desmenuzar un fenómeno de morosidad récord. Capitanich Agropecuaria SAS no sólo integra la lista de morosos, sino que muestra una aceleración de incumplimientos que se intensificó durante el último año. El volumen de cheques “rebotados” inhabilita de facto el CUIT de la firma para cualquier operación comercial futura.
Lo que vuelve este caso un hecho político ineludible es la dualidad de los registros financieros de Jorge Milton Capitanich. Mientras su estructura empresarial se encuentra en una situación de irregularidad severa, sus compromisos bancarios como persona física —que oscilan entre los 18 y 24 millones de pesos este año— se mantienen bajo la calificación de “Situación 1”; es decir, el exgobernador cumple con sus deudas personales mientras su brazo agropecuario deja un tendal de documentos sin fondos en el mercado.
Este descalabro financiero se inserta en un contexto crítico para el sector en el NEA, donde el rechazo de cheques ha vuelto a niveles de la pandemia, con más de 175.000 documentos rebotados en el primer bimestre de 2026. Sin embargo, la responsabilidad de la SAS de Capitanich queda bajo la lupa por la magnitud de su pasivo, una maniobra que suele ejecutarse bajo la expectativa de cobrar cosechas que nunca llegaron a cubrir los compromisos.
El ranking del desplome en el NEA
La situación de Capitanich Agropecuaria SAS adquiere una dimensión aún más escandalosa cuando se la compara con la crisis de pagos que asfixia a otras provincias de la región, como Misiones. Informes recientes del sector yerbatero exponen un “festival de cheques rechazados” que golpea a cooperativas y empresas con décadas de trayectoria. Sin embargo, los números de la firma del exgobernador chaqueño logran lo impensado: superar en volumen de deuda a los casos más críticos del sector misionero.
Mientras empresas yerbateras de peso como la Cooperativa Agrícola Km 16 o Yerbatera Lewtak registran deudas abultadas (con pasivos de entre 1.700 y 1.854 millones de pesos), la empresa de Capitanich las sobrepasa cómodamente con sus más de 2.800 millones de pesos en documentos sin fondos. El contraste es total: mientras el sector productivo del NEA intenta sobrevivir a deudas millonarias en medio de una crisis de liquidez y retrasos en las cosechas, la estructura vinculada al poder político chaqueño encabeza el ranking del descalabro financiero en el noreste argentino.
El patrón del poder en Chaco
El colapso de Capitanich Agropecuaria SAS no es un hecho aislado, sino que parece formar parte de un engranaje donde los intereses privados y el ejercicio del poder público se desdibujan. El perfil de la familia Capitanich en el sector agroindustrial ya contaba con antecedentes polémicos: su hermano, Héctor Wiliam Capitanich, también ha enfrentado deudas millonarias con el Nuevo Banco del Chaco, consolidando un patrón de beneficios financieros y posteriores incumplimientos que hoy se repite con el exgobernador.
La actual gestión provincial, liderada por Leandro Zdero, ha puesto la lupa sobre una coincidencia temporal inquietante. Mientras la empresa de Capitanich acumulaba este tendal de cheques rechazados, la administración saliente emitía documentos diferidos por 3.500 millones de pesos apenas días antes de dejar el mando en diciembre de 2023. A esto se suma la investigación por el presunto uso discrecional de Aportes No Reintegrables para favorecer a socios y aliados políticos antes de la transición.
Hasta el momento, el silencio es la única respuesta oficial. El hombre que solía dar cátedra sobre macroeconomía en redes sociales y criticar la gestión ajena, hoy evita explicar cómo su propia firma agropecuaria pudo emitir casi dos centenares de documentos sin fondos. La “bomba” financiera en el Chaco ya estalló, y las esquirlas apuntan directamente a la contradicción final de un relato que pregonó la heladera vacía mientras operaba cajas millonarias en las sombras.
Ningún país en el mundo tiene tantos adolescentes distraídos por el celular en el aula como la Argentina. Desde que comienza la hora escolar, más de la mitad del alumnado de 15 años ya tiene la atención puesta en otra parte: el 54% declaró perder la concentración por el uso de sus propios dispositivos digitales, y el 46% afirmó distraerse por lo que hacen sus compañeros con los suyos. Ambos porcentajes son los más altos entre los 80 países que participaron de las últimas pruebas PISA, realizadas en 2022.
Los datos surgieron del informe Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes, publicado a finales del mes pasado por el Observatorio de Argentinos por la Educación. El documento fue elaborado por expertos del CONICET y de la Universidad Torcuato Di Tella, junto a investigadores del propio Observatorio. En el caso local, respondieron 12.111 estudiantes de un total de 613.744 a nivel global.
Los números no dejan margen para la duda. Uruguay (52%) y Chile (51%) son los únicos que se aproximan al nivel argentino. Del otro lado del mundo y de la tabla, Japón apenas alcanzó el 5% de alumnos que declararon distraerse.
Del universo de estudiantes que respondieron las preguntas sobre distracción por el uso propio del celular y por el uso de los compañeros, el 41% declaró verse afectado por ambas situaciones al mismo tiempo. El 27% indicó distraerse únicamente por el uso propio, y un 20% señaló que el problema era exclusivamente ajeno: se distraían por lo que hacían otros, sin que su propio dispositivo fuera un factor.
Entre 2018 y 2022, el uso cotidiano del celular dentro de los establecimientos escolares creció en todos los países del mundo sin excepción. Nuestro país no escapó a esa tendencia: el 54% de los alumnos declaró utilizar el dispositivo todos los días en la escuela, un porcentaje que coincide exactamente con el de quienes admitieron distraerse. En cuanto a la tenencia, el 91% de los estudiantes de 15 años contó en 2022 con celular propio con acceso a internet.
Con las notificaciones encendidas, siempre
El informe también midió el comportamiento respecto de las notificaciones durante las clases. Entre los 75 países que respondieron esa pregunta, Argentina resultó el peor de la región y se ubicó entre los cinco con mayor proporción de alumnos que nunca o casi nunca las desactivaron: el 37,6% mantuvo activas las alertas de redes sociales y aplicaciones a lo largo de toda la jornada escolar.
En 65 de los 80 países evaluados, los varones declararon distraerse más que las mujeres en clases de Matemática por el uso de dispositivos. Los datos argentinos también lideran ese indicador a escala global: 56% en varones, el valor más alto de los 80 países, y 52% en mujeres, el tercero más alto, detrás de Chile y Uruguay.
Respecto de las notificaciones, ellos también presentaron mayor tendencia a no silenciarlas: el 40% de los varones nunca las desactivó (quinto valor más alto a nivel mundial) frente al 35% de las mujeres (tercero). Sin embargo, Argentina fue el único entre los diez latinoamericanos evaluados en el que el porcentaje de mujeres que sintió presión para responder mensajes durante la clase resultó mayor al de varones: 10% frente a 8%.
El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.
El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.
El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.
En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.
La postura del gobierno
Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.
Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.
El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.
Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.
El Senado de Santa Fe aprobó la media sanción de un proyecto de ley que buscó prohibir la actividad de los cuidacoches en todo el territorio provincial. La iniciativa, presentada por el senador por Rosario Ciro Seisas, incorporó esta práctica al Código de Convivencia y habilitó, por primera vez, la intervención directa de la policía y de los municipios ante casos de cuidado, guarda o lavado de vehículos sin autorización.
La propuesta modificó la Ley 10.703 mediante la incorporación de los artículos 66 bis, ter y quater, para que la actividad pasara a ser considerada una contravención a nivel provincial. El proyecto había sido presentado en mayo de 2025. Tras la aprobación en la Cámara alta, la iniciativa debió pasar a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.
Durante el debate, que se extendió por una semana, el Senado introdujo cambios al texto original y participaron al menos tres ministros del gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro. El proyecto contó con el aval del gobierno provincial y sumó aportes del Ejecutivo y de la Cámara de Diputados, con participación de la diputada Ximena García y del legislador Walter Ghione.
Uno de los principales cambios dispuso que la aplicación concreta de la futura norma quedara delegada en cada municipio, que deberá definir su implementación a través de una ordenanza propia. La futura ley le otorgó a la policía atribuciones para actuar, pero estableció que serán los gobiernos locales quienes tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante la Justicia contravencional. Según el texto aprobado, los municipios podrán solicitar la intervención policial, por la vía ministerial correspondiente, para hacer cesar la actividad mediante el desplazamiento de los presuntos infractores del espacio público donde se desarrollara.
En el caso de Rosario, será el Concejo Municipal el encargado de dictar una reglamentación local donde se establezcan específicamente atribuciones y alcances en el territorio. Ese esquema surgió tras los planteos de senadores de departamentos con menor densidad poblacional, que sostuvieron que la problemática era propia de los grandes aglomerados urbanos y que, por eso, su resolución debía definirse en cada territorio. Ese criterio descomprimió las críticas que llegaron desde comunas más pequeñas de la provincia.
La iniciativa estableció la prohibición de cualquier actividad de reserva, administración o cuidado de espacios de estacionamiento en la vía pública, así como también del lavado, guarda, cuidado o limpieza de vehículos sin autorización de la autoridad competente. El texto señaló que incurrirá en contravención quien, sin autorización oficial y cuando exista prohibición local vigente, “ofreciera a cambio de percibir algún beneficio o retribución económica ya sea voluntaria o no, espacios físicos destinados al estacionamiento de vehículos en la vía pública, como así también su guarda, cuidado, lavado o limpieza, se encuentren éstos estacionados o no”.
Entre las sanciones previstas figuraron el trabajo comunitario de 2 a 10 días, la prohibición de concurrir al lugar donde se cometió la contravención y el arresto de 10 a 20 días en caso de reincidencia. También se mencionaron multas de 10 a 50 unidades fijas y arrestos de 5 a 15 días en casos de organizaciones coordinadas o reincidencia. Además, el proyecto contempló restricciones de concurrencia a determinados lugares y endureció las penas cuando existiera organización previa.
La sanción se elevará al doble en sus mínimos y máximos cuando la conducta se ejerza con violencia o amenazas hacia personas o bienes; se concrete en zonas de estacionamiento tarifado o gestionadas por entidades o personas autorizadas; o en las inmediaciones de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y una hora posterior. También se endurecerán las penas cuando se constate aprovechamiento de una situación de desigualdad de género, edad, discapacidad u otras circunstancias que coloquen a la víctima en una situación de vulnerabilidad y sean aprovechadas en su perjuicio.
El texto también agravó las sanciones si la actividad prohibida se desarrolla entre las 18 y las 6, en zonas escolares, bancarias, comerciales o de edificios públicos. A su vez, incorporó un capítulo específico para quienes sean organizadores, coordinadores o responsables de la actividad: en esos casos, la escala de arresto podrá elevarse hasta el cuádruple de su mínimo y máximo, sin perjuicio de la responsabilidad individual de los autores materiales.
“No es una solución mágica, ni lo vamos a resolver de la noche a la mañana, pero era una deuda histórica de la política con la sociedad. Esta ley permite iniciar el debate y empezar a buscar una solución a un tema que hace décadas se viene escondiendo bajo la alfombra”, aseguró Seisas.
El senador por Rosario también destacó el alcance institucional de la norma: “Con esta ley estamos creando una herramienta en la que la actividad pasa a ser una contravención provincial y donde cada municipio tendrá la potestad de frenar la actividad en su localidad; esto es clave para enfrentar el problema de otra manera. Se plantea un trabajo conjunto entre organismos de control municipal y fuerzas de seguridad, donde los gobiernos locales tendrán a su cargo la acción y la denuncia ante un eventual proceso contravencional en la justicia, siempre acompañados por las fuerzas policiales. Solo en Rosario, en 2025, hubo 1245 reclamos y 16 llamadas diarias al 911 denunciando situaciones de extorsión. En el caso de nuestra ciudad, la idea es inicialmente actuar en las zonas donde se concentran la mayoría de estas denuncias”.
Sobre el tratamiento legislativo, agregó: “Espero que los diputados actúen y sea ley. Esto no es un proyecto personal ni de nombres: es un proyecto de la gente que se cansó de ser rehén de la extorsión. Lo venimos discutiendo desde el año pasado y lo trabajamos de forma conjunta con la Cámara baja, donde sumamos herramientas como la incorporación al Código de convivencia provincial a través de la diputada Ximena García y el abordaje de consumos problemáticos impulsado por Walter Ghione. Es una ley que sirve para que las ciudades tengan una herramienta más”.
Seisas también cuestionó la falta de respuestas políticas de años anteriores. “Durante demasiado tiempo, parte de la política eligió mirar para otro lado. Toleró la violencia. Naturalizó el desorden. Permitió que el miedo quedara del lado de las víctimas y no del lado de quienes cometen los abusos. Hoy esa misma política está asumiendo una discusión incómoda, pero necesaria”, sostuvo.
En Rosario, la discusión sobre los trapitos se apoyó además en cifras oficiales relevadas por la Secretaría de Control y Convivencia. De acuerdo con esos datos, durante 2025 se registraron 1.245 reclamos en los seis distritos a través de la línea 147, Munibot o la página del Ejecutivo; fueron identificados 754 cuidacoches, se labraron 9.090 actas y hubo 202 cuidacoches demorados, de los cuales 156 correspondieron a eventos masivos. El informe también indicó que los llamados al 911 por cuidacoches crecieron 15 por ciento entre el año pasado y lo que iba de 2026.
Un habeas corpus dejó sin efecto la obligación de usar teléfonos en las entrevistas entre abogados y presos de alto perfil. En paralelo, la jueza Luciana Prunotto defendió las salidas transitorias otorgadas a un condenado a 37 años de prisión, que incumplió el régimen y permaneció prófugo desde 2015.
El SISOC concentra en una sola plataforma la información de 7,2 millones de beneficiarios y más de 3.600 centros comunitarios. La herramienta permite seguir prestaciones, auditar espacios y activar alertas por duplicaciones, incompatibilidades y faltantes de documentación.
Documentos del BCRA confirman el descalabro de una sociedad simplificada que dejó un tendal de acreedores mientras el exmandatario chaqueño pregonaba una vida de privaciones.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
