20 agosto, 2025

Feministas de ultra izquierda se movilizaron en apoyo al uso del hiyab en escuelas: “Que prohíban la religión católica”

Un centro de estudiantes de España lideró la protesta contra la prohibición del velo musulmán en institutos y generó repudio en las redes.
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Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.

En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.

Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.

Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”. En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.

Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.

El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.

Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.

Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.

Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.

Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.

“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”

La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.

El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.

Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.

El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.

Redacción

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La pobreza infantil disminuyó 14 puntos en seis meses durante 2024 según UNICEF

UNICEF confirmó que la pobreza monetaria infantil descendió 14 puntos porcentuales en solo seis meses —del 67% al 52.7% entre el primer y el segundo semestre de 2024— lo que permitió que unos 1.7 millones de chicos y chicas dejaran de ser pobres. El organismo proyecta 47.8% para el primer semestre de 2025, nivel similar previo a la pandemia.

Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina, advirtió que sin los programas de asistencia directa —como la Asignación Universal por Hijo y otros apoyos estatales— la tasa de indigencia infantil se hubiera elevado en 10 puntos porcentuales. De acuerdo con sus estimaciones, este respaldo económico evitó que más de un millón de niñas y niños cayeran por debajo de la línea de indigencia durante el último año.

Tras tocar fondo en marzo de 2024, los salarios registrados comenzaron a ganarle a la inflación, ya que entre febrero de 2024 y febrero de 2025 el poder de compra subió 18%, y el índice salarial de INDEC trepó 74% interanual a abril de 2025.

La desinflación rápida —IPC mensual de 1.6% en junio de 2025, acumulado anual de 15.1%— robusteció ese rebote. El equilibrio fiscal alcanzado en 2024 y la fuerte baja de la inflación facilitaron la recomposición salarial y el crédito al consumo. El PIB volvió a crecer en 2025 (proyección +5.5%) luego de la recesión 2023-2024. UNICEF estima que sin estas transferencias la indigencia infantil habría sido 10 p.p. más alta durante el segundo semestre de 2024.

Si la inflación anual se mantiene en torno al 30% y los salarios crecen por encima, UNICEF prevé una nueva caída de la pobreza infantil hacia 45% a fin de 2025, siempre que las transferencias no pierdan poder adquisitivo. Uno de los principales riesgos es la desaceleración económica global, subejecución presupuestaria en salud y educación (-21% y -35% reales en el primer cuatrimestre de 2025, respectivamente).

La brusca baja de la pobreza infantil en 2024 combina la recuperación del poder de compra familiar con la red de protección de la AUH y otros programas. El desafío para 2025-2026 es transformar ese alivio coyuntural en progreso sostenible, atacando las desigualdades de la privación no monetarias que todavía condenan a cuatro de cada diez niños argentinos a vivir por debajo de la línea de pobreza.

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“Analizar las características y evolución de estas privaciones no monetarias permite informar las estrategias de política pública destinadas a mejorar el bienestar de niñas y niños en el país”, subrayó al respecto Ramirez Mesec.

UNICEF combina los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC con una canasta básica actualizada y sus propias proyecciones demográficas. Pero no muestra del todo el promedio nacional que esconde factores muy marcados de pobreza infantil en los primeros dos semestres de 2024.

Por ejemplo, los hogares cuyo jefe familiar no completó mínimamente la primaria (80.9%), barrios populares o asentamientos construidos donde estos menores habitan (72.3%), la brecha salarial en hogares monoparentales encabezados por mujeres (60%) y hogares con empleo informal (70%).

Redacción

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Caputo duplicó su patrimonio en el primer año al frente de Economía y conserva la mayor parte fuera del país

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2024 y consignó bienes por $11.851 millones. El salto interanual fue del 137 % y respondió, en gran medida, a la revalorización de inversiones que el funcionario ya poseía.

El 65,8% del total, es decir $7.807 millones, se encuentra en el exterior. Caputo sostuvo depósitos offshore por $5.937 millones, distribuidos en dos cuentas corrientes en dólares. Declaró participaciones societarias por $1.870 millones en Ancora Investments, firma radicada en el exterior. En el país, registró activos líquidos compuestos por $2,1 millones en moneda local y US$ 778.000 en cajas de ahorro. Asimismo, reportó inversiones en Sacha Rupaska, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico, además de fondos comunes de inversión por $3,3 millones.

En cuanto a bienes registrables, el ministro declaró dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires valuados en $446 millones y $260 millones, respectivamente; un campo en Santiago del Estero tasado en $980 millones; dos lotes en Benavídez y Pilar; una casa en Villa La Angostura; y tres cocheras en CABA. También incluyó seis vehículos —dos Kia Carnival, una Volvo XC90, un yate, un gomón y un cuatriciclo—, aunque para estos y para algunos inmuebles no se detalló el valor fiscal. Entre 2022 y 2024 su patrimonio pasó de $744 millones a $11.851 millones.

Consultado por La Nación sobre la elevada proporción de activos en el exterior, Caputo explicó que “no pensaba ser ministro y así tenía el patrimonio cuando asumí. Si lo hubiese repatriado y convertido a pesos, me habrían acusado de usar información privilegiada. Preferí dejar todo tal cual estaba”.

Los más ricos del gabinete

Gerardo Werthein, titular de Cancillería, declaró un patrimonio de $92.056 millones, de los cuales 65 % —frente al 52 % del año anterior— se encontraba fuera del país. Entre sus bienes figuran inmuebles en Madrid y Punta del Este, tres lotes en Maldonado y una Ferrari 550 Maranello valuada en $309,3 millones. Su cartera denominada “Portfolio Pictet y Cie – Valores Extranjeros” se multiplicó por cinco en tan solo un año.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, informó bienes por $18.089 millones y mantuvo el 80% en el exterior: depósitos equivalentes a $6.746,8 millones en Suiza, $4.688,4 millones en Estados Unidos, $2.422,2 millones en Puerto Rico y $265,6 millones en Uruguay. Además, posee 27 inmuebles —24 en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia homónima y uno en Neuquén—, junto con propiedades en Miami Beach y Punta del Este.

Los $11.851 millones de patrimonio que tiene Caputo lo colocan en tercer lugar.

A continuación se ubicaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos con $2.847 millones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien presentó $2.371 millones —el 61 % en el exterior y la curiosidad de haber adquirido un inmueble de apenas 1 m²—; y el ministro de Salud, Mario Lugones, con $282 millones.

Evolución patrimonial del Poder Ejecutivo

Dentro del Poder Ejecutivo, Javier Milei declaró $206 millones, un aumento del 64% respecto de 2023. La vicepresidenta Victoria Villarruel consignó $80,2 millones, un salto del 117%. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, informó $11,4 millones, equivalentes a unos US$ 10.755 al tipo de cambio oficial o US$ 9.383 al paralelo, lo que implicó una expansión del 221%.

Patricia Bullrich, por su parte, registró $188,3 millones. Desde el Ministerio de Seguridad atribuyeron su incremento patrimonial tanto al ajuste del valor fiscal de sus inmuebles como a la venta de un vehículo.

Redacción

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Caminos rurales intransitables frenaron la producción de un tambo y el intendente pidió que “sigan pagando y recen que no llueva”

El establecimiento lechero de Matías Santa María, en el partido de Carlos Casares en el noroeste bonaerense, con más de 900 vacas en ordeñe y 22 empleados, se vio obligado a desmontar su producción esta semana porque los caminos rurales que lo conectan con la localidad de Ordoqui quedaron intransitables tras meses de inundaciones. La respuesta del intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, disparó la indignación.

“Sigan pagando y recen para que no llueva”, afirmó Standik, tras sufrir un “colapso” de 200 mm solo en julio y entre un 75% y 80% del promedio anual en el primer cuatrimestre de 2025. El municipio cobraría a los productores para mantener dichos caminos, pero los fondos terminaron siempre “en cualquier otra cosa”.

En apenas cuatro meses cayeron cerca de 1.000 mm, el doble del promedio anual. La saturación del suelo y la ausencia de escurrimiento natural en esta “región arreica” convirtieron los caminos de tierra en verdaderos canales de barro. Sin obras ni mantenimiento, el tambo redujo bruscamente su infraestructura, trasladando 400 vacas a un campo en Bolívar, donde se secó “de urgencia” y se vendió el resto de los animales.

Tras una protesta de productores en el mes de mayo, el propio Stadnik, quien es ingeniero civil, admitió la crisis pero argumentó que se debía a la falta de recursos municipales y pidió “rezar” para que dejara de llover. El 29 de ese mes, la provincia declaró la Emergencia/Desastre Agropecuario para Carlos Casares y otros 11 partidos, con más de 32 km sin dragar, sumado a la falta de alcantarillas y alteos, provoca cada año enormes pérdidas productivas que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), superan los US$5.000 millones.

“El barro en el que hemos estado metidos desde marzo, cuando comenzó la inundación, es peor que el otro barro de la política, yo no sé qué me da más miedo”, ironizó Andrea Passerini, productora agropecuaria y coordinadora en CARBAP.

Stadnik sostuvo que “la tasa vial no alcanza” y que las “grandes obras” dependen de Nación, subrayando que solo el 70% de lo recaudado se destina a caminos rurales, el resto va a gastos corrientes. Los productores exigen que el 100% de la tasa vial se use en caminos y que Nación reactive el tramo IV del Plan Salado. Además, acusan de una “falta de federalismo” que los deja solos ante la crisis.

“El municipio no reconoce el problema”

Las alcantarillas rurales llevan dos décadas sin renovarse, según los productores. El relieve plano forma una “palangana” que retiene el agua; sin drenajes ni limpieza de canales, la escorrentía es mínima. El resultado es un corte recurrente de los accesos, impidiendo el paso a tractores o camionetas 4×4 para movilizarse, leche venciendo y alumnos sin escuela durante semanas.

“No hubo respuesta del Estado en ninguno de sus tres niveles, ni municipal, ni hablar, no existe. Quieren salir a hacer remiendos ahora cuando debieron haber hecho las obras en su momento, y ahora no se puede hacer nada”, enfatizó el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca, en una nota periodística.

Los productores exigieron obras hidráulicas claves, como el canal aliviador entre 25 de Mayo y Casares, que están inconclusas. Esto genera una menor oferta de leche cruda en una provincia que aporta el 36% del consumo nacional, así como escuelas rurales aisladas, servicios de salud interrumpidos y pérdida de empleo.

*Con información de Bichos de Campo

Redacción

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Giorgio Armani confirmó su regreso al mercado de moda argentino

Tras casi dos décadas fuera del mercado argentino, la prestigiosa marca italiana Giorgio Armani anuncia su regreso para 2026 y 2027. Este retorno ocurre en un contexto económico muy distinto al que motivó su salida y refleja confianza en las nuevas políticas de apertura comercial del gobierno nacional.

El Grupo Tucci —fundado en 1990 por César Tucci y hoy dirigido por Gabriela Tucci— ha sido el artífice de esta vuelta tras más de dos años de intensas negociaciones. El acuerdo, avalado directamente por la casa matriz en Milán, se firmó hace apenas 60 días.

Según fuentes del grupo, “el objetivo de Tucci es traer marcas de lujo internacionales que complementen las nuestras. Es la estrategia para sobrevivir a la compleja situación del sector”.

La estrategia de retorno se desarrollará en dos fases. Primero, en agosto de 2026, abrirá Armani Exchange en Unicenter Shopping (Martínez). Esta línea, más accesible y pensada para jóvenes de 20 a 35 años, será la punta de lanza. Luego, llegará Emporio Armani a Patio Bullrich (administrado por IRSA). Esa tienda, de línea premium y dirigida a adultos jóvenes, es la apuesta más ambiciosa.

– La empresa se retiró de Argentina en el año 2009

Armani —la colección principal y más exclusiva— está presente en 75 boutiques en todo el mundo. En Argentina, operó desde octubre de 2001 bajo la licencia de The Exxel Group. Su local de Emporio Armani en Avenida Alvear 1740 (Recoleta), junto al Armani Caffé, funcionó hasta 2009. La salida se debió a trabas burocráticas y a las severas dificultades para importar mercadería.

“En el último tiempo se hizo cada vez más difícil importar ropa por las trabas al ingreso de productos desde el exterior, y el problema que tenemos con Emporio Armani es que la licencia no nos permite la fabricación local”, explicó Rodolfo Gotlib, director general de Clothing Brands (controlada por Exxel Group).

El regreso de Armani coincide con la eliminación de muchas de esas barreras por parte del gobierno de Javier Milei. Ahora, las empresas acceden a dólares para importaciones en apenas 30 días. Desde el Grupo Tucci aseguran: “El 100 % de los productos se importará de Italia”, algo impensable en la época de restricciones cambiarias. Gabriela Tucci, tras el fallecimiento de su esposo en 2002, transformó el modelo familiar. De especializarse en jeans y moda nacional, la empresa pasó a licenciataria de marcas de lujo.

Junto a Prada, Versace y Dolce & Gabbana, Armani forma parte de un selecto grupo de casas italianas independientes. Su regreso fortalecerá el posicionamiento de Argentina como destino atractivo para el retail de lujo y consolidará a Buenos Aires como hub regional.

Este anuncio llega en medio de una profunda crisis de la industria textil local. En la última década, las ventas mensuales de jeans cayeron de 40 000 a 10 000 unidades, y 7 de cada 10 empresas textileras sufrieron una caída promedio de ventas del 21%. Los primeros meses de 2025, arrojaron que las importaciones de ropa subieron un 136%, de modo que solo el 33% del mercado textil es producido localmente. En shoppings, el 75% de la indumentaria vendida es importada.

Además, 6 de cada 10 empresas redujeron su plantilla y se perdieron 5 000 empleos. Hoy, el 42 % de la maquinaria industrial textil está paralizada.

Redacción

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Milei invitó a Netanyahu a Argentina para ser declarado “residente de honor”

El presidente Javier Milei invitó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a visitar la Argentina con el propósito de declararlo “residente de honor”. Según fuentes oficiales, ambos gobiernos coordinaron una agenda para los primeros días de septiembre y fijaron como rango posible del 7 al 10, con un esquema de seguridad reforzado ante la previsión de manifestaciones por “el genocidio que Israel perpetra en Gaza”.

En la planificación presidencial se estableció que Milei viajaría previamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y, posteriormente, recibiría a Netanyahu en Buenos Aires. Sin embargo, ese encuentro sigue sin fecha, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió que “por ahora no está confirmada ninguna visita del presidente a Estados Unidos”.

La secuencia diplomática pública registró tres hitos: el 30 de julio de 2025, la Casa Rosada informó que las cancillerías trabajaron en una ventana entre el 7 y el 10 de septiembre; el 1 de agosto comunicó que, en ese marco, Netanyahu sería distinguido como “residente de honor”; y el 6 de agosto la agencia de noticias israelíes AJN, tras consultar a fuentes de la cancillería israelí, indicó que la visita se postergó por la situación en Gaza.

Desde la Oficina del Primer Ministro se había dejado abierta la posibilidad de un arribo a fines de agosto tras la invitación de Milei. Aunque medios hebreos informaron que Israel estaba “ultimando los detalles”, fuentes de la cancillería israelí señalaron que no contaron con “ninguna confirmación”, una señal diplomática que consolidó el escenario de postergación. En Casa Rosada se indicó que, de reprogramarse, la visita podría mantenerse dentro del mismo rango del 7 al 10 de septiembre, supeditada a la evolución del conflicto.

La eventual escala en Buenos Aires implicó la preparación de un dispositivo de seguridad extraordinario. Paralelamente, la invitación motivó una carta pública de rechazo titulada “¡Oprobio e ignominia!”, que expresó: “La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción”. El texto añadió: “No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio”. Firmaron, entre otros, José Emilio Burucúa, Lila Caimari, Rubén Chababo, Graciela Fernández Meijide, Adrian Gorelik, Roy Hora, Alejandro Katz, Mariano Llinás, Mirta Zaida Lobato, Lucas Martin, Hilda Sabato, Graciela Silvestri, Marcela Ternavasio y Hugo Vezzetti.

En el plano jurídico, el exjuez federal y abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe sostuvo que, si Netanyahu ingresaba al territorio argentino entre el 7 y el 10 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo tenía la “obligación” de detenerlo por la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre de 2024. Según su argumentación, la CPI —creada por el Estatuto de Roma— imputó penalmente a Netanyahu por ser “responsable de haber cometido ‘crímenes de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra y crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos’”. Recordó que la Argentina aprobó el Estatuto de Roma mediante la Ley 25.390 y que “tiene carácter supralegal en el país”, por lo que concluyó que el Presidente “tiene la obligación [de] ordenar la detención [de] Netanyahu al llegar al país, de lo contrario estaría desobedeciendo el mandato constitucional de hacer respetar los tratados de derechos humanos con jerarquía superior a las leyes como la orden de la CPI”.

La relación bilateral quedó delineada por las visitas oficiales. En febrero de 2024, Milei viajó a Israel, recorrió el kibutz Nir Oz junto al presidente Isaac Herzog, condenó el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, recibió a familiares de rehenes y pidió su liberación, y anunció el traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, con ejecución prevista para 2026. En junio de 2025, Milei regresó a Israel, se reunió con Netanyahu y con Herzog, y disertó ante el plenario de la Knesset. “La amistad entre nuestros dos Estados y nuestros dos pueblos es un pilar diplomático de nuestra administración”, expresó entonces. Ese anuncio de traslado de la embajada le valió al Presidente una amenaza de la organización terrorista Hamás.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, sostuvo que, de concretarse la reunión, sería “una demostración más de la amistad tan fuerte”. “Llegamos a una instancia del vínculo y de la amistad tan fuerte que, no quiero decir que llegamos a la cima, pero las dos visitas del Presidente (Javier Milei) aquí en Israel generaron que se frenara el país. No pasa con otros, si pasa, puede llegar a pasar solo con (Donald) Trump”, afirmó en una entrevista con la Agencia Judía de Noticias.

Redacción

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Irán incluyó a la Argentina en su lista oficial de “países enemigos”

El régimen iraní presentó un informe oficial ante las Naciones Unidas (ONU) donde incluye por primera vez a Argentina entre los países enemigos por su apoyo a las acciones militares israelíes contra Irán.

El documento, titulado “El descarado ataque al derecho internacional por parte del régimen israelí contra la República de Irán desde el comienzo de la agresión de ese régimen el 13 de junio de 2025”, fue distribuido por la misión iraní en Nueva York a varias representaciones diplomáticas la semana pasada, a pocos días antes del 31° aniversario del atentado a la AMIA.

“El 13 de junio de 2025, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, respaldó las acciones militares del régimen sionista contra Irán y condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista expresando su apoyo a las acciones militares anteriores de Israel”, redactado explícitamente en el boletín iraní, referenciando las declaraciones públicas que el mandamás realizó durante su gestión, donde afirmó categóricamente que “Irán es enemigo de Argentina”.

– El presidente encabezó el acto

Este acta constituye la primera vez en la historia que Irán incluye oficialmente a Argentina en su lista de “países enemigos”. En el párrafo 92 del documento, se específica que a la par “algunos otros países han declarado su apoyo a los actos de agresión del régimen sionista contra Irán. Entre ellos se encuentran Canadá, Argentina, República Checa y Paraguay”.

Las acusaciones iraníes se enmarcan en el contexto de lo que se conoció como la “Guerra de los 12 días” entre Israel e Irán, que tuvo lugar entre el 13 y 25 de junio de 2025. Este conflicto se inició cuando Israel lanzó la “Operación León Ascendente” contra instalaciones nucleares iraníes, considerando el programa nuclear de Irán como una amenaza existencial.

“Irán es una teocracia que quiere exterminar a la única democracia libre de Medio Oriente”, afirmó Milei anteriormente, en referencia a Israel.

Durante este conflicto, más de 627 personas murieron en Irán y al menos 28 en Israel. Israel atacó 27 puntos estratégicos y eliminó a 14 generales iraníes de alto rango, mientras que Irán respondió con la “Operación Promesa Verdadera III”, lanzando más de 150 misiles balísticos y 100 drones contra territorio israelí.

El parte oficial iraní es una represalia ante el alineamiento incondicional del gobierno de Milei con Israel y Estados Unidos. Durante su visita a Israel en junio de 2025, reafirmó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y expresó su “apoyo incondicional” a las políticas bélicas israelíes.

– El ayatolá Ali Jamenei

El presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, advirtió sobre “la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales”. Esta advertencia cobra especial relevancia considerando los antecedentes de los atentados de los años 90 y la presencia de células operativas iraníes en la región.

Un informe del Ministerio de la Diáspora israelí destapó vínculos operativos entre el régimen iraní y células en Buenos Aires, incluyendo conexiones con la mezquita At-Tauhid y figuras vinculadas al terrorista Mohsen Rabbani, quien participó en el ataque a la AMIA, el 17 de marzo de 1992, cuando un atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires dejó 22 muertos y 242 heridos. Posteriormente, el 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la sede de la AMIA, causando 85 muertos y más de 300 heridos.

La justicia argentina determinó que Irán fue el autor intelectual de ambos atentados, ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. En 2006, se acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y se ordenó la captura de ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés. En abril de 2024, la Cámara de Casación Penal confirmó definitivamente que “Irán organizó la masacre y la calificó como un delito de lesa humanidad”.

Redacción

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